Crimen de la policía contra un vendedor ambulante en Pereira : Indymedia Colombia

John Alirio Carmona, padre de tres pequeños niños y laborioso vendedor informal de artesanías, falleció el día de ayer en el Hospital Universitario San Jorge, en las horas de la madrugada, a consecuencia de un severo trauma en región cervical, que en principio lo había dejado cuadrapléjico, producida el pasado viernes mientras se encontraba bajo la custodia de la policía nacional.

El viernes pasado a eso de las cinco y media de la tarde, en la calle 18 con carrera 6ª, John Alirio fue conminado por el agente de la policía de apellido González, identificado con la placa 98630, a subir a uno de los vehículos dispuestos por la alcaldía municipal para los operativos que adelantan a diario en las calles céntricas de Pereira los esbirros del ya tristemente célebre HERNAN BARRAGÁN, pertenecientes a una banda de matones denominada “Fundación Ecológica Universal”, quienes desde el mes de noviembre, por contrato y bajo las ordenes y el amparo de la secretaria de gobierno municipal Martha Cecilia Correa, se han convertido en los amos y señores del espacio público. Permanentemente atropellan a los miles de ciudadanos que a diario consiguen el sustento para sus familias con la venta de mercancías, dentro de la economía informal que crece incontenible a lo largo y ancho del país, como única opción de supervivencia para quienes han sido marginados de la formalidad del empleo como consecuencia de la ruina de las empresas del campo y la ciudad, o víctimas de los despidos del sector estatal, ambos fenómenos generados por la políticas de los anteriores gobiernos y que el actual de Álvaro Uribe Vélez en su actitud antinacional se empecina en continuar.

La gravedad del contexto en que se dieron los hechos no puede ser ocultada por las explicaciones ligeras y mendaces ofrecidas en rueda de prensa y en declaraciones a los medios por la alcaldesa Martha Elena Bedoya y su secretaria de gobierno, ni la solución a este truculento episodio puede surgir de “tomar los correctivos para evitar que se repitan los accidentes” como el que segó la vida del vendedor ambulante. Tendrán que responder ante la justicia todos los comprometidos con este execrable crimen, incluidos quienes bajo una concepción autoritaria del ejercicio del poder, que se asimila al fascismo, promueven, provocan, cohonestan o toleran tan abominables prácticas. Veamos.

El martes 17 de junio, en desarrollo de un operativo similar, fue detenido John Alirio y su mercancía decomisada. Fue el cuarto decomiso que le hicieron en lo corrido del año y fue privado de la libertad hasta el día siguiente, cuando, previa golpiza se le puso en libertad advirtiéndole que tenia que “irse de Pereira”. El viernes, cuando fue aprehendido por la policía, no estaba comercializando ningún tipo de mercancía, se encontraba leyendo un libro en la calle donde trabajan los vendedores del comercio informal de artesanías. Es más, no sólo no se le incautó mercadería alguna, sino que se impidió que otros artesanos a quienes sí se les decomisó mercancías se subieran al vehículo para acompañar sus pertenencias hasta la bodega. Para los presentes, dispuestos a declarar en los estrados judiciales, fue clara la intención manifiesta de llevarse a John Alirio sin la compañía de otros vendedores. Como si fuera poco, la consabida golpiza, que concluyó cuando le arrojaron un pesado objeto y John Alirio perdió la movilidad de sus miembros, se inició tan pronto fue detenido dentro del camión, lo cual puede demostrarse con testimonios no sólo de otros vendedores ambulantes sino de vecinos del sector que presenciaron los acontecimientos.

De manera que los hechos no se dieron como lo relatan los verdugos de John Alirio en su informe y que la alcaldesa Martha Elena Bedoya avaló y validó ante los pereiranos en declaraciones de prensa. Mención aparte amerita el colofón con el que la alcaldesa cerro su declaración cuando dijo, después de calificar como “lamentable el hecho”, que John Alirio “era un rebelde a quien se le había decomisado mercancía en cuatro oportunidades y no había querido ingresar a los bazares”. Esta afirmación, que suena más a una oprobiosa justificación que a cualquier otra cosa, también contiene otra mentira pues John Alirio se había vinculado al bazar “Calle Real”, el cual tuvo que abandonar ante su fracaso.

Hemos acudido al Defensor Nacional del Pueblo, Dr. Eduardo Cifuentes, antes de que sucedieran los luctuosos hechos que hoy repudiamos y denunciamos, ante la indiferencia y pasividad de las autoridades y funcionarios de los organismos de control a los que hemos llegado con nuestras quejas y demandas. Ninguna de nuestras gestiones ha servido para que se detenga la brutal persecución en nuestra contra, los ataques con armas contundentes y cortopunzantes indiscriminadamente a hombres y mujeres, por parte de los mal llamados “funcionarios del espacio público” y el robo de nuestros escasos medios de trabajo.

Nos mantenemos en la exigencia de la búsqueda negociada de una solución adecuada al problema social en que nos encontramos inmersos como consecuencia de la situación económica general del país y de la política de despeje del espacio público puesta en marcha por la administración municipal. Hemos presentado un pliego de peticiones y nombrado una comisión negociadora y ambos han sido burlados por la secretaria de gobierno, Martha Cecilia Correa, quien considera que no tenemos derechos y que nuestro único deber es obedecer ciegamente sus dictatoriales medidas, espoleados por la acción brutal de la horda de matones a su servicio.

Invitamos a todas las organizaciones sindicales y sociales, al igual que a la comunidad en general, a repudiar tan brutales procedimientos y a pronunciarse al respecto.

Manifestamos a la humilde y honorable familia de John Alirio, a su señora madre, a sus hermanos, a sus hijos y a su compañera, al igual que a sus amigos y compañeros de labores, nuestras más sentidas condolencias y solidaridad en estos difíciles momentos, a quienes les hacemos pública nuestra voluntad de llevar a cabo todas las diligencias y acciones que sean necesarias para que este crimen no quede impune y los responsables no sólo paguen por su delito sino que los deudos sean resarcidos materialmente como corresponde.

Pereira, junio 25 de 2003

COMITÉ DE VENDEDORES AMBULANTES DE PEREIRA

Como consecuencia de hechos que el gobierno tiene la obligación de aclarar totalmente y que deben conducir al castigo de los culpables, murió ayer en Pereira el humilde vendedor ambulante John Alirio Carmona. John Alirio fue víctima el martes de la semana pasada de una paliza feroz propinada por miembros de la fuerza pública; posteriormente, el viernes, fue detenido nuevamente por la policía, que lo subió a un camión y horas después lo dejó en el hospital de esa ciudad, donde falleció cuatro días después. Según el reporte del centro de salud, el humilde trabajador llegó cuadrapléjico.

Los hechos sucedieron en medio de un llamado plan de “renovación” urbana, que adelantan conjuntamente la Alcaldía de Pereira, Fenalco, la Cámara de Comercio y una ONG denominada Fundación Ecológica Universal, con el propósito de despejarles la zona de la galería a grandes monopolios comerciales que planean quedarse con el sector. Con este propósito se ha montado una despótica campaña de persecución contra los vendedores ambulantes y estacionarios y contra propietarios de humildes negocios, cerca de mil familias que no disponen de otro medio de sobrevivencia y que están ubicados allí desde hace décadas. Al frente de la represión desatada se ha puesto la alcaldesa de la ciudad, Marta Elena Bedoya.

Debe llamarse la atención sobre la mencionada Fundación Ecológica Universal, cuyos miembros hacen parte de los piquetes encargados de atropellar a los vendedores, a tal punto que, contrariando las normas legales, se les permite portar garrotes y armas blancas con las cuales amenazan, golpean, y, en fin, siembran el terror entre los comerciantes informales. Aún más indignante resulta que esta misma especie de banda con patente de corso de la Administración municipal, luego de cometer semejantes desmanes abandona el lugar a bordo de camiones con emblemas de la Secretaría de Gobierno y llevándose consigo las propiedades decomisadas a los comerciantes.

Los hechos fueron puestos hoy en conocimiento del doctor Eduardo Cifuentes, Defensor del Pueblo, por una delegación de vendedores ambulantes de Pereira, la cual fue acompañada por el diputado risaraldense Carlos Alfredo Crosswaithe y por el senador de Unidad Cívica y Agraria-MOIR, Jorge Enrique Robledo. El Defensor se comprometió a realizar una audiencia pública al respecto.

La gravedad de los acontecimientos descritos en esta denuncia es inocultable y se convierte en otra prueba incontestable del despotismo que se ha enseñoreado del país, el cual tiene como objetivo principal apabullar hasta la menor expresión de inconformismo de quienes sufren las consecuencias de las políticas oficiales, incluido el enorme contingente de quienes deben dedicarse a la venta ambulante o estacionaria o aun al pequeño comercio, para sobreponerse al hambre que agobia a millones de colombianos desempleados.

Oficina de Prensa del Senador de Unidad Cívica y Agraria-MOIR, Jorge Enrique Robledo

Bogotá, 25 de junio de 2003

El Comité Permanente por la Defensa de los Derechos Humanos – CPDH -, denuncia ante la opinión pública nacional e internacional y ante sus organizaciones sociales y defensoras de los derechos humanos, la grave situación de los vendedores ambulantes en la ciudad de Pereira: Julio Cesar Grajales Zúñiga, Angel Robles Perez, Gloria Patricia Bustos, Guillermina Amilcon, Gustavo Vargas Monsalve, Jairo De Jesús Correa, James Jaramillo, Jhon Elkin Gomez, Jose Gildardo Jiménez, Leticia Vergara Taborda, Luis Ovidio Montoya, Mario Castro Castro, Mery Rodríguez, Oscar Augusto Olano Gallego, Rosalba Mejia, Sonia Lucia Bernal, Yolanda Gonzalez, Liliana Pulgarín, Fabian Carmona Bonilla, Argenis Ramírez, Cesar Puerta.

HECHOS:

1. El pasado martes 16 de junio, en la calle 18 entre carreras 6ª y 7ª, los funcionarios de espacio público en conjunto con los agentes de policía, iniciaron un operativo, donde golpearon fuertemente al señor JHON ALIRIO CARMONA BONILLA, dichos funcionarios de espacio público le hurtaron la mercancía y lo amenazaron diciéndole que no volviera al sector.

2. El viernes 20 de junio en el mismo sector relacionado en el hecho anterior, nuevamente ingresaron los funcionarios de espacio público, estos al ver al señor JHON ALIRIO CARMONA, lo golpearon fuertemente en varias partes del cuerpo, posteriormente el mismo fue puesto en el camión de espacio público y dentro del mismo, dichos funcionarios le descargaron varias carretas y como consecuencia de dichos golpes el señor Carmona fue internado de urgencia en el Hospital Universitario San Jorge, al cual le dictaminaron un trauma cervical severo, lo anterior significó que la consecuencia directa de dicho trauma era la invalidez del vendedor ambulante referido.

3. En el día 24 de junio a las 5 de la mañana, falleció el vendedor ambulante JHON ALIRIO CARMONA, producto de las graves lesiones que le habían propinado los funcionarios de espacio público y los agentes de policía que hicieron parte del operativo.

4. Igualmente se encuentra desaparecido desde el sábado 21 de junio un vendedor ambulante del cual solo lo conocen con el sobrenombre de “fercho”, a quien lo vieron por última vez en las horas del medio día y del cual no existe reporte alguno.

CONTEXTO:

El pasado mes de noviembre del año 2.002, la Alcaldía Municipal de Pereira, capital del Departamento de Risaralda, en virtud de una Acción de Cumplimiento en contra de los vendedores ambulantes de la ciudad, dio inició a una política de recuperación del espacio público la que tenía por objeto desalojar a los vendedores ambulantes y estacionarios de las calles céntricas de la ciudad.

La Alcaldía Municipal propuso la reubicación de 300 vendedores ambulantes y estacionarios -de los 3.000 de la ciudad-, en unos basares populares dentro la misma. Es de anotar que la reubicación solo contemplaba un 10 % de la totalidad de dichos trabajadores.
Alterno a la supuesta reubicación de los mismos, desde el mes de diciembre los funcionarios de espacio público dependientes de la Secretaria de Gobierno en compañía de los agentes de policía destinados para dicha función comenzaron a desalojar violentamente a los vendedores que transitaban por las calles de Pereira.
Generalmente en cada operativo de desalojo tiene como resultado la agresión física de vendedores ambulantes y la detención preventiva hasta por 36 horas al cabo de las cuales los liberan.

ANTECEDENTES:

1. Igualmente relatamos como antecedentes los relacionados en la solicitud formal de investigación disciplinaria ante la Procuradora Provincial de Pereira, donde se informa caso a caso los heridos resultantes de cada operativo y los cuales describimos brevemente a continuación:

El día 26 de abril del presente año, a las 6:45 p.m., en la esquina de la calle 17 con carrera 8ª, atacaron a uno de los vendedores lesionándolo y posteriormente hirieron a varias personas, entre las que se encontraron la señora OLGA CECILIA HERNÁNDEZ y el señor ORLANDO DE JESÚS TABORDA.

El día 8 de mayo a las 4:30 p.m. en la calle 17 entre carreras 7ª y 8ª, donde los funcionarios de espacio público comenzaron a hostigar a la señora NUBIA BERNAL una de las vendedoras del lugar, posteriormente hirieron a las señoras ARGENIS RAMIREZ y YOLANDA RESTREPO, quienes igualmente quedaron golpeadas y heridas en el operativo de los funcionarios de espacio público y de los agentes de policía que los acompañaron.

El sábado 10 de mayo a las 4:30 p.m. en la calle 17 entre carreras 8ª y 9ª, igualmente llegaron los funcionarios de control de espacio público en compañía de los agentes de policía dispuestos para los operativos de espacio público e iniciaron un operativo en contra de los vendedores ambulantes ubicados en el lugar, el cual iniciaron agrediendo a un niño menor de edad y a la señora OLGA LILIANA PULGARIN y CESAR PUERTA, en los mismos hechos golpearon fuertemente al joven JHOVARRY FERNEY CATAÑO GONZALEZ y al señor HELMER MORALES.

Como antecedente fundamental se encuentra la muerte de tres vendedores ambulantes en el mes de mayo de los cuales informamos a continuación:

a. El día 5 de mayo del presente año, fue encontrado el cuerpo de un hombre en la vía que conduce a Combia, en el sector de “La Balastera”, el cual respondía al nombre de JORGE y era vendedor ambulante, según informe le propinaron un impacto de bala en la cabeza.

b. En segundo lugar, está la muerte de la vendedora ambulante YONY TORRES HENAO, de 32 años de edad, quien fue encontrada el día 5 de mayo en el sector de “La Carrilera” y quien murió producto de múltiples puñaladas en diferentes partes del cuerpo, la misma era madre de cuatro niños todos menores de edad.

c. Finalmente, informamos que se encontró un cuerpo descuartizado en algunos sitios céntricos de la ciudad y que correspondía a un joven de 20 años de edad de nombre ALBERTO MORALES OTALVARO, el cual fue identificado como vendedor ambulante.

SOLICITUD:

Solicitamos a las organizaciones hermanas y a la comunidad internacional:

- Rechazar las amenazas contra la vida e integridad personal de los vendedores ambulantes.

- Exigir a las autoridades colombianas adoptar las medidas necesarias tendientes a garantizar la vida e integridad personal los vendedores ambulantes.

- Exigir al Gobierno Colombiano adoptar las medidas necesarias tendientes a garantizar el ejercicio legítimo y la defensa de sus derechos fundamentales como el trabajo, el trato digno por parte de las autoridades, el derecho de asociación y el derecho fundamental constitucional de reunirse y manifestarse públicamente y pacíficamente.

- Exigir a las autoridades colombianas adelantar las investigaciones penales sobre los homicidios y las lesiones personales relacionados anteriormente.

- Exigir al Gobierno Colombiano adoptar las medidas necesarias con el fin de que cesen las amenazas y las agresiones a los vendedores ambulantes.

COMITÉ PERMANENTE POR LA DEFENSA DE LOS DERECHOS HUMANOS – JUNTA DIRECTIVA NACIONAL

COMITÉ PERMANENTE POR LA DEFENSA DE LOS DERECHOS HUMANOS - SECCIONAL RISARALDA

Bogotá, 26 de Junio de 2003

Diciembre 31 de 2003

Señora
Martha Elena Bedoya
Alcaldesa de Pereira

Señorita
Elsa Gladys Cifuentes
Gobernadora de Risaralda

Hoy culminan los tres años de su periodo de gobierno. Un interés especial por cambiar la dificultosa situación que estaban viviendo llevó a decenas de miles de electores espe-ranzados, buena parte seducidos por los engañosos lemas de campaña, a creer que así encontrarían pábulo mínimo para sobrevivir a los terribles embates del neoliberalismo impuesto y que en esta región ha hecho estragos.

La contratación de vigilantes privados armados de bastones con descargas eléctricas y con perros amaestrados en funciones delegadas de policía para "controlar" el espacio público y el tratamiento dado a la protesta indígena, cercada por ustedes dos por hambre, sed y enfermedades, antes que atendida para resolver sus demandas, notificó a Risaralda que aquí se había instaurado el despotismo. Con mojigatería, aparatos propagandísticos, señalamientos, impunidad, con "gigantismo" urbanístico y, desde luego, con la constitución de "las roscas" de poder soportaron sus sistemas autoritarios. Ellos tuvieron los rasgos característicos de las tiranías descritas por los griegos: "gobierna a súbditos que valen tanto o más que él sin consultar para nada los intereses particulares de los mismos".

No importó el desalojo cruel de los habitantes de la Galería, "la otra ciudad", ni que el magisterio estuviera varios meses sin recuperar un salario que al final hubo de pagárseles, ni los centenares de despedidos a quienes se debe el ahorro en la nómina de funcionamiento así como a los ascensos no reconocidos en el escalafón de los docentes, con lo cual pudo honrarse la deuda pública y se dio holgura presupuestal. Cumplirle a los agiotistas fue el "gran logro administrativo" en la gobernación. De ahí emanan las predicciones sobre el futuro "viable y sostenible", categorías en las cuales, por supuesto, no cuentan las dolamas de la sociedad agravadas en este trienio y que van desde el hambre y la desnutrición hasta el desempleo, la ruina, los aprietos para pagar las facturas de los servicios públicos domiciliarios y la enfermedad cada vez menos socorrida por las redes públicas de salud. También hubo menoscabo de los derechos económicos; a los cuales, Fernando Londoño Hoyos, con quien ustedes emulan en el estilo, pidió eliminar como fundamentales. De ahí que la gratuidad educativa se muestre como dádiva y no como fruto social de obligatoria observancia.

Ustedes reforzaron la impunidad con copiosa publicidad para cubrir las vergüenzas y con un genuino aporte: amalgamar Ejecutivo y organismos de control, creando una trama de afinidad y consanguinidad, un tejido de nepotismo, el mayor agravio a la democracia. Por esto los desaguisados en la venta y entrega de bienes y rentas públicas, la contratación irregular cuyo foco más pestilente es la Secretaría de Educación Departamental y los proyectos urbanísticos y de transporte que afectan sentidos intereses ciudadanos jamás ameritaron ni una reconvención.

Pero la mayor de las impunidades es la relacionada con dos homicidios: el primero, sucedido el 2 de agosto de 2001 en operativo ordenado, contratado y financiado por la gobernación de Risaralda donde se "barrió" a los campesinos cafeteros, se les golpeó y quemó y echó al río Cauca sus pertenencias, cuando pedían un subsidio para el precio del grano, y, el segundo, se presentó en Pereira el día 24 de junio de 2003 tres días después de una acción de "despeje del espacio público" donde agentes y contratistas del municipio le propinaron a la víctima una golpiza dentro de un vehículo oficial. Todavía no hay un juicio para los responsables por la desaparición y posterior mutilación de quien fuera retenido horas antes por la policía en La Virginia ni tampoco para los culpables y culposos de la muerte de quien, según la alcaldesa, "era un ventero muy rebelde".

¿Es eso lo que debemos entender por Seguridad Democrática? ¿Tener, como en sus regímenes, a los escuadrones ESMAD como el más recurrido instrumento de gobierno para responder a la protesta pacífica y legal? No puede explicarse de otro modo que una de ustedes figurara como favorita en la terna de Uribe para la Defensoría del Pueblo. ¿Es acaso la misma partitura del nombramiento de quien estaba encargada de asperjar glifosato por toda Colombia como ministra del medio ambiente? "Es como nombrar a Herodes director del ICBF", acotó el senador Robledo.

Señorita Cifuentes y Señora Bedoya: aún les restan algunas horas para recibir más loas y para pregonar "cuán satisfechas están", pero nada podrá borrar dos cosas: la sangre derramada en las operaciones represivas ordenadas por ustedes y el oscuro lugar que ocuparán en la historia regional por romper la tradición democrática donde el lema para "el imperio de las virtudes" es "la libertad", al decir de nuestros Poetas.

Desde el más allá,

Beidin Buitrago; John Alirio Carmona.

Desde cuando la palabra ecologia se usa para la destruccion de la vida? que terrible ironia, ya no solo se lastima, se acaba, se golpea y se traiciona la vida, ahora tambien lo que quedaba en el lenguaje como fuerza escapatoria y de construccion, se ha deconstruido y sirve de escudo para las acciones mas terribles, no tiene nombre....
Desde la palabra democracia hasta la palabra vida, todo se ha convertido en lo opuesto...
Y si hemos de hacer una limpieza social por que no empezar por los que torturan con leyes, con la ley como escudo son infalibles? ojala que no, ojala que no...