|
Informes evidencian deficiencias ignoradas de la Política Antidrogas de EEUU en Colombia
por LAWG - AIDA - Earthjustice
Thursday, Feb. 26, 2004 at 7:00 PM
Costos Reales de una Política Fracasada
Washington, DC, y Oakland, CA, Febrero 26-El día de hoy el Latin American Working Group (LAWG), la Asociación Interamericana para la Defensa del Ambiente (AIDA) y Earthjustice publicaron análisis acerca de la Iniciativa Regional Andina y de la reciente certificación del Departamento de Estado al Congreso estadounidense acerca del programa de erradicación aérea de cultivos ilícitos en Colombia. A comienzos de marzo de cada año, el Departamento de Estado de ese país publica el informe anual de los cultivos andinos de coca y amapola, materia prima para la producción de cocaína y heroína respectivamente.
Al igual que los informes recientes de las Naciones Unidas, seguramente las cifras del Departamento mostrarán una disminución significativa en la producción de coca en Colombia durante el 2003. Se espera que en el informe de este año, al igual que la certificación del Departamento sobre el cumplimiento de los controles ambientales y de salud humana impuestos por el Congreso de los EE.UU., el Departamento argumente que las cifras prueban el éxito del programa intensivo de fumigación aérea, implementado masivamente desde la aprobación de $1.300 millones de dólares para el Plan Colombia, en el año 2000.
Sin embargo, los documentos publicados el día de hoy evidencian las carencias y los costos disimulados del programa de erradicación:
1. El informe de LAWG identifica los impactos que las fumigaciones aéreas causan en la salud humana y el ambiente, el aumento de los cultivos de coca en nuevas áreas y la incapacidad de la política de cumplir con su objetivo principal: reducir la cantidad de cocaína disponible en los Estados Unidos.
2. El estudio de AIDA y de Earthjustice resalta las múltiples deficiencias del informe enviado por el Departamento de Estado al Congreso de EEUU y revela la tendencia antidemocrática del gobierno colombiano para la implementación del programa de erradicación.
Desde esta perspectiva, las cifras del Departamento de Estado pueden interpretarse como un gran esfuerzo de relaciones públicas, no como una confirmación de la efectividad de la política antinarcóticos
“La política estadounidense de las fumigaciones aéreas es una historia sin fin” afirma Anna Cederstav de AIDA y Earthjustice. “A pesar de la cantidad de dinero invertido en el programa, se ignoran los hechos que contradicen su “éxito”, y que evidencian la generación de severos costos para el ambiente colombiano y para los ciudadanos que pagan impuestos en EE.UU. Ahora el Departamento también quiere fumigar los Parques Nacionales colombianos -van a parar de fumigar algún día?”
“Cuando mucho, las fumigaciones han logrado una disminución temporal de los cultivos de coca en Colombia”, asegura Lisa Haugaard directora ejecutiva del LAWG. “Pero el incumplimiento del objetivo principal de la fumigación -reducir la disponibilidad y el uso de cocaína en EEUU, sigue siendo un hecho, así como la devastación de los pequeños cultivadores en Colombia. No hay duda que la política entera debe reconsiderarse”.
Dentro de las conclusiones principales de los documentos, se resaltan las siguientes:
· La política de las fumigaciones ha fracasado en alcanzar, aunque sea tangencialmente, el objetivo propuesto: reducir la disponibilidad de cocaína en los Estados Unidos. A pesar del dinero invertido - desde el 2000 Colombia ha recibido cerca de US $3,000 millones de los EE.UU., la mayoría de los cuales han sido utilizados en el programa de erradicación- los informes del Departamento de Estado, de la Oficina Nacional para la Política de Drogas (ONDCP por sus siglas en inglés) y del Instituto Nacional de Abuso de Drogas indican que el precio, la disponibilidad y la pureza de la cocaína en los EE.UU. prácticamente no ha cambiado desde la aprobación de la ley del Plan Colombia.
· El énfasis en las reducciones de corto plazo de los cultivos de coca en Colombia disfrazan las tendencias negativas de largo plazo: el desplazamiento de los cultivos de coca. El Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo advirtió este año que la reciente disminución de los cultivos si acaso representa el “periodo de gracia... que el restablecimiento de los cultivos toma para reestablecerse en la región”. Entre Diciembre de 2000 y Diciembre de 2002 cerca de 255.000 hectáreas de tierra fueron fumigadas en Colombia. Las cifras del Departamento de Estado del 2002 muestran una disminución del 15 por ciento de los cultivos de coca, pero también evidencian un salto del 23 por ciento en éstos cultivos en Bolivia y un 8 por ciento en los de Perú. De hecho en Colombia las fumigaciones han generado un efecto burbuja, ampliando los cultivos a departamentos y municipios en donde antes no existían, incluyendo áreas de los parques nacionales más biodiversos. Como respuesta a lo anterior, el Departamento de Estado ha expresado su intención de fumigar los parques nacionales próximamente.
· La fumigación aérea es un método extremo y controversial para enfrentar las drogas, que conlleva significativos costos humanos. A pesar que la fumigación se prohibió en Bolivia y en Perú, las actividades antinarcóticos de los EE.UU. en los 90´s disminuyeron la producción de coca en esos países. En Colombia la ausencia de ayuda alimentaria de corto plazo o de apoyo alternativo de largo plazo, ha exacerbado el hambre y la desesperación de las personas afectadas por la destrucción de cultivos de alimentos, ocurrida junto con la destrucción de cultivos ilícitos. Entre finales del 2001 y octubre del 2002, más de 6.500 campesinos se quejaron ante la Defensoría del Pueblo colombiana, alegando la pérdida de sus cultivos legales por causa de las fumigaciones; a la fecha, sólo cinco quejosos han sido compensados por los EE.UU. Según una encuesta del gobierno colombiano, se estima que en el 2002, 50.000 personas, aproximadamente el 15 por ciento de la población del Putumayo, abandonaron ese departamento intensamente fumigado. Sin una asistencia adecuada de desarrollo alternativo, muchas personas empezaron a sembrar coca en otros sitios. Las entrevistas con los residentes del área evidencian que también hay personas que han sido reclutadas forzosamente por la guerrilla o los paramilitares, quienes ofrecen un salario estable.
· Hay muy poca evidencia que le permita al Departamento de Estado certificar que el programa de fumigación “no representa un riesgo irrazonable o impactos adversos a los humanos o al ambiente”. El programa de erradicación no cumple con las condiciones que la etiqueta impone para un correcto uso del herbicida y tampoco se han elaborado los estudios ambientales que apoyen las conclusiones del Departamento de Estado. En lugar de cumplir con las condiciones del Congreso de los EE.UU., esta oficina colaboró con el gobierno colombiano para debilitar el plan de manejo ambiental y demás condicionamientos ambientales del programa. Costos Reales de una Política Fracasada
El Departamento de Estado disfraza el fracaso de esta costosa política midiendo el éxito del programa de erradicación con indicadores de corto plazo en países individualmente considerados. De acuerdo con los informes anuales del Departamento de Estado, desde 1988 los cultivos de coca en la región Andina se han mantenido obstinadamente alrededor de las 200.000 ha., a pesar de las masivas actividades de los EE.UU. para erradicarlos. El informe de LAWG recomienda un cambio en los criterios usados para evaluar la política antidrogas de los EE.UU., afirman que “se necesita evaluar los niveles de producción regional e internacionalmente... y enfocarnos menos en las cifras y más en el resultado final esperado -la disminución del consumo de drogas en los EE.UU.” De acuerdo con esos estándares, la política de fumigación estadounidense a sido un sonado fracaso y debería ser inmediata e integralmente revisada.
El estudio de AIDA recomienda que el Congreso de los EE.UU. retenga los fondos del programa de erradicación en Colombia, hasta que el Departamento de Estado demuestre el cumplimiento integral de las condiciones establecidas por el Congreso de ese país.
“El Congreso de EE.UU. no debería continuar apoyando una política que además de ser ineficiente, genera graves riesgos para las comunidades vulnerables, amenazando además ecosistemas estratégicos y los parques nacionales en Colombia, uno de los países más biodiversos en el planeta”, asegura Astrid Puentes, Directora Legal de AIDA.
El informe de LAWG esta disponible en internet en: http://www.lawg.org/docs/extremes.pdf
El análisis de AIDA y Earthjustice esta disponible en internet en: http://www.aida-americas.org/templates/aida/uploads/docs/AIDA_on_DOS_2003_certification.pdf
Contactos: Lisa Haugaard, LAWG (lisah@lawg.org)
Anna Cederstav, Earthjustice y AIDA acederstav@earthjustice.org
Astrid Puentes, AIDA apuentes@aida2.org
ULTIMOS COMENTARIOS A ESTE ARTICULO
Estos son los 10 últimos comentarios sobre este artículo, de un total de 1 comentarios publicados por los visitantes de este sitio .
|
|
|