'Coca de vida, coca de esperanza, coca de paz' : Indymedia Colombia

Actualidad Étnica conversó con un dirigente de la OPIAC, quien aclara que para los 56 pueblos indígenas que habitan la región, la coca, bien utilizada, representa vida, esperanza y paz.

Sentado en una silla de mimbre el dirigente, cuyo nombre solicita omitir, explica con parsimonia lo que la coca representa para unas culturas que milenariamente han convivido con ella. De paso ratifica que la organización está en contra del flagelo del narcotráfico y de los actores armados al margen de la ley que se aprovechan de las comunidades indígenas y campesinas para la explotación industrial, corroborando el deseo de los pueblos por contribuir en la construcción de un país que le apueste a la paz, mediante alternativas diferentes a la guerra.

Un primer elemento que llama la atención, es la manera como la coca es satanizada socialmente, cerrando todas las posibilidades para dar una discusión abierta y ajustada a los referentes culturales de los pueblos indígenas. En ese sentido, ¿qué significa la coca para los pueblos amazónicos?

La coca es una planta muy antigua. La mitología dice que ella puede traer paz para quien la pueda manejar y orientar. Para nosotros la coca es la coca de la vida, de la esperanza, es la coca dulce. La coca somos nosotros, lo humano. Es la materialización del conocimiento, de la palabra.

¿Pero esa representación no es la misma para el hombre occidental?

Porque también existe otra representación de la coca, la cual los pueblos denominamos coca de candela, coca de producción, coca de envidia, coca de corrupción, coca de muerte. Eso fue rechazado hace mucho tiempo por los pueblos. La coca es una planta que sabiéndola utilizar, conociendo sus orígenes, trae bienestar, pero aquel que abusa de ella, como lo hacen los occidentales, violan la ley de origen, y la coca se convierte en destrucción, guerra y sangre. Esa coca ya no es vida. El problema es humano, y nosotros lo estamos diciendo. El blanco se enamoró de esa mujer que no conocía, y por eso el problema, la guerra y la contaminación de la madre tierra.

Ustedes han expresado su deseo de poder asumir la gobernabilidad del Amazonas ¿por qué?

La gobernabilidad del amazonas la tenemos nosotros, la amazonía somos nosotros los indios, porque actualmente no hay gobernabilidad en la amazonía, solamente en las cabeceras municipales de Mitú, Puerto Inírida, Leticia. Ahí se concentra la politiquería y la Fuerza Pública, pero en el resto de la amazonía estamos nosotros, y deseamos que nos entreguen la gobernabilidad a nosotros; nosotros manejamos la educación, la salud, nuestros procesos a través de los Planes de Vida y los Planes de Desarrollo. Ahí tenemos un trabajo largo, y estamos soñando con una futura entidad territorial, porque nosotros tenemos más de 24 millones de hectáreas representadas en resguardos. Actualmente allí no hay cultivos de coca, porque la coca que se maneja la tenemos para mambear. El gobierno sostiene que hay 7 mil hectáreas cultivadas con coca y de ellas 5 mil estaban en territorio indígena; ese dato está mal porque deben haber más en toda la amazonía, porque nosotros en una sola noche, en nuestras festividades, podemos consumir hasta una hectárea de coca en el mambeo. Esto también lo tenemos que reglamentar, pero está claro que nosotros no estamos de acuerdo con la coca industrial y su comercialización porque eso destruiría nuestra cultura y nuestras leyes ancestrales. Para esto, requerimos el apoyo del Estado.

Un tema delicado es el tema de las fumigaciones ¿Cuáles son los efectos de una política que es bandera?

Las fumigaciones han afectado la seguridad alimentaria. Hay problemas en el ambiente. Nuestros ancianos saben que la coca no se puede acabar con más candela, se tiene que acabar endulzándola, refrescándola, enfriándola, por eso hay que cambiar de estrategias, mediante un compromiso serio y real entre nosotros y el Estado. Las fumigaciones en el pie de monte hacen que la gente se desplace hacia nuestros territorios. Nosotros vemos la amazonía en dos aspectos grandes: el pie de monte amazónico – Caquetá, Guaviare y Putumayo - y la parte baja – Amazonas, Vaupés y Guainía -. Si fumigan una hectárea, se abrirán paso otras tres dentro de la selva, tumbándola. En segundo lugar, la gran falencia de la política es que no ha logrado determinar el impacto real en términos ambientales. Nosotros rechazamos el narcotráfico y afirmamos que somos dueños antiguos de la coca en el amazonas; los pueblos todavía conservamos nuestras tradiciones, nuestra cultura, nuestra lengua, nuestro territorio y los ancianos decían: “para poder encontrar el problema de algo hay que encontrar las raíces, sino se está en las ramas”.

¿Habría que cambiar la política antidrogas?

Yo considero que la política, que viene imponiendo Estados Unidos, no es la más acertada, porque desde su implementación no ha habido una reducción considerable, porque las mafias del narcotráfico tienen unas estructuras bien definidas y pueden movilizarse de un país a otro. La cadena no se puede atacar por el lado menos trascendente. No se puede relacionar al indígena con narcotraficante. ¿Por qué no atacan a los distribuidores? Sobre ellos se sustenta la mafia.

¿Cuál sería, entonces, la solución?

Para nosotros la solución no es la fumigación aérea. Nosotros miramos que debe haber otro tipo de política que le apueste a una erradicación manual, acompañada de un componente social, es decir, generando alternativas económicas, que no estén mediadas por la politiquería. Mire lo que ocurrió con el componente social del Plan Colombia, que sirvió para conformar cientos de ONG’s que no son otra cosa que intermediarios, mientras a las comunidades llegan las migajas de los recursos. Así no funciona. Hay que mirar procesos serios y de fondo. Ahora, en el caso de las fumigaciones lo primero que debe existir es un estudio serio del impacto que va a tener ese veneno en un ecosistema tan frágil como es el Amazonas. Consideramos que hay que cambiar de estrategia, y nosotros estamos dispuestos a colaborar. Nosotros pedimos, independientemente de la tutela, se conforme una mesa de concertación y coordinación de la Orinoquía Amazónica, donde los pueblos indígenas puedan plantear lo que piensan y sienten. La OPIAC, como ente de control de los 56 pueblos de la amazonía colombiana, reafirmamos que no estamos de acuerdo ni con el narcotráfico, ni con los actores al margen de la ley y queremos que nos respeten nuestra cultura. Nosotros hemos vivido milenariamente con la coca y el mambeo. Desde nuestro punto de vista, pensamos que podemos contribuir al proceso de paz en el país.

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BOGOTÁ – El Gobierno colombiano deberá consultar a las comunidades indígenas antes de fumigar los cultivos ilícitos que se encuentran en sus resguardos -el 28 por ciento del territorio nacional-, dijo el presidente de la Corte Constitucional el miércoles.

El fallo se produce a raíz de una acción legal de la Organización de Pueblos Indígenas de la Amazonía que demandó al gobierno ante la corte buscando que se suspendieran los programas de fumigación y erradicación de coca y amapola, base de la cocaína y la heroína.

“La Corte no está ordenando la suspensión de estos programas, pero que quede claro, tampoco está dando un aval para que esos programas de fumigación y erradicación de cultivos continúen”, dijo el miércoles Eduardo Montenegro, presidente de la Corte en la explicación del fallo.

La entidad invocando tratados internacionales de los que Colombia es firmante y que garantizan a las poblaciones indígenas el derecho a la diferencia y la diversidad cultural, dijo que el gobierno tiene que realizar consultas por tres meses con los pueblos aborígenes.

“Las consultas tienen que ser efectivas, no pueden ser simulacros de consulta, sino que en forma real y efectiva bajo vigilancia de la Procuraduría y la Defensoría se escuche en forma real las observaciones de los pueblos indígenas”, ordenó la Corte.

Montenegro agregó que el Gobierno tiene que hacer un equilibrio entre la lucha contra el narcotráfico y otros derechos fundamentales, como el que tienen los indígenas a la vida y su subsistencia.

El gobierno del presidente Álvaro Uribe, quien ha realizado extensas fumigaciones áreas, se había mostrado preocupado por la posibilidad de que la Corte prohibiera este mecanismo.

Incluso el Ministro del Interior había enviado una carta a la Corte expresando su malestar por una posible decisión en contra.

El senador de la etnia Paez, Jesús Piñacué se mostró complacido con este fallo, que dice, reconoce la existencia de los pueblos indígenas como sujetos de derecho.

“Es un avance de la democracia”, dijo Piñacué.

El congresista Francisco Rojas Birry, de la etnia Embera, afirmó que la Corte había fallado de acuerdo a derecho y que era otro avance de los pueblos aborígenes.

Los resguardos indígenas en Colombia abarcan el 28 por ciento del territorio nacional y en muchos de ellos están algunos de los más grandes cultivos ilícitos del país.

Los cultivos ilícitos en Colombia bajaron en forma dramática el año pasado, según la oficina de la Casa Blanca sobre la política del control de drogas en cifras que hizo públicas esta semana.

Los sembrados de amapola disminuyeron en un 25 por ciento en el 2001 y los de coca en 15 por ciento.

Colombia es el primer productor mundial de cocaína y el mayor proveedor de heroína al mercado estadounidense.

La Corte Constitucional negó la tutela interpuesta por los pueblos indígenas de la Amazonia colombiana (Opiac), para que el Gobierno suspendiera las fumigaciones en sus resguardos. Pero al mismo tiempo abrió un boquete para impedirlas: consultar a las comunidades. Birry y Piñacué consideraron el fallo un avance de la democracia, pues significa un espaldarazo a las autoridades indígenas, a sus normas y valores. No obstante, la sentencia entraña grandes peligros. Hay que presumir que si la Opiac está en desacuerdo con la fumigación, las comunidades también, y la consulta pondría al Gobierno entre la espada gringa y la pared constitucional. A juzgar por los antecedentes, no es difícil saber qué camino se tomará. Ya la embajadora Patterson comenzó a brincar y el señor Londoño blande un perverso argumento: si no se fumiga, los resguardos se llenarán de coca y amapola. Más que un argumento es un chantaje. Olvida el Ministro que las comunidades indígenas han estado siempre de acuerdo con otras formas de erradicación y siempre dispuestas a llevarlas hasta el final si cuentan con el apoyo económico y el respaldo institucional. Los guambianos han erradicado a mano la amapola y si los paeces no lo han hecho es porque el Gobierno les salió calceto. Promesas, actas, programas y... ¡Pistola! La represión y la violencia son más baratas y más vistosas. Dividir las comunidades y sobornar a sus autoridades no son prácticas nuevas. Quizás el Gobierno intente hacer lo que buscaban hacer Uribe y Vélez para que la gente votara a favor del Referendo: comprarle el voto; o lo que hace el Ministerio de Defensa para comprar el apoyo a la Fuerza Pública: organizar la Red de Sapos. Corromper para gobernar. Queda la esperanza fundada en que los indígenas saben resistir las tentaciones del dinero y no ceden en sus principios.

Hay un efecto colateral aún más grave. Ya lo oiremos: comunidad cuya consulta sea adversa a la fumigación será considerada aliada al terrorismo. Lo dirán en Washington y en Bogotá; y nuestros embajadores en la UE y en América Latina. En la Amazonia, la siniestra identificación equivaldría a una luz verde para que los conocidos “actores armados desconocidos” entren a saco en los resguardos y acaben hasta con el nido de la perra. Ya sucedió en Betoyes (Arauca) donde, afirma el Comité Regional Indígena de Arauca, fueron asesinados el 5 de mayo por supuestos paramilitares tres hombres “y violaron a cuatro muchachas de 11, 12, 15 y 16 años. Esta última víctima estaba embarazada y la comunidad guahíba tuvo que ver horrorizada cómo los supuestos paramilitares le abrían el vientre a la muchacha, sacaban el feto, lo troceaban y lo lanzaban en una bolsa plástica al río junto a la madre”. El Tiempo informó que los “combatientes (sic) conminaron a los indígenas a abandonar sus tierras. La ‘orden’ fue acatada de inmediato por los aborígenes, que empezaron a salir desde el 5 de mayo de las 800 hectáreas donde están asentadas las comunidades de Juliero, Velasquero y Parrero, en la parte alta de Betoyes”.

Si la fumigación ha logrado la descomposición y la huida de muchas comunidades, ¡cuál no será el efecto de la motosierra! Por persistentes que los indígenas sean, la sangre y el dolor pueden más que la tierra. Y, a la larga, ese es el efecto esperado: recuperar los territorios indígenas para el mercado de tierras. Los EE.UU. impusieron como condición para el TLC que México acabara con los ejidos y obligaron a modificar el artículo 27 de la Constitución, la gran herencia de Villa, Zapata y Cárdenas. En Colombia, el ALCA impondrá el fin de las figuras de Resguardo Indígena, Territorio Ancestral Negro y Reserva Campesina. Oiremos a los ilustres consejeros del Presidente: “El 28% del país pertenece a una docena de indios. ¡Inadmisible! ¡Injusto! ¡Aberrante!”. Nunca dirán, claro está, ¡que el 60% de la tierra pertenece a menos del 1% de la población!

La Corte Constitucional emitió, en el pasado mes de mayo, una sentencia que le recuerda al país que toda acción en territorio indígena o afrocolombiano debe ser fruto del consenso con su población.

Desde que comenzó la fumigación de cultivos ilícitos en los resguardos del Putumayo, las organizaciones indígenas han iniciado el proceso para hacer valer sus derechos a la salud y a vivir en un ambiente sano. Así mismo, han generado una interlocución con el Estado, que se desprende de los convenios, leyes y decretos que ratifican que este debe consultar previamente a las comunidades indígenas y afrocolombianas, sobre cualquier decisión legislativa o administrativa susceptible de afectar su ambiente, territorio y cultura.

Hasta el momento, 14 resguardos del país han recibido la influencia de las fumigaciones con glifosato. A causa de estas, las comunidades indígenas del Putumayo, entre ellas los Paeces, han perdido cultivos de pancoger, y han visto afectadas, entre otros, sus aguas y su aire, lo que atenta contra sus posibilidades de vida en los resguardos.

A raíz de esto, la Corte Constitucional emitió en el pasado mes de mayo una sentencia que obliga a la Presidencia de la República, el Consejo Nacional de Estupefacientes, y a otras instancias del Gobierno, a consultar a los pueblos indígenas de la Amazonía colombiana acerca de los procedimientos para la erradicación de los cultivos ilícitos.

Gerardo Jumí, Senador de la República, afirma que “los indígenas estamos de acuerdo con la erradicación de los cultivos que llevan al enriquecimiento ilícito, pero nunca con que esto se haga violando los derechos de las personas. A pesar de los acuerdos que Colombia ratificó en el año 91 y en el 98, sobre la consulta previa a las comunidades indígenas y afrocolombianas, las fumigaciones que se han hecho en Resguardos desde el gobierno anterior, han sido inconsultas y, por tanto, ilegales”, concluye.

Sustitución voluntaria atacada

La iniciativa indígena para defender sus derechos surge en 1996, a partir de una movilización general en el Putumayo, con la consecuente conformación de mesas de trabajo. Este proceso derivó en el “Acuerdo Mutuo para la sustitución de cultivos ilícitos de coca en el departamento del Putumayo”, suscrito por el gobierno nacional, el gobierno departamental y los pueblos indígenas del Putumayo.

De este acuerdo se ha cumplido apenas una parte: el apoyo a las comunidades en seguridad alimentaria, organización e infraestructura, en un programa de sustitución de cultivos ilícitos del Plan Colombia, financiado por la Agencia norteamericana AID a través de Chemonics, e implementado por ONG nacionales.

Carlos Augusto Salazar, representante de Cecoín-Corfas, una de las organizaciones que adelanta el programa “Raíz por raíz”, comenta que la experiencia del Programa permite decir que es posible sustituir cultivos ilícitos de coca por medios pacíficos y voluntarios, en forma gradual, manual y con desarrollo integral.

Como fruto del trabajo de estas organizaciones se ha logrado en el Putumayo sustituir coca por especies agrícolas menores como maíz, yuca, frutales, y pecuarias como cerdos, gallinas y ganadería. En la parte urbana se ha dado la sustitución por tiendas comunitarias o grupos asociativos. También se ha apoyado la organización comunitaria y se ha fortalecido la infraestructura con la construcción de 32 sedes comunitarias y una regional.

La gran paradoja del programa nacional para la erradicación de cultivos de coca es que las fumigaciones aéreas han llevado, no sólo a fumigar pequeñas parcelas de campesinos, y chagras de donde los indígenas obtienen sus alimentos, sino que también han sido fumigados cultivos nuevos, fruto del programa de sustitución de cultivos del Plan Colombia, especialmente en la zona de Orito, Putumayo.

Esto ha generado una crisis humanitaria, como lo establece la Defensoría del Pueblo en Resolución Defensorial de octubre del 2002: “Sólo en los municipios de Puerto Asís, Orito y Valle del Guamuéz, hemos conocido 318 quejas por la afectación de 6.076 familias y 5.034 hectáreas. La mayoría provienen de firmantes de pactos y se refieren a los daños causados en predios donde se supone ya se había erradicado al menos el 70 % de la coca, y donde se encontraban cultivos de yuca, plátano, maíz, árboles frutales y pastos. En términos generales, de la totalidad de familias que han recibido recursos del proyecto de seguridad alimentaria en los 3 municipios, el 32 % ha denunciado daños en sus cultivos”.

”En el Plan Colombia -según la Resolución Defensorial- se prevé expresamente que las fumigaciones afectan la seguridad alimentaria y propician el desplazamiento de la población afectada. Es por ello que se destinaron recursos de la AID por valor de $5.400 millones para el suministro de alimentos y artículos de aseo”.

Por el derecho a la vida

La tutela que originó la Resolución Defensorial y la sentencia de la Corte Constitucional fue interpuesta por la organización indígena OPIAC en julio del 2001. “Clamamos el derecho a la salud y a un ambiente sano que en últimas, el derecho a la vida”, afirma Julio César Estrada, presidente de la OPIAC. “Como consecuencia de la violencia en la tierra y de las fumigaciones tenemos indígenas desplazados, unidades familiares desmembradas, inseguridad física y todo el costo cultural de esto”.

Actualmente, la Organización indígena realiza un proceso de sistematización para identificar cuántas personas se han desplazado desde que empezaron las fumigaciones. “Lo que no se dice acerca de las fumigaciones es que no se pueden desligar de la violencia, porque para poder fumigar, van primero los paramilitares o el Ejército, sacando la guerrilla”, concluye Estrada. Según la OPIAC, esto ha generado una grave situación, que pone a los indígenas en medio del fuego cruzado.

La influencia del narcotráfico y de los actores armados en los territorios indígenas, sumado a las fumigaciones, pone en la encrucijada la conservación de las etnias indígenas que habitan el Putumayo y el Amazonas. Por una parte, quienes se han dejado involucrar por la fantasía de la coca presentan una transformación cultural que los confronta con sus raíces. Por otra parte y como dice Julio César Estrada, “Quién garantiza que no se cultive cuando se tiene un fusil a la espalda, o un avión cargado de dólares?

Colombia tiene una gran responsabilidad histórica frente a la conservación de la diversidad étnica. La resistencia de las culturas, y su capacidad de interlocución con el Estado nos demuestra que están ahí, de pie, dispuestas a continuar viviendo.

Actualidad Colombiana Nº 361

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APARTE DE LA SENTENCIA DE LA CORTE CONSTITUCIONAL

La Presidencia de la República, el Consejo Nacional de Estupefacientes, y los Ministerios del Interior, Justicia y Medio Ambiente deberán consultar de manera efectiva y eficiente a los pueblos indígenas y tribales de la Amazonia colombiana sobre las decisiones atinentes al Programa de Erradicación de cultivos ilícitos que las entidades mencionadas adelantan en sus territorios.

El procedimiento constitucional deberá iniciarse y culminar en el plazo de tres meses, contados a partir de la notificación de esta decisión -mayo 2003-, y comprenderá, entre otros temas: el procedimiento y los términos en que se adelantarán las consultas,
el ámbito territorial de las mismas, y la determinación de los medios adecuados para adelantar en el ámbito territorial respectivo la erradicación de los cultivos ilícitos, ya sea mediante la aspersión aérea o por otro medio alternativo, siempre y cuando que
uno y otros garanticen en forma efectiva y eficiente los derechos fundamentales que mediante esta providencia se amparan.

La Fumigación en los Territorios Indígenas es un componente más de un problema que supuestamente es de todos los Colombianos y la humanidad pero los que una vez comprometen su dignidad, su espacio territorial y su cultura son los Indígenas. Se conoce que de las estrategias que ha pactado el Gobienro Nacional para efectos de erradicar un problema que alimentan cada vez los consumidores del Norte, es la del control territorial la extradición y la despariciòn fisica de quienes por muchos tiempos han conservado los territorios y el Medio Ambiente. Oficialmente el Gobierno Nacional tiene para su aprobaciòn varias solicitudes de extradiciòn por delitos supuestamente cometidos por algunos indìgenas en el país del consumo. La corte Suprema de Justicia viene adoptando posiciones muy claras en el sentido de que los Tratados Internacionales no tienen razon de ser en un proceso de extradiciòn y por ello muchop menos los Convenios que tratan de la existencia de los Pueblos indígenas. Volvinmos a lo mismo porque si los magistrados de la Jerarquía de la Justicia como lo es la Corte Suprema de la Justicia Colombiana no asumen que los indígenas son Colombianos reconocidos por la Sociedad Colombiana a través de la Constitución política y que hacebn parte de un proceso de reparación y reconocimeinto de sus derechos a través de estos instrumentos entonces quién dirime si a los Indígenas los Juzga sus jueces naturales en materia de Extrradición y cuales son los criterios y contenido de resolciación que tiene la sociedad consumidora de estupefacientes Norteamericana `para resocializar a un indígena que es acusado como cualquier capo del narcoráfico cuando todos sabemos qçcual es la duinàmica de comportamiento de los flagelos en las áreas vulnerables o de corredores fronterizos donde el Estado ausente permitió toda clas de ejercicio económicos y ahora quiere borrar de un tajo las cosas. Fumigaciones, extradiciòn, terrrorismo y todo aquello que afecte la economía de los GRingos es factor de autoridad ilimitada y los Indígenas se encuentran en el espacio de los acontecimientos por una zola Razón. pràctica de la Dignidad, Autonomía y pertenencia territorial.

¿ afecta a la economia de los gringos ??
al contrario
el narcotrafico afecta las economias andinas.
porque los narcotraficantes se valen del primer mundo para "reciclar", esos dinerillos.
las mafias del narcotrafico mueven 500 mil millones (1,5 billones), (500.000.000.000 US).

Los países consumidores de drogas obtienen el 98% de los beneficios del narcotráfico
http://www.elmundo.es/elmundo/2003/02/26/sociedad/1046219582.html
El 98% de los beneficios resultantes del narcotráfico van a parar a los países consumidores y no a los productores, donde por el contrario esta práctica desestabiliza la economía, según un informe de la Oficina de Drogas y Crimen de la Organización de las Naciones Unidas (ONU).
¿ entonces ?
leer http://www.argentina.indymedia.org/news/2003/05/110481_comment.php#130225
http://www.argentina.indymedia.org/news/2003/08/130061.php
... por cierto ...
el "narcotrafico", asi como el "terrorismo", en si no existen.
son solo los efectos de las politicas prohibicionistas, en el primer caso, y de las imperialistas, en el segundo.

“El cultivo de coca es la única opción para muchos campesinos”
http://www.narconews.com/Issue31/articulo861.html
Entrevista con el parlamentario colombiano Pedro José Arenas

El pasado viernes 14 de noviembre culminó en Bogotá el proceso de acuerdo del proceso de consulta con las autoridades y organizaciones indígenas de la Amazonía colombiana sobre las políticas de erradicación de cultivos ilícitos, según lo ordenado por la Corte Constitucional mediante la sentencia T - 383 de 2003. Actualidad Étnica publica el documento suscrito.

En cumplimiento del mandato de la Sentencia SU-383 de 2003 de la Honorable Corte Constitucional, se suscribe la siguiente acta de protocolización de la Consulta realizada entre las autoridades y organizaciones de los pueblos indígenas de la amazonía colombiana y el Gobierno Nacional representado por el doctor Juan Carlos Vives Menotti Ministro del Interior y de Justicia (E) en representación del Consejo Nacional de Estupefacientes, según acta del 1 de agosto de 2003, y la doctora María Inés Restrepo Cañón, directora del Programa Presidencial Plan Nacional de Desarrollo Alternativo, en representación de la Presidencia de la República, según Resolución 1823 del 12 de septiembre de 2003.

Que para el desarrollo de este proceso se acordó la realización de talleres regionales de información sobre el mandato establecido en la sentencia para la consulta de las políticas del actual Gobierno Nacional del Presidente Alvaro Uribe Vélez, sobre la erradicación de los cultivos ilícitos en la amazonía colombiana, definiéndose la participación de las autoridades indígenas en representación de sus comunidades que se encuentran en las áreas de cultivos ilícitos, con el fin de informar de manera efectiva y eficiente el fallo de la Corte Constitucional y las políticas del Gobierno Nacional, con plena observancia de los principios y reglas contenidas en el Convenio 169 de la OIT, aprobado por la Ley 21 de 1991 y el procedimiento establecido en el fallo y la realización de una reunión nacional con los delegados de los departamentos de la amazonía colombiana para realizar la consulta, de conformidad con la mencionada providencia.

Considerando:

Que la política de erradicación de cultivos ilícitos es una política de Estado recogida y ratificada por el Plan Nacional de Desarrollo 2003-2006 del actual Gobierno del señor Presidente Alvaro Uribe Vélez, “Hacia un Estado Comunitario”, aprobado por la Ley 812 de junio 26 de 2003.

Que un componente fundamental de esta política, lo constituye el combate al problema de las drogas ilícitas y al crimen organizado, el cual esta orientado “hacia la desarticulación del proceso de producción, comercialización y consumo de drogas, mediante la erradicación forzosa y voluntaria de los cultivos y el desarrollo en zonas deprimidas y de conflicto mediante la implementación de un programa de desarrollo alternativo que genere alternativas para la subsistencia y la generación de ingresos en el corto plazo.

Que para muchos pueblos indígenas de la amazonía colombiana, el consumo de la hoja de coca ha tenido un uso tradicional enraizado en su cultura ancestral y el mismo hace parte integral de su cotidianidad, tornándose imprescindible en la vida de cada individuo y su comunidad.

Que el Estado colombiano protege la diversidad étnica y cultural de la Nación y en este marco constitucional respeta el uso tradicional que los pueblos indígenas hacen de la hoja de la coca como fundamento de su cultura y es su compromiso preservar, fortalecer y desarrollar las características legales y constitucionales de los territorios indígenas de la amazonía colombiana.

ACUERDAN:

La erradicación de cultivos ilícitos en los territorios indígenas de la amazonía colombiana se realizará de manera concertada y verificable, entre las autoridades y organizaciones indígenas y las entidades competentes.

La concertación deberá determinar los tiempos, mecanismos de verificación y apoyo para la ejecución de programas de desarrollo alternativo acordes con las características culturales y ambientales de los pueblos y territorios indígenas.

En relación con los demás derechos tutelados se acuerda lo siguiente:

· El Gobierno Nacional conformará una “Mesa Regional Amazónica” con representantes de las organizaciones y autoridades indígenas de la amazonía, y de las demás entidades del orden nacional, regional y local, la cual se constituirá como un espacio permanente de concertación para la formulación de una política regional e integral de desarrollo sostenible.

· En concertación con las autoridades y organizaciones indígenas de la amazonía colombiana, el Gobierno Nacional se compromete a formular e impulsar la aprobación de un documento de política – Conpes – el cual contendrá aspectos económicos, culturales, políticos, ambientales y de inversión en los resguardos y comunidades indígenas de esta región. El documento Conpes deberá incluir entre otros, los siguientes componentes:

1. El apoyo a la formulación y financiación de los planes de vida.

2. Una directriz para impulsar el ordenamiento territorial indígena en la perspectiva de la conformación de las Entidades Territoriales Indígenas.

3. El procedimiento para definir el o los modelos de atención en salud de los pueblos indígenas de la amazonía en desarrollo del artículo 22 de la Ley 691 de 2001 y los artículos 24 y 25 de la ley 21 de 1991.

4. La definición de la política para los pueblos indígenas de frontera en el marco de las relaciones binacionales y la política exterior definida por el Gobierno Nacional.

5. La implementación de una estrategia para la gestión de recursos de cooperación internacional, con el fin de financiar las propuestas de desarrollo que se acuerden en la Mesa Regional Amazónica.

6. La definición de un componente específico en el marco de la Directriz Nacional de Prevención y Atención al Desplazamiento Forzado Indígena.

7. La definición de un programa de sustitución y desarrollo alternativo adecuado a sus particularidades culturales y la consecución de recursos para su implementación.

8. En el marco de la políticas del Gobierno del Presidente Alvaro Uribe, la continuidad en el cumplimiento de los acuerdos celebrados entre el Gobierno Nacional y los pueblos indígenas de la amazonía colombiana para la erradicación manual de los cultivos ilícitos. (Acuerdo Mutuo y Mesa Permanente del Pueblo Cofán)

9. El apoyo a los programas de educación bilingüe e intercultural que propongan las comunidades y autoridades indígenas.

OTROS COMPROMISOS:

El Gobierno Nacional compromete su voluntad política en el impulso al proyecto de Ley Orgánica de Ordenamiento Territorial radicado en el Congreso de la República el 20 de julio de 2003, el cual desarrolla el mandato constitucional para la conformación de las Entidades Territoriales Indígenas.

El Gobierno Nacional promoverá la definición concertada de unos lineamientos de política en materia de Derechos Humanos para los pueblos indígenas de la amazonía colombiana.

El Gobierno Nacional en el marco del Plan Nacional de Desarrollo avanzará en la definición de una política para el manejo concertado de las áreas protegidas traslapadas con los territorios indígenas en la región amazónica.

El Gobierno Nacional trabajará de manera concertada en la reglamentación del artículo 7 de la Ley 30 de 1986 para garantizar el uso tradicional de la coca y demás plantas de las cuales se produzcan sustancias estupefacientes, utilizadas con fines culturales.

Las partes acuerdan un plazo de seis (6) meses para la reglamentación y puesta en funcionamiento de la Mesa Regional Amazónica y la formulación del Conpes aquí acordados. El Gobierno Nacional a través del Ministerio del Interior y de Justicia gestionará los recursos necesarios para garantizar la interlocución indígena, la cual se hará a través de una comisión de diez delegados conformada por representantes de los departamentos y miembros del comité ejecutivo de la OPIAC.

En el marco de la políticas nacionales del actual Gobierno del presidente Uribe, el Gobierno Nacional y las instituciones firmantes del “Acuerdo Mutuo para la sustitución de cultivos de uso ilícito de coca en el departamento del Putumayo” “Plan Integral Raíz por Raíz por la pervivencia de los pueblos indígenas” “Mesa Permanente del Pueblo Cofan” acuerdan reunirse con las instituciones representativas de los Pueblos indígenas del Putumayo para la evaluación y ejecución de los mismos, solo en aquellos aspectos que no contraríen las directrices y programas de erradicación de cultivos ilícitos y el Plan Nacional de Desarrollo del actual Gobierno Nacional.

Las partes expresan su disposición de buscar de común acuerdo y siempre que ello fuere necesario el acompañamiento internacional, para garantizar el desarrollo y cumplimiento del presente acuerdo, de organismos internacionales.

Para constancia se firma en la ciudad de Bogotá a los catorce (14) días del mes de noviembre de 2003, por:

El Gobierno Nacional:

JUAN CARLOS VIVES MENOTTI

Ministro del Interior y de Justicia (E) en representación del Consejo Nacional de Estupefacientes

MARÍA INÉS RESTREPO CAÑÓN

Directora del Programa presidencial Plan Nacional de Desarrollo Alternativo

Por las Organizaciones y Voceros elegidos en la reunión de consulta:

1. Departamento del Amazonas

REYNALDO GIAGREKUDO

MARTHA MORAN TETEYE

2. Departamento del Caquetá

ALVARO PIRANGA CRUZ
RUBEN YUCUNA
GONZALO GASCA
Presidente del Consejo Regional indígena del Orteguaza Medio - CRIOM

3. Departamento del Guainía

EFRÉN RAMÍREZ SABANA
Gobernador Electo

JAIRO DUCUARA
Presidente Consejo Regional Indígena del Guainia CRIGUA I

4. Departamento del Guaviare

MÁXIMO MARTINEZ
RUBEN SUAREZ
LUIS HERNANDO PAPURI
Presidente del Consejo Regional indígena del Guaviare – CRIGUA II

5. Departamento del Putumayo

JOSE SEBASTIÁN JANSASOY
JOSE BENEDICTO JUAJIBIOY
HUMBERTO GARCIA
Presidente del Pueblo Awa

FRANCISCO TENORIO
Presidente, Organización Zonal Indígena del Putumayo, OZIP

WILLINTON CHAPAL
Coordinador General Mesa Permanente del Pueblo Cofan

6. Departamento Del Vaupés

JESÚS PEDREROS
SIMON VALENCIA LOPEZ
Organización de los Pueblos Indígenas de la Amazonía Colombiana

JULIO CESAR ESTRADA CORDERO
Presidente

JOSE SORIA JAVA
Secretario General

Estoy de acuerdo con mucho de lo que proponen y reclaman los indígenas, en efecto, HAY QUE LEGALIZAR Y ACABAR CON LAS FUMIGACIONES, pero....

>asi como el "terrorismo", en si no >existen.

Maravilloso. Simplemente Maravilloso.

La hoja de la coca es parte de la inteligencia , se demuestra con las obras de nuestros antepasados (incas)planta vitaminica.y por culpa de los americanos fue la idea de la erradicacion.
No entiendo porque ? desean hacer eso, lo cual perjudicara a muchos agricultores . puesto q ellos (americanos) deberian dejar de hacer cocaina..y consumirlo ,ya q nadie los obliga a hacerlo .Sugiero y ruego que no erradiquen dicho producto.Gracias ,ojala ...

NO A LAS FUMIGACIONES
por CARLOS ANDRES HENAO Wednesday, Mar. 02, 2005 at 1:55 AM
3113930450 CIUDAD DORADA Mz 41 6

Para acabar con los cultivos ilicitos existen otras maneras, sin necesidad de crear tantos impactos ambientales como la alteracion de muchos habitat, ya sean aereos,terrestres y acuaticos viendose grabemente afectada las especies animales y vegetales directamente, e indirectamente las tribus indigenas y los campesinos los cuales pueden consumir alimentos infectados por estos quimicos con los que fumigan. La mejor alternativa seria la erradicacion manual.