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La completa parálisis de Arauca por semanas, como en meses pasados sucedió en el Putumayo, ha puesto en serios aprietos la política gubernamental de "seguridad democrática", una de las pocas cartas de presentación que le quedan al presidente Uribe. Múltiples hechos de violencia se presentan diariamente en Arauca, uno de los departamentos más militarizados del país, que es presentado por las autoridades nacionales como una "zona recuperada", y donde los resultados que orgullosamente se muestran apuntan a la criminalización de la protesta social, pero no se notan en la reducción del accionar de los actores del conflicto armado.




Para la Memoria
La Masacre de Mapiripan

Entre el 15 y 20 de julio de 1997 […] aproximadamente un centenar de miembros de las Autodefensas Unidas de Colombia[, …] con la colaboración y aquiescencia de agentes del […] Estado, privaron de la libertad, torturaron y asesinaron a por lo menos 49 civiles, tras lo cual destruyeron sus cuerpos y arrojaron los restos al río Guaviare, en el Municipio de Mapiripán, Departamento del Meta". Asimismo, señaló que "aproximadamente 49 personas" eran las presuntas víctimas, de las cuales identificó a diez personas y a algunos de sus familiares.

... 96.19 Se ha documentado en Colombia la existencia de numerosos casos de vinculación entre paramilitares y miembros de la fuerza pública en relación con hechos similares a los ocurridos en el presente caso, así como actitudes omisivas de parte de integrantes de la fuerza pública respecto de las acciones de dichos grupos. En los informes publicados desde 1997 sobre la situación de derechos humanos en Colombia, la Oficina del Alto Comisionado de Naciones Unidas para los Derechos Humanos ha documentado los casos representativos de violaciones del derecho a la vida, en los que se alegó que el gobierno y las fuerzas armadas colaboraron con los paramilitares en asesinar, amenazar o desplazar a la población civil. Dicha colaboración entre las fuerzas públicas y los paramilitares ha representado un gran obstáculo para la observancia de los derechos humanos en Colombia, en opinión de la Oficina del Alto Comisionado. En el informe de 1997 la Alta Comisionada mostró su preocupación por la posible participación de las fuerzas armadas con los paramilitares en actos de violencia incluyendo, entre otros, la masacre en Mapiripán. Según ese informe, los actos cometidos por paramilitares constituyeron el mayor número de violaciones de derechos humanos reportados en el país en 1997, incluidas masacres, desapariciones forzadas y toma de rehenes.
Sentencia de 15 Septiembre de 2005 de la CIDH, y aqui encuentra algunos apartes.

Solo después de 8 años, se determina la responsabilidad intelectual y material de los autores de la masacre, así como de las personas cuya colaboración y aquiescencia hizo posible la comisión de la misma, es decir la colaboración y participación de miembros de las fuerzas armadas con los paramilitares, y se condena al Estado Colombiano.

En memoria de las víctimas, presentamos la historia, algunos documentos y noticias del procesos y la sentencia de la CIDH.

(2001) Conocemos el INFORME N° 33/01, CASO 12.250, MASACRE DE MAPIRIPÁN COLOMBIA, donde se declara admisible el caso en la CIDH. (2002) La narración que hace el Juez Municipal de la Masacre "Fue algo espantoso", publicado en el Espectador y duplicado en otros medios. (2003) Sentencia Condenatoria por la Masacre de Mapiripán. (2004) La noticia de la acción judicial ante la CIDH, "Demandado el Estado Colombiano por Masacre de Mapiripan". Equipo Nizkor. (2004) Reportaje de la revista Semana relacionada con los miembros de la fuerza publica vinculados, "El secreto de los militares". (2005) En la adiencia convocada por la CIDH, los representantes del Estado colombiano aceptaron de manera parcial la responsabilidad Colombia acepta que Agentes del Estado participaron en la masacre de Mapiripán. (2005) Aunque admitió que se violaron los derechos a la vida y la libertad, negó que la justicia no haya actuado para aclarar el crimen Gobierno colombiano aceptó su responsabilidad en la masacre de 40 civiles en Mapiripán. Noticia que aparece en El Tiempo. En esa misma nos hace una pequeña cronología de investigación, "Las fechas del proceso".
El Tribunal confirma fallo en el caso de la Masacre de Mapiripan



¡Los han asesinado, pero siguen viviendo!


Informe final:
Triple crímen en Arauca

Sindicalistas de Suiza, Bélgica y Alemania se pronuncian contra los asesinatos

La Central Sindical Suiza SGB y sindicalistas belgas, suizos y alemanes están consternados e indignados por la nueva ola de asesinatos de sindicalistas en Colombia y en particular por la ejecución extrajudicial de tres líderes históricos de Arauca.


Organizaciones sindicales, campesinas y de derechos humanos tuvieron conocimiento -de fuentes de toda solvencia y de toda credibilidad- que el Ejército ejecutó extrajudicialmente el jueves 5 de agosto por la mañana, en el caserío de Caño Seco (municipio de Fortul- Arauca), a tres líderes históricos del departamento de Arauca: Alirio Martínez, quien fue presidente de la Asociación Departamental de Usuarios Campesinos-ADUC; a Leonel Goyeneche, maestro, quien era miembro de la junta directiva de la Confederación Unitaria de Trabajadores-CUT Arauca; y a Jorge Prieto de la junta directiva del la Asociación Nacional de Trabajadores/as Hospitalarios de Colombia-ANTHOC y de la CUT.
Ilustración de MATIZ: in memorian de Alirio, Jorge y Leonel.
OPINIONES Y EDITORIALES



Una masiva concentración de campesinos de diversas comunidades de Arauca se hizo presente desde el 2 de junio en el caserío Botalón, para denunciar ante una Comisión Humanitaria la masacre de 13 campesinos el 20 de mayo en Flor Amarillo, Cravo Charo, La Rochela y Piñalito, municipio de Tame y el asesinato del campesino Joaquín Carrillo Hernández, el 25 de mayo en Bajo Caranal, municipio de Arauquita.


A partir del mes de mayo de 2002 fecha en que inicia la "Operación Conquista" por parte del batallón 21 Vargas del Ejército Nacional acantonado en Granada (Meta), con participación de las Fuerzas de Despliegue Rápido "FUDRA" y con el apoyo del comando de la Policía Nacional con sede en el Municipio del Castillo (Meta), se han venido presentando una serie de violaciones a los Derechos Humanos contra los campesinos habitantes de esta región, representadas en homicidios, torturas, desapariciones forzadas, allanamientos, quemas de viviendas, robos de enseres y de ganado, amenazas; lo que ha generado el desplazamiento forzado de más del ochenta por ciento (80%) de los campesinos que tradicionalmente han habitado esta región del país.

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