Gobierno pretende derogar zona de reserva campesina del Valle del Río Cimitarra : Indymedia Colombia

ACCIÓN URGENTE

CAMPAÑA INTERNACIONAL DE SOLIDARIDAD CON LA ACVC

EL ESTADO COLOMBIANO DEROGA ZONA DE RESERVA CAMPESINA DEL VALLE DEL RÍO CIMITARRA

El 10 de diciembre del 2003, el Instituto Colombiano de Reforma Agraria – INCORA, decretó la Zona de Reserva Campesina (ZRC) del Valle del Río Cimitarra, cumpliendo con uno de los acuerdos firmados por el presidente Andrés Pastrana durante el Éxodo Campesino del Magdalena Medio de 1998.

Una vez decretada la ZRC se recrudeció la campaña de agresión estatal y paraestatal en contra de la Asociación Campesina del Valle del Río Cimitarra – ACVC. Se allanó la oficina de la organización en la ciudad de Barrancabermeja, se emitieron órdenes de captura contra Gilberto Guerra, Andrés Gil, Exehover Polanía y Álvaro Manzano, dirigentes de la ACVC, y se atentó contra la vida de Miguel Cifuentes, secretario de la Junta Directiva.

Para completar de cerrar el círculo de persecuciones contra una región de campesinos organizados, el gobierno de Alvaro Uribe Velez ha decidido derogar la ZRC, atendiendo gustoso a las peticiones de sectores paramilitares, ganaderos y terratenientes del Magdalena Medio, quienes ven en la ZRC un obstáculo al proceso de expropiación violenta de tierras al que se ha venido sometiendo al campesinado de la región durante las últimas décadas.

El responsable de la campaña contra la ZRC es el senador Arturo Clavijo Vargas, de Puerto Boyacá, conocido latifundista, presunto promotor de acciones contra el campesinado; otros directos responsables son miembros de la cleptocracia y el militarismo regional como Saúl Rodríguez, alcalde del Municipio de Yondó; Luis Alberto Pallares, director ejecutivo de la Asociación de Municipios del Magdalena Medio Bolivarense y el teniente coronel Andrés Rodríguez, comandante del Batallón Vial y Energético Nº 7.

La ZRC del Valle del Río Cimitarra es un proceso de desarrollo regional y de defensa integral de los derechos humanos, iniciado en 1998, que ha cumplido con todos los requisitos institucionales para su declaración y que ha contado con la participación de 25.000 campesinos de las áreas rurales de los Municipios de Yondó, Remedios, San Pablo y Cantagallo. Por lo tanto, pretender deslegitimar y criminalizar a la organización campesina y al proceso de la ZRC solo puede atender a la política de guerra sucia y de terrorismo de Estado implementada por el actual Estado colombiano de la “seguridad democrática”.

A las organizaciones y a la comunidad internacional en general le solicitamos remitir cartas, manifestaciones y expresiones de apoyo a la ZRC del Valle del Río Cimitarra en las que exijan al Estado colombiano que:

- Cumpla con los acuerdos y mantenga la resolución 028 del 2002 que creó la ZRC del Valle del Río Cimitarra.

DIRECCIONES:

- Álvaro Uribe Vélez, Presidente de la República de Colombia.
auribe@presidencia.gov.co

- Francisco Santos, Vicepresidente de la República de Colombia
fsantos@presidencia.gov.co

- Carlos Gustavo Cano, Ministro de Agricultura
ministro@minagricultura.gov.co

- Eduardo Cifuentes, Defensor del Pueblo.
secretaria_privada@hotmail.com

- Edgardo Maya Villazón, Procurador General de la Nación.
anticorrupcion@presidencia.gov.co

Con copias a:
cimitarra@mixmail.com
sintradin1jdn@hotmail.com

BARRANCABERMEJA
"Nosotros aún no tenemos en nuestras manos el decreto mediante el cual se deroga la Zona de Reserva Campesina. Esa es la única esperanza de que no sea cierto".

Así se refirió Miguel Güepas, miembro de la Asociación de Campesinos del Valle del Río Cimitarra a las versiones que circulan en las esferas del alto gobierno y que aducen que el Presidente, Álvaro Uribe Vélez, derogó la recién declarada zona de reserva que abarca 560 mil hectáreas en el área rural de los municipios de Yondó y Remedios en el nordeste antioqueño y Cantagallo en el sur de Bolívar.

Aunque si es así de tal decisión no se conoce nada de manera oficial, de lo que sí se tiene certeza es de las reuniones hechas por los alcaldes de la zona y en las que han participado personeros, concejales, ganaderos y un sector de la población residente en el área urbana con el propósito de impulsar una campaña, bien sea tendiente a que se derogue la zona o que se redireccione el manejo de los recursos que esto implica.

"La pelea"

"Lo que están peleando los políticos de turno es quién maneja la plata, no es más; entonces que sean claros y no disfracen las cosas, cuando lo que se necesita es que luchen por los intereses de la comunidad y no por el dinero", dijo Güepas.

Continuó diciendo que "si sabían que era productivo jalonar una zona de reserva, que requiere inversión del Estado, por qué no lo hicieron. Allí urge cuidar las cuencas, microcuencas y vertientes y recuperar el medio ambiente y el ecosistema destruido, entre otros, por los químicos utilizados en los cultivos de coca".

Según trascendió, de haber sido derogada la zona de reserva éste habría sido un proceso jalonado por el senador Arturo Clavijo Vargas, de Puerto Boyacá, de quien se supo sería quien impulsó las solicitudes hechas por los alcaldes de esta región.

"El Gobierno del Presidente atendió las peticiones de sectores paramilitares, ganaderos y terratenientes del Magdalena Medio, quienes ven en la zona de reserva campesina un obstáculo al proceso de expropiación violenta de tierra al que se ha venido sometiendo al campesinado durante las últimas décadas", dice en uno de sus apartes la Acción Urgente que emitió la Asociación a propósito de la campaña de solidaridad internacional que inició.

Denunció además que una vez se conoció la determinación del Incora, no ha cesado lo que calificaron como "agresión estatal", toda vez que en contra la Asociación Campesina del Valle del Río Cimitarra se avaló un allanamiento en Barrancabermeja y se emitieron órdenes de captura contra varios de sus dirigentes.

Como se recordará, la zona de reserva campesina fue declarada el pasado 10 de diciembre de 2002 luego que el Instituto Colombiano de Reforma Agraria y el Ministerio de Agricultura reconocieran la importancia y el cumplimiento de los requisitos exigidos. El proceso como tal duró poco más de 5 años e hizo parte de los acuerdos firmados por el presidente Andrés Pastrana luego del éxodo campesino en el Magdalena Medio en 1998.

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