Un laboratorio de guerra: La violencia aumenta en Arauca : Indymedia Colombia

La crisis de Arauca, departamento que se extiende a lo largo de la frontera septentrional de Colombia con Venezuela, está alimentada por la ofensiva militar y de seguridad que lleva a cabo el gobierno en la zona desde hace dos años, con el apoyo de grupos paramilitares y de poderosos intereses militares y económicos internacionales, principalmente estadounidenses.

Los grupos guerrilleros, que desde hace tiempo tienen presencia en Arauca, vienen respondiendo con vulneraciones reiteradas y crecientes del derecho internacional humanitario, en un intento de rechazar el avance del ejército y los paramilitares.

En un nuevo informe publicado hoy, Amnistía Internacional condena la estrategia contrainsurgente del gobierno en Arauca, que ha convertido el departamento en un violento laboratorio de pruebas de muchas de sus nuevas políticas de seguridad, que forman parte de lo que se conoce como estrategia de «seguridad democrática».

«Las políticas del gobierno colombiano han ocasionado el aumento de las violaciones de derechos humanos y de la impunidad. Como es habitual en Colombia, es la población civil la que más sufre», ha declarado Amnistía Internacional.

Las fuerzas armadas colombianas, los grupos paramilitares y los grupos guerrilleros han potenciado de forma significativa su presencia en el departamento, convirtiéndolo así en una de las regiones más militarizadas y violentas del país.

Los grupos guerrilleros están atacando a civiles, en especial a los funcionarios gubernamentales locales, y vulneran el derecho internacional humanitario cometiendo reiterados ataques desproporcionados contra objetivos militares en los que suelen utilizar bombas y morteros de baja precisión. Es habitual que estos ataques se salden con víctimas civiles.

Las fuerzas armadas, en colaboración con grupos paramilitares, participan directamente en homicidios, torturas y «desapariciones» y han aumentado sus esfuerzos para intimidar a los defensores de derechos humanos, líderes campesinos y activistas sociales, poniéndolos a menudo en peligro al calificarlos de guerrilleros o simpatizantes de la guerrilla.

Silenciando a estos grupos -en la vanguardia de las denuncias de las violaciones de derechos humanos que cometen el ejército, sus aliados paramilitares y los grupos guerrilleros- las autoridades pueden mantener la ficción de que mejora la situación de los derechos humanos.

Los paramilitares, que han afianzado su presencia en Arauca tras las operaciones en gran escala realizadas por las fuerzas de seguridad colombianas en la zona en los últimos años, siguen matando y amenazando a los civiles a pesar del alto el fuego que ellos mismos declararon hace un año.

«Arauca está en la primera línea de la crisis de derechos humanos de Colombia. Lejos de restablecer el orden, la estrategia de seguridad del gobierno ha convertido al departamento en un lugar aún más peligroso para vivir», afirma Amnistía Internacional.

«El apoyo de Estados Unidos a unidades militares que actúan en Arauca ilustra cómo la comunidad internacional cierra los ojos ante los abusos contra los derechos humanos en Colombia. La protección de los civiles debe tener más prioridad que los intereses económicos y estratégicos, y es la vía más efectiva hacia la seguridad en la región».

Las medidas de seguridad del gobierno colombiano incluyen la reciente introducción de una ley antiterrorista y las zonas de rehabilitación y consolidación, áreas geográficas especiales de seguridad creadas en el 2002, que ya no existen legalmente, a pesar de lo cual las fuerzas de seguridad continúan utilizándolas para atacar a poblaciones civiles.

Las empresas petroleras

«Según los informes, Occidental Petroleum, Ecopetrol y Repsol-YPF, que poseen y gestionan el yacimiento petrolífero de Caño Limón, en Arauca, han hecho llegar fondos a la XVIII Brigada a través de los acuerdos de seguridad establecidos entre la Asociación Cravo Norte y el ejército. Occidental Petroleum ha captado apoyos para que se proporcione ayuda militar a las fuerzas de seguridad colombianas y, según los informes, ha proporcionado financiación para la unidad especial de la Fiscalía General: la Estructura de Apoyo. Por su parte, Ecopetrol también ha proporcionado importantes sumas de dinero a las fuerzas armadas, según los informes. Este apoyo refuerza la responsabilidad de estas empresas de garantizar que los agentes estatales o los representantes de éstos que actúan para defender los intereses económicos y estratégicos de sus empresas en Arauca no cometen violaciones de derechos humanos.

«Occidental Petroleum participa en el proceso de diálogo tripartito conocido como "Principios Voluntarios sobre Seguridad en el Sector de la Extracción", que regulan la valoración de riesgos, la interacción con la seguridad pública y la interacción con las fuerzas de seguridad privadas. Occidental Petroleum ha preparado una política global del buen vecino y un código de conducta empresarial al objeto de actuar de forma socialmente responsable. También ha refrendado los Principios Globales Sullivan de Responsabilidad Social. Además, Repsol-YPF participa en el Pacto Mundial, una iniciativa del secretario general de Naciones Unidas, Kofi Annan, que insta a las empresas a actuar respetando los derechos humanos, los derechos laborales y el medio ambiente.

«Aunque las empresas hayan participado en estas iniciativas de carácter voluntario, al operar en zonas en conflicto como Colombia, las violaciones de derechos humanos se siguen sucediendo. Hay denuncias de violaciones de derechos humanos cometidas por las fuerzas de seguridad que, al parecer, han recibido financiación de estas empresas.

«Teniendo en cuenta lo anterior, Amnistía Internacional pide a estas empresas que evalúen y establezcan la valoración de riesgos y las relaciones contractuales con las empresas de seguridad, determinen las debilidades e integren los derechos humanos en sus códigos de conducta, utilizando como referencia las Normas sobre las Responsabilidades de las Empresas Transnacionales y Otras Empresas Comerciales en la Esfera de los Derechos Humanos, de las Naciones Unidas».

«Amnistía Internacional pide a Occidental Petroleum y a Repsol-YPF que:

· presionen al gobierno colombiano para que aplique plenamente las recomendaciones sobre derechos humanos de Naciones Unidas, tal como se indica supra;

· insistan en que se lleven a cabo investigaciones exhaustivas e imparciales sobre los abusos y las violaciones de derechos humanos cometidos por las fuerzas de seguridad, los paramilitares respaldados por el ejército y los grupos armados de oposición en las zonas en que sus empresas operan;

· retiren cualquier apoyo que puedan estar prestando a la Estructura de Apoyo de la Fiscalía General e insistan en su desmantelamiento, y en que se revisen con urgencia y de manera independiente los casos de personas detenidas o sometidas a una investigación criminal por la Estructura de Apoyo.»

«Amnistía Internacional pide a las empresas petroleras que operan en Arauca que cumplan con las Normas sobre las Responsabilidades de las Empresas Transnacionales y Otras Empresas Comerciales en la Esfera de los Derechos Humanos, de Naciones Unidas, y, concretamente, que:

· garanticen que las disposiciones sobre seguridad para las empresas cumplen con las normas internacionales de derechos humanos;

· pidan a las autoridades colombianas que inicien una investigación sobre las denuncias de violaciones de derechos humanos presentadas contra agentes de la seguridad privada. Las empresas deben comunicar a las autoridades colombianas que los funcionarios implicados en violaciones cometidas en el pasado no actuarán en las zonas donde ellas operan;

· garanticen que, antes de contratar a guardas de seguridad u otros agentes de seguridad en Arauca, se lleva a cabo una investigación sobre su conducta en el pasado, y que se aplican políticas que prohíben tanto la contratación de individuos como la colaboración con unidades de las fuerzas de seguridad del Estado o la contratación de empresas de seguridad sobre las que se sepa de su responsabilidad en violaciones de derechos humanos o del derecho humanitario. En este contexto se engloba la conducta de las fuerzas de seguridad, no sólo en la zona del oleoducto, sino también su conducta en otras zonas en el pasado. Las empresas han de insistir en que las firmas de seguridad privada cuyos servicios contratan no estén integradas en redes de inteligencia de civiles.

· se aseguren de que los contratos con una fuerza de seguridad del Estado o con una empresa de seguridad privada incorporan las Normas de Naciones Unidas o que, al menos, dichas normas están disponibles cuando sean requeridas a fin de garantizar su cumplimiento.

Como empresa que participa en los Principios Voluntarios sobre Seguridad y Derechos Humanos en el Sector de la Extracción, Occidental Petroleum debe:

· aplicar las disposiciones específicas que regulan la valoración de riesgos y la interacción entre empresas y fuerzas de seguridad públicas o privadas;

· llevar a cabo consultas regulares con el gobierno de Colombia y, en su caso, con las organizaciones no gubernamentales y las comunidades, en relación con las repercusiones que las disposiciones sobre seguridad puedan tener en las comunidades locales;

· presionar a las autoridades colombianas para que inicien una investigación exhaustiva e imparcial sobre los abusos y actúen para combatir y desmantelar a los grupos paramilitares respaldados por el ejército;

· proporcionar una compensación adecuada, justa y equitativa cuando así se requiera.»

Pueden obtener la versión íntegra del informe titulado Colombia: Un laboratorio de guerra: Represión y violencia en Arauca.

Entrevista a Marcelo Pollack, investigador de Amnistía Internacional para Colombia

A lo largo del último año el gobierno de Álvaro Uribe ha utilizado el departamento de Arauca como campo de pruebas para muchas de sus políticas clave de seguridad. Estas medidas no han servido para restaurar el orden en la región, sino que, además, como afirma Marcelo Pollack, investigador de Amnistía Internacional para Colombia, "sólo han contribuido a arrastrar aún más a los civiles al conflicto y para garantizar la impunidad de quienes violan los derechos humanos e infringen el derecho humanitario".

¿Por qué dice Amnistía Internacional en su informe que "la región de Arauca es un laboratorio de pruebas"?

Arauca es una región clave para todos los actores armados implicados en el conflicto porque es una zona rica en petróleo y fronteriza con Venezuela. Y no son sólo para estos actores, sino también para compañías internacionales y otros gobiernos que tienen intereses económicos y estratégicos en esta zona, como por ejemplo Estados Unidos y la compañía estadounidense Occidental Petroleum, dueña del oleoducto Caño Limón, el más importante de Arauca.

Dado que muchas de las violaciones de los derechos humanos y del derecho internacional se producen en las zonas alrededor del oleoducto, para el gobierno colombiano ha sido muy importante poder reinstaurar el orden y la seguridad en Arauca, y la manera en que decidió hacerlo fue a través de una serie de medidas de seguridad que a largo plazo ha querido introducir en todo Colombia. El mecanismo principal fue la llamada "zona de rehabilitación y consolidación", que consistía en medidas de emergencia que le daba a la fuerza pública un poder y una autonomía mucho más fuerte de lo que había tenido antes.

¿Qué otras violaciones de los derechos humanos se están produciendo en el país?

Una vez que estas zonas fueron declaradas inconstitucionales, el gobierno trató de reintroducir muchas de estas medidas a través de la legislación ordinaria. La principal es el "estatuto antiterrorista", que le da a la fuerza pública muchos de los poderes que tenía cuando en Colombia existía el estado de emergencia (allanamientos, escuchas telefónicas y detenciones sin orden judicial, sobre la base de acusaciones militares y sin necesidad de realizar investigaciones judiciales adecuadas e imparciales).

Otro aspecto de Arauca es la estructura de apoyo de la Fiscalía general, que es un mecanismo judicial que tiene su base dentro del batallón de la Brigada XVIII del ejército en Arauca. Oficialmente su trabajo consiste en investigar ataques al oleoducto por parte de la guerrilla pero, según nuestras investigaciones, también ha estado involucrado en algunas de las detenciones masivas que ha llevado a cabo el ejército y en las que se han detenido a centenares de defensores de derechos humanos.

Otra de las violaciones son los "registros voluntarios" que realiza el ejército en casas particulares, y que si no accedes a ellos, vuelven al día siguiente con más soldados y con una orden judicial. Esa es una medida inaceptable de presión cuya legalidad está en cuestión.

Todos estos mecanismos están provocando impunidad en Arauca, pero también existen otros que además están involucrando a los civiles en el conflicto, como la red de informantes civiles, el programa de soldados campesinos, o el de "soldados por un día".

"Mi Gobierno quiere derrotar al terrorismo por las buenas o por las malas", dijo el presidente colombiano Álvaro Uribe en Bruselas al inicio de su gira europea de febrero. ¿Cómo está luchando Uribe contra el terrorismo?

La seguridad no puede existir sin el pleno respeto a los derechos humanos. Ambos conceptos son inseparables. El presidente Uribe ha expresado muy claro que su prioridad es la "seguridad democrática", pero a dos años casi de su gobierno, aún estamos esperando una política igual de detallada sobre derechos humanos.

A pesar de las críticas que ha recibido la política de "seguridad democrática" de Uribe, lo cierto es que determinados sectores de la población la perciben como positiva. ¿Cómo valora usted esta actitud?

El gobierno goza de una cierta popularidad con unos ciertos sectores dentro de Colombia. Pero eso es irrelevante. Hay muchos gobiernos populares que han violado los derechos humanos, ¿qué significa eso?. ¿Qué no deberíamos luchar para que esos gobiernos protejan los derechos humanos simplemente porque son gobiernos populares?

Tras el fracaso del referéndum de octubre, una de las pocas "buenas noticias" para Uribe en los últimos meses ha sido el inicio de la desmovilización de los paramilitares de las AUC (Autodefensas Unidas de Colombia). ¿Cuáles son esos "graves fallos" que se denuncian en el proceso de desmovilización de los paramilitares?

Nosotros tenemos muchísimas dudas sobre este proceso. Desde que declararon el cese unilateral de hostilidades en diciembre de 2002, los paramilitares continúan asesinando, despareciendo, torturando y desplazando. Más de 1.000 colombianos civiles han sido asesinados o desaparecidos. ¿Cómo puede el gobierno colombiano continuar las negociaciones con una organización que sigue matando de esta manera y que está estrechamente vinculada con las Fuerzas de Seguridad?

¿Considera usted entonces que el Gobierno de Álvaro Uribe está concediendo impunidad a violadores de derechos humanos?

Totalmente. Y a varios niveles. En este proceso de desmovilización, por ejemplo, cuando vemos que no ha habido transparencia y que los paramilitares se reintegran en el conflicto armado a través de nuevas estructuras legales como los soldados campesino, las redes de informantes o empresas privadas de seguridad. O como sucede en el ejército, donde hay muchos violadores de los derechos humanos pero nunca pasa nada. No hay juicios independientes, no hay sentencias, no hay justicia.

¿Qué parámetros dirigen la intervención de Estados Unidos en Colombia? ¿Cuáles son sus verdaderos intereses en el país?

Estados Unidos es el principal donante de Colombia, y Colombia es el tercer país que mayor ayuda militar recibe tras Israel y Egipto. Estados Unidos además está especialmente implicado en el departamento de Arauca, donde tiene tropas para entrenar soldados de la Brigada XVIII, para defender los intereses económicos y estratégicos de la petrolera estadounidense Occidental Petroleum. Y por eso Estados Unidos tiene la responsabilidad de que si observa que su aportación militar está contribuyendo a empeorar la situación de derechos humanos en Arauca, esa ayuda debería parar ya.

En este sentido da la sensación entonces de que se ha desvirtuado la esencia del Plan Colombia. De la lucha contra el narcotráfico hemos pasado a la lucha contrainsurgente...

El Plan Colombia no ha sido un plan antinarcóticos sino un plan contrainsurgente y se ha utilizado oficial y legalmente para combatir a la guerrilla en una forma en la que el ejército colombiano no debiera combatirla, estigmatizando a la población civil como guerrillera o simpatizante de la guerrilla.

¿Qué papel deben desempeñar la Unión Europea y Naciones Unidas en la resolución del conflicto?

La ayuda militar, hasta que los gobiernos puedan asegurarse de que esta ayuda no está contribuyendo a exacerbar la crisis de derechos humanos en Colombia, no debería continuar. Los gobiernos también tienen la responsabilidad de instar al gobierno colombiano para que respete sus obligaciones internacionales con los derechos humanos y de implementar plena e inmediatamente las recomendaciones de muchas organizaciones internacionales como Naciones Unidas o la Organización de Estados Americanos.

¿Qué solución imagina usted para Colombia?

Ya existe un programa para resolver la crisis de derechos humanos en Colombia recogido en las recomendaciones de Naciones Unidas. El gobierno se ha comprometido en varias ocasiones a respetar esas recomendaciones pero no lo ha hecho, y hasta que no lo haga, la crisis en Colombia va a continuar y a seguir afectando a más y más colombianos.

Adital