ORGANIZACIONES DERECHISTAS SALEN A LAS CALLES A DEFENDER Y JUSTIFICAR LOS CRIMENES DE LESA HUMANIDAD, EN LOS QUE EL ESTADO ES CONFESO RESPONSABLE
Ahora resulta que las organizaciones sociales, defensores y defensoras de derechos humanos, le salieron a deber a quienes valiéndose de sus embestidura política y militar, utilizando los recursos del Estado y que cuya obligación y deber con la patria era proteger a la población civil, asesinaron, robaron, masacraron a cientos de colombianos, asimismo, promovieron a grupos al margen de la ley para realizar múltiples crímenes delincuenciales y de lesa humanidad, con quién actuaron de la mano y siguen perpetuando el horror.
Lo que sucede en México con el grupo “Los Zetas” no nos es ajeno, aquí en Colombia hay un sector de élite de exmilitares y militares activos que dañando la institución y corrompiendo más la sociedad junto con financiadores de diferente índole, políticos, narcos, empresarios entre otros, vienen manejando carteles de droga y muerte por todo el país, un hecho para la memoria que demuestra tal situación es lo sucedido en la “masacre de Jamundí. Curiosamente, son defendidos por un sector de la sociedad civil derechizado y/o con principios nazis, que justifican la barbarie y la traición al pueblo colombiano para lograr los intereses de sectores privados y que han recurrido a manifestaciones grotescas arengando en defensa de lo visiblemente indefendible. Algunos de ellos recurren a montajes, pretendiendo estigmatizar y señalar a lideres y activistas de terroristas, olvidando que son las investigaciones y la historia las que corroboran y demuestran la responsabilidad del Estado en tanta acción criminal.
Encuentro de Mujeres y Pueblos de las Américas Contra la Militarización
“Que callen las armas para que hablen las mujeres y los pueblos en defensa de la vida y la soberanía” Colombia 16 al 23 de Agosto de 2010
La militarización de los territorios ha conllevado a la pérdida de la soberanía, la autonomía y la autodeterminación de los pueblos, convirtiéndose en una amenaza para el continente. El proyecto de muerte se expande a través del copamiento militar del territorio por medio de las bases militares de EUA en Colombia y el continente como instrumento de intervención militar para el control político, económico y social. Históricamente las bases militares han servido para invadir territorios estratégicos por su ubicación geopolítica y las riquezas naturales que se encuentran muchas veces en los pueblos milenarios, afrodescendiente y campesinos. Estas bases militares también promueven la prostitución con la regulación de casas oficiales que sirven como “entretenimiento” a los soldados pero a las mujeres nos representan esclavitud sexual y otros tipos de violencia, como los feminicídios.
Somos nosotras quienes seguimos sufriendo los estragos de la guerra en lo social, político, psicológico, físico, económico y cultural; nuestro cuerpo es considerado botín de guerra; somos tratadas como objeto y esclavizadas por el sistema. Igualmente la guerra ha agudizado la violencia, la discriminación, la explotación, la pobreza y la desigualdad, dejando efectos perversos en las mujeres y los pueblos como el desplazamiento forzado, el confinamiento, la migración, las desapariciones, el reclutamiento forzado, violaciones sexuales y feminicídios y, además la responsabilidad por el sustento familiar frente a un Estado que no garantiza los derechos fundamentales de las personas y los pueblos; por el contrario entrega grandes presupuestos a proyectos militaristas a favor de las transnacionales.
La palabra, la organización, la resistencia, la lucha y la movilización es el espíritu de los procesos que integran nuestras organizaciones, que nos juntan y nos llevan a levantar nuestras voces para dar a conocer la crítica situación del conflicto armado y social que afrontamos hoy los pueblos de las Américas y en particular Colombia; afectando nuestros cuerpos, territorios, autonomía y soberanía de las mujeres y los pueblos. Para hacer visibles los múltiples efectos de la guerra en la vida de las mujeres y nuestros pueblos, decidimos juntar nuestras resistencias frente a la guerra, militarización y para continuar construyendo propuestas colectivas y unitarias de paz para nuestro continente:
Nos convocamos todas y todos al Encuentro de mujeres y pueblos de las Américas contra la militarización, a realizarse los días 16 a 23 de agosto de 2010, en Colombia.
Llamamos a las mujeres, organizaciones de mujeres, campesinas, indígenas, afrodescendientes, académicas, obreras, estudiantiles, de iglesia, populares, sociales, políticas, de todas las organizaciones sociales de nuestro país y de los pueblos hermanos del mundo, a participar en este Gran Encuentro para que nos movilicemos por la vida, la autonomía, la soberanía de nuestros cuerpos y territorios.
Llamamos a las redes continentales y mundiales que luchamos por la dignidad y la vida para que continuemos tejiendo juntas y juntos las alternativas a partir de lo avanzado en los anteriores encuentros hemisféricos y contra las bases militares realizados en el continente contra la militarización; para continuar adelante en el fortalecimiento unitario de esta iniciativa y propuestas existentes que encaminan en la construcción del mundo más equilibrado y justo.
Llamamos a nuestros compañeros y compañeras a participar solidarizarse en nuestra lucha común por la salida política negociada al conflicto social y armado que vive nuestro país, así como a levantar juntos y juntas nuestras voces contra las bases militares de los Estados Unidos en Colombia y en nuestra América.
Cuando miramos el panorama general de lo que nos queda de este gobierno de Uribe, una inmensa tristeza nos invade, no solo por los cientos de crímenes de Estado que dejo a su paso, la grave situación humanitaria, la crisis social, económica y política, entre otras, si no también, por la confirmación de que un sector de la “alta” sociedad fue cómplice a unos intereses privados y criminales, quedando inmersa en casos de corrupción, de represión y barbarie que lo llevo y mantuvo dos periodos en la dirección del país.
Una degradación social que llega a los estratos más desvalidos, pues es allí, donde le cambiaron a hombres y mujeres el hambre por las armas, y allí mismo, encontraron sus "positivos" para demostrar al mundo sus grandes resultados de la seguridad democrática (mujeres, jóvenes, asesinados en manos de las fuerzas armadas y grupos paraestatales), falsa eficacia, pero que convirtió a muchos soldados (supuestos heroes de la patria) y ciudadanos del común en verdaderos terroristas.
Un gobierno que se caracterizó por su flagrante violación a la Constitución colombiana, a la dignidad de su pueblo, que legisló para sus propios intereses y de su industria familiar, que pretendió socavar el legislativo y jurisdiccional, infiltrar y eliminar a la oposición, imponer a sus delincuentes políticos y legalizar su para-ejercito. Asimismo, queda un país de excelentes tierras y buen agro, transformado en un país que se sumerge en la explotación minera incontrolada, acabando con cientos de especies naturales, afectado el ecosistema de manera irreversible, sumado a la violencia generalizada que esto llevo a las regiones, en donde se posesionan hoy en día grandes multinacionales creyendose señores y dueños de nuestra tierra. Un imaginario en cientos de familias que agradecen la política de asistencialismo “ayuda humanitaria” que usaron los políticos y gobierno para traficar votos y miseria. Una crisis andina con indeterminadas consecuencias para los pueblos latinos. Y, finalmente, queda a los ojos del mundo, la violación clara y abierta a nuestra soberanía, independencia y constitución política, permitiendo que tropas extranjeras permanezcan en nuestros territorios, a nombre de una falsa cooperación que no es más que la forma para conseguir el control armado de Latinoamérica y garantizar la entrada y seguridad de más transnacionales al país.
(1)Expresión utilizada en Antioquia para despedir una persona que no es honesta y que debe mucho.
Convocada audiencia pública para conocer in situ la “LA CRISIS HUMANITARIA DE LOS LLANOS ORIENTALES DE COLOMBIA”
Desde el día 18 de julio cerca de 500 campesinos provenientes de las cuencas hidrográficas de los ríos Guayabero, Guaviare, Ariari y Güejar, al igual desde el Departamento del Caquetá, iniciarán sus respectivos desplazamientos por tierra y agua a fin de llegar el día 19 de julio al casco urbano de La Macarena. La movilización de las víctimas y campesin(a)s a la Audiencia, es totalmente libre y está siendo coordinada por los Comités veredales y regionales de Derechos Humanos de cada cuenca hidrográfica.
La Audiencia se realizará el 22 de julio, estará presidida por la Comisión de Paz y Acuerdo Humanitario del Senado de la República de Colombia y contará con la presencia de una delegación compuesta de 22 personas de Austria, Dinamarca, Finlandia, Alemania, Irlanda, Italia, Portugal, el Reino Unido y los Estados Unidos. Incluye diez dirigentes sindicales, seis Miembros del Parlamento Europeo, tres Miembros del Parlamento británico, y dos abogados, quienes escucharán de viva voz de las víctimas de ejecuciones extrajudiciales sus testimonios.
El Comité Organizador de La Audiencia llama la atención sobre los rumores difundidos, al parecer, desde el alto mando militar en La Macarena, en el sentido que la guerrilla estaría obligando a los campesin(a)s a movilizarse para participar en las actividades de denuncia programas para esta fecha.
Hace unos días, salió la noticia de las posibles interceptaciones a los gobiernos vecinos, situación que el gobierno colombiano negó tajantemente. Sin embargo, de llegarse a comprobar, las consecuencias a nivel internacional serían lamentables para Colombia y difícilmente los presidentes saliente y entrante podrían evadir su responsabilidad.
El caso de las “ChuzaDAS” se asimila a una bola de nieve que cada vez involucra a más personas de altos cargos. El despliegue para lograr las acciones de inteligencia no sólo se dedicó a las Cortes, organizaciones sociales, populares, campesinas, periodistas, líderes y activistas políticos, incluso a su mismo gabinete, sino que han llegado a gobiernos de países vecinos como Ecuador, Venezuela y en ese orden Bolivia, Nicaragua y muy seguramente en Europa a los gobiernos, a organizaciones sociales y políticas solidarias con Colombia.
Pese a todas las investigaciones que se adelantan, las interceptaciones no cesan. Pareciese que se trasladaron a otro lugar de operaciones, con el mismo fin: seguir las persecuciones, los montajes, las amenazas, la entrada ilegal a viviendas, la interceptación de líneas telefónicas, entre otras acciones. No obstante, en las regiones la situación vive un panorama muy desalentador. Es necesario aunar esfuerzos que logren establecer los responsables de mando y ejecución, como también de qué proyectos o de dónde ha salido la financiación para ejecutar este crimen de lesa humanidad desde las altas esferas gubernamentales.
9 de agosto de 1994, a las 8:30 de la mañana, el H. Senador de la Unión Patriótica Manuel Cepeda Vargas, en compañía de un escolta y el conductor, se dirigían al Congreso de la República, por la avenida de las Américas en Bogotá, desde el barrio Banderas localidad de Kennedy; a la altura del barrio Mandalay, fueron alcanzados por un vehiculo en el que dos hombres pertenecientes a la fuerza pública, dispararon contra el congresista, quitándole la vida. Posteriormente sus familiares fueron amenazados de muerte por agentes del Estado.
El gobierno no dudo en señalar que ese crimen había ocurrido como parte de una “acción de guerra”, negando toda responsabilidad, incluso, intentó señalar que la causa del asesinato era la realización de actividades no legales por parte del congresista, omitiendo información y tergiversando la realidad, intentando con ello legitimar la impunidad. Todo era parte de la guerra sucia, las cúpulas de poder encabezadas por militares de alto rango, fuerzas de seguridad y las altas jerarquías del paramilitarismo diseñaron una estrategia de exterminio contra las comunidades que se constituían en base política de la UP y contra destacados líderes de ese movimiento político, denominado “plan golpe de gracia”, dejando en evidencia la empresa criminal que han construido de años atrás fuerzas de Estado en connivencia abierta y fundada con grupos armados ilegales-paramilitares-. Mandos paramilitares en sus declaraciones, han señalado a miembros de inteligencia del Das como promotores de múltiples crímenes, entre ellos el de Manuel Cepeda.
En los estrados nacionales las investigaciones han mostrado la responsabilidad del Estado en los hechos, pero tímidamente se ha emitido condena contra dos de lo implicados. Ahora es la Corte Internacional, la que le exige al Estado acatar la decisión y como mínimo reconocer la responsabilidad en un acto público.
CORONEL (R) PLAZAS VEGA, CONDENADO A 30 AÑOS DE CÁRCEL COMO UNO DE LOS RESPONSABLES DE LOS DESAPARECIDOS DEL PALACIO DE JUSTICIA EL 6 Y 7 DE NOVIEMBRE DE 1985
[dhColombia] junio 9 de 2009. La Juez Tercera Penal del Circuito Especializado de Bogotá, Maria Stella Jara, ha dictado sentencia en el proceso que se adelanta por la desaparición forzada de Carlos Augusto Rodríguez Vera, Cristina Del Pilar Guarín Cortes, David Suspes Celis, Bernardo Beltrán Hernández, Héctor Jaime Beltrán, Lucy Amparo Oviedo De Arias, Gloria Estela Lizarazo Figueroa, Luz Mary Portela León, Norma Constanza Esguerra, Gloria Anzola De Lanao, durante la retoma del Palacio de Justicia, el 6 y 7 d enoviembre de 1985, condenándolo a la pena de 30 años de prisión.
Con esta decisión la Justicia de Colombia ha enviado un mensaje inequívoco, señalaron los abogados Jorge Molano y Germán Romero: “La administración de justicia ha sentenciado que así no se defiende la democracia, maestro. La democracia no se defiende torturando, desapareciendo, ni asesinando”.
Han indicado a su vez los apoderados de la parte civil Romero y Molano que “las persecuciones, hostigamientos, amenazas y procesamientos injustificados de que han sido objeto la representante de la judicatura María Stella Jara y el ente acusador Ángela María Buitrago, así como, las persecuciones a los familiares de las víctimas y sus representantes, entre ellos el abogado José Eduardo Umaña Mendoza, quien durante 13 años represento a las víctimas y fue asesinado el 18 de abril de 1998, señalan un resquebrajamiento del Estado de Derecho y la ausencia de garantías para el funcionamiento independiente e imparcial de la administración de justicia en Colombia”.
Teniendo de presente esta decisión y los recientes dictámenes del Instituto Nacional de Medicina Legal, han anunciado que “solicitaran y darán inicio a las acciones legales, tendientes a verificar el traslado a la Penitenciaria Nacional La Picota de Luís Alfonso Plazas Vega, pues es claro conforme a la Convención Interamericana, que los responsables de este crimen de lesa humanidad, no pueden recibir ningún tipo de beneficio”.
En el contexto de las graves y reiteradas amenazas contra las organizaciones sociales de Colombia, y en medio del proceso electoral por la Presidencia, los movimientos y las organizaciones sociales que integran la Coalición de Movimientos y Organizaciones Sociales de Colombia (en adelante COMOSOC), junto con otras expresiones organizativas invitadas, de Colombia y el exterior, realizarán el Encuentro Nacional de Unidad Popular “Por la Paz con Justicia Social” , en Bogotá-Colombia.
Si las Guacharacas y la Carolina hablaran, donde estaría Uribe... Santiago?!
Un miembro de las fuerzas armadas, hoy retirado, reveló a medios internacionales las atrocidades cometidas como funcionario público, bajo la dirección y acción de Santiago Uribe, hermano del actual Presidente de la República. Debido amenazas contra su vida e integridad y la de su familia, Juan Carlos Meneses Quintero mayor retirado de la Policía viajo al exterior y declaró ante un grupo de representantes de organizaciones internacionales que monitorean violaciones de derechos humanos en Colombia, encabezados por el Premio Nobel de Paz Adolfo Pérez Esquivel.
”En la tercera reunión con Santiago me lleva a conocer la finca porque dice que le he colaborado mucho. Cuando vamos a la parte de atrás ellos tienen una plaza de toros pequeña porque ellos crían toros. Detrás de la plaza ellos tienen una pista de entrenamiento para paramilitares. Una pista con todos los obstáculos para un entrenamiento militar. La escalera, la telaraña, todos. El me dice ‘mira, aquí es donde entreno a mis muchachos’. En la finca él mantenía gente armada con escopetas, con fusiles, él incluso tenía una subametralladora. Esa vez Santiago también me muestra una lista, porque él tenía una lista de las personas que iban asesinando. En esa época Álvaro Uribe era senador y estaba aspirando a la gobernación. El me decía ‘tranquilo que cuando Alvaro sea gobernador nos va a ir mucho mejor'”.
Esta información se remonta a crimenes comentidos desde mediados de los 80 a la presente década, en la que se cometieron cientos de crímenes en el departamento de Antioquia, -como las mal llamadas limpiezas sociales y la eliminación de supuestos subversivos-, muchas de estas violaciones han sido registrados incluso por la Comisión Interamericana. El MAS, Banda los Kiles, Banda Sicarios Seguridad y Control, Muerte a revolucionarios del Nordeste, Los Priscos, Los Plasmas son algunas de las chapas que utilizaban en ese entonces, no muy distintas a las BaCrim de estos tiempos, todas con algo en común, la connivencia con las Fuerzas Militares y políticos regionales y nacionales.
“Por eso los convoco, a que venzan sus temores, se despojen de su mordaza y hagan presencia masiva en el juicio oral que se iniciará el próximo lunes 24 de mayo de 2010, porque allí no se juzgará al profesor Miguel Ángel Beltrán Villegas, allí se enjuiciara el pensamiento crítico, la libertad de cátedra, el trabajo académico comprometido”.
La Corte Constitucional en una providencia a exigido respeto a las Comunidades de la región, exigiendo unos mínimos para que esta restitución de territorios colectivos, se haga con “un enfoque integral diferencial de prevención, protección y atención que responda a la realidad de las comunidades afrocolombianas”, asimismo, exige “una metodología para la realización del censo y proceso de caracterización ordenado en el Auto 005 de 2009, que garantice la transparencia del proceso y prevenga la utilización de medios fraudulentos que puedan distorsionar la información sobre estas comunidades". Asimismo, la Unidad de Derechos Humanos de la Fiscalía dicta medida de aseguramiento a representantes de estas empresas dedicadas a la siembra de palma africana por los delitos de desplazamiento forzado, concierto para delinquir e invasión de tierras con especial protección.
Solidaridad y resistencia ante los verdaderos criminales
Diferentes organizaciones sociales, comunidades de paz, indígenas, afros, sindicales, como también, lideres políticos, de oposición y defensores de derechos humanos vienen siendo víctimas de persecución física y amenazas contra su vida. Desde los públicos graffiti que han dejado por calles y avenidas de Bogotá, los rumores de pueblo, operaciones de represión y desinformación, como también, la circulación de correos electrónicos, llamadas de teléfono no identificados, volantes contra defensores y líderes de modo selectivo y otra serie de situaciones, dan cuenta de esta ola de terror.
Coincidencialmente, estas “fuerzas oscuras” aparecen en época electoral, en donde se genera toda clase de escenarios violentos, para condicionar de manera irrespetuosa y manipuladora al elector. Específicamente cuando pareciera que comienza a tambalear la estrategia costosamente diseñada -a partir de toda clase de sobornos y presiones- para lograr la continuidad del modelo de poder y de los métodos autoritarios y permisivos de ejercerlo. Esto tendría como finalidad, en lo inmediato, garantizar la continuidad de los negociados en que está inmerso el actual presidente y el sector de clase narco-para-mafioso-terrateniente que representa. Han adquirido una serie de compromisos y proyectos sobre las tierras del campesinado, que están dispuestos ha realizar, recurriendo a lo que sea necesario; ejemplo de ello, son las tierras de propiedad colectiva o los terrenos de explotación minera que les han sido "arrendadas" hasta por 50 años a empresas que se usufructúan de ellas de forma ilegal, en los últimos años.
Este tipo de accionar delincuencial obedece a esa estrategia de guerra política para perseguir y aniquilar a la oposición, llámese partido, organización social o personas críticas, orquestada desde los mismos organismos de seguridad que están bajo el mando de la presidencia. De tal manera que las infiltraciones Das y las Fueras Armadas, no sólo han sido en las comunicaciones como lo cuentan algunos medios, si no que también, se han metido en nuestras vidas, las viviendas, los colegios, el trabajo. Una empresa criminal organizada que se manifiesta a partir de organizaciones supuestamente demócratas que consideran a los militares y políticos vinculados a crímenes de lesa humanidad como los falsos positivos, en héroes de la patria, organizaciones similares a los derechistas "Deutsche Arbeiterpartei", que apoyan e impulsan las paradas nazis, que piensan el nacionalismo y se forman a partir de la ambición, del odio, el racismo, la homofobia, la violencia y unas ínfulas de superioridad.
Este es un llamado a las organizaciones sociales, a las comunidades, a la comunidad internacional y a los medios de comunicación, a la solidaridad y la prevención, ante probables agresiones y atentados, aparentemente indiscriminados, pero en realidad muy selectivos de los objetivos.
Los beneficios económicos que ha recibido el país durante los años de explotación no se compadecen con el enorme daño ambiental causado y, si no se suspende de inmediato la explotación, los daños serán aun mayores, irreversibles e irreparables.
Feroz ataque de la Policía contra jóvenes manifestantes
Se reportan al menos 43 detenciones y un herido hospitalizado
En todo el país se celebró el Día Internacional del Trabajo con movilizaciones, concentraciones y actos político-culturales, como es tradición en Colombia. Hubo manifestaciones callejeras en Bogotá, Medellín, Cali, Barranquilla, Cartagena, Cúcuta, Bucaramanga, Ibagué, Santa Marta, Manizales, Neiva, Popayán, Sincelejo y otras ciudades colombianas, con la misma consigna de crear puestos de trabajo, mejorar la calidad del empleo y frenar la violencia.
En Bogotá, el Comité de Solidaridad con Presos Políticos (CSPP) reportó la detención de 219 adultos, y de 41 menores de edad, para un saldo parcial de 260 personas detenidas en la jornada. El CSPP reportó también 16 heridos: dos policías y 14 marchantes, entre ellos un adulto mayor de 80 años de edad y dos menores de edad.
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“Por la Paz con Justicia Social”
En todo el país se celebró el Día Internacional del Trabajo con movilizaciones, concentraciones y actos político-culturales, como es tradición en Colombia. Hubo manifestaciones callejeras en Bogotá, Medellín, Cali, Barranquilla, Cartagena, Cúcuta, Bucaramanga, Ibagué, Santa Marta, Manizales, Neiva, Popayán, Sincelejo y otras ciudades colombianas, con la misma consigna de crear puestos de trabajo, mejorar la calidad del empleo y frenar la violencia.
