¿'Lluvia' de glifosato o cambio de modelo? : Indymedia Colombia

Según la revista The Economist un “productor” de coca recibe por un kilo de hoja 610 dólares (un millón setecientos mil pesos) u 860 por el de pasta (dos millones cuatrocientos mil pesos) mientras en los “grandes mercados” esa cantidad de cocaína vale 110.000 dólares (308 millones de pesos). No se explica fácilmente que la mira del plan contra las drogas ilícitas se ponga en el eslabón más débil, ubicado en zonas apartadas de las colonias del Imperio, que percibe 180 veces menos de esa renta que los capos de las calles de Nueva York. No puede decirse que eliminando la oferta se acaba la demanda, ello debido al alto grado de sustitución que hay entre estupefacientes, bien entre los ya conocidos o entre éstos y los que van apareciendo. Una encuesta del Centro de Recursos para la Gente y la Prensa mostró que el 74% de la opinión gringa cree que “la demanda es muy alta y nunca dejaremos de usarlos”.

Pero es más insólito que sea la potencia que envilece la producción y los precios de nuestros productos agrícolas la que imponga ese método como único de erradicación de ilícitos. La apertura a los frutos foráneos significó para siete departamentos del sur del país, entre 1990 y 1996, la pérdida de 15.000 hectáreas de maíz, 40.000 de arroz, 6.000 de sorgo y más de 20.000 de soja, que nunca retornaron a su dedicación inicial. Estos géneros provienen ahora de Estados Unidos. Con el café sucede otra injusticia. Las compras totales norteamericanas en 1997, que fueron de cerca de 20 millones de sacos, valieron 5.039 millones de dólares, en 2002 un volumen casi igual apenas alcanzó a 2.435 millones, menos de la mitad. Las consecuencias para los caficultores colombianos es una reducción de sus ingresos en proporciones todavía mayores tanto en relación con los insumos de producción como con el destino principal del ingreso campesino: los bienes de consumo para el hogar.

Es evidente que la “plata sucia” se mueve por los mismos circuitos del gran capital y que las políticas de facilidad para el ingreso de capitales ayudan a “lavarla”. La “ventanilla siniestra” y la reforma financiera de 1991, ideada por Hommes, dieron vía libre a la repatriación legal de los llamados flujos de capital encubiertos que pusieron su cuota en la revalorización del peso, la que tantas secuelas trajo a la economía nacional.

Para sintetizar el marco de causalidad, valen dos citas del texto “La economía colombiana tras 25 años de narcotráfico” (Rocha). “No deja de llamar la atención que el 32%... de la inversión extranjera directa proviniera de Centroamérica y del Caribe, donde proliferan paraísos fiscales,… que ofrecen ventajas al lavado de dinero del narcotráfico” y “los cambios en el entorno macroeconómico…a la vez que afectaron la agricultura legal, también favorecieron la expansión de cultivos ilícitos”.

Por lo visto, adicionar a esos males la “lluvia” de glifosato más que un remedio es un agravante. En la industria cafetera la aspersión del veneno a los cuatro vientos traerá nuevas dificultades. El único patrimonio que aún conserva nuestra industria es el sobreprecio por calidad en el mercado mundial que en la última década en promedio por libra fue de diez centavos de dólar; ¿Mantendrá el mercado dicha prima si los exigentes consumidores del norte conocen que parte de él “se roció” con glifosato? ¿Cuál será la suerte de los proyectos de café orgánico ante un desprestigio difundido globalmente? ¿Cómo lo aprovecharán nuestros competidores? ¿Cuánto se servirán de ello las multinacionales compradoras? En ese sentido llama la atención que el grupo empresarial ALTRIA (antigua Philip Morris) tenga bajo su control tanto a Monsanto, firma que vende el glifosato, como a Kraft General Foods, principal cliente del café colombiano. Gana por punta y punta: por una vende su tóxico y por otra ya no reconocerá esa prima de calidad.

¿Serán, acaso, éstas las razones de verdad para que la embajadora Patterson declare las bondades del herbicida y su inocuidad? Ciento veinte millones de dólares anuales que se economizarían las multinacionales tostadoras al suprimirse la prima y 457 dólares por hectárea fumigada que perciben Monsanto y los contratistas extranjeros que hacen la labor pueden ser motivos auténticos para la delegada del Tío Sam. El análisis de las causas y de las consecuencias económicas, así como sociales, en violencia, desplazamientos y otras, y de los daños ambientales colaterales concluyen que lo primero que hay que erradicar es el neoliberalismo con sus correspondientes licencias para el libre comercio y la movilidad de capitales. Sobran razones de peso a la región cafetera para erguirse en Resistencia Civil contra la pronosticada avalancha de glifosato.

Pese a los pronunciamientos reiterados de las comunidades del norte del Tolima y del oriente de Caldas contra la iniciativa oficial de hacer “llover glifosato” en la zona cafetera del país, tanto Álvaro Uribe Vélez como su ministro del Interior, Fernando Londoño Hoyos, en el “Consejo Comunitario” realizado el pasado sábado 17 de mayo en Manizales, se ratificaron en su decisión de “putumayizar” a las zonas de producción de café de Colombia. De nada valieron los pedidos de los alcaldes de los municipios afectados por esta triste circunstancia que no tiene más explicaciones principales que la combinación de todos los factores de crisis que vive el país y la industria del café con él y cuyos primeros responsables, en último término, antes que perjudicarse por el arbitrario procedimiento, al parecer inapelable, se beneficiarán de los desenlaces que de él se ocasionen.

Y, desde luego, es la embajadora Anne Patterson quien ejerce las mayores presiones para que la orden imperial, porque al fin y al cabo todo se reduce a eso, se ejecute sin chistar. En una declaración de esa funcionaria, a raíz del fallo de la Corte Constitucional sobre las fumigaciones con el herbicida en las zonas indígenas, señala que apenas el trece por ciento del glifosato que se usa en Colombia se destina a la llamada “lucha antidrogas”. No es verosímil que la embajadora desconozca que los métodos de aspersión y los niveles de concentración del tóxico se tornan definitivos en las repercusiones que puedan tener las distintas formas de uso. No es lo mismo la aplicación foliar en una planta que un agricultor hace del veneno en su forma genérica o en la fórmula comercial en una concentración de un litro por hectárea con boquillas de baja descarga y con cortinas para impedir que la deriva lo lleve a otras plantas, incluso a los arvenses, aguas o a las personas que la aspersión del tóxico por vía aérea con concentraciones de diez litros por hectárea. Ni siquiera se asemeja a la práctica de los ingenios azucareros, bastante controvertida, con concentraciones de 1,5 litros por hectárea, en el máximo permitido por las autoridades sanitarias.

No es extraño que la señora Patterson recurra a este tipo de falacias; he ahí el estilo más utilizado por su gobierno cuando trata de imponer sus intereses, como el cuento de las “armas de destrucción masiva” en Irak, el que sólo creyeron los habitantes más cretinos del planeta. Y aunque los defensores de esa estrategia de fumigación, como la embajadora, sostienen que no amenaza la salud pública, un estudio realizado en 1993 por la propia Agencia de Protección Ambiental de Estados Unidos sobre el glifosato reveló que en California ese herbicida figura en tercer lugar entre las 25 causas de intoxicaciones por plaguicidas.

Este es un hecho tan conocido en la comunidad internacional, y esto lo omite la embajadora astutamente, que “en este momento Colombia es el único país que permite el rociado aéreo de la coca y la adormidera”, así lo afirma una traducción extraoficial de la sección de Desarrollo de Políticas y Programas del Informe anual sobre Estrategia Internacional de Control de Narcóticos (INCSR 2003) emitido por el Departamento de Estado de Estados Unidos en marzo de 2003. No es raro, también fue el único país que respaldó el robo del petróleo del Medio Oriente.

Pero no sólo está en eso la “doble moral” norteamericana. En el Mecanismo de Evaluación Multilateral sobre Estados Unidos de la Comisión Interamericana para el Control de Abuso de Drogas de la OEA para 1999-2000 se dice que en ese país “existen cultivos de marihuana al aire libre y bajo techo pero no se ha estimado la magnitud de los mismos”. De tal modo que el Tío Sam sabe cuántas hectáreas de coca y amapola hay en Colombia pero no de marihuana en su territorio. Con razón algunas publicaciones señalan a la década de Bush-padre como la del auge de ese cultivo allí, al pasar en 1980 de unos cientos de toneladas a más de 6.000 anuales en 1990. Ya en 1987 valía más que las cosechas de soya, maíz, trigo y heno juntas. Por eso su hijo George W. Bush respondió en 2000, como candidato presidencial, al ser interrogado sobre la legalización de “la hierba” en los Estados de la Unión: “a cada Estado le toca decidir”. Algo que apenas Jimmy Carter había osado decir.

Los hechos aquí expuestos deben motivar a la comunidad del Eje Cafetero para no dejarse imponer esta afrenta de ver fumigados sus cafetales dentro de programas que van a estigmatizar más a la región, a causar afectaciones graves en la percepción de los consumidores del mundo sobre la calidad del café, a causar mayor deterioro ambiental, más desplazamientos y nuevas secuelas sociales y a subordinar más a Colombia en las políticas públicas sin posibilidad de decidir de manera autónoma la salida a sus problemas. Mientras el régimen actual convierte al país en caso único de obsecuencia, la sociedad debe levantarse a construir sus propias soluciones. ¿Dónde están los voceros regionales? ¿Dónde las facultades y academias en áreas ambientales? ¿Dónde la Federación Nacional de Cafeteros? Que los gringos se dediquen a resolver su problema de demanda por el cual el promedio de iniciación en la adicción a la marihuana es de 17 años y, en edades anteriores de los 12 a los 17, se da en 64 de cada mil jóvenes. Tienen una tarea grande, que Colombia haga la suya de modo soberano y sin perjuicio de los más débiles.