La situación laboral en Colombia y el TLC : Indymedia Colombia

Empiezo manifestando que las Naciones Unidas presentaron un informe negativo sobre la situación de los Derechos Humanos en Colombia y que la falta de claridad y consenso en torno a la posición Colombiana en las negociaciones del TLC, enmarcaron los factores adversos de la semana anterior, para la confianza de los inversionistas en el país.

Ligado a lo anterior está el grado de polarización que genera la política de seguridad democrática del Presidente Alvaro Uribe y las fuertes expresiones de rechazo del Congreso de la República a la forma como el gobierno esta abordando el tema de las negociaciones del Tratado de Libre Comercio con Estados Unidos.

Considero que en esta materia no se debe actuar con apresuramientos. Recordemos que Chile se tomó doce años en el proceso para cerrar el trato con Estados Unidos. Nosotros impulsamos verdaderos procesos de integración, orientados a ampliar el mercado interno y propiciar la industrialización. Por lo tanto, luchamos contra estos Tratados de Libre Comercio porque asfixian nuestras economías y diluyen los derechos laborales.

A primera vista, resulta convincente que Colombia centre su atención en el mercado Estadounidense, puesto que este representa el 43% de nuestras exportaciones; pero, cuando miramos más de cerca el asunto nos damos cuenta que de los seis mil millones de dólares que exporta Colombia a los Estados Unidos, el 80% esta compuesto por productos primarios, materias primas sin elaborar, de los cuales el 70% esta constituido por petróleo, el 9% de flores, café, esmeraldas, carbón, banano, etc. Tan solo mil millones de dólares son exportaciones industriales.

Por el contrario, el 70% de nuestras exportaciones a la comunidad andina y a MERCOSUR esta constituido por manufacturas, con un mayor valor agregado y con mayor incidencia en la generación del empleo productivo.

De otra parte, la violación de los derechos humanos y sindicales en Colombia sigue siendo crítica, hecho que se evidencia en el “indicador de la confianza en Colombia”, que se mantiene en el 59%, generando un panorama regular que pone en alto riesgo la realización de negocios.

El 2003 fue uno de los peores años para los derechos laborales porque entró en vigencia la Reforma Laboral que redujo las reivindicaciones, comenzó la aplicación de la Reforma Pensional que hizo más difícil acceder al derecho a una mesada y retrocedió gravemente la libertad sindical.

En el 2003 se presentó una dramática disminución del número de contratos colectivos y su cobertura. Se firmaron sólo 173 convenciones, que beneficiaron a 49,396 trabajadores de un total de 6,936,000 empleados formales, significando un hecho de enorme gravedad, que implica prácticamente la desaparición de la contratación colectiva en Colombia.

Ya no sólo tenemos la muerte física de dirigentes y afiliados a los sindicatos, que en el 2003 llegó a 11 dirigentes y 81 afiliados asesinados y en lo corrido de 2004 van 4 dirigentes sindicales y 5 afiliados asesinados.

Estamos asistiendo al exterminio tanto de dirigentes sindicales como de afiliados y a la liquidación de la contratación colectiva, hechos sin precedentes en el mundo, amen de una impunidad del 87%.

Otro de los fenómenos que más afecta la contratación colectiva tiene que ver con la facultad que tienen ahora los tribunales de arbitramento para revisar las convenciones colectivas, favoreciendo con ello las demandas de los empresarios en el sentido de desmejorar o suprimir derechos adquiridos. La mayoría de los 96 tribunales de arbitramento fallados en el 2003 recortaron importantes conquistas.

Además de lo anterior, la cultura anti-sindical que se implementa desde el gobierno, se refiere al tratamiento de ilegalidad que se les da a las acciones de protesta que los trabajadores realizamos, para reivindicar derechos. De las 30 acciones de protesta llevadas a cabo en el 2003, los empresarios pidieron la ilegalidad de todas y el gobierno les aprobó 26, mostrando así el contubernio entre ellos.

También el gobierno burla la autonomía sindical, porque les exige a los sindicatos como requisito para funcionar, que los estatutos los debe aprobar el Ministerio de la Protección Social, cuando la Ley 584 garantizó plena autonomía sindical.

Adicionalmente, el gobierno manifiesta que no dará cumplimiento al Convenio de la OIT sobre inspección o mediación en los conflictos. Afirma que los empresarios y los trabajadores deben asumirlos, desapareciendo el papel mediador del gobierno.

Finalmente, los trabajadores Colombianos exigimos del gobierno el apego a la constitución y a la ley, lo mismo que la aplicación de los convenios de la OIT y las 27 recomendaciones de la Naciones Unidas. Para ello se requiere una real voluntad política del gobierno, y restablecer el Ministerio del Trabajo, liquidado por el gobierno, porque empezamos a percibir la desaparición del Estado Social de Derecho y a sentir los principios de un Estado autoritario.