Declaración de los sindicatos de trabajadores de Colombia y Estados Unidos sobre el TLC : Indymedia Colombia

Basándose en estos aspectos cruciales, los acuerdos para incrementar la integración económica, el comercio y la inversión, deben beneficiar al conjunto de la sociedad. Por lo tanto, la elevación de la competitividad de las empresas en su disputa por la supremacía en los mercados regionales y mundiales, no puede realizarse a costa de los derechos individuales y colectivos de los trabajadores, ni atropellando la soberanía de los países andinos.

Por el contrario, cualquier desarrollo económico y la intensificación del comercio en los países de la región deben servir a la elevación de las condiciones de vida de todos los pueblos y fortalecer la soberanía nacional, el respeto de los derechos humanos y ambientales fundamentales, a través de una mejor distribución de los ingresos entre los países desarrollados y los no desarrollados, y dentro de cada sociedad nacional, de manera tal que implique una real promoción del desarrollo social, del fortalecimiento de la democracia y de la producción de los países

El proyectado TLC Andino es mucho mas que un acuerdo de comercio ya que compromete los derechos humanos, la capacidad de los Estados para promover el desarrollo, los recursos naturales, la democracia, la soberanía y la vida de nuestros pueblos.

Se trata de asegurar que cualquier acuerdo de integración entre nuestros países sirva a los trabajadores y a todos los sectores sociales de la región y no solamente a las grandes empresas. Para ello, un acuerdo entre países debe basarse entre estos y otros aspectos:

a) Normas Básicas Laborales de la Organización Internacional del Trabajo (OIT).

Actualmente existen problemas en cuanto a la protección de los derechos fundamentales de los trabajadores tanto en Colombia como en Estados Unidos. En Colombia la libertad sindical y el derecho a negociar convenciones colectivas, en los términos que señalan los instrumentos de la OIT, se violan permanentemente. A pesar de los compromisos que los países han asumido, obligándose a respetar la Declaración de la OIT relativa a los Principios y Derechos Fundamentales en el Trabajo, el derecho de asociación les está vedado a grandes cantidades de trabajadores en estos países.

En Colombia como en Estados Unidos los empleadores pueden actuar con impunidad y despedir a aquellos trabajadores que intenten ejercer su derecho legal de afiliarse a sindicatos, y pueden también demorar y obstruir el proceso de negociación colectiva.

Es particularmente alarmante el hecho de que sindicalistas colombianos, quienes ejercen sus derechos laborales fundamentales, son objeto de amenazas, actos de violencia y asesinatos. Cuando acontecen dichos sucesos, casi nunca son investigados, ni tampoco se procesan judicialmente a los agresores. La existencia de instituciones eficaces que permitan la resolución democrática y equitativa de los conflictos contribuye a lograr mayor productividad, estabilidad y crecimiento sustentable.

En consecuencia, un tratado de integración económica debe requerir que los países participantes se comprometan a asegurar la aplicación efectiva de las normas constitucionales y de sus propias leyes laborales, y a cumplir con las normas básicas contenidas en la Declaración de Principios y Derechos Fundamentales del Trabajo y los convenios de la OIT ratificados por los Estados. Dichas obligaciones deben ser incorporadas dentro del texto central de cualquier acuerdo comercial. Con ello se motivaría y fomentaría el cumplimiento efectivo de estas normas. Asimismo, es necesario que se incluyan mecanismos de sanción por violaciones de las normas básicas para asegurar que los derechos fundamentales de los trabajadores sean respetados.

Para la consolidación de estos derechos laborales, son un antecedente importante las primeras menciones realizadas por los Presidentes Centroamericanos en el marco del SICA, a través del Tratado de Integración Social Centroamericano, el protocolo de Guatemala, la Declaración de San Salvador II Cerro Verde, y la Declaración de los Presidentes Centroamericanos sobre Seguridad Social, en cuanto a promover: la no discriminación, la remuneración justa, la promoción del empleo, la movilidad de la mano de obra, la capacitación profesional y la seguridad social. Asimismo, desde el campo sindical, acaba de acordarse (Resolución de Antigua Guatemala, octubre 2002) que los acuerdos de integración no deben lesionar las garantías de los pueblos indígenas y tribales, y no deben tener impacto negativo a la protección del medio ambiente y la equidad de género.

b) Medidas compensatorias:

Los acuerdos de integración económica deben incorporar medidas compensatorias efectivas para equilibrar los desbalances productivos y laborales. Su objetivo debe ser estimular la generación de empleos dignos, suficientes y productivos, así como formar y garantizar el empleo de los trabajadores. Deben servir para mejorar la aplicación de los derechos laborales mediante cooperación, asistencia técnica y asistencia financiera.

Esta política podrá ser diseñada a partir de, como lo recomienda la Resolución de Antigua Guatemala, la realización de estudios técnicos sobre el impacto de la integración en los diferentes sectores económicos.

c) Inversión:

Las organizaciones sindicales colombianas reconocen la importancia y la necesidad de la inversión de capital para el desarrollo del mercado externo y principalmente el interno, para la generación de nuevas industrias, ampliar servicios y crear nuevos empleos en las economías nacionales, jamás para que empresas transnacionales se apropien de las empresas que los Estados han creado para producir y brindar servicios.

Los tratados de integración económica no deben otorgar privilegios a las empresas transnacionales por encima de las leyes nacionales, incluyendo la facultad para demandar contra las leyes nacionales de interés público en tribunales privados que actúan por encima de la justicia de los respectivos países, como se ha establecido en el Tratado de Libre Comercio para América del Norte. Nuestros gobiernos deben proteger su propia facultad de regular a los inversionistas para que colaboren con el desarrollo económico adecuado mediante encadenamientos en lo productivo y lo fiscal y para que cumplan con objetivos de desarrollo tecnológico, sociales y ambientales.

d) Servicios Públicos:

Los Servicios Públicos han sido uno de los más afectados por las tendencias hacia su mercantilización. Ningún acuerdo de integración económico debe restringir el derecho de un gobierno de producir e invertir en servicios públicos de calidad para toda la población, ni prohibir la aplicación de políticas de adquisiciones públicas para avanzar hacia metas sociales legítimas.

Ningún acuerdo comercial debe restringir el derecho de los gobiernos de regular los servicios privados de manera legítima para proteger el interés público, por ejemplo evitando incrementos injustificados de tarifas. Los resultados de las políticas neoliberales, demuestran en la práctica la agudización de la desigualdad en el ingreso y la inequidad de la riqueza, factores que se han acelerado a través de las reformas al sector publico. La tendencia de los estados neoliberales y los monopolios privatizadores, han impedido construir mayores márgenes de igualdad social.

e) Agricultura:

Los tratados de integración económica deben contemplar y proteger los derechos de los pequeños y medianos productores y los trabajadores rurales sin tierras y deben respetar los derechos tradicionales de los pueblos indígenas a vivir y producir colectivamente de sus tierras y en general deben permitir el desarrollo de la producción nacional y la preservación de la soberanía y autosuficiencia alimentaria. No puede admitirse que a los países del área andina se les condene a ser casi exclusivamente cultivadores de productos tropicales que están sobreofertados en el mercado internacional o que no son indispensables en la dieta alimenticia de ningún país y por tanto no son objeto de transacciones comerciales de importancia.

Los estándares sanitarios y fitosanitarios deben ser desarrollados por medio de consultas públicas con la intención de garantizar una alta calidad y seguridad sin dejar a los pequeños y medianos productores fuera del negocio al imponerles estándares que favorecen injustamente a la mega industria o la agricultura química intensiva. Los países participantes en los tratados deben tener el derecho a la soberanía alimentaria, entendida como la capacidad de abastecer de alimentos a su propia población con el fruto de su producción nacional.

f) Migración:

La migración laboral se produce por varios factores incluyendo las inequidades que genera el modelo neoliberal, y por la búsqueda de una mejor calidad de vida. Los trabajadores migrantes contribuyen de manera positiva al desarrollo económico y social de los países. Las vulnerables economías de Colombia y de la Comunidad Andina se caracterizan por ser exportadoras de mano de obra barata, en su propia región y hacia otras naciones.

En algunos casos los migrantes deben atravesar enormes dificultades y peligros para ingresar a otros mercados laborales de mayor renta (Estados Unidos y otros). Cualquier tratado de integración económica debe contemplar cláusulas que estimulen la generación de empleos dignos, suficientes y productivos para descartar la competencia comercial vía salarios bajos y condiciones laborales deplorables. Considerando el hecho de que los trabajadores inmigrantes y sus familias contribuyen a la economía del país receptor y hacen contribuciones en sus comunidades y en sus centros de trabajo, deben recibir el beneficio de un estado legal permanente. Por eso la AFL-CIO apoya la adopción de un programa nuevo de amnistía para los trabajadores inmigrantes en los Estados Unidos. Asimismo, los trabajadores inmigrantes deben disfrutar de todos los derechos que les corresponden en sus centros de trabajo y gozar de todas las protecciones de la ley.

Las organizaciones sindicales colombianas y la AFL-CIO rechazamos las conductas discriminatorias hacia los trabajadores inmigrantes indocumentados quienes son reprimidos cuando ejercen sus derechos laborales en sus centros de trabajo. Además, rechazamos cualquier programa de trabajadores huéspedes en Estados Unidos cuya aplicación crea una clase de trabajadores fácilmente explotados y contribuye a la reducción de los derechos básicos de los trabajadores quienes laboran temporalmente en dicho país. Finalmente, no habrá una solución al problema de la migración hasta que haya un esfuerzo efectivo para estimular el desarrollo real y equitativo- con más y mejores empleos- en los países latinoamericanos.

g) Deuda:

Los países latinoamericanos destinan más del 30% de sus exportaciones para el pago de su deuda externa e interna, esto hace totalmente inviable la posibilidad de que estas economías lleguen a un nivel de desarrollo. Por esta razón un tratado de integración económica de nuestros países debe incluir medidas para aliviar la deuda de los países Andinos, crear mecanismos de arbitraje internacional para reducir la deuda y permitir a los gobiernos imponer controles sobre el flujo de capital para evitar o aliviar situaciones de crisis financiera.

Un acuerdo comercial debe reconocer que los acreedores internacionales tienen tanta responsabilidad para el endeudamiento insostenible como los deudores y ellos deben jugar un papel más efectivo en la resolución de la crisis. Los países desarrollados también tienen una responsabilidad de contribuir al desarrollo por medio de asistencia técnica y financiera más amplia.

h) Transparencia, Difusión y Participación:

El contenido de todo proceso de un verdadero acuerdo de integración debería ser ampliamente difundido y contar con la participación real y efectiva de los actores sociales, tanto en su negociación como en su aprobación y luego en su evaluación y seguimiento. Por ejemplo, siguiendo recomendaciones de CIOSL-ORIT, la CMT-CLAT, las Federaciones Sindicales internacionales, la Alianza Social Continental, y la Resolución de Antigua Guatemala, nuestros gobiernos deben liberar el texto borrador en intervalos regulares; dar participación a la población en el tratamiento parlamentario del acuerdo, convocar a referéndum o consultas populares sobre los acuerdos. También recordamos que en el marco del SICA el Protocolo de Tegucigalpa definió un instrumento amplio de participación de la sociedad civil en el desarrollo del proceso de integración.

Por tanto:

Las organizaciones sindicales de Colombia y la AFL-CIO, estamos unidas en llamar a nuestros gobiernos para que implementen un modelo alternativo de integración económica y social en nuestra región, diferente al tratado de libre comercio que en forma apresurada, inconsulta y en aplicación de criterios neoliberales se está empezando a negociar. Nuestros gobiernos no deberían entrar en una carrera desbocada por tramitar tratados como este TLC, para profundizar el mismo modelo de libre comercio que aumenta el poder de las grandes empresas y el libre flujo de capital y productos, mientras empobrece y sobreexplota a los trabajadores, las comunidades y debilita las estructuras democráticas de nuestros pueblos.

Creemos que una integración más humana y justa es posible y es deseable con un sistema destinado a eliminar las grandes desigualdades socio-económicas tanto a nivel nacional o internacional, y si incluye los elementos arriba mencionados, entre otros: mecanismos fuertes y efectivos para la protección de los derechos laborales y sociales, políticas compensatorias para corregir las inequidades producidas por la reestructuración, mecanismos de transparencia y participación, claras políticas de anticorrupción, reglas justas sobre la inversión, los servicios, la agricultura y el medio ambiente, un régimen más humano de migración y políticas de alivio de la deuda.

Por otra parte cualquier acuerdo no puede rebasar lo definido en la OMC, ni conceder privilegios en materia de propiedad intelectual a las multinacionales por encima del derecho a la salud y al desarrollo científico y tecnológico, ni que los servicios públicos y derechos fundamentales de la población se conviertan en meras mercancías, ni propiciar que las grandes multinacionales desplacen con sus productos y servicios a los productores y proveedores nacionales de las compras estatales.

Nuestras organizaciones trabajaremos juntas, propiciando amplias alianzas sociales y productivas para hacer avanzar una visión de integración diferente para la región, que esté basada en el fortalecimiento de nuestros mercados internos, la soberanía nacional, el desarrollo productivo y el bienestar de la población y lucharemos en contra de cualquier acuerdo comercial que no alcance esta visión de desarrollo equitativo, sostenible y democrático para la Comunidad Andina de Naciones, como el proyectado tratado de libre comercio cuyas negociaciones comienzan.

Firmamos en Cartagena, Colombia, mayo 18 de 2004

Estados Unidos de América
John J. Sweeney
Presidente AFL-CIO
American Federation of Labor - Congress of Industrial Organizations

Colombia
Carlos Arturo Rodríguez Presidente CUT
Julio Roberto Gómez E.Secretario General CGTD
Apecides Alvis FernándezPresidente CTC
Jesús Ernesto MendozaPresidente CPC