A envenenar los parques : Indymedia Colombia

Del medio ambiente que recibió este gobierno no va quedando ni un cuarto. Muchas décadas de protección ecológica realizada casi sin recursos, a punta de valentía y voluntad de la comunidad científica y con riesgo de la vida de funcionarios que ganan una miseria por defender el patrimonio común, se están yendo al traste en la administración actual. Dato sintomático es que el antiguo ministerio hoy no pasa de ser mero ingrediente de un sancocho burocrático llamado Ministerio de Ambiente, Vivienda y Desarrollo Territorial, que es como si existiera un Ministerio de Cultivo de Manzanas, Enseñanza de Ballet y Reparación de Motores. Otro mal indicio es que el principal mérito de doña Sandra Suárez, la actual ministra, para ocupar el cargo, es haber sido directora del Plan Colombia, entre cuyas actuaciones estelares figura la fumigación de selva y bosque.

Si en algo es pródigo nuestro país es en biodiversidad. Tenemos 42 áreas incorporadas al Sistema de Parques Nacionales Naturales (SPNN), que abarcan el 9 % del territorio patrio. Allí se encuentran 1.754 especies de aves, más que en ningún país del mundo; también poseemos el segundo inventario en especies vegetales y en anfibios, y el tercero en reptiles. Colombia es, pues, potencia global en variedad de animales y plantas. Los parques que las alojan serán de lo poco que dejemos a nuestros descendientes, pues estamos empeñados en acabar con todo lo demás. Cuando los cultivos ilícitos sean una historia antigua, tan antigua como las plantaciones de quina o el consumo de rapé, existirán los parques naturales a modo de herencia histórica colombiana.

¿O no existirán? Aunque parezca terrible, la respuesta podría ser negativa. Existe una seria posibilidad de que en el curso de algunos años agraviemos de tal manera nuestros parques naturales que ni siquiera quede este legado a nuestros nietos. El origen del problema radica en la mentalidad estrecha e inmediatista del gobierno, que está decidido a acabar con las plantas ilícitas mediante los recursos más contundentes y definitivos, como bombardear con veneno. Lo acompaña en su propósito el interés estadounidense por frenar la producción de droga sin reparar que solo el descenso radical del consumo o la legalización controlada del producto detendrán este mundo infernal de violencia y corrupción desatado por la receta represiva.

El Consejo Nacional de Estupefacientes lanzó en junio pasado una puñalada mortal contra los parques, y ahora acaba de complementarla el Congreso de Estados Unidos. Hace ocho meses el Consejo autorizó aplicar glifosfato, un veneno fiero, dentro del SPNN. Borró así de una patada su política de muchos años y violó, de paso, la Constitución Nacional (artículos 79 y 80) y varias normas, como el Código de los Recursos Naturales Renovables (Decreto-ley 2811 de 1974), la prohibición específica de fumigar desde el aire “parques naturales y zonas de reserva” (Decreto 1843 de 1991) y la obligación de realizar erradicación manual de cultivos (Oficio de Inderena, febrero 5 de 1992).

Los congresistas estadounidenses se habían negado a aprobar el uso de fondos del Plan Colombia en fumigación de reservas naturales. Les parecía una barbaridad. Pero la decisión del Consejo de Estupefacientes fue un guiño para que lo hicieran. Claro: si a los colombianos no nos importan nuestros parques, mucho menos a ellos. De modo que este año empezará a caer una nauseabunda lluvia de glifosfato sobre aquel tesoro que no pertenece ni a este gobierno ni a esta generación, sino a todos los colombianos, todo el tiempo.

¿De dónde arranca semejante irresponsabilidad? Por supuesto, del absoluto desdén oficial ante el problema del medio ambiente. ¿Con qué autoridad el Consejo de Estupefacientes aprueba fumigaciones en los parques? ¿No es como si la Dirección de Parques opinara sobre el destino de los narcotraficantes capturados en Eldorado? ¿Dónde está la ministra del ramo, que permite semejante intromisión? ¿Dónde el embajador en Estados Unidos, que colabora en el esperpento? ¿Dónde el Presidente de la República, que aprueba tamaña estupidez o, por lo menos la ampara con su indiferencia? ¿Dónde las entidades de control, que cohonestan tan vulgar atropello a las leyes? ¿Por qué no se ordena, como dispone la norma, la erradicación manual de plantas? ¿Hasta dónde vamos a llegar en la lucha delirante contra la amapola y la coca?

Más de un funcionario alegará que el gobierno no puede pensar en mariposas, cucarrones y florecitas porque tiene metas de seguridad prioritarias. Pero es que la política de seguridad oficial tampoco ha alejado de los parques a los violentos que se refugian en ellos. Varios funcionarios del SPNN han sido secuestrados, y tres directores de unidades -el último, Marta Lucía Hernández, del Tayrona, hace menos de un mes- fueron asesinados por guerrillas o paramilitares. Estos dos grupos eran los más encarnizados enemigos de la vida tranquila en los parques. Ahora, con el gobierno glisofático, son ya tres.

Hace ocho días denuncié la licencia para envenenar parques nacionales que extendió el Gobierno nacional al Glifosato, veneno de peligrosos efectos. La reacción de cientos de lectores ha sido instantánea e indignada. Rechazan la atrabiliaria medida y preguntan qué hay que hacer para evitarla.

Esto último marca una diferencia significativa con otras actitudes que conozco. No se contentan con indignarse mientras permanecen sentaditos en su casa. Saben que los 46 parques naturales nacionales son suyos, son nuestros, son de todos, y no están decididos a permitir que el Gobierno los sacrifique en metas inmediatistas para satisfacer a quienes presionan desde el norte.

"Hay que liderar una cruzada nacional e internacional, hay que movilizar al país -- dice en un emilio Edilberto Guerrero, lector que no conozco--. Ofrezco unas horas de mi trabajo… En lo que pueda hacer, estoy allí…"

Unos pocos argumentan que no importa fumigar con Glifosato porque, al transformar coca y amapola en cocaína y heroína, los narcoviolentos ya están contaminando con productos químicos algunos parques. Triste y apocado silogismo que equivale a decir: "Como el niño es patizambo, no vale la pena vacunarlo contra el polio".

Repudiamos por igual las piernas chuecas y el polio. Tal es la tónica mayoritaria de los mensajes: esto es nuestro, y vamos a defenderlo. El Gobierno topó con una roca grande. No son los jefes políticos, los cardenales, los empresarios ni los comandantes guerrilleros. Son los colombianos los que se niegan a permitir el parquicidio. Ni ellos, ni entidades científicas, ni entidades ambientales, tomaron parte en la decisión de envenenarlos, adoptada a escondidas de la gente y en contra de la ley.

¿Hay algo que hacer? Sí. Mucho. Para empezar, tener ideas claras:

1) La fumigación con glifosato es ilegal. He tenido acceso a un documento interno del ministerio de Medio Ambiente donde el departamento jurídico señala las violaciones en que incurre el Consejo Nacional de Estupefacientes al autorizar el veneno en los parques. El propio presidente Uribe ha dicho que mientras él esté en el Palacio de Nariño habrá fumigaciones. Esto no convierte en legal la decisión. Solamente revela que el Presidente tiene malos asesores jurídicos.

2) El glifosato es dañino. Varias ONG ambientales, como Earthjustice y AIDA, pueden probar que la erradicación produce "deterioro en los parques nacionales y las economías locales, y preocupantes efectos a largo plazo". Dos compatriotas -el microbiólogo Howard Junca, miembro de un grupo científico en Alemania, y el ingeniero agrónomo Javier Solís—me envían estudios que complementan los informes adversos de Earthjustice y AIDA. El Glifosato afecta alimentos, aguas, plantas silvestres, animales y humanos. Pero además del efecto biológico deplorable, también provoca devastación social: desplazamientos, enfermedades, ruina de los sembrados de pancoger… "Las fumigaciones causan una de las más grandes tragedias que pueda vivir una familia campesina", señala Ana Mendoza, de http://www.rutapacifica.org.co.

3) Hay otros medios de erradicación. La ley ordena que en los parques se adelante erradicación manual de cocales y amapolas. Muchos programas demuestran la eficacia de la erradicación manual en el Putumayo, que elimina las plantas ilegales pero respeta las silvestres y las comestibles.

4) La fumigación es ineficaz. Aunque las consecuencias iniciales del producto exhiben orgullosamente cocales pelados, a la larga la fumigación solo sirve para que los cultivadores ilegales se trasladen a trabajar en otras regiones. Es un juego de cuclí que no ha mermado la producción de droga en América Latina (ni su consumo en el norte, por supuesto), pero somete a periódica ruina las zonas afectadas.

Lo que puede hacerse:

1) Denunciar el parquicidio. Hay que enviar mensajes de protesta al Presidente, la ministra de Medio Ambiente y el Defensor del Pueblo:

Alvaro Uribe Velez, Presidente de Colombia

auribe@presidencia.gov.co

Sandra Suárez, ministra de Ambiente

dministro@minambiente.gov.co

Volmar Pérez Ortiz, Defensor del Pueblo

defensoria@defensoria.org.co

2) Mandar copia de las protestas a organismos internacionales como AIDA, que las rebotarán a quienes deben conocer la posición de los colombianos.

Astrid Puentes, AIDA

apuentes@aida2.org

3) El 30 de marzo a las 10 a.m. el senador Jorge Enrique Robledo iniciará un debate a la ministra sobre el atropello a los parques. Hay que acompañar el debate en forma pacífica y civilizada, pero que no deje dudas sobre el rechazo que la decisión suscita.

Temo que el permiso otorgado al Glifosato sea parte de una gran operación administrativa de menoscabo del sistema de parques y zonas medioambientales tal como lo conocemos y como se ha construido a lo largo de varias décadas. Son muchas las cosas que debe explicar la ministra.

Jugando al armamentismo

Me aterra la última columna en estas páginas de mi admirado Alfredo Rangel. Allí afirma que es "oportuna y sabia" la costosa compra de 47 tanques AMX-30 para reforzar la frontera con Venezuela, pues conviene "disuadir" al vecino de una posible guerra. Fomentar el armamentismo entre países hambrientos, como los nuestros, es hacerle el juego a los que mercan con la muerte y los que viven de asustarnos.

Daniel Samper Pizano

Que nos salve el Chapulín…
(Marzo 09 de 2004)

El silencio oficial sobre el parquicidio contrasta con la protesta colectiva.

Parece que la fumigación con Glifosato no solo causa calambres gastroinestinales, vómito, hinchazón pulmonar, turbación de conocimiento, irritación epidérmica, visión borrosa, neumonía, fiebre, debilidad general y destrucción de glóbulos rojos (datos de un informe científico de Brian Tokar) sino mudez e indiferencia. Lo digo porque las autoridades parecen atacadas por un curioso síndrome paralizante.

A propósito de la posibilidad de fumigar cultivos ilícitos en los parques naturales llegaron cientos de cartas quejosas a los buzones del Gobierno, protestaron numerosas comunidades, expresaron su rechazo importantes científicos, aparecieron denuncias en la prensa, expusieron sus crudos testimonios indígenas y colonos, opinaron adversamente ecólogos y especialistas.

Sin embargo, ni el Presidente de la República, ni la ministra del ramo ni el Defensor (e.) del Pueblo, don Volmar Pérez Ortiz, se dan por aludidos. Tenía yo la ingenua idea de que la democracia consistía en hacerse oír de manera civilizada y esperar una respuesta y una acción de las autoridades a partir de esa actitud.

Pero me equivoqué. Resulta triste ver que un pronunciamiento masivo realizado dentro del más absoluto respeto obtiene por respuesta silencio e indiferencia. No alcanzo a explicarme por qué el Presidente Álvaro Uribe, que en las reuniones comunitarias parece ser un hombre que sabe oír y se interesa por los problemas, calla y mira para otro lado cuando la queja llega por caminos que no han diseñado sus asesores y que no están iluminados por los reflectores de la televisión. Si el Presidente ha hablado sobre este asunto y no me enteré, ofrezco rendidas disculpas y retiro mis palabras. Pero no parece que haya sido así.

Como decía el Chapulín Colorado, ahora ¿quién podrá defendernos? De la ministra poco cabe esperar, pues debe de mirar la movilización epistolar con la misma desconfianza que su jefe. Y del Defensor del Pueblo, menos, pues anda preocupado por conseguir que lo elijan como titular en el cargo, y para ello no puede malquistarse con el Gobierno.

Lo único que queda, pues, es seguir repicando. Y decir que hace unos días 733 familias campesinas de la Sierra Nevada recibieron de manos del propio Presidente dineros compensatorios por erradicar manualmente cultivos de coca. El programa de guardabosques existe, pues, y lo que conviene es extenderlo y destinarle el platal que se gasta en venenos y aviones de fumigación (113 millones de dólares entre 1994 y 2000).

La erradicación, complementada con sustitución de cultivos, es el mejor remedio contra cocales y amapolas, según estudio de tres investigadores de la Universidad de Ohio State publicado por la revista World Development (Feb. 2003). “La política de eliminación de cocales del gobierno colombiano -dice el estudio- no ha logrado su objetivo de desestimularlos (…) Los objetivos de control de narcóticos se conseguirían más efectivamente si se incrementa la ganancia en los productos legales de los campesinos”. Allí mismo se advierte sobre “las consecuencias ambientales negativas de la fumigación aérea con Glifosato… que a veces no atina en el blanco y deteriora las siembras de alimentos y la salud de los pobladores locales”.

Tan preocupados como los ecólogos están los promotores de turismo sostenible, ese que se compagina con paisaje y naturaleza. Los más importantes dirigentes de la actividad han mandado una carta al Presidente donde dicen: “Deseamos expresar nuestro apoyo a su política de acabar con el comercio ilegal de droga. Sin embargo, consideramos que para las áreas protegidas del país existen otros mecanismos diferentes a las fumigaciones con tóxicos".

A su turno, el sociólogo Álvaro Camacho Guizado analiza en El Espectador las alegres cifras de erradicación de cultivos del Gobierno, y concluye que son bastante alocadas pues implican que “se erradicó casi un 30 por ciento más que la superficie reconocida” con cultivos ilícitos. Dice Camacho: “La política de fumigaciones crea muchos más problemas de los que intenta resolver”, y “puede resultar peor… la fumigación en los parques nacionales”.

En un artículo que ojalá vea la luz pronto, el ex ministro de Medio Ambiente Ernesto Guhl señala: “El carrusel de la narcofumigación ha costado miles de hectáreas de bosques naturales, el arrasamiento de cultivos de pancoger de pequeños campesinos que conviven con los narcocultivos, y su criminalización por carecer de alternativas válidas de supervivencia (…) Los beneficiados principales de la estrategia han sido los productores de los agentes usados para la fumigación y los fumigadores. Los perdedores, todos los colombianos de hoy y del futuro”.

Me preocupan los cultivos ilícitos en parques naturales. Me preocupan más las fumigaciones de esos cultivos. Y lo que definitivamente me desvela es que estos temas tan importantes para los colombianos no merezcan debates, ni siquiera explicaciones. Sí: que venga el Chapulín a salvarnos y a salvarse. Al fin y al cabo, los primeros en morir envenenados serán los grillos.
http://eltiempo.terra.com.co/opinion/colopi_new/danielsamperpizano/ARTICULO-WEB-_NOTA_INTERIOR-1548053.html

Ex ministro de Medio Ambiente Ernesto Guhl explica por qué considera equivocada la fumigación

Los parques naturales son el banco de los recursos genéticos de la nación, en ellos anida la biodiversidad y además son fuente de agua para cerca de 20 millones de ciudadanos y de otros servicios ambientales para toda la población. Proteger los parques naturales es deber irrenunciable del estado para el bienestar presente y futuro de los colombianos, consagrado en la ley y en convenios internacionales.

Hoy se habla de extender las fumigaciones a estas áreas protegidas para controlar los cultivos ilícitos que hay en ellas, con lo cual no puede estar de acuerdo ninguna persona que tenga algún respeto por la vida, el medio ambiente y la naturaleza. Sin embargo, el propósito de esta nota no es argumentar en contra de una decisión tan controversial y alejada de las consideraciones ambientales, que obedece seguramente a presiones internacionales para mostrar en el exterior que se está logrando "algo" contra el flagelo de las drogas. La intención es dejar de lado esta discusión para ir al fondo del problema y señalar algunas ideas en contra de una política equivocada para controlarlo, como es la fumigación.

Colombia ha estado sometida a ella desde hace décadas. Las primeras fumigaciones se efectuaron sobre la Sierra Nevada de Santa Marta con el tristemente celebre Paraquat, que arrasó invaluables bosques de sus vertientes. La fumigación fue ampliándose sobre el territorio nacional a medida que aumentaban los narcocultivos desplazados de Bolivia y del Perú precisamente por la fumigación. El principal agente utilizado ha sido el Glifosato, del cual se afirma que es inocuo, pero naturalmente sus efectos dependen de la concentración con que se use, si se hace sobre personas y sobre que cultivos.

El juego del gato y el ratón entre cultivadores y fumigadores, dio origen a un perverso ciclo de deforestación-siembra-fumigación-nueva deforestación. Así, enormes zonas de la Amazonia y la Orinoquia, nuestros ecosistemas mejor conservados, sufrieron los efectos sociales y ecológicos del cultivo y la producción de narcóticos por una parte y de la fumigación para erradicarlos por la otra. Vastas áreas del Caquetá, el Putumayo y el Guaviare se han deforestado, sembrado y fumigado. En la Región Andina el valioso y cada vez más escaso bosque alto andino se tala para sembrar y se fumiga para erradicar, con severos impactos que van más allá de la deforestación, que es el más visible, pues se afectan las aguas, la fauna y la flora y naturalmente al ser humano y su actividad productiva.

El carrusel de la narcofumigación ha costado miles de hectáreas de bosques naturales, el arrasamiento de cultivos de pancoger de pequeños campesinos que conviven con los narcocultivos y su criminalización por carecer de alternativas válidas de supervivencia.

Lo más grave es que el resultado de esta depredación no ha tenido efecto sobre el problema de la drogadicción en los países consumidores; la oferta de droga en ellos no ha disminuido y el negocio parece estar más floreciente que nunca. Los beneficiados principales de la estrategia han sido los productores de los agentes usados para la fumigación y los fumigadores. Los perdedores todos los colombianos de hoy y del futuro.

¿Cuantas hectáreas más deberán fumigarse, cuantos campesinos más deberán arruinarse, cuantos bosques desaparecer y cuantos ríos envenenarse antes de que se evalúen pública y objetivamente los resultados de la fumigación y se cambie la lucha antidrogas de modo que una parte muy importante de la prevención y de los costos a la sociedad y al territorio para controlarla los asuman los consumidores? ¿No sería mucho mejor usar el dinero que se destinaría a la fumigación en los parques a cuidarlos y fortalecer su administración y vigilancia en lugar de pensar en desmantelarla?

Ernesto Guhl
Ex ministro de Medio Ambiente

http://eltiempo.terra.com.co/ecologia/noticiasecolgicas/ARTICULO-WEB-_NOTA_INTERIOR-1548265.html