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9 COMUNIDADES EN RESISTENCIA ROMPEN CON EL SISTEMA DE JUSTICIA COLOMBIANO
por RED DE HERMANDAD
Thursday, Dec. 11, 2003 at 10:27 AM
En el encuentro realizado en el mes de septiembre en San José se acordó iniciar, con un grupo de comunidades, una red de comunidades en resistencia. Este grupo de comunidades íniciales son: Asociación del Valle del Río Cimitarra, San José de Apartadó, Sur de Bolívar, los U´was, ACIN, Procesos de comunidades negras, Asociación Campesina de Arauca, Dabeiba, La Nupa, Alto y Bajo Naya, Dabeiba
RED DE HERMANAMIENTO
En el encuentro realizado en el
mes de septiembre en San José se acordó iniciar, con un grupo de comunidades,
una red de comunidades en resistencia. Este grupo de comunidades íniciales son: Asociación del Valle del Río
Cimitarra, San José de Apartadó, Sur de
Bolívar, los U´was, ACIN, Procesos de comunidades negras, Asociación Campesina
de Arauca, Dabeiba, La Nupa, Alto y Bajo Naya, Dabeiba
En la búsqueda de crear dicha red
se pensó que el fin era generar lazos de solidaridad frente a las situaciones
que están viviendo las comunidades, además de ello se pretende denunciar con
comunicados las situaciones de violaciones de derechos humanos. También se
reflexionó sobre uno de los aspectos con los que se está atacando fuertemente a
las comunidades como ha sido la judicialización, poder generar alternativas
desde el rompimiento con la justicia que implica una labor internacional,
nacional y trabajo interno con las comunidades. La red es una forma de poder
dar información sobre las comunidades en resistencia con relación a los ataques
de los que son víctimas, así como de la diversidad de acciones en resistencia
de las comunidades. Se anota también que es importante seguir propiciando
acciones de intercambio entre las comunidades respetando su autonomía y sus
acciones de resistencia. También está la búsqueda de ejercer una acción de
protección desde la comisión interamericana buscando mayor eficacia en las
medidas cautelares y provisionales de la Corte y la CIDH. Es claro que la red
no puede ser vocera de las comunidades, ni las remplaza en su accionar de
resistencia como comunidades, por lo tanto en su accionar creativo y autónomo
Para un trabajo de solidaridad y
dentro del respeto a las autonomías y a los procesos, es necesario establecer
ciertos principios que posicionen el accionar de dicha coordinación de
comunidades en resistencia:
-
Posición clara ante el Estado. Las comunidades en el encuentro
y que han comenzado este proceso hemos estado de acuerdo sobre la acción de
muerte que el Estado ha venido históricamente generando y más en estos momentos
en donde vivimos un estado fascista y de total acción criminal en contra de las
comunidades. Creemos en la búsqueda de otro estado que genere procesos reales
de justicia social y no desde acciones totalmente militares que sólo generan
pobreza y violación total de los derechos humanos. Esta posición hace necesario
responder a tales violaciones y acciones de muerte, sabiendo con claridad que
son producto de un sistema que genera muerte como es el neoliberalismo en su
acción a favor de multinacionales en
pro de pocos y en exclusión de la gran mayoría.
Esto implica
realmente tener una posición clara frente a la verdad, la justicia y la
reparación, es por ello que las comunidades se pueden entrar en el juego del
estado en relación con el paramilitarismo, es claro que el accionar del
paramilitarismo es producto de la creación del estado, el cual en todas sus
instancias ha logrado concretar este proyecto de ultraderecha favoreciendo así
la sociedad del silencio, del miedo, de la muerte. Es un Estado que para
caminar en su acción terrorista ha generado todo un proceso estructural de impunidad, de mentira, de
privatizaciones, de absolutismos, donde
la diferencia se paga con la muerte. El arrancar de un principio como este
permite a la red adelantar acciones de solidaridad frente a las violaciones de
derechos humanos en las comunidades, es por ello que el concepto de violación
de derechos humanos se asume como la acción que realiza el estado contra sus
ciudadanos ejerciendo el poder como forma de opresión pasando por encima del
orden que han establecido de funciones de los estados como garantes de los
derechos de los pueblos conquistas de
siglos por parte de pueblos, comunidades y victimas.
El Estado
colombiano ha sido el principal victimario y el responsable ante la historia y
la humanidad de las atrocidades que se han cometido contra las comunidades,
sindicatos, movimientos políticos exterminados y asesinados.
2. Dentro de
la red es claro que el proceso de las comunidades tiene que basarse
internamente en cada comunidad en lo participativo, y lo alternativo es
decir que el sentido comunitario debe
ser un requisito de las comunidades en resistencia.
3. Es
necesario tener claro la diferenciación y responsabilidad de cada actor armado
ejercito-paramilitares y guerrilla, es necesario vislumbrar que frente a las
acciones, sus posiciones y caminar no se pueden equipararse, es distinto hablar
de responsabilidades frente a un estado que frente a un grupo guerrillero con
fines políticos pero que no es Estado ni el responsable internacional, ni ante
la historia, ni la humanidad como es un Estado. Tenemos claro lo que es una
violación de derechos humanos y una violación de derecho internacional
humanitario.
4. Es
necesario que las comunidades tengan una búsqueda anticapitalista, y por tanto
contraria a las nuevas acciones del capital en el mundo al que determina
globalizado, pero en el que mantiene férreamente como principio el de
explotación y mayor generación de pobreza, miseria y desigualdad. Por ello las
comunidades en resistencia apuestan a economías solidarias alternativas que van
en contravia de esa clase de sociedad y modelo económico capitalista desde las
comunidades generando alternativas de justicia e igualdad, en búsqueda de la
satisfacción de las mínimas necesidades, exigiéndose poco a poco una economía
del mercado a la solidaridad. Esto implica estar en dichos principios, pero
además el ir caminando como comunidad en esta búsqueda.
5. Lo
alternativo jurídico, que ahora más que nunca exige, ante la nueva estrategia
de terror, el rompimiento con la justicia pero esta decisión demanda procesos
de concientizacion en las comunidades, y solidaridad entre ellas y de
organizaciones nacionales e internacionales. Es romper con un sistema
paramilitarizado que ha caído en la total impunidad y ha convertido a la víctima
en victimario y el victimario en víctima, por ello entrar a colaborar en él es
entrar a justificar esa lógica de terror e impunidad, se exigen el buscar
caminos de rompimiento con dicha justicia en pro de una justicia de las
víctimas.
Esto también
implica que además de una economía alternativa y la búsqueda de lo jurídico
alternativo se camine en un horizonte de búsqueda alternativa en lo político en
posiciones de sociedad distintas, así como lo educativo es necesario una
educación que genere espacios y solidifique la búsqueda de la verdad de otra
sociedad más justa como la que se viene construyendo en las comunidades. Se
hace necesario por tanto una educación alternativa, y en la misma salud basado
en la prevención y otros métodos más naturales, menos químicos y globalizantes
de consumo sino mas centrado en la comunidad en su búsqueda del poder estar
bien para su acción de resistencia.
6. Es
necesario también la búsqueda de las comunidades en resistencia el no permitir
la presencia armada en las comunidades, esto apoyado por acciones internacional
que permitan el respeto a las comunidades y por ende que la presencia del estado sea civil y no de
otras formas, es esto el respeto a las comunidades y es la posibilidad de las
comunidades de caminar en acciones comunitarias.
7. La red
asume una posición de desenmascaramiento frente a las acciones de terror
del estado en lo que se refiere el
dialogo con el paramilitarismo es una forma esquisofrenica del estado de hablar
consigo mismo, las negociaciones de los paramilitares es buscar nuevas
estrategias el Estado para el paramilitarismo y una forma de generar total
impunidad.
8. La red
asume una posición abierta a la cooperación internacional con un sentido de
solidaridad y apoyo alas comunidades en sus búsquedas y principios, rechaza la
acción internacional que tiene como objetivo generar guerra, romper las
comunidades e irrespetar los procesos de las resistencias civiles.
Es claro que la red no puede
volverse un espacio burocrático, ni donde se asumen vocerias de las
comunidades, o es la que interviene en los procesos, es una búsqueda de ayuda y
coordinación entre las comunidades en resistencia para apoyarse frente a
estrategias que pueden favorecer a las comunidades. Es un espacio de las
comunidades para generar una dinámica mejor de información y de mayor
coordinación para ciertas acciones de resistencia de las comunidades.
la Red de Comunidades en Ruptura
y Resistencia (RECORRE)
-
San José de Apartadó
-
Consejo Comunitario la Nupa Río Caunapí
-
Asociación Campesina de Arauca
-
Asociación Campesina del Valle del Cimitarra
-
Proceso de Comunidades Negras
-
Comunidad de Vida y Trabajo La Balsita
-
Consejo Comunitario del río Naya
-
Fedeagrobisbol (Sur de Bolívar)
-
Comunidad U’wa
-
Asociación Campesina Indígena del Norte de Cauca
RUPTURA
1) Nivel
de principios
·
Se apoyaría en el art. 18 de la Constitución: “Nadie
puede ser obligado a actuar contra su conciencia” – Objeción de Conciencia.
·
La Objeción de conciencia se concretaría en no
colaborar con un sistema judicial que viola principios fundamentales y
universales. Sobre todo dos:
i. El
principio de legalidad
ii. El
principio del debido proceso por la carencia de un tribunal independiente e
imparcial.
·
El principio de legalidad está consagrado en:
- Constitución
: art. 28 y 29
- Código
Penal: art. 6. 9 y 10
- Código
de Procedim. Penal: art. 3 y 6
-
Declarac. Universal DD HH: art. 11
- Declarac.
Americana: art. 26
·
Se desconoce el principio de legalidad al extrapolar
los tipos penales de Rebelión, Concierto para Delinquir, Terrorismo, Sedición y
Asonada a conductas no delictivas o ejercicios profesionales normales
(reuniones, amistades, atención médica, atención profesional, mediaciones,
posesión de documentos, relaciones sexuales, pertenencia a organizaciones
legales de oposición, ejercicio del derecho a la protesta, a la huelga, etc.),
equiparando todas esas actividades normales y legales con “levantamiento en
armas” etc. (Cfr. CP art. 467
[Rebelión] … Art. 340 [Concierto para Delinquir … Art. 343 [Terrorismo]
·
Se desconoce el debido proceso por la carencia de una
instancia IMPARCIAL e INDEPENDIENTE de investigación y juzgamiento.
·
La imparcialidad e independencia de las instancias
judiciales está consagrada en:
- Declarac.
Universal de DD HH , art. 10
- Declarac.
Americana, art. 26
- Pacto
Internacional de Der. Civ. Y Pol., art. 14
- Convención
Americana, art. 8
·
La imparcialidad e independencia se ve desconocida en
la práctica por:
- ingerencia
de FF AA en los procesos (informes de inteligencia, construcción de
acusaciones, construcción de pruebas, ejecución de capturas, manejo de
“informantes”, pago de informantes, presión a “testigos”, remuneración a
“testigos”, conducción de acusaciones, detenciones, pruebas en regiones
enteras.
- Injerencia
del Presidente en decisiones de fiscales (Cúcuta)
- Injerencia
de Fiscal General en decisiones de fiscales: cambios de fiscales, destitución
de fiscales,
- Realización
de operativos mlitares con Fiscalía (Comuna 13)
- Permanencia
de fiscales en cuarteles y brigadas.
- Líneas
de comunicación telefónica entre fiscales y paramilitares.
- Contraste
entre resoluciones de acusación y preclusiones de la Fiscalía.
- Cuadros
persecutorios contra organizaciones sociales y de derechos humanos.
- Campañas
a través de mass media para estigmatizar.
- Fiscales
disidentes amenazados o judicializados.
2) Nivel
operativo
·
Asumir la objeción de conciencia:
- no
respondiendo a ningún interrogatorio
- no
nombrando abogado defensor
- no
aceptando ningún abogado de oficio
- solo
apelando a la objeción de conciencia como impedimento para colaborar con una
sistema judicial ilegítimo, anti-ético e inconstitucional.
- Eventualmente
solicitar que sea recibida un Acta de Acusación de Indignidad contra la
Fiscalía.
·
Consecuencias ¿ - ¿
3) Apoyos
jurídicos externos
·
Nivel interno:
- Defensa
de la objeción de conciencia fundamentada, por parte de familiares u ONGs:
- Por
medio de Tutelas, Acciones de grupo, intervenciones ante el Consejo Superior de
la Judicatura por violación al debido proceso,
- Acusación
de Indignidad contra el Fiscal ante la Cámara
- Solicitar
visitas de del CICR a los presos
- Solicitar
intervención de la Oficina del Alto Comisionado de la ONU,
·
Nivel internacional:
- Demandar
ante la CIDH violación de la Convención Americana y de la Declaración
Americana, por carencia de tribunales imparciales y desonocimiento del
principio de legalidad. Además por desconocer objeción de conciencia.
4) Nivel
político
·
Difusión de documento de Indignidad de Fiscal,
fundamentado en casos concretos y documentado, a nivel de Parlamento, Altas
Cortes, Medios, Gremios, ONGs, Embajadas, Iglesias, organismos internacionales,
universidades, facultades de Derecho.
·
Solicitar a AI adopción de presos de conciencia y
campaña.
·
Estructurar acusación de Persecución, contra el Estado,
apoyados en Estatuto de Corte Penal Internacional, ante CPI.
·
Estrategia de Medios
·
Listado de Objetores de Conciencia por esta razón, en
página Web de Red, con pequeño perfil de cada uno. Animar por ese medio campaña
de solidaridad.
·
Visitas de organizaciones internacionales: a los
presos, a las autoridades judiciales y del Ejecutivo, terminando con
conferencias de prensa.
·
Campañas de Acciones Urgentes.
·
Urgir a la Oficina del Alto Comisionado a asumir el
problema de la persecución política como judicialización.
www.prensarural.org http://colombia.indymedia.org http://www.asa...
DECLARATORIA
por m-Red de Comunidades en Resistencia
Thursday, Dec. 11, 2003 at 11:29 AM
red_comunidades _NOSPAM_ @ yahoo.es
RED DE COMUNIDADES EN RESISTENCIA
DECLARATORIA
Desde hace muchos meses los colombianos y las colombianas, nos hemos venido estremeciendo, cada vez con mayor frecuencia, ante las decisiones del poder judicial, y especialmente de la Fiscalía.
Se anuncian constantemente detenciones masivas o individuales que afectan a un amplísimo espectro de hombres y mujeres de diversas profesiones, organizaciones y sectores sociales: alcaldes, concejales, dirigentes políticos, sindicalistas, pobladores de barrios marginados, obispos, sacerdotes, fiscales, jueces, abogados, médicos, artesanos, intelectuales, técnicos, estudiantes, militantes de una amplia gama de partidos o facciones políticas legales, así como dirigentes, militantes y colaboradores de organizaciones y comunidades agrarias, de comunidades que reivindican el derecho a no ser involucradas en el conflicto armado, de organizaciones defensoras de derechos humanos y promotoras de proyectos sociales.
Llama la atención que se les acusa siempre de "rebelión", "terrorismo" o "concierto para delinquir", afirmando casi siempre al capturarlos que lo hacen por encontrarlos en "actitudes sospechosas"; que ordinariamente las acusaciones sean elaboradas y las capturas efectuadas por agentes de la rama ejecutiva del poder público, como los miembros de la fuerza pública, y que las "pruebas" se basen en "testimonios" vulnerables a todo tipo de manipulaciones, presiones, recompensas y sobornos, o en "informes de inteligencia" que ni siquiera tienen el respaldo de un responsable, sino que alegan fundarse en llamadas telefónicas o escritos anónimos que nadie puede comprobar jamás si siquiera existieron.
La "justicia" viene siendo sometida así a un máximo nivel de degradación y envilecimiento. Aunque desde hace muchas décadas ha sido objeto de escándalo para la comunidad internacional el nivel de impunidad e ineficiencia con que la justicia colombiana actúa frente a los crímenes de lesa humanidad y violaciones graves de los derechos humanos perpetradas por agentes directos o indirectos del Estado, así como el nivel de arbitrariedad y parcialidad con que se juzga a quienes se oponen o denuncian las grandes injusticias del régimen y trabajan en la búsqueda de alternativas políticas y sociales, sin embargo se había procurado salvar algunas apariencias formales que buscaban legitimar el aparato judicial, creando instancias con mayor conocimiento del derecho internacional de los derechos humanos en organismos de control. Hoy todas esas instancias han sido cooptadas o copadas por funcionarios y funcionarias que se han plegado a las directrices que emanan de la cabeza del ente
investigativo central, habiendo sido destituidos e incluso perseguidos y exilados quienes defendieron principios innegociables de la justicia universal.
Quienes suscribimos este documento estamos convencidos de que la justicia, para ser legítima,necesita respetar unos mínimos parámetros que la historia de la civilización ha convertido en requisitos esenciales de su aceptación y vigencia. La mayoría de esos principios son burlados hoy día en Colombia de manera flagrante.
Así, por ejemplo, el principio de legalidad, según el cual nadie puede ser acusado de delitos que no estén previamente definidos en leyes preexistentes, con precisión y sin ambigüedades, es burlado al extender arbitrariamente los tipos penales de rebelión, terrorismo o concierto para delinquir, a las conductas más cotidianas de la población y al ejercicio ético de muchas profesiones, recurriendo a conexiones en extremo imaginativas entre esas actividades normales, legítimas y legales, y las conductas punibles contempladas en la ley. Pero la observación de estas prácticas judiciales nos lleva a concluir que lo que en primera instancia se pretende es estigmatizar y destruir organizaciones y personas que no comparten o denuncian los niveles aterradores de injusticia y de represión que el régimen actual está implementando.
Por otra parte, el principio del debido proceso exige, por encima de todo, en quienes el Estado designa para investigar, juzgar y sancionar, un nivel de independencia, imparcialidad y honestidad fundamentales, que constituyen la base imprescindible de legitimidad del aparato judicial. El desarrollo de la civilización ha ligado la independencia e imparcialidad a la separación de poderes que caracteriza todo régimen democrático. Pero en nuestro caso, quienes están construyendo las acusaciones; buscando y elaborando "pruebas" que no son pruebas; reuniendo "testigos" que no son testigos, bajo todo tipo de sobornos, presiones, amenazas, torturas y recompensas extraídas al erario público, y efectuando las capturas, muchas veces en medio de tratos degradantes, son agentes de la rama ejecutiva del poder público, y precisamente los miembros de la fuerza pública, cuya imparcialidad dentro del conflicto social y armado es, podría decirse, estructuralmente inexistente, toda vez que son actores del conflicto, en el cual participan con niveles de emotividad, odio y venganza demasiado intensos y evidentes, a juzgar solo por su lenguaje cotidiano difundido por todos los mass media.
Por añadidura, el grado de polarización que afecta a nuestra sociedad, donde los últimos gobiernos han combatido y castigado intensamente las posiciones imparciales frente al conflicto social y armado, ha facilitado la penetración del paramilitarismo en muchos estamentos e instituciones, y una de ellas es la de la administración de justicia. Pasma comprobar que el informe rendido el 27 de septiembre de 2002 por un mismo funcionario de la Fiscalía, que revelaba la existencia de 54 líneas de comunicación telefónica entre fiscales y paramilitares, no haya sido sometido a investigación ni procedimientos judiciales, y que las otras instancias del poder judicial se hayan mostrado indiferentes ante el evento, y mucho más las otras ramas del poder público, dejando como único resultado la destitución y persecución del funcionario denunciante. Pasma aún más comprobar en el día a día cómo son absueltos los grandes dirigentes de las estructuras paramilitares y los responsables de las más grandes
masacres, cuyos procesos son precluídos o archivados, mientras se mantiene en prisión y se cobija con resoluciones acusatorias a las víctimas de innumerables montajes judiciales a lo largo y ancho del país. No es extraño, entonces, ver cómo muchas fiscalías funcionan en los mismos cuarteles militares y cómo muchos fiscales conciben su función como un simple apéndice del poder militar.
Ninguna justicia puede ser reconocida como válida cuando se separa tan claramente de principios éticos elementales y todavía menos cuando burla principios jurídicos universales que la civilización fue diseñando como fundamentos de su validez. Someterse a una tal "justicia" implica traicionar la propia conciencia. De allí que sea plenamente válido, en las circunstancias actuales del país, en que se ha llegado a una degradación y envilecimiento extremos de la justicia, apelar a la OBJECIÓN DE CONCIENCIA.
Nuestra Constitución colombiana establece, en el artículo 18, que "nadie puede ser obligado a actuar contra su conciencia". Los firmantes y adherentes a este documento, nos acogemos a ese derecho constitucional, que constituye además un derecho humano universal, para declararnos EN RUPTURA CON EL ACTUAL SISTEMA JUDICIAL.
A lo largo y ancho del país las fuerzas armadas y no pocos funcionarios judiciales han venido anunciando numerosas judicializaciones que amenazan la libertad de las organizaciones cívicas, sociales, campesinas, indígenas, sindicales, humanitarias y políticas que propenden por otra manera de organizar la sociedad dentro del respeto por parámetros elementales de justicia social. Quienes suscribimos y nos adherimos a esta declaración, nos negaremos a colaborar con esa falsa justicia; no responderemos a indagatorias ni nombraremos abogados defensores y tampoco aceptaremos abogados de oficio. Pedimos respeto por nuestro derecho constitucional a la Objeción de Conciencia y solicitamos a la comunidad internacional y a los organismos internacionales de defensa de los derechos humanos se nos trate como PRISIONEROS DE CONCIENCIA.
Pedimos a los gobiernos extranjeros, a sus misiones diplomáticas en Colombia y a los organismos intergubernamentales, que desconozcan el sistema judicial colombiano tan corrupto, degradado y envilecido, y que ejerzan toda su presión moral y política para que Colombia reconstruya su administración de justicia dentro del respeto por los principios éticos y jurídicos fundamentales que la civilización ha diseñado como condiciones de validez de los aparatos de justicia.
Convocamos a ASONAL Judicial, a las organizaciones de Derechos humanos, a personas comprometidas en la construcción de la democracia, a la gran coalición por la abstención al referendo, a los congresistas democráticos y a las comunidades victimizadas a sumarse al debate abierto sobre la Justicia en Colombia; y a todas aquellas personas comprometidas en la defensa de la vida y de la justicia a sumarse a este proceso de apoyo a las comunidades en ruptura.
Suscriben:
Comunidad de Paz de San José de Apartadó
Asociación Campesina de Arauca
Asociación Campesina del Valle del Cimitarra
Consejo Comunitario la Nupa Río Caunapí
Para más información escribe a este correo red_comunidades@yahoo.es
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