"El terrorismo se financia con el tráfico de droga" ONU (el terrorismo de estado : Indymedia Colombia

"El terrorismo se alimenta sobre todo con las ganancias que produce el tráfico de droga, un negocio que produce millones de dólares. Por eso en muchos países, en particular en Afganistán, luchar contra el narcotráfico es también luchar contra el terrorismo" afirmó Costa en el curso de una reunión europea sobre el fenómeno de la droga.
http://www.cronica.com.mx/nota.php?idc=95504
(ayer)
Costa tiene razon, la invasion terrorista a Afganistan implica consecuencias nefastas para los pueblos gobernados por estados narcoterroristas
http://www.argentina.indymedia.org/news/2003/08/126305.php

consideraciones:

(...)El vasto esquema del narcotráfico como fondo fiduciario de las operaciones encubiertas está intimamente vinculado a una estructura de coordinación de aparatos militares de inteligencia, las actuales propuestas de militarizar la guerra contra la droga quedan seriamente descalificadas en su objetivo explícito, por los vínculos y los compromisos anudados a lo largo de los años.

Tanto el narcotráfico como otras actividades delictivas llamadas "comunes", fueron fundamentadas política e ideológicamente y asumidas en el marco de la impunidad que brindaban las dictaduras militares al terrorismo de Estado.

No existen elementos que aseguren un cambio radical y efectivo en esa política; y la insistencia con que se impulsa el concepto de "narcoterrorismo" para fundamentar una estrategia contrainsurgente y de militarización en América Latina, más el recrudecimiento de la acción de grupos paramilitares, augura una pervivencia de aquellos marcos ideológicos y políticos.

Máxime cuando, en términos generales, se verifica una incapacidad de las nuevas democracias para depurar los cuadros militares y policiales involucrados, por un lado, en violaciones a los derechos humanos, y, por otro, en episodios de narcotráfico, secuestros extorsivos y otros delitos "comunes".
http://www.tni.org/reports/drugs/folder1/blixen-s.htm

(...)El final de la Guerra Fría no ha cancelado la intervención militar estadounidense en América Latina. En el nuevo contexto EE UU despliega una política de lucha contra el narcotráfico que enfoca al "enemigo" fuera de sus territorios, perspectiva que le permite mantener su intromisión con el beneplácito de los gobiernos latinoamericanos. La encarnizada "guerra contra las drogas", respaldada por el descomunal presupuesto que EE UU inyecta a militares y paramilitares en los países en los que libra su particular batalla, sobre todo sirven para validar la violencia y para desestabilizar, aún más, las frágiles democracias de los países en los que interviene. Que casi todos los defensores de los derechos humanos asesinados en Colombia hayan sido abatidos por paramilitares refleja bien una terrible situación donde la misma defensa de los derechos humanos se convierte en actividad peligrosa y punible. La corrupción y el poder ilimitado de los asesores militares que gobiernan el Perú detrás de la figura presidencial, también dibujan con precisión el tipo de guerra que esta librando.

Para su "guerra contra las drogas" en América Latina, el Gobierno estadounidense cuenta con las fuerzas militares y policiales latinoamericanas, que desempeñan el papel principal en la lucha contra el tráfico ilegal de drogas y que reciben de éste importante ayuda militar y de formación. Los países latinoamericanos en su conjunto reciben millones de dólares para combatir la así llamada "guerra contra la droga", y esta financiación aumenta. En la última década, el presupuesto estadounidense destinado a programas internacionales antinarcóticos se ha multiplicado por más de cinco, mientras que, en el mismo periodo, la ayuda para el desarrollo en América Latina se ha recortado en dos tercios.

En términos más generales, el papel dominante que se ha asignado a las fuerzas de seguridad locales amenaza con debilitar las frágiles transiciones hacia sociedades más democráticas que están teniendo lugar en la región, después de décadas de regímenes militares muchas veces brutales. La transición democrática en Sudamérica y el final de los conflictos civiles en Centroamérica conllevan un esfuerzo generalizado para reducir el poder de las fuerzas de seguridad locales, limitando su autoridad al control de las fronteras nacionales, y para ampliar el control de los gobiernos civiles democráticamente elegidos sobre los ejércitos y los servicios de información locales. El Gobierno estadounidense erosiona estos esfuerzos al proporcionar los recursos, la formación y la justificación doctrinal necesarios para que los ejércitos desempeñen un papel significativo en las operaciones antinarcóticos de ámbito nacional, una función de hacer cumplir la ley que en la mayoría de las democracias está reservada a la policía civil. Con esta actuación, el Gobierno estadounidense legitima a las fuerzas de seguridad latinoamericanas en un papel fundamental en la seguridad interna, que ahora se dirige contra "nuevos enemigos", y los confirma como actores en la política nacional. La mayoría de las veces, este apoyo se proporciona antes de que se hayan realizado reformas institucionales significativas que garanticen un mayor control civil o el respeto a los derechos humanos.

Con su política antidroga, EE UU ha forjado nefastas alianzas con ejércitos que tienen un historial deplorable respecto de los derechos humanos. En Colombia y en México, los esfuerzos internacionales de EE UU para controlar la droga -incluido el envío de material, formación y ayuda directa de carácter militar- contribuyen a campañas contrainsurgencia que se caracterizan por violaciones graves de derechos humanos. En Bolivia, la política antinarcóticos de EE UU enfrenta a los cultivadores de coca a la policía y al ejército bolivianos, lo que provoca conflicto, violencia y abusos sistemáticos. En Perú, el Gobierno estadounidense está facilitando ayuda antinarcóticos a los servicios de información (SIN), responsables de actividades que siguen el modelo de los escuadrones de la muerte y de significativos reveses para la democracia en ese país desde el autogolpe de abril de 1992. En resumen, la guerra estadounidense contra las drogas debilita los esfuerzos destinados a promover los derechos humanos y la democracia en América Latina y el Caribe.

El coste de esta política es elevado, y los beneficios escasos. Más de una década después de que Washington comenzara a inyectar más y más dólares en la guerra contra la droga en América Latina, no se puede hallar ni un solo indicador de éxito a largo plazo en toda la región. Por el contrario, la producción de coca se ha extendido hasta Colombia, que se ha convertido en el mayor productor; las organizaciones y las rutas del narcotráfico han proliferado y, por primera vez en América Latina, ha surgido una importante producción de heroína. (...)
Aunque las autoridades estadounidenses reconocen en algunas ocasiones los costes que supone esta guerra, afirman que son compensados por los beneficios logrados al poner freno al consumo interno de drogas ilegales. Sin embargo, todos los indicios señalan el fracaso de esta estrategia. Hasta la fecha, los contribuyentes estadounidenses han aportado 300.000 millones de dólares a la guerra contra las drogas. Pero, en las calles de Estados Unidos, la cocaína y la heroína son ahora más fáciles de conseguir y más baratas que nunca.(...)
http://www.fuhem.es/CIP/EDUCA/mrs/articulos/youngers.html
(...)Uno de los fenómenos surgidos a raíz de los procesos de globalización y que afecta a la economía, la política y seguridad nacionales e internacionales y a la sociedad en general lo constituye el "delito global, la interconexión de poderosas organizaciones criminales y sus asociados en actividades conjuntas por todo el planeta". La red de vínculos forjada entre las bandas criminales organizadas o mafias en diferentes partes del mundo constituye un aspecto novedoso e importante en la economía política internacional. Según estimaciones de Naciones Unidas, los "sindicatos organizados del crimen" ingresan 1,5 billones de dólares por año, cifra con la que prácticamente se podría cancelar la deuda externa mundial.

Las empresas ilegales de todo el mundo se relacionan a través de redes en la que se vinculan todo tipo de negocios. Aunque la lista de actividades es muy amplia, el narcotráfico, seguido del tráfico de armas, representa el sector más importantes de este mercado. El núcleo del sistema lo constituye el blanqueo de dinero, punto en el que la economía ilegal se funde con la formal mediante su introducción en los mercados financieros a través de complejos planes financieros y redes comerciales internacionales. Pero la característica más destacada de este tipo de economía es el marco de ilegalidad en el que se mueve, lo que hace que una hipotética legalización de las drogas con las que comercian sus empresas suponga su principal amenaza.(...)
http://www.fuhem.es/CIP/EDUCA/mrs/articulos/ecoilegal.html
(...)El dilema es otro. ¿Puede el Estado, ya sea el norteamericano o el mexicano, contener los devastadores efectos sociales y políticos de una industria cuya ilegalidad presupone la complicidad de amplias esferas del Estado mismo? La respuesta imaginable se antoja hoy imposible. Legalizar y regular la producción y el consumo de la mayoría de las drogas ilegales transformaría a la inclemencia cotidiana del narcotráfico en un negocio como cualquier otro. Es una propuesta antigua (incluso de Milton Friedman) que, sin embargo, no debe perderse de la mira. Las tribulaciones de la historia del alcohol hablan de sus posibilidades.

La era de la prohibición del consumo de bebidas alcohólicas en Estados Unidos debe su fama, entre otras memorias, a la serie televisiva de Los intocables. Otro intocable, el cónsul norteamericano Jenkins, amasó su fortuna exportando alcohol de caña desde los cañaverales de Puebla hasta los bares de Chicago y Nueva York; acaso una versión temprana del Señor de los Cielos. Hay quienes todavía recuerdan los cierres de cantinas y las cruzadas antialcohólicas de Calles y Cárdenas, fruto de esa era. La legalización del consumo de alcohol redujo los precios mil 600 por ciento, y terminó con aquellas mafias y aquella zozobra en cuestión de meses. Por cierto, hay historiadores que aseguran que el consumo de licores descendió notablemente en los años posteriores.

El dilema es la ilegalidad del narcotráfico. Desde los años 80, la política norteamericana descubrió que esta ilegalidad podía ser un instrumento mayor para ejercer controles, que van mucho más allá del tema del narcotráfico, sobre los regímenes de América Latina. Cualquier figura destacada en la política latinoamericana que disienta con (o deje de servir a) Washington, podrá siempre ser acusada de sospecha de narcotráfico, así sea tan sólo porque la vecina de junto está convencida de ello. Hoy la espada de Damocles se llama narcocomplicidad y su uso depende arbitrariamente de las necesidades y la necedades de Washington. (...)
http://argentina.indymedia.org/news/2003/08/129352.php