Colombia: " Tierra sin hombres y hombres sin tierra" : Indymedia Colombia

La ley 160 de 1994, en su capitulo XIII, estableció las Zonas de Reserva Campesina (ZRC) como una figura que permite fomentar y estabilizar la economía campesina en zonas de colonización, evitando la concentración de la propiedad rural. Bajo la exigibilidad de las marchas cocaleras de 1996 este capitulo finalmente fue reglamentado en el decreto 1.777, el cual definió como ámbito de aplicación de las ZRC, además de las áreas de colonización y con predominio de baldíos, “las áreas geográficas cuyas características agroecológicas y socioeconómicas requieran la regulación, limitación y ordenamiento de la propiedad rural”, abriendo la posibilidad de establecer ZRC, incluso, al interior de la frontera agrícola.

Desde 1996 se iniciaron procesos de planificación y formulación de ZRC en las regiones del Pato- Balsillas (Caquetá), Calamar (Guaviaré) y Cabrera (Cundinamarca), bajo la tutela de las experimentadas organizaciones campesinas de estas regiones. En 1998 se inició el proceso de establecimiento de la ZRC del Valle del Río Cimitarra, según lo pactado con el presidente Pastrana en los acuerdos del Éxodo Campesino del Magdalena Medio. Esta ZRC fue decretada el 10 de Diciembre del 2003. Con la firma de la resolución, el Ministro de Agricultura y Desarrollo Rural, Carlos Gustavo Cano aseguró que “ con este proyecto se abren nuevas alternativas de desarrollo y asociación de las comunidades, en este caso específico, es una importante herramienta que le permitirá a la región participar en asuntos como el plan de ordenamiento territorial y el aprovechamiento de los recursos naturales”(Centro de noticias del Estado, 30-12-02).

Aparentemente todo iba bien con las ZRC, hasta que todo empezó a cambiar, atendiendo a los intereses disfrazados de política. Bien decía Lucho Garzón, un ex -candidato devenido en terroristólogo (también por intereses electoreros), que “un año en Colombia es como 10 años en Suiza”, tal vez para significar la realidad tan crudamente condensada y la cantidad de absurdos y de estupideces que en relativo corto tiempo comete la élite del poder en Colombia. Como, por ejemplo, desconocer el problema agrario en el plan de desarrollo, borrando de un brochazo una problemática que está en la génesis del conflicto político, social y armado colombiano.

Las ZRC se fueron encontrando rápidamente con los enemigos de siempre del campesinado: los latifundistas, ganaderos, politiqueros regionales y narcotraficantes, que encontraron en AUV a un viejo y conocido aliado. De la mano de la “seguridad democrática” y de la red de sapos fueron criminalizados los directivos de las ZRC de Calamar y del Pato – Balsillas, los acusan de vender comida, de ser informantes y de ser curanderos de la guerrilla, además de ser comunistas. A los directivos de la Asociación Campesina del Valle del Río Cimitarra - ACVC, por su parte, los acusan de ser un aparato de la guerrilla, de hostigar a los campesinos, obligándolos a vender sus tierras, de promover marchas y de ser cuatreros: “hurtan búfalos y ganado vacuno”.

La ACVC en un comunicado a la opinión pública nacional e internacional afirma que la campaña de revocatoria de la ZRC obedece a “peticiones de sectores paramilitares, ganaderos y terratenientes del Magdalena Medio, quienes ven en la ZRC un obstáculo al proceso de expropiación violenta de tierras al que se ha venido sometiendo al campesinado de la región durante las últimas décadas. El responsable de la campaña contra la ZRC es el senador Arturo Clavijo Vargas, de Puerto Boyacá, conocido latifundista, “presunto” promotor de acciones contra el campesinado; otros directos responsables son miembros de la cleptocracia y el militarismo regional como Saúl Rodríguez, alcalde del Municipio de Yondó; Luis Alberto Pallares, director ejecutivo de la Asociación de Municipios del Magdalena Medio Bolivarense y el teniente coronel Andrés Rodríguez, comandante del Batallón Vial y Energético Nº 7” (Acción urgente, ACVC, 27-03-03).

Detrás del ataque estatal y paraestatal a las ZRC está la reproducción del modelo latifundista de tenencia de la tierra que garantiza la gran concentración de la propiedad, el ejercicio de poderes clientelistas locales y regionales y la aplicación de modelos de desarrollo forzado de carácter autoritario. El modelo se complementa con la implementación de programas regionales de desarrollo y paz (tipo PDPMM), financiados por el Banco Mundial y agencias de cooperación y desarrollo, que promueven la cooptación de organizaciones sociales y la desmovilización reivindicativa estructural. Para el campesinado la orientación de este modelo es el cultivo de la palma africana en “alianzas estratégicas” con los terratenientes expropiadores y las multinacionales. El objetivo es “saturar el mercado de la materia prima, como en el pasado saturaron el mercado del café”, para cumplirlo el Banco Mundial aprobó un crédito para “asociaciones productivas” en 8 regiones del país, la mayoría bajo control paramilitar.

Y qué pasa con los que no estén de acuerdo? Para los necios el destino desafortunado será la tierra arrasada y el desplazamiento. Bajo esta dinámica la espiral de la violencia política seguirá en ascenso, nuevas Marquetalias seguirán surgiendo por todos los campos colombianos. Hasta que nuestros caballistas entiendan que la tierra es un derecho y que los señores feudales son un rezago de la historia.