El Fiscal General arremete contra la justicia : Indymedia Colombia

El siete de noviembre, el fiscal 16 delegado ante el Tribunal Superior de Sincelejo, Sucre, Orlando Pacheco Carrascal, ordenó la libertad inmediata de 128 personas detenidas, por no encontrar pruebas suficientes de tener vínculos con el grupo insurgente FARC, de lo cual se les acusaba. Aún quedan otras 28 personas en la cárcel de La Vega, sin tener su situación jurídica esclarecida.

Las personas, habían sido detenidas en 96 redadas de la Fuerza Pública, el DAS y la Fiscalía, el 17 y 18 de agosto pasado, en la llamada ‘Operación Mariscal’, dirigida por el general Luis Alfredo Rodríguez en los municipios sucreños de Ovejas, Colosó, Chalán y Corozal .

La decisión del fiscal Pacheco Carrascal, provocó la reacción del fiscal General de la Nación, Luis Camilo Osorio, quién aseguró que se abrirá una investigación contra el funcionario y más tarde por declaraciones del propio Fiscal General, este habría sido destituido del cargo.
Por su parte el Fiscal delegado, Pacheco Carrascal, dijo a los medios, que estaba tranquilo, porque al revocar las 128 medidas de aseguramiento, había obrado en derecho. Agregó que la decisión fue enteramente jurídica porque como Fiscal, le debe total obediencia a la ley y a la Constitución. Lamentó que lo sucedido, haya generado un verdadero Show, porque siempre debería prevalecer la presunción de inocencia sobre las personas, y no lo que se quiere aplicar que es todo lo contrario, es decir que prevalezca la presunción de culpabilidad lo cual es contrario a la Constitución.

“La verdad es que no sé por qué se ha producido tanto escándalo. No me explico de dónde salen tantas manifestaciones contra la decisión cuando nadie, después de mí, ha revisado el expediente. En otras palabras, no conocen la decisión judicial y no la han confrontado”, dijo a los medios Pacheco Carrascal. Agregó que “todo esto me está ocasionando un grave daño a mi integridad moral, y no se trata sólo de mí, sino de mi entorno familiar y el de mis amistades, porque ahora resulta que hoy soy corrupto, y ayer era un hombre prestante, sin antecedentes de ninguna índole, con 26 años vinculado al poder judicial y 11 de ellos en la Fiscalía. ¿Dónde está mi derecho al buen nombre y reputación?”.

El Doctor LUIS CAMILO OSORIO, Fiscal General de la Nación, desde su nombramiento controvertido, viene cercenando los derechos fundamentales al debido proceso, así como el derecho a la defensa, ya que junto con sus delegados y los organismos de seguridad del Estado, esta dedicado a realizar operativos de detenciones masivas de pobladores, dirigentes políticos, sindicales, comunales y defensores de derechos humanos, como son los casos de Arauca, Guaviare, Cundinamarca, Tolima, y Sucre, entre otros.

Es inconcebible, que el Fiscal General de la Nación como máxima autoridad del ente acusador, a través de los medios de comunicación, desconociendo el debido proceso y la reserva del sumario, proceda a tomar decisiones contra uno de sus funcionarios, el Dr. ORLANDO PACHECO CARRASCAL, Fiscal Delegado ante el Tribunal Superior de Sincelejo, quien profirió resolución decretando la libertad de ciento veintiocho personas sindicadas del delito de rebelión, quienes fueron injustamente privadas de su libertad.

Vale la pena recordar que a mediados de agosto del presente año, hizo presencia en la región de Colosó y Chalán (Sucre) una comisión interinstitucional conformada por la Vice-presidencia de la República, Procuraduría, Defensoria del Pueblo, Oficina del Alto Comisionado de la ONU, Fensuagro y delegados de organizaciones de derechos humanos, quienes recibieron las denuncias por parte de los campesinos sobre los atropellos que estaban cometiendo los Miembros de la Fuerza Pública. Y dos semanas después se produce la captura contra todos aquellos que participaron y testimoniaron en dicho evento.

A esta sucesión de arbitrariedades, se suma el desacuerdo del Fiscal General respecto a la medida de aseguramiento contra el general Rito Alejo Del Rio; circunstancia en la cual exigió la denuncia del Director de la Unidad de Derechos Humanos, situación que de hecho lo obligó a abandonar el país. Otros miembros de la Fiscalia se han visto sometidos a renunciar a sus cargos, como es el caso del antiguo coordinador del CTI, encargado de la investigación en el caso del asesinato de Maria Arango, que comprometía al conocido jefe paramilitar y traficante de esmeraldas Víctor Carranza. Este tipo de episodios se repitió también en investigaciones como la del atentado al Club el Nogal, en la cual la fiscal respectiva resultó destituida.

Así mismo se ha tenido conocimiento que en el último tiempo la Unidad de Derechos Humanos de la Fiscalía, ha sido sometida a una “reestructuración” con el propósito de controlar a cada uno de sus funcionarios y ejercer presiones indebidas, lo que ha traído como consecuencia que algunos de sus integrantes hayan sido transferidos a otras unidades o dependencias, amen de prácticas violatorias de los derechos humanos, como son las de someter a tales funcionarios a la prueba del “detector de mentiras”.

Así las cosas el Doctor LUIS CAMILO OSORIO, con la anuencia del Señor Presidente de la Republica Álvaro Uribe Vélez, viene limitando la independencia y autonomía de la administración de justicia y violando preceptos de la Constitución Política, que garantizan la independencia de los funcionarios jurisdiccionales en la toma de decisiones de las investigaciones por ellos avocadas.

Nos solidarizamos por tanto con las decisiones probas de fiscales y jueces que en cumplimiento a la recta administración de justicia, están contribuyendo al desarrollo y vigencia del Estado Social de Derecho y a la observancia de las garantías plenas de los derechos fundamentales establecidos en la Constitución Política del 91.

Bogota, Noviembre 11 de 2003

Asociación Nacional de Ayuda Solidaria – Andas.

Colectivo de Abogados “José Alvear Restrepo”

Comité Permanente por la Defensa de los Derechos Humanos – CPDH.

Asociación de Abogados Defensores “Eduardo Umaña Mendoza”