Después de 18 días de resistencia a través de rituales de Liberación de la Madre Tierra, en las 9 zonas que conforman el Consejo Regional Indígena del Cauca, CRIC, el gobierno de la seguridad democrática respondió a balazo las justas exigencias de los indígenas, tras los acuerdos que se derivan, entre otros, de la indemnización colectiva por la masacre de El Nilo en el 1991, por parte de las fuerzas armadas y civil del estado colombiano, por la cual el Estado fue condenado por parte de la Corte Interamericana de los Derechos Humanos.
Siendo las 12:30 del medio día cuando los comuneros indígenas se encontraban trabajando en la Finca la Emperatriz durante los rituales de La Liberación de la Madre Tierra, entró el ESMAD (escuadrón móvil antidisturbios), la Policía Nacional y el Ejército Nacional a reprimirlos a punta de gases lacrimógenos y en medio de la agresión dos hombres de civil vestidos con pantalonetas y camisetas, salieron de entre los ESMAD y la Policía y empezaron a disparar indiscriminadamente con armas cortas hacia la multitud de indígenas que allí se encontraban. Esto dejó como resultado cuatro heridos de gravedad: Rodrido Pito de 35 años de edad de la vereda el Chocho del resguardo de Huellas Caloto, Antonio Conda de 22 años de edad de la vereda Altamira del Resguardo de Huellas Caloto, Lorenzo Largo Dagua con una edad aproximada entre los 18 y 21 años, de la vereda Gallinazas del Resguardo de Tacueyó y Delio Quitumbo de 27 años de edad, de la vereda La Palma del Resguardo de Toribío. (Foto: ACIN)
En el Día Internacional de los Pueblos Indígenas, los indígenas de Colombia se preguntan ¿Qué pueden celebrar hoy? Durante el primer gobierno de Alvaro Uribe, fueron asesinados 584 indígenas por motivos políticos o sociales, 54 más que durante el gobierno de Pastrana. Un promedio de 146 asesinatos por año entre 2002 y 2006, muchos más que el promedio ya de por sí lamentable de 52 asesinatos por año entre 1974 y 2002. Los paramilitares en proceso de “paz” han sido autores del 41 % de los asesinatos políticos de indígenas durante el primer gobierno de Uribe. Las guerrillas son culpables en el 26% de los casos. La fuerza pública pasó de 26 asesinatos durante el gobierno de Pastrana a 62 durante el primer gobierno de Uribe, más del doble.
Durante 2007 han sido asesinados 36 indígenas y 32 han sido desaparecidos forzadamente y en total se registraron 16. 982 violaciones a los derechos humanos y colectivos, que afectaron a 160.102 indígenas y 23 pueblos , algo así como el 12% de la población indígena del país. Los datos evidencian que en 2007 año la mayor responsabilidad de las violaciones está en cabeza del Estado, seguida de aquellas cometidas por actores armados sin una identificación clara (desconocidos), lo que equivale en conjunto al 74% del total, frente a una disminuida responsabilidad de las guerrillas y los grupos paramilitares.
La multiplicación de los crímenes contra los indígenas va en correlación directa con la ofensiva legislativa contra ellos, cuya culminación es el "Estatuto Rural" que llega a prohibir la constitución o ampliación de Resguardos Indígenas en la región del Pacífico, cuando precisamente en el occidente del país se registró el 90% de las violaciones de los derechos indígenas en el 2007. Mientras tanto la falta de atención en salud se ha convertido en otro método de extermino de indígenas que causa decenas de víctimas, por ejemplo 78 en el bajo Atrato durante 2007.
"Somos pocos, casi no quedan Nukak; al contrario, la otra gente es numerosa y tiene casas muy buenas y grandes. Ellos no lo sienten. No escuchan que los nukak se están acabando."
Chorebe', hombre Nukak, Guaviare.
Dos Nukak murieron como consecuencia del fuego cruzado entre el Ejército y las Farc en noviembre, y 70 más huyeron de su resguardo por la misma causa. Otros Nukak habían sido desplazados antes, unos por combates entre paramilitares, otros por orden de las Farc. Las instalaciones militares en la zona causaron heridas graves a varios indígenas, incluso a seis niños. A partir del 2003, el 45 % de la población Nukak ha sido desplazada por la guerra. Foto © Gustavo Politis / Survival
Esta situación puede significar el fin de los Nukak como pueblo, pues ya las epidemias los habían diezmado. Entre 1988 y 1997 su población se redujo a la mitad ante la inacción del estado que se negó a dejar utilizar para salud (y sigue manteniendo congelados) los recursos que los Nukak reciben por mandato constitucional y que siguen depositados en los bancos. La reducción de la población Nukak se había detenido por una acción de emergencia del la secretaría de asuntos indígenas del Guaviare en 1998 ante la insistencia de la ONIC y Survival International. Antes, tres campañas de Survival y una acción de tutela de la ONIC y otra del entonces senador Gabriel Muyuy (hoy Defensor del Pueblo para grupos étnicos) lograron que las petroleras salieran del territorio y la creación y ampliación del territorio Nukak. Pero ahora la guerra amenaza por derribar los que la campaña de salud y el resguardo trataban de asgurar: las condiciones mínimas de vida del pueblo Nukak.
Doscientos cuarenta Nukak desplazados que se encontraban en San José del Guaviare fueron trasladados el 10 de agosto por el gobierno nacional y departamental a Puerto Ospina, fuera del resguardo. Aunque esto habría podido ser un primer paso para el retornarno a su territorio, este se postergó indefinidamente, y pasados dos meses, ciento treinta ya volvieron a San José. Unámonos a la campaña de la ONIC y de Survival para exigir el retorno a su territorio de los Nukak desplazados y que los bandos en conflicto armado respeten la vida y territorialidad Nukak.
Misión Internacional de Verificación para visibilizar la situación de los pueblos indígenas
"QUE NUESTRO SILENCIO SE CONVIERTA EN UN SOLO GRITO"
Los abusos sistemáticos y deliberados en contra de los indígenas colombianos, las violaciones de los derechos humanos de las mujeres, las jóvenes y las niñas indígenas, la persecución permanente de los grupos armados, el empleo de químicos para la erradicación aérea de cultivos de coca y amapola, la imposición de cultivos de megaproyectos, las restricciones al ingreso de medicamentos y alimentos, la escasa y nula presencia de servicios de salud, la imbasión de proyectos de multinacionales, y el incumplimiento del gobierno a los compromisos pactados, son algunas de las situaciones de las que son víctimas las comunidades indígenas.
Desde del 19 de septiembre y hasta 29 del mismo mes, una Misión Internacional de Verificación, recorre los cinco pueblos y/o regiones cuyas situaciones son emblemáticas para la lucha indígena: Nasa del Cauca, Embera Katío del Alto Sinú - Córdoba, Kankuamo y Wiwa de la Sierra Nevada de Santa Marta - Cesar, U'wa de Arauca y Nukat Makú de Guaviare, con el objeto de evidenciar la grave crisis humanitaria y de derechos humanos por la que atraviesan los Pueblos Indígenas en Colombia.
Durante la misión se realizarán algunas transmisiones en directo desde la emisora del pueblo indígena Dachibedea - CLIC
Cauca: en lucha por la Tierra

Que la Verdad y la Reforma Agraria Popular den Respuesta al Gobierno
Esmad agrede a indígenas en Caloto y Paletará
25 heridos en El Japio y 12 en Pisochago
Los nativos resisten en los predios
Indígenas Guambianos, Kokonuko y Nasa, y miles de Campesinos que demandan tierra, ocuparon haciendas en varios lugares del Cauca desde el 12 de octubre. Protestan porque al Incoder no se le dota de presupuesto ni medios legales para hacer reforma agraria, ni en el Cauca ni en el país. Los indígenas y campesinos ocuparon: la finca Miraflores en Corinto; dos predios en Gabriel López, municipio de Totoró; "Los Remedios" en Silvia; "El Japio" en Caloto, donde fueron heridos 7 indígenas durante el ataque del Esmad este miércoles; fincas Fátima, Santa Teresa, San Ignacio y la Selva en el municipio de Popayán; predios Pisochago, Achaquío, "El Acuario" y los Rincones, en el municipio de Puracé; y la hacienda Ambaló, donde 13 Guambianos fueron heridos en por la policía. Durantre los intentos de desalojo en Miraflores, tropas del Ejército (Batallones Pichincha y Codazzi) hirieron a BELISARIO TOMBÉ, quien recibió un disparo de fusil en el brazo y a ISAÍAS VALLEJO; y la Policía Antimotines hirió a tres indígenas de Kisgó en Los Remedios. Los campesinos que habían ocupado Miraflores lograron copromisos de parte del gobernador del Cauca, pero éste, en actitud racista, declaró que él "no negocia con los indígenas" y estuvo el 18 de octubre en Silvia promoviendo una manifestación de 500 habitantes del casco urbano y 5 terratenientes contra los Guambianos. El Ministro de Agricultura, Andrés Felipe Arias, principal responsable de la inacción estatal en materia de reforma agraria, declaró que el Gobierno tampoco brindará soluciones a las ocupaciones. El 19 de octubre la policía atacó coordinadamente a los indígenas Nasa en El Japio, causándoles 25 heridos y a los Coconucos (12 heridos). Pese a los gases lacrimógenos y el fuerte forcejeo, no fue posible sacar a los nativos de los predios.
A las 5 de la mañana del 9 de agosto de 2006, hombres armados y encapuchados llegaron con lista en mano a las casas donde se encontraban durmiendo indígenas Awá que tartaban de evitar ser alcanzados por los combates, sacaron a ADELAIDA y JAIRO ORTIZ, MARLENE PAÍ, MAURICIO URBANO y al líder JESÚS MORÁN, los acostaron boca abajo asesinándolos con un tiro en la cabeza a cada uno. El dirigente indígena Gerardo Jumí solicitó hoy a Naciones Unidas garantizar una investigación sobre la presunta participación de la fuerza pública en el asesinato de estos indígenas Awá. Jumí señaló a la prensa que la zona donde se produjeron los crímenes estaba bajo control de las autoridades del Estado, y agregó que los aborígenes asesinados fueron acusados de ser auxiliadores de la guerrilla por parte del comando que los ultimó. El 20 de julio pasado el ejército había detenido al guardia indígena ALFONSO ROSERO. ilustración de Gracián Utreras para KIPU - Centro Cultural Abya-Yala
El 15 de junio 2005 resultó muerto el señor GERMÁN EFRAÍN GUANGA, miembro del resguardo de Pialapi Pueblo Viejo, a manos del Ejercito Nacional, que reportó la muerte como resultado de un "error militar", versión que no concuerda con los resultados de la necropsia antes mencionada en la que se ve claramente herida con arma CORTO-PUNZANTE, arma de fuego y arma CONTUNDENTE. Según denuncia del Comité Permanente para los Derechos Humanos, el 4 de octubre a las 4 am, militares pertenecientes al Grupo Mecanizado N° 3 Cabal, sacaron de su casa, ubicada en la vereda Betania, municipio de Mallama, a los hermanos LUIS ARMANDO y CARLOS LEONEL ESCOBAR, de 28 y 30 años de edad, respectivamente, y antes del amanecer los ultimaron a tiros. Las víctimas, agricultores, pertenecían al Cabildo Mayor Awá de Mallama. El 27 de octubre fueron detenidos por la Policía Nacional, el coordinador de Justicia del Cabildo Mayor del pueblo Awá en Ricaurte, EDER BURGOS, y BRAULIO CANTICUS Secretario General de CAMAWARI.
Los operativos y los enfrentamientos entre el ejército y la guerrilla y las fumigaciones con glifosato han generado el el desplazamiento masivo a la cabecera de Ricaurte y a Altaquer, después de que se han realizado bombardeos al territorio de manera indiscriminada. En los últimos meses la fuerza pública ha forzado a las comunidades a confinarse en áreas limitadas, en una de las cuales ocurrió la masacre del 9 de agosto.
Los aborígenes de Colombia sufren una arremetida violenta que durante el mes de nero de 2005 cobró la vida de nueve indígenas: Saúl Márquez Tovar, presidente de la de la Asociación Zonal Indígena de Arica (Amazonas); cuatro Yanaconas de Bolívar (Cauca); el Angel Loperena tesorero de la organización Wiwa y su hermano Diego, en la Sierra Nevada de Santa Marta; un indígena Wayúu y Ever Cunda, en Miranda (Cauca). Antes de terminar el 2004 mataron a John Domicó, sobrino de uno de los negociadores Embera Katío que han ocupado Urrá S.A.; de tres líderes Embera en Apartadó; de un líder espiritual, el Mamo arhuaco Mariano Suárez Chaparro; un el gobernador Yanacona, Plinio Pimba y su hijo; y el nativo Kankuamo, Pervis Pacheco, además de haberse registrado el secuestro de otros tres. Según la Onic, fueron 110 los indígenas asesinados en el 2004 por los grupos implicados en el conflicto armado interno, que deja en el mismo período 3.500 indígenas desplazados.
Adicionalmente a la ola de asesinatos, los indígenas sufren detenciones masivas: en la madrugada del 5 de Diciembre en acción conjunta entre el Ejército de Colombia, la fiscalía y el DAS del Cesar, retuvieron en Atanquez, capital del resguardo indígena Kankuamo, Municipio de Valledupar, a 14 miembros de la comunidad Kankuama. Dentro de estas personas se encuentran el Cabildo menor, el coordinador de deportes y la coordinadora de mujeres de Atanquez. El día 6 de Diciembre en Valledupar, fueron detenidos dos Kankuamos más, entre ellos el Coordinador general del Consejo de Mayores, cuando regresaban de Bogotá, de realizar trabajos tradicionales para fortalecer espiritualmente a los lideres desplazados. Estos hechos se dan a pesar de las medidas provisionales de la CIDH, con las que cuenta la Comunidad Kankuama.
La protesta fue contra el gobierno
El río se convirtió en avalancha
En medio de las aclamaciones del pueblo caleño el jueves llegaron a Cali 60 mil indígenas que el martes partieron desde Quilichao en la Movilización contra el proyecto de muerte y por el Plan de Vida de los Pueblos; por los Derechos Humanos; en lucha Frontal contra la Contrarreforma Constitucional del Presidente; en rechazo del neoliberalismo y del Poder Multinacional; coreando No al ALCA, No al TLC. El miércoles pernoctaron en Jamundí. ver fotos de Simone Bruno » [1] [2] [3]. Después de vencer la oposición del secretario de Gobierno y del "Consejo de Seguridad" de Cali, los indígenas que entraron a la ciudad [« ver fotos] desde el Sur por la calle 5ª mientras por el Norte llegaron otros 5 mil indígenas. El Congreso indíigena y popular sesionó el viernes en cuatro mesas de trabajo sobre autonomía y nuevas fórmulas de resistencia civil, las contrarreformas constitucionales que pretende Uribe, la defensa de los derechos humanos y los tratados de libre comercio. El sábado la Asamblea Popular del Congreso indígena y popular, con participación de las organizaciones populares de Cali, senadores y representantes. ha respondido enérgicamente las acusaciones que el presidente Uribe ha hecho contra la Minga.
También, el 16 de septiembre 7 mil indígenas Zenú marcharon desde Sampués hasta Sincelejo por la troncal del Caribe; 2 mil Wayúu caminaron hasta Riohacha y mil en Uribia; y cientos de Mocaná de Galapa a Barranquilla. En Bogotá, marcharon desde el Parque Nacional, Muiscas, Ingas, U'wa, Quichuas, Pijaos, Sikuani, Kankuamos... Se unieron a la gran marcha sindical y popular y llegaron con decenas de miles de personas hasta la Plaza de Bolívar.
30 buses colmados con indígenas Kankuamos arrivaron el jueves 5 de agosto a Valledupar. Llegaron a participar de las honras fúnebres de su líder asesinado, el secretario de derechos humanos de la Organización Indígena Kankuma OIK, Freddy Arias. Se les unieron delegaciones de otros pueblos indígenas del país, chimila, wiwa, una muy nutrida de arhuacos (ijka) y centenares de pobladores de la capital del César, estudiantes y trabajadores. El presidente de la ONIC, Luis Evelys Andrade y los senadores indígenas Gerardo Jumí, Francisco Rojas Birry, Jesús Piñacué y Efrén Tarapués, intervinieron como oradores. Fue una impresionante muestra de solidaridad frente al crimen, del cual se sindica a los paramilitares que tres años antes mataron al papá de Freddy, Salomón Arias, después de someterlo a horribles torturas. 92 kankuamos han sido asesinados durante el gobierno de Uribe.
foto de EL PILON
 En Bogotá se llevó a cabo el mismo día un sepelio simbólico por la carrera Séptima: el cortejo estaba encabezado por los Kankuamo desplazados en la capital de la república, tras de los cuales iban wayúu, muiscas, ingas y otros indígenas de diferentes pueblos, y centenares de activistas de las organizaciones sociales y de derechos humanos de la capital de la República. foto framb.
KIMY es nieto de YARÍ, el gran Jaibaná Embera del Alto Sinú. Se convirtió para los pueblos indígenas de Colombia en un símbolo de fortaleza, rectitud, y sabiduría ancestral. Encabezó todas las movilizaciones de las comunidades indígenas del Alto Sinú, para defender la dignidad el territorio y la cultura de su pueblo, derechos que comenzaron a ser vulnerados con la construcción de la represa de URRÁ. KIMY fue secuestrado el 2 de junio del 2001 por las ACCU en el municipio de Tierralta, Córdoba. foto de Kathy Price
"El 18 de abril en la mañana llegaron los paramilitares a la comunidad Wayúu de Bahía Portete, a violar nuestros derechos, maltratándonos y violando a nuestras hijas, torturando a niños para que hablaran donde se encontraban sus padres; los mataban o se los llevaban. Fueron torturados, violados, o asesinados y picados, niños, mujeres, jóvenes y ancianos." Es el testimonio de los wayúu de la alta Guajira que termina diciendo " ¡Ayúdenos, no nos dejen solos!".
 El número de muertos extraoficialmente oscila entre 4 y 14, según fuentes de la Policía, el Ejército, el DAS y la Fiscalía. Una comisión de la Defensoría Nacional del Pueblo recorrió la zona la semana pasada y pudo corroborar el asesinato de Rosa Lince, de 80 años, cuyo cadáver fue encontrado mutilado. La comunidad en mensaje divulgado por la ONIC denuncia que hay 30 indígenas desaparecidos y que "se encontraron parte de algunos miembros de los cuerpos de los niños".
 "Los habitante de la comunidad son 580 de diferentes clanes, quienes abandonaron con el dolor de su alma su territorio, sus animales, sus pertenencias ancestrales". La Red de Solidaridad realiza un censo de estos indígenas desplazados habiendo registrado ya 243 procedentes de las rancherías de San José de Bahía Honda, Kasushüu, Pucheo, Way, Puerto Nuevo, Portete y San José, que se han refugiado en las cabeceras de Maicao y Uribia, en su mayoría mujeres acompañadas de sus hijos.
Masacre en Betoyes

foto Alexia Gilera
327 indígenas ocuparon pacíficamente el 13 de mayo la iglesia y un colegio de Saravena (Arauca), aterrorizados por una sanguinaria incursión en sus Resguardos de Betoyes.
Un grupo con el brazalete de las AUC y las autodefensas del Casanare, asesinó a sangre fría y ante la mirada de los pobladores, a Nilson Delgado, Daniel Linares Sánchez, Samuel Linares Sánchez y a Omaira Fernández de 16 años, quien estaba embarazada y fue violada por los atacantes; la comunidad de Parreros tuvo que ver horrorizada cómo los paramilitares le abrían el vientre, le sacaban el feto, lo troceaban y lo lanzaban en una bolsa plástica al río Cravo junto a la madre. Ese mismo día, tres indígenas, Jairo Fernández, Narciso Hernández e Israel Camejo, quedaron en paradero desconocido tras ser heridos por los disparos de los hombres armados. Se les da por "desaparecidos". En la comunidad de Velasqueros los atacantes violaron a otras tres menores indígenas de 11, 12 y 15 años.
Sorprendió el hallazgo de un grupo de 200 indígenas, que desde que se produjo el ataque contra sus comunidades en Betoyes y durante dos meses, estuvieron refugiados en la zona selvática, se alimentaron con extracto de palma y sobrevivieron en difíciles condiciones, acosados por las enfermedades.

Por la falta de atención del Gobierno a las denuncias de estos indígenas, la población paralizó por 20 días las actividades del departamento.
El jueves 19 de junio los senadores indígenas y delegados de la Defensoría del Pueblo y la Procuraduría visitaron alos desplazados y una comisión enviada a Betoyes estableció que aun no había garantías de seguridad para el regreso. Entre tanto una bebé de nueve meses falleció el martes 1º de julio como resultado de las condiciones en que se encontraban estas familias, sometidas a la indiferencia del Gobierno nacional y en la medida en que se agotan recursos suministrados por el departamento. El 13 de agosto la mayoría de las familias retornaron a Betoyes con gran temor sobre su futuro allí.
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Entrevista con Darío Tulibila dirigente del Consejo Regional Indígena de Arauca por Dick Emanuelsson
Graves agresiones contra el pueblo Wiwa
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