Asesinan 4 indígenas Embera chamí. La CIDH había dictado medidas cautelares : Indymedia Colombia

En Colombia las crónicas de las muertes anunciadas se escriben todos los días sin que el Estado, presunto garante de la vida de todos los ciudadanos, se inmute. Desde el alcalde del municipio hasta las más altas esferas del Gobierno en Bogotá conocían el grave peligro que se cernía -y se cierne- sobre las comunidades indígenas de la etnia embera chamí y, sin embargo, permitieron que la masacre se perpetrara ante sus ojos: un grupo de hombres armados, al parecer paramilitares, asesinó ayer, 8 de junio, a cuatro líderes indígenas e hirieron a otros cuatro cuando se desplazaban entre los municipios de Supía y Riosucio (departamento de Caldas).

La Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) de la Organización de Estados Americanos solicitó el 15 de marzo de 2002 que el Estado Colombiano adoptara medidas cautelares para proteger la vida y la integridad personal de cuarenta líderes de los embera chamí, entre los que figuran tres de las víctimas, pero el Gobierno se limitó a ofrecerles seguridad material -blindaje de sedes, celulares, ayudas al transporte- y evadió las medidas políticas y jurídicas que podrían haber evitado este nuevo crimen.

En la mañana del pasado domingo, el ex gobernador del cabildo de Cañamomo y Lomaprieta y miembro del Partido Comunista Colombiano (PCC), Gabriel Ángel Cartagena, viajaba con varios acompañantes hacia la vereda de San Lorenzo donde iba a presentar su candidatura a la alcaldía del municipio de Riosucio. Alrededor de las 13 horas, a la altura del paraje conocido como La Herradura, unos hombres vestidos de militar –entre los cuales había varios de civil- atacaron el vehículo con armas de largo alcance y granadas.

Gabriel Ángel Cartagena, Hugo Tapasco Guerrero, Diego Suárez y Fabio Hernán Tapasco murieron de forma casi instantánea aunque el levantamiento de los cadáveres no se hizo hasta más de dos horas después; Gersaín de Jesús Díaz, Conrado de Jesús Reyes, Pedro Alejandrino Campeón y Norley Calvo ingresaron en el hospital de Manizales (capital de Caldas) como consecuencia de las heridas recibidas. Gersaín y Conrado también son militantes del PCC.

En el ataque resultó herido un atacante al parecer por uno de los ocupantes del vehículo que portaba un arma a título personal ya que estos líderes indígenas no disponían de escoltas. Esta ha sido la última de las agresiones sufrida por el pueblo embera chamí, pero la lista de violaciones a los derechos humanos de que han sido víctimas por parte de los grupos paramilitares y de la Fuerza Pública es amplia y antigua.

En los años 90, estas comunidades -que se agrupan en el Consejo Regional Indígena de Caldas, CRIDEC- fueron acusadas por las autoridades civiles y militares de tener nexos con la guerrilla y de esta forma se fue abonando el terreno para la llegada de los paramilitares de las Autodefensas Unidas de Colombia (AUC). En efecto, en junio de 2001 este grupo armado comienza a hacer presencia en los resguardos y se suceden los desplazamientos, desapariciones y crímenes. Inicialmente los indígenas denunciaron los hechos a las autoridades de la región, pero las respuestas fueron evasivas y nuevos señalamientos.

Ante esta situación, Reiniciar, la Comisión Colombiana de Juristas y la Asociación de Ayuda Solidaria (ANDAS) pidieron a la CIDH que solicitara al Estado Colombiano la adopción de medidas cautelares. Se demandaba, además de mecanismos de protección materiales, la investigación de las violaciones de los derechos humanos y la sanción a sus responsables así como una decidida actuación de las autoridades civiles y militares contra los grupos paramilitares.

Para que Colombia aceptara el requerimiento de la CIDH los indígenas tuvieron que poner más muertos. María Fabiola Largo Caño, gobernadora del resguardo Nuestra Señora Candelaria de la Montaña, fue una de las 40 personas para las que la CIDH dictó medidas cautelares el 15 de marzo del pasado año; el 9 de abril fue asesinada sin que el Gobierno hubiera movido un dedo para su protección. Tres días después del crimen los representantes estatales accedieron a reunirse para concretar medidas aunque esto no ha sido más que un intento de aparentar ante la comunidad internacional que Colombia atiende sus recomendaciones. Los hechos lo demuestran.

El Estado sólo ha cumplido parcialmente y a regañadientes con las medidas de carácter material ya que las agresiones contra la población indígena no han cesado y sus responsables materiales e intelectuales ni siquiera han sido identificados a pesar del compromiso que la Fiscalía adquirió en este caso. De hecho, el 26 de junio de 2002 Reiniciar solicitó a la Defensoría del Pueblo que activara el Sistema de Alertas Tempranas porque, a pesar de que estas comunidades estaban amparadas por la CIDH, el riesgo para sus líderes era evidente. Ese mismo día los paramilitares habían exigido la renuncia de todos los gobernadores indígenas de la región y de varios directivos del CRIDEC; el día anterior Gabriel Ángel Cartagena recibió una llamada del mismo grupo armado amenazándoles de muerte a él y a otros dirigentes –a los que citaban con nombre propio y entre los que se encontraba Gerzaín de Jesús Díaz- si no dejaban sus puestos.

Esta situación llevó a Reiniciar a pedir al Estado que se adoptaran medidas de seguridad más extremas para Gabriel Ángel Cartagena y tres dirigentes más y a solicitar a la CIDH que ampliara las medidas a otros 34 líderes indígenas. El ex gobernador de Cañamomo y Lomaprieta fue asesinado sin que el Ministerio del Interior diera respuesta.

La falta de efectividad en la protección de los embera chamí es consecuencia directa de la llamada política de seguridad democrática del Gobierno de Uribe Vélez: su verdadero objetivo es acabar con las organizaciones que, como los indígenas, reclaman su propia autonomía y cuestionan el modelo oficial. Para ello, el Estado, a través de su Fuerza Pública, hace la vista gorda ante la actuación de los grupos paramilitares o directamente macartiza y reprime legalmente a quienes le critican.

Todos estos hechos exigen una respuesta contundente por parte de las organizaciones sociales y de defensa de los derechos humanos nacionales e internacionales, a quienes pedimos que se dirijan al Estado Colombiano para que:

-La Fuerza Pública combata a los grupos paramilitares que están actuando en la región de los resguardos embera chamí.

-La Fiscalía investigue e identifique a los autores de la masacre que acabó con la vida de cuatro dirigentes indígenas.

-El Gobierno cumpla de forma inmediata con las medidas cautelares requeridas por la CIDH, tanto materiales como políticas y jurídicas, para garantizar la integridad física de la población indígena embera chamí.

-Asimismo, el Gobierno debe demostrar su voluntad manifestada ante la misma CIDH para proteger la vida de lo sobrevivientes de la Unión Patriótica y el Partido Comunista Colombiano, teniendo en cuenta que tres de las víctimas de la masacre del pasado domingo eran militantes comunistas.

Bogotá, 9 de junio de 2003

Cerca de seis mil indígenas representantes de los nueve resguardos de Caldas se reunieron ayer en el municipio de Riosucio para dar el último adiós al líder Gabriel Ángel Cartagena, asesinado por un grupo ilegal armado la tarde del domingo.

Los representantes provenientes de Supía, Belalcázar, Filadelfia, Risaralda y Riosucio se desplazaron para acompañar a uno de los representantes más importantes de los grupos étnicos de Caldas, quien había renunciado a la gobernación de su resguardo Cañamomo y Lomaprieta para aspirar a la alcadía de Riosucio y así prestar su servicio a toda la comunidad del municipio, según lo manifestaron representantes de la unidad indígena caldense.

El ataque se presentó en el sector conocido como La Herradura, en la vía principal Supía-Riosucio, donde fue emboscada la ambulancia del resguardo en la que se desplazaba Gabriel Ángel Cartagena hacia el corregimiento de San Lorenzo para hacer el lanzamiento de su campaña a la alcaldía. Junto a él viajaban seis personas más, de las cuales tres murieron y tres resultaron heridas.

Los asesinados fueron identificados como Hugo Tapasco Guerrero, de 28 años de edad, y Diego Suárez León, de 20 años, quienes se desempeñaban como escoltas o acompañantes del líder, y Fabio Hernán Tapasco Largo, de 50 años de edad, quien era contratista del programa de vivienda del resguardo Cañamamo Lomaprieta.

Los heridos, quienes se encuentran recluidos en el hospital de Caldas, responden a los nombres de Gersaín de Jesús Díaz, de 41 años de edad, gobernador suplente del Cabildo de Cañamomo y Lomaprieta; Pedro Alejandrino Campeón, de 51 años, quien se desempeña como dinamizador del área de salud del resguardo, y Norley Calvo, de 28 años de edad, conductor de la ambulacia. Según los reportes de funcionarios del hospital de Supía, sitio al que fueron inicialmente remitidos, los tres lesionados presentaban heridas de tórax producidas por arma larga. Se habla de un cuarto herido en el hecho, identificado como Conrado Reyes, quien viajaba en una camioneta detrás de la ambulancia y quien también fue remitido al hospital de Manizales.

Faltó comunicación

En las investigaciones preliminares se dice que el ataque fue perpetrado por un grupo ilegal compuesto por 10 hombres fuertemente armados con pistolas, fusiles, escopetas y granadas, quienes esperaban el paso del vehículo para acabar con la vida del representante indígena.

Las marcas en el vehículo dejadas por los proyectiles muestran un atentado indiscriminado y dirigido hacia todos los ocupantes del carro. El hecho, que tiene consternada a la comunidad indígena de Caldas, ha generado airadas reacciones de rechazo en diferentes organismos del departamento que consideraban a Cartagena como uno de los dirigentes más importantes de los resguardos caldenses.

La masacre obligó ayer a las autoridades civiles y militares a realizar un consejo de gobierno en el que participaron representantes de los indígenas, alcaldía y el Ejército. La principal conclusión de la reunión fue la falta de comunicación entre la comitiva que se desplazaría hacia el corregimiento de San Lorenzo y los organismos de seguridad.

Según el Ejército, el comando de Policía solicitó al Batallón Ayacucho presencia de tropas en el corregimiento por el lanzamiento de campaña, pero no coordinaron la seguridad del traslado, hecho que dejó desprotegido al líder Cartagena.

"No se tuvo una comunicación directa en lo que tenía que ver con el desplazamiento. Por eso ahora, lo que solicitan las autoridades es que la fuerza pública aumente el dispositivo de seguridad para la contienda política que viene", manifestó el mayor Marcos Pinto, comandante operativo del Batallón Ayacucho.

Un sentido adiós

"Esta es la peor masacre que nos ha tocado vivir", manifestaba entre lágrimas una indígena del resguardo Cañamomo y Lomaprieta al tener que despedir a su principal líder.

"Fue una masacre, no tiene otra connotación. Ese ataque fue a sangre fría y no respetaron la vida de un gran hombre que le sirvió a la comunidad de la región y principalmente a sus hermanos indígenas", manifestaba otro miembro del grupo étnico.

Sin embargo, la tristeza sirvió de inspiración para dar el último adiós a este representante. Música, aplausos y una multitudinaria representación de todas las agrupaciones indígenas de Caldas se llevó a cabo durante el sepelio de Gabriel Ángel Cartagena, quien fue despedido como un héroe.

Con una misa campal en la que se gritaron consignas como "con Gabriel o sin Gabriel, no vamos a retroceder" o "mataron un indígena, pero no sus ideales", los representantes dejaron claro que su lucha política en el departamento continuará a pesar de los continuos atentados que han sufrido sus líderes políticos.

Según Araugo Gañán, presidente del Consejo Regional Indígena de Caldas (CRIDEC), la muerte de Cartagena es una muestra clara que envían los enemigos de la organización para callarlos y hacer que se retiren de toda actividad.

"Interpretamos este asesinato como un claro temor de la clase dirigente tradicional del avance del proceso de unidad que adelantamos. Pero con esto estamos más unidos que antes y no vamos a desfallecer porque seguiremos trabajando honestamente por nuestras comunidades. La muerte de Gabriel no significa el fin de las organizaciones indígenas".

"El llamado que hacemos es que se den cuenta que estas agrupaciones no están involucradas con ningún actor que signifique guerra. Desde hace mucho tiempo nos negamos a la guerra y emitimos un comunicado en el que pronunciamos un no a las Farc en nuestros territorios, no a las autodefensas en nuestros territorios y le dijimos a la fuerza pública que debe concertar con nosotros el ingreso, en lo posible, a nuestros territorios porque son actores armados y estamos en contra total de la delincuencia común que ronda por algunas comunidades.

Amenazas por dos años

Gabriel Ángel Cartagena, quien fue un destacado dirigente, cumplió labores como cabildante en el resguardo de Cañamomo y Lomaprieta. Gracias a su visión como líder fue nombrado como Gobernador de su resguardo en dos oportunidades.

Desde ese momento, múltiples amenazas contra su vida se repetían a diario. Según el senador indígena, Óscar Aníbal Largo Calvo, las amenazas provenientes de diversos grupos ilegales, estaban relacionadas con su actividad política, pues la honestidad y el ser uno de los principales representantes de las comunidades de la región lo convirtieron en objetivo militar.

Llamadas, sufragios y cartas hacían parte de las intimidaciones que exigían a Cartagena abandonar su puesto, peticiones a las cuales no accedió.
Por dos años, el gobernador del resguardo soportó dichas agresiones verbales, las cuales se materializaron este fin de semana. "Este es un hecho que lo lamentamos todos los indígenas de Caldas porque no sólo nos afecta, sino que afecta a todo el departamento. Después de esto tenemos que tomar medidas más serias de acompañamiento a todos nuestros líderes" afirmó Largo Calvo.

Tres líderes muertos

Desde que los resguardos indígenas han determinado participar en la contienda política, son tres los líderes que han sido asesinados. El primero fue en 1998, cuando se lanza la candidatura de José Eliberto Motato, quien luego del anuncio de su participación en la contienda fue asesinado. Motato pertenecía al resguardo de Nuestra Señora Candelaria La Montaña.

En abril del año pasado fue asesinada la candidata a la alcaldía de Riosucio, Fabiola Largo Cano, luego de perder las elecciones. "Este asesinato se presentó luego de que el grupo indígena se reorganizara más fuerte para asegurar una futura alcaldía", afirmó Araugo Gañán.

Finalmente, el asesinato del Gobernador de Cañamomo y Lomaprieta, el cual tiene consternados a todos los movimientos indígenas de Caldas.
"Es un golpe muy duro para nosotros, pero queremos decirles que no hemos renunciado y la muerte de Gabriel no nos hará renunciar a este propósito de hacer un bien colectivo, no estamos dispuestos a rendirnos sobre eso", agregó Gañán.

Perfil

Gabriel Ángel Cartagena nació hace 36 años en la comunidad de Sipirra, de los cuales cerca de 10 de ellos los dedicó a trabajar por la comunidad de su resguardo Cañamomo y Lomaprieta. Se graduó como técnico agropecuario del Sena y desde entonces recorrió varios municipios de Caldas para brindar sus conocimientos.

Retornó a Riosucio para trabajar como Cabildante por tres años y posteriormente fue elegido como Gobernador de su resguardo, cargo que ocupó hasta hace 15 días cuando presentó su renuncia para aspirar a la alcaldía del municipio.

Hijo de Ismaelina Cartagena, con dos hermanos, Néstor Cartagena y Amparo Cartagena, y casado con Mercedes Tapasco, con quien dejó una hija.

Una gran pérdida

Ómar Calvo, indígena: Esto es una pérdida muy grande. Es un asesinato que nos hace pensar en la dura situación que vivimos los indígenas colombianos en medio del conflicto. Gabriel Ángel Cartagena era uno de los máximos representantes de nuestra comunidad.

Gabriel de Jesús Largo: Esto es un hecho que nos afecta bastante a todas las comunidades indígenas. Gabriel era un líder en toda la región, estaba prestando un gran servicio a toda la comunidad de los resguardos y pienso que esto es un ataque directo a nuestra cultura.

Diego Alejandro Velásquez Zapata, secretario de Gobierno de Riosucio: Es un hecho muy delicado para las comunidades indígenas y que toda la ciudadanía rechaza enérgicamente. Tenemos que restablecer una comunicación más fuerte entre autoridades, fuerza pública y resguardos para evitar hechos como éstos.

Óscar Aníbal Largo Calvo, senador indígena: Sentimos mucha nostalgia porque consideramos que esta no es la manera de corresponderle a quienes el pueblo consideran sus representantes. No es la manera como podemos encontrar la paz en Colombia, es mediante el diálogo y la comprensión.

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Mientras el Gobierno festeja y se recrea en sus laureles de popularidad .... los asesinos no descansan ... la seguridad "democrática" de Uribe nos deja como resultado más dirigentes y compañeros indígenas asesinados ..... los organismos estatales se quedan en el formalismo de las investigaciones "exhaustivas" como mecanismo eficaz pero de impunidad .... el comité de aplausos uribista afana por más medidas represivas supuestamente contra el terrorismo pero que realmente conducen a la violación de los derechos fundamentales de todos los que no se alinean con el gobierno autoritario de turno y sus compinches .... Y en tanto, el pueblo ..... nos estamos quedando adormecidos ante la avalancha gobiernista de algunos medios de comunicación, deslumbrados ante las calidades histriónicas de algunos Ministros, alelados con las "iniciativas" y ponencias en materia constitucional y penal de algunos congresistas y sin mayor capacidad de reacción masiva para enfrentar de verdad la embestida fascista del estado.

Hoy, otra vez más, damos parte del asesinato de compañeros que trabajaban con nuestro Movimiento, por el solo hecho de asumir con responsabilidad y valentía la defensa de los derechos de los Pueblos Indígenas. ¿Cuándo parará esta cadena selectiva de exterminio ? ..... ¿Cuándo dejará de engañarse al pueblo sobre los propósitos reales de la cuestionada seguridad "democrática" ? ... ¿Cuándo abriremos de verdad los ojos y pensamiento todos los colombianos para decirle al gobierno BASTA YA ?.

Nuestro hermano y dirigente indígena Embera-Chamí: Gabriel Angel Cartagena, oriundo de la Comunidad de Sipirra, Gobernador por tres (3) períodos consecutivos del Cabildo Indígena del Resguardo Cañamomo-Lomaprieta de Riosucio, Caldas, candidato a la Alcaldía de Riosucio, fue asesinado en el día de ayer a la 1:00 pm en el sector de La Herradura, Comunidad de Alto San Juan, sobre la carretera Riosucio-Supía, en territorio de su resguardo nativo. Cartagena había participado en el Foro Nacional Indígena por la Convivencia, realizado del 21 al 23 de mayo de este año por AICO en Bogotá.

Con el dirigente Cartagena, también fueron asesinados los compañeros indígenas: Hugo Tapasco Guerrero de 26 años de edad, de la Comunidad de Pulgarín; Diego Suarez de 20 años y de la Comunidad de Panesso; Fabio Hernan Tapasco de 50 años, de la Comunidad de Sipirra. Además, fueron heridos: Gersain de Jesús DÍAZ Gobernador suplente del Cabildo Cañamomo-Lomaprieta, Conrado de Jesús Reyes médico tradicional, Pedro Alejandrino Campeón Y Norley Calvo.

Los hechos ocurrieron cuando los compañeros aquí mencionados se desplazaban hacia la Comunidad de San Lorenzo en la ambulancia de propiedad del Cabildo Cañamomo-Lomaprieta de placas: OU 5723 a participar en el acto de lanzamiento territorial de candidaturas a las corporaciones públicas municipales y departamentales.

Recordemos que en este año ya asesinaron a los compañeros dirigentes indígenas: José EfraÍn Ramírez Y María Fabiola Largo (ambos Embera-Chamí), Guillermo Aroca Galeano (Pijao), Ricardo Abad Jimenez (Yanacona). Fue secuestrado y luego liberado por la comunidad indígena Taita Segundo TombÉ Morales (Guambiano) desde hace cinco (5) años está secuestrado José Guillermo Potosí Chamorro (Pueblo de los Pastos) y continúa también desaparecido Taita Manuel Antonio Ramos, exgobernador del Cabildo del Playón Naya (Nasa). De esto no hay ningún pronunciamiento oficial definitivo por parte del Gobierno, que aclare y sancione los hechos.

Convocamos a todos los Pueblos, Organizaciones y Autoridades Indígenas, a todos los sectores populares, a las personalidades demócratas, a todos los colombianos que estemos en desacuerdo con la autoritaria y fascista política de seguridad "democrática", a solidarizarnos con las familias de los compañeros asesinados, heridos y secuestrados, con sus comunidades de origen y a trabajar por la construcción de un Frente Amplio que encare el autoritarismo y el fascismo que avanza como aplanadora desde el Gobierno y sus secuaces en el Congreso.

Podran matarnos ...., podran avasallarnos ....., podran intentar nuestra eliminacion física y cultural......, pero les notificamos que seguiremos resistiendo y existiendo como pueblos.

Bogotá D.C, - junio 9 de 2003.
Direccion Nacional de AICO.

OFICINA EN COLOMBIA DEL ALTO COMISIONADO DE LAS NACIONES UNIDAS PARA LOS DERECHOS HUMANOS

Condena por los repetidos ataques contra el pueblo indígena Embera-Chamí, en el departamento de Caldas

La Oficina en Colombia del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos condena el ataque contra el pueblo Embera-Chamí, que dejó cuatro indígenas muertos y otros cuatro heridos, el pasado 8 de junio, en la carretera entre Supía y Riosucio, departamento de Caldas.

Entre las personas muertas se encuentra el señor Gabriel Ángel Cartagena, quien recientemente había comenzado su campaña electoral para alcanzar la alcaldía de Riosucio, Caldas. Precisamente, en el momento del ataque que cobró su vida y la de otros tres de sus acompañantes, el señor Cartagena se dirigía a la comunidad de San Lorenzo para lanzar su candidatura.

Los miembros del pueblo Embera-Chamí, asentados en los municipios de Supía y Riosucio, han sido víctimas de homicidios, desplazamiento forzado y amenazas por parte de los grupos armados ilegales que actúan en esta zona. En la mayoría de los casos la responsabilidad se atribuye a los grupos paramilitares.

La situación se ha venido agravando desde junio del año 2001, fecha en la que comenzó un deterioro significativo del conflicto armado interno en la zona, provocado principalmente por el enfrentamiento entre grupos paramilitares de las Autodefensas Unidas de Colombia (AUC) y las FARC-EP. Ambos grupos han irrespetado de forma permanente a la población civil indígena que habita esta región.

Cabe señalar que entre febrero y abril del año 2002 fueron asesinados por lo menos 11 miembros de la comunidad Embera-Chamí, entre ellos la reconocida líder María Fabiola Largo Cano.

La Oficina insta a los actores armados ilegales a respetar, sin condiciones y de forma inmediata, a la población civil.

Además, la Oficina urge al Estado a fortalecer las medidas de protección para las comunidades Embera-Chamí, con el fin de asegurar la vida y la integridad de sus miembros, el respeto a sus culturas, así como el pleno ejercicio de sus derechos políticos.

La Oficina desea expresar su profundo sentimiento de tristeza por estos hechos y se solidariza con los familiares de las víctimas y el pueblo Embera-Chamí en estos difíciles momentos.

Junio 11 de 2003