Mirada al infierno colombiano : Indymedia Colombia

En otro paso hacia la construcción de una justicia penal universal, el Tribunal Internacional de Opinión sobre los crímenes cometidos en la jurisdicción de los municipios de Bolívar, Colombia, juzgó "plenamente acreditada la culpabilidad del Gobierno de la República de Colombia" en los hechos constitutivos de "crímenes de lesa humanidad, genocidio y terrorismo de Estado".

Reunido a fines de noviembre en Paris, el Tribunal se constituyó por la denuncia presentada por diversas organizaciones sociales, sindicales, de derechos humanos y populares, entre ellas la Federación Agrominera del Sur de Bolívar y La Mesa Regional del Magdalena Medio.

Las sesiones, llevadas a cabo con rigor procesal, tuvieron por Fiscal al jurista argentino español Carlos Slepoy, quien ejerce como "Abogado de la Acusación Popular" en Madrid y participa en la acusación contra militares argentinos y chilenos, que lleva a cabo el juez Baltasar Garzón, entre otros. Slepoy, quien sufrió en carne propia las carceles de la dictadura argentina, es parte de la acusación contra los militares represores argentinos Adolfo Scilingo y Ricardo Cavallo, quienes serán juzgados el próximo año en España, por genocidio y terrorismo.

El Tribunal notificó su constitución por correo certificado a las autoridades colombianas en París, pidiéndoles designar una representación para que fungiera como defensa. Al no recibir respuesta, designó un Defensor de Oficio conforme al reglamento del propio Tribunal, Defensa que recayó en la periodista-jurista Denise Méndez.

El Tribunal estuvo constituido por los presidentes Sophie Thonon–Wesfreid, abogada ante la Corte de Apelación de París; François Houtart, Director del Centre Tricontinental (CETRI), en Lovaina, Bélgica; y los jueces, Luis Javier Garrido, Profesor de la Facultad de Derecho de la Universidad Nacional Autónoma de México; Heinz Dieterich, Profesor de Ciencias Sociales y Económicas de la Universidad Autónoma Metropolitana, de México, y el jurista Javier Otaola, síndico- defensor del pueblo de Gasteiz, País Vasco.

Para juzgar los crímenes cometidos a partir del 1º de enero de 1995 hasta el 31 de diciembre de 2002 inclusive, en los municipios de Bolívar, el Tribunal fundó su decisión en los siguientes cuerpos jurídicos: la Constitución Política de la República de Colombia, 1991; los Estatutos del Tribunal Internacional Militar de Nüremberg, 1945; la Carta de las Naciones Unidas, 1945; la Declaración Universal de los Derechos Humanos, 1948; el Estatuto de la Corte Penal Internacional, 1998 y el Código Penal Colombiano, 2001.

Los jueces estudiaron seis casos de asesinato, tortura, masacre, desaparición forzada, persecución y exterminio; escucharon los informes de los expertos amicus curie (amigo de la Corte): el investigador social irlandés, Gearoid O´Loinsigh, el abogado y líder del Sindicato de Trabajadores de la Empresa Nacional Minera, Francisco Ramírez, y del Padre Javier Giraldo, S.J., defensor de Derechos Humanos y representante de la Comisión Interecclesial de Justicia y Paz, ambos de Colombia.

El Tribunal presenció también los testimonios de cuatro testigos directos e indirectos; el testimonio audiovisual de un ex militar, quien fue asesinado y la evidencia documental de más de 209 casos de violaciones ocurridas en esta región y en este período de tiempo, y así pudo comprobar múltiples matanzas colectivas, homicidios, detenciones y desapariciones, torturas, amenazas, extorsiones, lesiones, privación de la libertad, destrucción de cultivos y desplazamientos forzosos, delitos contra la salud por la utilización de productos químicos y actos de barbarie cumplidos como ejecución de un plan generalizado y sistemático contra la población civil.

A través de tales testimonios, peritajes y evidencias documentales, el Tribunal consideró debidamente acreditadas las denuncias presentadas y calificó los hechos como constitutivos de crímenes de lesa humanidad, genocidio y terrorismo de Estado.

Muchos de estos crímenes tienen un origen de carácter económico, expresado, por un lado, en los intereses de las empresas transnacionales por apoderarse de los grandes yacimientos auríferos de la zona, pero también por implementarse un proyecto económico que sólo considera los intereses de las corporaciones transnacionales de Canadá, Estados Unidos y Europa (Inglaterra y España), que operan en la zona y explotan sus recursos naturales, como el gas, el carbón, el oro, las esmeraldas, el agua, las tierras cultivables y, en general, toda la biodiversidad de la región.

Últimamente esa política se desarrolla en el marco del llamado Plan Colombia, diseñado para cambiar de manera definitiva el modelo agrícola del país y facilitar la entrada del capital extranjero. Por eso, el Gobierno de la República de Colombia instaura en los últimos años, por lo menos desde 1995, una política de terrorismo de Estado que perpetró homicidios, desapariciones forzadas, torturas, amenazas, destrucción de cultivos y traslados forzosos, así como delitos contra la salud por la utilización criminal premeditada de productos químicos en la fumigación de las tierras.

Esta política se efectúa a través de las Fuerzas Armadas de la República de Colombia, la Policía, y las fuerzas paramilitares auspiciadas y organizadas por el Estado, actuando en el marco de una fuerte connivencia entre ellas, y bajo la impunidad absoluta concedida por el sistema jurídico del país, que no investiga los crímenes cometidos.

El Tribunal encontró elementos preocupantes que podrían también acreditar la responsabilidad criminal en la comisión de estos crímenes, de los representantes de diversas agencias civiles y militares del gobierno de los Estados Unidos de América, así como de varios gobiernos europeos.

Ante la manifiesta imposibilidad de ejercer la función jurídica pública dentro del país, con un fiscal general y un comandante en jefe del ejército, que son parte de la criminal política de terrorismo e impunidad del Estado, el Tribunal alentó a llevar los hechos denunciados ante tribunales nacionales y/o internacionales para que los responsables sean sancionados.

La actual política de desmovilización de paramilitares, iniciada por el gobierno del presidente Alvaro Uribe, prevé obviamente la posibilidad de que más temprano que tarde, los responsables del genocidio contra la población civil se encontrarán ante instancias de la justicia universal, como hoy es el caso de los represores Scilingo y Cavallo.

Sin embargo, la desmovilización, calificada por la organización de derechos humanos, Human Rights Watch, como "parodia" y "espectáculo de impunidad", no protegerá a Uribe y sus subalternos de la justicia internacional.

Deben tener en mente que el caso Pinochet no se repetirá. No encontrarán un político como Tony Blair, que les salvará de su merecido castigo.

El Tribunal Internacional de Opinión de Colombia considera al estado colombiano junto a instituciones y multinacionales de EEUU y Europa responsables de crímenes de lesa humanidad en el caso Sur de Bolivar

Los días 28 y 29 de noviembre, tuvo lugar en Paris el tribunal internacional de opinion, sobre el caso Sur de Bolivar, Colombia. Al cual asistio el "Equipo Colombia" de las relaciones internacionales de CGT, junto con otras muchas organizaciones de Europa. El acto tuvo una gran carga emotiva durante la declaracion de los campesinos, donde se relataron el terrorismo de estado perpretado sobre estas comunidades en resistencia por la vida, y que son extrapolables a todo el pais.

A pesar del vacio dejado por las instituciones y organizaciones sindicales mayoritarias, dentro de la evaluacion final se considero un exito de participacion y asistencia.

El fallo del tribunal culpó, al estado colombiano, así como a instituciones y multinacionales de EE.UU y Europa como responsables de los asesinatos, masacres y crimenes de lesa humanidad cometidos en esta provincia colombiana entre los años 1995 y 2003.

Así mismo, como estos actos atentan contra la conciencia colectiva de la humanidad, se asume que esto no es más que un primer paso en el proceso de lograr que los responsables rindan cuentas de sus actos, ante la justicia, bien a traves de tribunales nacionales o internacionales.

Se adjunta el fallo del tribunal.

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TRIBUNAL INTERNACIONAL DE OPINION
SOBRE EL CASO SUR DE BOLIVAR

NOV 28 Y 29 2003 PARIS

Presidente: El día 28 de noviembre, Francois Houtart 29 noviembre, Sophie Thonon - Wesfreid Abogada ante la Corte de Apelación de París Vicepresidente: Javier Otaola
Heinz Dieterich Profesor de ciencias sociales y económicas Universidad autónoma y metropolitana ciudad de México
Luis Javier Garrido: Profesor de la facultad derecho de la universidad nacional autónoma de México.
Fiscal: Carlos Alberto Slepoy
Secretariado: Miguel Puerto

Este Tribunal se constituye por la denuncia presentada por las organizaciones sociales, de derechos humanos y populares agrupadas bajo:

La Federación Agrominera del Sur de Bolívar
Sintraminercol
La Mesa Regional del Magdalena Medio
La Campaña Permanente contra la Impunidad Colombia Clama Justicia
La Red Europea de Hermandad y Solidaridad con Colombia.
Y decide adoptar las normas fundamentales de anteriores Tribunales Internacionales de Opinión, dándose su propio reglamento de funcionamiento que se presenta como Anexo. 1

...para juzgar los crímenes cometidos a partir del 1 de Enero de 1995 hasta el 31 de diciembre de 2002 inclusive, en la jurisdicción de los municipios de Bolívar denominados: Cimiti, Morales, Barranco de Loba, San Martín de Loba, Santa Rosa del Sur, Río Viejo, Achi, San Jacinto del Cauca, Pinillos, San Pablo, Cantagallo, Arenal, Tiquisio, Regidor, Altos del Rosario, Hatillo de Loba, Montecristo y otros cuando se compruebe que desde allí se planearon y/o ejecutaron las acciones criminales.
El Tribunal funda su decisión en los siguientes cuerpos jurídicos :

· Constitución Política de la República de Colombia 1991
· Estatutos de Tribunal Internacional Militar de Nuremberg 1945
· Carta de Naciones Unidas 1945
· Declaración Universal de Derechos Humanos 1948
· Convención Internacional contra el Genocidio Naciones Unidas 1948
· Convención contra la Tortura
· Convención de Desaparición Forzada de Personas
· Pacto Internacional de los Derechos Civiles y Políticos 1966
· Pacto Internacional de los Derechos Económicos Sociales y Culturales 1966,
· Estatuto de la Corte Penal Internacional ,
· Código Penal Colombiano.

El Tribunal notificó su constitución por correo certificado a las autoridades colombianas en París pidiéndoles designar una representación para que fungiera como defensa. Al no recibir respuesta, designó un defensor de oficio conforme al reglamento del propio Tribunal, la cual recayó en madame Denise Méndez .

El Tribunal tuvo conocimiento sobre los siguientes hechos:

Las acciones criminales ocurridas en la jurisdicción de los municipios del Sur de Bolívar, tienen un origen de carácter económico expresado, por un lado, en los intereses de las multinacionales por apoderarse de los grandes yacimientos auríferos de la zona, pero también de desarrollar un proyecto económico en el marco de la imposición de modelos de desarrollo que sólo consideran los intereses y las necesidades de países desarrollados que expenden sus actividades a través de corporaciones multinacionales de Canadá, Estados Unidos y Europa, y las cuales explotan los recursos del Colombia: gas, carbón, oro, esmeraldas, ferroníquel, agua, madera, tierras cultivables y, en general, toda la biodiversidad de la región.

Ultimamente esa política se desarrolla en el marco del llamado Plan Colombia, diseñado para cambiar de manera definitiva el modelo agrícola de Colombia y facilitar la entrada del capital extranjero.

Por eso el Gobierno de la República de Colombia instaura en los últimos años, por lo menos desde 1995, una política de terrorismo que perpetró homicidios, desapariciones forzadas, torturas, amenazas, allanamientos sin orden judicial, destrucción de cultivos y traslados forzosos, así como delitos contra la salud por la utilización criminal premeditada de productos químicos en la fumigación de las tierras.

Esta política se efectúa a través de las Fuerzas Armadas de la República de Colombia, la Policía y fuerzas paramilitares, auspiciadas y organizadas por el Estado, actuando en el marco de una fuerte connivencia entre ellas, y bajo la impunidad absoluta concedida por el sistema jurídico del país, que no investiga los crímenes cometidos.

El Tribunal ha estudiado los siguientes casos :

CASO No : 1 Asesinato de un líder de Asoagromisbol y tortura a pobladores de Río Viejo.
CASO No. 2 Asesinato del presidente de Asoagroisbol en Aguachica.
CASO No. 3 Asesinato de un líder local, miembro activo del éxodo campesino y de dos pobladores de Cerro Burgos.
CASO No. 4 Asesinato de participantes en el éxodo campesino.
CASO No. 5 Masacre en uno de los municipios en donde se lleva a cabo el éxodo campesino.
CASO N. 6 Desaparición del vocero de la Mesa Regional, Edgar Quiroga y persecución y exterminio de la familia de Gildardo Fuentes.

Se han escuchado los informes de: · Los Amici Curiae. · Loingsigh Gearoid · Francisco Ramirez · Padre Javier Giraldo · Testimonios de cuatro testigos directos e indirectos, cuyos nombres por razones de seguridad no se transcriben.

El Tribunal aprovecha para expresar su reconocimiento al valor civil de las personas que, arriesgando su vida y las de sus familias, vinieron a declarar.

· Testimonio audiovisual de un ex militar, que fue asesinado, pero cuyo nombre no transcribimos por la seguridad de su familia.

El Tribunal tuvo también la evidencia documental de más de 209 casos de violaciones ocurridas en esta región y en este periodo de tiempo, y así pudo comprobar múltiples matanzas colectivas, homicidios, detenciones y desapariciones, torturas, amenazas, extorsión, lesiones, allanamientos sin orden judicial, privación de la libertad, destrucción de cultivos y desplazamientos forzosos, delitos contra la salud por la utilización de productos químicos y actos de barbarie cumplidos como ejecución de una plan generalizado y sistemático contra la población civil.

A través de tales testimonios, peritajes, evidencias documentales, el Tribunal considera debidamente acreditadas las denuncias presentadas y califica los hechos como constitutivos de: Genocidio de crímenes de lesa humanidad y de terrorismo de Estado.

El Tribunal considera acreditada plenamente la culpabilidad del Gobierno de la República de Colombia y de las autoridades civiles y militares.

El Tribunal encontró elementos preocupantes que podrían también acreditar también la responsabilidad criminal en la comisión de estos crímenes, de los representantes de diversas agencias del gobierno de los Estados Unidos de América: Agencia Central de Inteligencia, entidades civiles y militares estado unidenses, así como varios gobiernos europeos.

El Tribunal Internacional de Opinión sobre el caso Sur de Bolívar en Colombia, alienta llevar los hechos denunciados, ante tribunales nacionales y/o internacionales para que los responsables sean sancionados.

El Tribunal considera que los crímenes denunciados ofenden a la conciencia general de la humanidad y deben ser perseguidos por todas las instancias jurídicas dentro de un proceso de construcción de una justicia universal.

El Tribunal asume que es un Tribunal de Opinión y que su fuerza es moral y por ello hace un llamado a la opinión pública internacional para que colabore a poner un alto a la violación de los derechos fundamentales en la región del Sur de Bolívar en Colombia y contribuya de esta manera a terminar con la impunidad que prevalece en Colombia y en América Latina.

Dietrich desde su expulsión de Excelsior por sus simpatías abiertas hacia los narcoterroristas de las FARC ha acentuado su justificación del terrorismo. Estos canallas que se lucran económicamente desde el exterior con el producto de los secuestros y el narcotráfico no cesan de desinformar a afortunadamente pocos sectores poco entendidos acerca del conflicto colombiano. Su campaña a favor de los criminales no prosperará y afortunadamente cada día el mundo le cierra más las puertas a esta clase de "periodistas del terror".

¿Por qué no publican los mensajes de quienes desmienten a Dietrich y a todos los periodistas del terror?