Autores de "falso positivo" en Casanare
A juicio diez militares y un civil por homicidio en persona protegida

En la foto: Alquímedes Amaya Avendaño, soldado profesional implicado en el "falso positivo".
La Fiscalía profirió resolución de acusación en contra de un oficial, un suboficial, ocho soldados profesionales, y un civil como presuntos responsables de homicidio en persona protegida, desaparición forzada, porte ilegal de armas y destrucción u ocultamiento de documento público. Los uniformados hacían parte del Pelotón Cobra 3, adscrito al Batallón 44 de Contraguerrillas.
Los hechos investigados ocurrieron el 15 de agosto de 2007 en Aguazul (Casanare), donde un informante del Ejército llegó a la vivienda de Jenner Aldrúbal Vega Sibo a proponerle su participación en un negocio supuestamente ilegal.
Al día siguiente el cadáver de Vega Sibo fue hallado a la orilla de la quebrada Guadalcanal en la vía que de Aguazul conduce a Pajarito (Boyacá) y fue presentado por miembros del Ejército como baja en combate. Sin embargo, las evidencias recopiladas por la Fiscalía indican que esa persona no fue muerta en desarrollo de una confrontación armada.
La decisión afecta a Wilson Ricardo Cardozo Montaña, subteniente; Henry Alexánder Peña Martínez, cabo primero; los soldados profesionales Alexánder Quintero Barón, Javier Alejandro Cruz Sánchez, Aldemar Wildredo Jiménez Bermúdez, Fabio José Larios Gómez, Juan Carlos Garzón Moreno, Noriel Alzate Jiménez, Alquímedes Amaya Avendaño, César Augusto Martínez Arias; y al civil Juan Gabriel Bonilla Mesa.
Los acusados están privados de la libertad en el Batallón Ramón Nonato Pérez de Tauramena (Casanare).
Familiares de víctimas de -falsos positivos- de las Brigadas Móviles 12, 3, 4, Batallón 21 Vargas, Batallón Joaquín Paris, Fuerza de Tarea Omega y Fuerza de Despliegue Rápido (Fudra) con jurisdicción en los municipios de Vista hermosa, Puerto Rico, La Macarena , Puerto Concordia en el departamento del Meta y San José del Guaviare departamento del Guaviare; adscritas a la IV División del Ejército de la Patria , al mando del General Guillermo Quiñónez; exigen verdad y justicia con carteles y fotografías de sus seres queridos. "No somos guerrilleros, no representamos a la guerrilla ni a ningún grupo armado legal e ilegal, nadie nos representa, solo nos mueve el dolor, la rabia y la burla de los criminales que disfrutan de sus premios a costa de la tragedia de nuestras familias".
Ver comunicado completo
Se investigue al General Guillermo Quiñones por las ejecuciones extrajudiciales cometidas en el bajo Ariari |
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ccajar 14/11/2008
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La completa parálisis de Arauca por semanas, como en meses pasados sucedió en el Putumayo, ha puesto en serios aprietos la política gubernamental de "seguridad democrática", una de las pocas cartas de presentación que le quedan al presidente Uribe. Múltiples hechos de violencia se presentan diariamente en Arauca, uno de los departamentos más militarizados del país, que es presentado por las autoridades nacionales como una "zona recuperada", y donde los resultados que orgullosamente se muestran apuntan a la criminalización de la protesta social, pero no se notan en la reducción del accionar de los actores del conflicto armado.
Para la Memoria La Masacre de Mapiripan
Entre el 15 y 20 de julio de 1997 […] aproximadamente un centenar de miembros de las Autodefensas Unidas de Colombia[, …] con la colaboración y aquiescencia de agentes del […] Estado, privaron de la libertad, torturaron y asesinaron a por lo menos 49 civiles, tras lo cual destruyeron sus cuerpos y arrojaron los restos al río Guaviare, en el Municipio de Mapiripán, Departamento del Meta". Asimismo, señaló que "aproximadamente 49 personas" eran las presuntas víctimas, de las cuales identificó a diez personas y a algunos de sus familiares.
... 96.19 Se ha documentado en Colombia la existencia de numerosos casos de vinculación entre paramilitares y miembros de la fuerza pública en relación con hechos similares a los ocurridos en el presente caso, así como actitudes omisivas de parte de integrantes de la fuerza pública respecto de las acciones de dichos grupos. En los informes publicados desde 1997 sobre la situación de derechos humanos en Colombia, la Oficina del Alto Comisionado de Naciones Unidas para los Derechos Humanos ha documentado los casos representativos de violaciones del derecho a la vida, en los que se alegó que el gobierno y las fuerzas armadas colaboraron con los paramilitares en asesinar, amenazar o desplazar a la población civil. Dicha colaboración entre las fuerzas públicas y los paramilitares ha representado un gran obstáculo para la observancia de los derechos humanos en Colombia, en opinión de la Oficina del Alto Comisionado. En el informe de 1997 la Alta Comisionada mostró su preocupación por la posible participación de las fuerzas armadas con los paramilitares en actos de violencia incluyendo, entre otros, la masacre en Mapiripán. Según ese informe, los actos cometidos por paramilitares constituyeron el mayor número de violaciones de derechos humanos reportados en el país en 1997, incluidas masacres, desapariciones forzadas y toma de rehenes.
Sentencia de 15 Septiembre de 2005 de la CIDH, y aqui encuentra algunos apartes.
Solo después de 8 años, se determina la responsabilidad intelectual y material de los autores de la masacre, así como de las personas cuya colaboración y aquiescencia hizo posible la comisión de la misma, es decir la colaboración y participación de miembros de las fuerzas armadas con los paramilitares, y se condena al Estado Colombiano.
En memoria de las víctimas, presentamos la historia, algunos documentos y noticias del procesos y la sentencia de la CIDH.
(2001) Conocemos el INFORME N° 33/01, CASO 12.250, MASACRE DE MAPIRIPÁN COLOMBIA, donde se declara admisible el caso en la CIDH.
(2002) La narración que hace el Juez Municipal de la Masacre "Fue algo espantoso", publicado en el Espectador y duplicado en otros medios. (2003) Sentencia Condenatoria por la Masacre de Mapiripán.
(2004) La noticia de la acción judicial ante la CIDH, "Demandado el Estado Colombiano por Masacre de Mapiripan". Equipo Nizkor.
(2004) Reportaje de la revista Semana relacionada con los miembros de la fuerza publica vinculados,
"El secreto de los militares".
(2005) En la adiencia convocada por la CIDH, los representantes del Estado colombiano aceptaron de manera parcial la responsabilidad Colombia acepta que Agentes del Estado participaron en la masacre de Mapiripán.
(2005) Aunque admitió que se violaron los derechos a la vida y la libertad, negó que la justicia no haya actuado para aclarar el crimen Gobierno colombiano aceptó su responsabilidad en la masacre de 40 civiles en Mapiripán. Noticia que aparece en El Tiempo. En esa misma nos hace una pequeña cronología de investigación,
"Las fechas del proceso".
El Tribunal confirma fallo en el caso de la Masacre de Mapiripan
¡Los han asesinado, pero siguen viviendo!
Una masiva concentración de campesinos de diversas comunidades de Arauca se hizo presente desde el 2 de junio en el caserío Botalón, para denunciar ante una Comisión Humanitaria la masacre de 13 campesinos el 20 de mayo en Flor Amarillo, Cravo Charo, La Rochela y Piñalito, municipio de Tame y el asesinato del campesino Joaquín Carrillo Hernández, el 25 de mayo en Bajo Caranal, municipio de Arauquita.
A partir del mes de mayo de 2002 fecha en que inicia la "Operación Conquista" por parte del batallón 21 Vargas del Ejército Nacional acantonado en Granada (Meta), con participación de las Fuerzas de Despliegue Rápido "FUDRA" y con el apoyo del comando de la Policía Nacional con sede en el Municipio del Castillo (Meta), se han venido presentando una serie de violaciones a los Derechos Humanos contra los campesinos habitantes de esta región, representadas en homicidios, torturas, desapariciones forzadas, allanamientos, quemas de viviendas, robos de enseres y de ganado, amenazas; lo que ha generado el desplazamiento forzado de más del ochenta por ciento (80%) de los campesinos que tradicionalmente han habitado esta región del país.
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indymedia colombia
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