Crimen de la policía contra un vendedor ambulante en Pereira : Indymedia Colombia

John Alirio Carmona, padre de tres pequeños niños y laborioso vendedor informal de artesanías, falleció el día de ayer en el Hospital Universitario San Jorge, en las horas de la madrugada, a consecuencia de un severo trauma en región cervical, que en principio lo había dejado cuadrapléjico, producida el pasado viernes mientras se encontraba bajo la custodia de la policía nacional.

El viernes pasado a eso de las cinco y media de la tarde, en la calle 18 con carrera 6ª, John Alirio fue conminado por el agente de la policía de apellido González, identificado con la placa 98630, a subir a uno de los vehículos dispuestos por la alcaldía municipal para los operativos que adelantan a diario en las calles céntricas de Pereira los esbirros del ya tristemente célebre HERNAN BARRAGÁN, pertenecientes a una banda de matones denominada “Fundación Ecológica Universal”, quienes desde el mes de noviembre, por contrato y bajo las ordenes y el amparo de la secretaria de gobierno municipal Martha Cecilia Correa, se han convertido en los amos y señores del espacio público. Permanentemente atropellan a los miles de ciudadanos que a diario consiguen el sustento para sus familias con la venta de mercancías, dentro de la economía informal que crece incontenible a lo largo y ancho del país, como única opción de supervivencia para quienes han sido marginados de la formalidad del empleo como consecuencia de la ruina de las empresas del campo y la ciudad, o víctimas de los despidos del sector estatal, ambos fenómenos generados por la políticas de los anteriores gobiernos y que el actual de Álvaro Uribe Vélez en su actitud antinacional se empecina en continuar.

La gravedad del contexto en que se dieron los hechos no puede ser ocultada por las explicaciones ligeras y mendaces ofrecidas en rueda de prensa y en declaraciones a los medios por la alcaldesa Martha Elena Bedoya y su secretaria de gobierno, ni la solución a este truculento episodio puede surgir de “tomar los correctivos para evitar que se repitan los accidentes” como el que segó la vida del vendedor ambulante. Tendrán que responder ante la justicia todos los comprometidos con este execrable crimen, incluidos quienes bajo una concepción autoritaria del ejercicio del poder, que se asimila al fascismo, promueven, provocan, cohonestan o toleran tan abominables prácticas. Veamos.

El martes 17 de junio, en desarrollo de un operativo similar, fue detenido John Alirio y su mercancía decomisada. Fue el cuarto decomiso que le hicieron en lo corrido del año y fue privado de la libertad hasta el día siguiente, cuando, previa golpiza se le puso en libertad advirtiéndole que tenia que “irse de Pereira”. El viernes, cuando fue aprehendido por la policía, no estaba comercializando ningún tipo de mercancía, se encontraba leyendo un libro en la calle donde trabajan los vendedores del comercio informal de artesanías. Es más, no sólo no se le incautó mercadería alguna, sino que se impidió que otros artesanos a quienes sí se les decomisó mercancías se subieran al vehículo para acompañar sus pertenencias hasta la bodega. Para los presentes, dispuestos a declarar en los estrados judiciales, fue clara la intención manifiesta de llevarse a John Alirio sin la compañía de otros vendedores. Como si fuera poco, la consabida golpiza, que concluyó cuando le arrojaron un pesado objeto y John Alirio perdió la movilidad de sus miembros, se inició tan pronto fue detenido dentro del camión, lo cual puede demostrarse con testimonios no sólo de otros vendedores ambulantes sino de vecinos del sector que presenciaron los acontecimientos.

De manera que los hechos no se dieron como lo relatan los verdugos de John Alirio en su informe y que la alcaldesa Martha Elena Bedoya avaló y validó ante los pereiranos en declaraciones de prensa. Mención aparte amerita el colofón con el que la alcaldesa cerro su declaración cuando dijo, después de calificar como “lamentable el hecho”, que John Alirio “era un rebelde a quien se le había decomisado mercancía en cuatro oportunidades y no había querido ingresar a los bazares”. Esta afirmación, que suena más a una oprobiosa justificación que a cualquier otra cosa, también contiene otra mentira pues John Alirio se había vinculado al bazar “Calle Real”, el cual tuvo que abandonar ante su fracaso.

Hemos acudido al Defensor Nacional del Pueblo, Dr. Eduardo Cifuentes, antes de que sucedieran los luctuosos hechos que hoy repudiamos y denunciamos, ante la indiferencia y pasividad de las autoridades y funcionarios de los organismos de control a los que hemos llegado con nuestras quejas y demandas. Ninguna de nuestras gestiones ha servido para que se detenga la brutal persecución en nuestra contra, los ataques con armas contundentes y cortopunzantes indiscriminadamente a hombres y mujeres, por parte de los mal llamados “funcionarios del espacio público” y el robo de nuestros escasos medios de trabajo.

Nos mantenemos en la exigencia de la búsqueda negociada de una solución adecuada al problema social en que nos encontramos inmersos como consecuencia de la situación económica general del país y de la política de despeje del espacio público puesta en marcha por la administración municipal. Hemos presentado un pliego de peticiones y nombrado una comisión negociadora y ambos han sido burlados por la secretaria de gobierno, Martha Cecilia Correa, quien considera que no tenemos derechos y que nuestro único deber es obedecer ciegamente sus dictatoriales medidas, espoleados por la acción brutal de la horda de matones a su servicio.

Invitamos a todas las organizaciones sindicales y sociales, al igual que a la comunidad en general, a repudiar tan brutales procedimientos y a pronunciarse al respecto.

Manifestamos a la humilde y honorable familia de John Alirio, a su señora madre, a sus hermanos, a sus hijos y a su compañera, al igual que a sus amigos y compañeros de labores, nuestras más sentidas condolencias y solidaridad en estos difíciles momentos, a quienes les hacemos pública nuestra voluntad de llevar a cabo todas las diligencias y acciones que sean necesarias para que este crimen no quede impune y los responsables no sólo paguen por su delito sino que los deudos sean resarcidos materialmente como corresponde.

Pereira, junio 25 de 2003

COMITÉ DE VENDEDORES AMBULANTES DE PEREIRA