Un laboratorio de guerra: La violencia aumenta en Arauca : Indymedia Colombia

La crisis de Arauca, departamento que se extiende a lo largo de la frontera septentrional de Colombia con Venezuela, está alimentada por la ofensiva militar y de seguridad que lleva a cabo el gobierno en la zona desde hace dos años, con el apoyo de grupos paramilitares y de poderosos intereses militares y económicos internacionales, principalmente estadounidenses.

Los grupos guerrilleros, que desde hace tiempo tienen presencia en Arauca, vienen respondiendo con vulneraciones reiteradas y crecientes del derecho internacional humanitario, en un intento de rechazar el avance del ejército y los paramilitares.

En un nuevo informe publicado hoy, Amnistía Internacional condena la estrategia contrainsurgente del gobierno en Arauca, que ha convertido el departamento en un violento laboratorio de pruebas de muchas de sus nuevas políticas de seguridad, que forman parte de lo que se conoce como estrategia de «seguridad democrática».

«Las políticas del gobierno colombiano han ocasionado el aumento de las violaciones de derechos humanos y de la impunidad. Como es habitual en Colombia, es la población civil la que más sufre», ha declarado Amnistía Internacional.

Las fuerzas armadas colombianas, los grupos paramilitares y los grupos guerrilleros han potenciado de forma significativa su presencia en el departamento, convirtiéndolo así en una de las regiones más militarizadas y violentas del país.

Los grupos guerrilleros están atacando a civiles, en especial a los funcionarios gubernamentales locales, y vulneran el derecho internacional humanitario cometiendo reiterados ataques desproporcionados contra objetivos militares en los que suelen utilizar bombas y morteros de baja precisión. Es habitual que estos ataques se salden con víctimas civiles.

Las fuerzas armadas, en colaboración con grupos paramilitares, participan directamente en homicidios, torturas y «desapariciones» y han aumentado sus esfuerzos para intimidar a los defensores de derechos humanos, líderes campesinos y activistas sociales, poniéndolos a menudo en peligro al calificarlos de guerrilleros o simpatizantes de la guerrilla.

Silenciando a estos grupos -en la vanguardia de las denuncias de las violaciones de derechos humanos que cometen el ejército, sus aliados paramilitares y los grupos guerrilleros- las autoridades pueden mantener la ficción de que mejora la situación de los derechos humanos.

Los paramilitares, que han afianzado su presencia en Arauca tras las operaciones en gran escala realizadas por las fuerzas de seguridad colombianas en la zona en los últimos años, siguen matando y amenazando a los civiles a pesar del alto el fuego que ellos mismos declararon hace un año.

«Arauca está en la primera línea de la crisis de derechos humanos de Colombia. Lejos de restablecer el orden, la estrategia de seguridad del gobierno ha convertido al departamento en un lugar aún más peligroso para vivir», afirma Amnistía Internacional.

«El apoyo de Estados Unidos a unidades militares que actúan en Arauca ilustra cómo la comunidad internacional cierra los ojos ante los abusos contra los derechos humanos en Colombia. La protección de los civiles debe tener más prioridad que los intereses económicos y estratégicos, y es la vía más efectiva hacia la seguridad en la región».

Las medidas de seguridad del gobierno colombiano incluyen la reciente introducción de una ley antiterrorista y las zonas de rehabilitación y consolidación, áreas geográficas especiales de seguridad creadas en el 2002, que ya no existen legalmente, a pesar de lo cual las fuerzas de seguridad continúan utilizándolas para atacar a poblaciones civiles.

Las empresas petroleras

«Según los informes, Occidental Petroleum, Ecopetrol y Repsol-YPF, que poseen y gestionan el yacimiento petrolífero de Caño Limón, en Arauca, han hecho llegar fondos a la XVIII Brigada a través de los acuerdos de seguridad establecidos entre la Asociación Cravo Norte y el ejército. Occidental Petroleum ha captado apoyos para que se proporcione ayuda militar a las fuerzas de seguridad colombianas y, según los informes, ha proporcionado financiación para la unidad especial de la Fiscalía General: la Estructura de Apoyo. Por su parte, Ecopetrol también ha proporcionado importantes sumas de dinero a las fuerzas armadas, según los informes. Este apoyo refuerza la responsabilidad de estas empresas de garantizar que los agentes estatales o los representantes de éstos que actúan para defender los intereses económicos y estratégicos de sus empresas en Arauca no cometen violaciones de derechos humanos.

«Occidental Petroleum participa en el proceso de diálogo tripartito conocido como "Principios Voluntarios sobre Seguridad en el Sector de la Extracción", que regulan la valoración de riesgos, la interacción con la seguridad pública y la interacción con las fuerzas de seguridad privadas. Occidental Petroleum ha preparado una política global del buen vecino y un código de conducta empresarial al objeto de actuar de forma socialmente responsable. También ha refrendado los Principios Globales Sullivan de Responsabilidad Social. Además, Repsol-YPF participa en el Pacto Mundial, una iniciativa del secretario general de Naciones Unidas, Kofi Annan, que insta a las empresas a actuar respetando los derechos humanos, los derechos laborales y el medio ambiente.

«Aunque las empresas hayan participado en estas iniciativas de carácter voluntario, al operar en zonas en conflicto como Colombia, las violaciones de derechos humanos se siguen sucediendo. Hay denuncias de violaciones de derechos humanos cometidas por las fuerzas de seguridad que, al parecer, han recibido financiación de estas empresas.

«Teniendo en cuenta lo anterior, Amnistía Internacional pide a estas empresas que evalúen y establezcan la valoración de riesgos y las relaciones contractuales con las empresas de seguridad, determinen las debilidades e integren los derechos humanos en sus códigos de conducta, utilizando como referencia las Normas sobre las Responsabilidades de las Empresas Transnacionales y Otras Empresas Comerciales en la Esfera de los Derechos Humanos, de las Naciones Unidas».

«Amnistía Internacional pide a Occidental Petroleum y a Repsol-YPF que:

· presionen al gobierno colombiano para que aplique plenamente las recomendaciones sobre derechos humanos de Naciones Unidas, tal como se indica supra;

· insistan en que se lleven a cabo investigaciones exhaustivas e imparciales sobre los abusos y las violaciones de derechos humanos cometidos por las fuerzas de seguridad, los paramilitares respaldados por el ejército y los grupos armados de oposición en las zonas en que sus empresas operan;

· retiren cualquier apoyo que puedan estar prestando a la Estructura de Apoyo de la Fiscalía General e insistan en su desmantelamiento, y en que se revisen con urgencia y de manera independiente los casos de personas detenidas o sometidas a una investigación criminal por la Estructura de Apoyo.»

«Amnistía Internacional pide a las empresas petroleras que operan en Arauca que cumplan con las Normas sobre las Responsabilidades de las Empresas Transnacionales y Otras Empresas Comerciales en la Esfera de los Derechos Humanos, de Naciones Unidas, y, concretamente, que:

· garanticen que las disposiciones sobre seguridad para las empresas cumplen con las normas internacionales de derechos humanos;

· pidan a las autoridades colombianas que inicien una investigación sobre las denuncias de violaciones de derechos humanos presentadas contra agentes de la seguridad privada. Las empresas deben comunicar a las autoridades colombianas que los funcionarios implicados en violaciones cometidas en el pasado no actuarán en las zonas donde ellas operan;

· garanticen que, antes de contratar a guardas de seguridad u otros agentes de seguridad en Arauca, se lleva a cabo una investigación sobre su conducta en el pasado, y que se aplican políticas que prohíben tanto la contratación de individuos como la colaboración con unidades de las fuerzas de seguridad del Estado o la contratación de empresas de seguridad sobre las que se sepa de su responsabilidad en violaciones de derechos humanos o del derecho humanitario. En este contexto se engloba la conducta de las fuerzas de seguridad, no sólo en la zona del oleoducto, sino también su conducta en otras zonas en el pasado. Las empresas han de insistir en que las firmas de seguridad privada cuyos servicios contratan no estén integradas en redes de inteligencia de civiles.

· se aseguren de que los contratos con una fuerza de seguridad del Estado o con una empresa de seguridad privada incorporan las Normas de Naciones Unidas o que, al menos, dichas normas están disponibles cuando sean requeridas a fin de garantizar su cumplimiento.

Como empresa que participa en los Principios Voluntarios sobre Seguridad y Derechos Humanos en el Sector de la Extracción, Occidental Petroleum debe:

· aplicar las disposiciones específicas que regulan la valoración de riesgos y la interacción entre empresas y fuerzas de seguridad públicas o privadas;

· llevar a cabo consultas regulares con el gobierno de Colombia y, en su caso, con las organizaciones no gubernamentales y las comunidades, en relación con las repercusiones que las disposiciones sobre seguridad puedan tener en las comunidades locales;

· presionar a las autoridades colombianas para que inicien una investigación exhaustiva e imparcial sobre los abusos y actúen para combatir y desmantelar a los grupos paramilitares respaldados por el ejército;

· proporcionar una compensación adecuada, justa y equitativa cuando así se requiera.»

Pueden obtener la versión íntegra del informe titulado Colombia: Un laboratorio de guerra: Represión y violencia en Arauca.