Tribunal ordena suspender fumigación aérea con Glifosato
por Felipe Gómez Maldonado Thursday, Jun. 26, 2003 at 5:14 AM

BOGOTA.--- El Gobierno debe suspender de manera transitoria, pero inmediata, la fumigación aérea con glifosato, más Poea y Cosmo Plux en todo el país por decisión del Tribunal Administrativo de Cundinamarca a través de una Acción Popular, que consideró que hace daño a la salud y a la vida.

Según la demandante Claudia Sanpedro, ella y los coadyuvantes están muy satisfechos porque la decisión no sólo protege a una minoría sino a la totalidad del territorio nacional y los derechos fundamentales de los colombianos.

La suspensión durará el tiempo que se invierta en la aplicación literal del Plan de Manejo Ambiental impuesto por el Ministerio del Medio Ambiente.

La acción, cuya ponente fue la magistrada Aida Vides de la sub sección segunda del tribunal, acogió la totalidad de las pretensiones de los demandantes, los abogados Claudia Sanpedro y Héctor Alfredo Suárez, por considerar que no existen por parte de las autoridades los suficientes estudios que demuestren que la aspersión contra los cultivos ilícitos no hacen daño al medio ambiente y a la la comunidad.

Se ordena al ministerio de Seguridad Social, en asocio con la Universidad nacional de Colombia, la coordinación de los estudios acerca de la exposición al glifosato en grupos de control no expuestos y en los expuestos a la fumigación.

Se ordena a la Dirección Nacional de estupefacientes que identifique la existencia de los daños y que cumpla con los criterios de la resolución 17 del Consejo Nacional de Estupefacientes

El resuelve del fallo, con relación a la toxicidad aguda, concede a todas las personas residentes en Colombia la protección al derecho a la seguridad y salubridad pública violada por la Dirección Nacional de Estupefacientes y demás entidades demandadas.

Con relación a la toxicidad crónica, de la mano del principio de precaución, la sala concede a los colombianos el derecho al goce de un ambiente sano, de conformidad con la constitución nacional y demás intereses relacionados con el medio ambiente.

Esta decisión puede ser apelada por el Gobierno ante el Consejo de Estado, y de cumplirse esa diligencia, el máximo tribunal del Contencioso Administrativo determinará si mantiene la orden de suspensión o la levanta.


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