Rechazo a las declaraciones del presidente Uribe contra la Comunidad de Paz : Indymedia Colombia

La Comunidad de Paz de San José fue creada el 23 de marzo de 1997 con el propósito de evitar ser víctima de acciones criminales provenientes de los diferentes actores armados que hacían parte de la confrontación librada en la región de Urabá. Durante el transcurso de estos siete años, la Comunidad de Paz ha sido víctima de 330 crímenes de lesa humanidad mediante los cuales se pretende atacar este proceso disminuyendo su capacidad de acción. Crímenes que se traducen en la realización de varias masacres, más de 130 homicidios, saqueos, torturas, desapariciones, violaciones, amenazas, desplazamientos forzados, destrucción de bienes pertenecientes a los campesinos que habitan la zona.

Hechos que han implicado una gravedad tal que la Comisión Interamericana de Derechos Humanos dispuso desde el 17 de octubre de 1997 la adopción de medidas cautelares mediante las cuales se conminaba al Estado colombiano a ofrecer las garantías necesarias para evitar la violación de los derechos fundamentales que amparan a los integrantes de la Comunidad de Paz y fueran afectados gravemente, como venía sucediendo hasta ese momento.

Para el año 2000 el nivel de agresión y la situación de impunidad en relación con los crímenes perpetrados era de tal entidad, que motu propio la Comisión Interamericana de Derechos Humanos recomendó ante la Corte Interamericana de Derechos Humanos la adopción de medidas provisionales a favor de la Comunidad de Paz de San José, conminando al Estado colombiano a concertar con sus líderes una serie de medidas tendientes a evitar que los crímenes de los que habían sido víctimas quedaran en la impunidad, sobre todo cuando existían suficientes evidencias que en muchos de ellos se encontraba comprometida la responsabilidad de integrantes de la fuerza pública, y para la implementación de medidas oficiales que posibilitaran el pleno ejercicio de los derechos fundamentales contenidos en la Convención Americana de Derechos Humanos que eran objeto de vulneración sistemática por parte del mismo Estado.

En el periodo comprendido entre los años 2000 y 2001 integrantes de la Comunidad rindieron más de 120 declaraciones ante una comisión conformada por la Fiscalía General de la Nación, la Defensoría del Pueblo, la Procuraduría General de la Nación, la Vicepresidencia de la República y la Oficina en Colombia del Alto Comisionado para los derechos humanos de Naciones Unidas, con el objeto de evitar que algunos de los crímenes denunciados quedaran en la impunidad.

Hasta la fecha no se tiene ningún tipo de resultado positivo en las investigaciones. De acuerdo con uno de los informespresentados por el gobierno nacional ante la Corte Interamericana de Derechos Humanos (enero 26 de 2004), la Fiscalía General de la Nación reporta escasamente 17 investigaciones penales (de un universo de crímenes que para esa fecha superaba los 300); informando que sólo en uno de los casos se había dispuesto la apertura de investigación formal; en cuatro de ellos se ha dictado resolución inhibitoria y los doce restantes se encuentran en investigación preliminar. Dando cuenta de la situación de impunidad reinante a pesar de haberse aprestado integrantes de la comunidad en su condición de testigos de crímenes de lesa humanidad a rendir sus declaraciones, con el agravante de que algunas de estas personas fueron objeto de persecución y una de ellas asesinada.

Por tal motivo, tanto los peticionarios de las medidas provisionales como los representantes de la comunidad hemos solicitado al Estado colombiano insistentemente la adopción de medidas concretas que brinden las suficientes garantías para evitar que las víctimas y los testigos de los hechos, que en buena medida involucran la conducta de agentes oficiales sean objeto de persecución o de atentados en contra de su vida e integridad personal. Además se ha solicitado en el espacio de seguimiento a la adopción de las medidas provisionales, la conformación de una comisión imparcial e independiente para que evalúe en el marco del debido proceso cual ha sido la utilización que se la ha dado a las diferentes declaraciones suministradas durante el periodo en mención, las cuales a pesar de dar cuanta de la realización de hechos criminales y de señalar a los presuntos responsables, no produjeron resultados positivos.

Por tal motivo, rechazamos enérgicamente la declaración pública suministrada por el Presidente de la República, señor Alvaro Uribe Vélez, cuando afirma que directivos de la Comunidad de Paz de San José están obstruyendo la justicia al no permitir que la Fiscalía realice diligencias en aquel lugar. En el transcurso del presente año se han realizado diligencias con presencia de éste órgano investigador, sin que integrante alguno de la Comunidad se haya opuesto.

Es así como el 12 de marzo en operativo realizado por un Fiscal Delegado, fue allanada la residencia de una de las integrantes del Consejo Interno de la Comunidad de Paz, siendo detenida junto con su hermana con el propósito de verificar la autenticidad de sus documentos de identidad, siendo conducidas a las instalaciones de la Brigada XVII del ejército Nacional en donde fueron presentadas ante un grupo de encapuchados quienes no efectuaron señalamiento alguno, para luego ser puestas en libertad, no sin antes recibir por parte del comandante del Batallón Carlos Bejarano Muñoz, coronel Iván Duque amenazas en contra del proceso de Comunidad Paz. En este operativo fueron detenidos igualmente dos campesinos quienes fueron sometidos a torturas por parte del Coronel Duque como consta en queja ante el Defensor del Pueblo de Urabá. Otros tres campesinos que fueron detenidos en zona rural de San José de Apartadó el 27 de marzo denunciaron que habían sido torturados por este alto oficial, a tal punto que la Fiscalía Seccional a la cual fueron puestos a disposición se negó a vincularlos procesalmente mediante indagatoria, obteniendo la libertad inmediata.

El involucramiento de la conducta de agentes oficiales en la comisión de crímenes de lesa humanidad cometidos en contra de la Comunidad de Paz es de tal proporción que mediante sentencia T 327 de 2004, la Corte Constitucional le ordenó a al comandante de la Brigada XVII del Ejército Nacional, General Pauxelino Latorre adelantar medidas efectivas para evitar que los derechos fundamentales de los integrantes de la Comunidad de Paz fueran vulnerados, de conformidad con las resoluciones de medidas provisionales dictadas por la Corte Interamericana de Derechos Humanos.

Rechazamos, así mismo, el señalamiento que realiza el Presidente Uribe en contra de las organizaciones internacionales que acompañan el proceso organizativo de Comunidad de Paz, ya que en momento alguno las decisiones que toman los líderes involucran la responsabilidad de aquellos. Su acompañamiento se dirige a facilitar la actividad normal realizada por la Comunidad de Paz. La idoneidad, transparencia y legitimidad del proceso de la Comunidad de Paz ha permitido que un sinnúmero de organizaciones internacionales permanentemente efectúen acciones de acompañamiento y de solidaridad para evitar que los enemigos de la paz puedan adelantar un mayor número de acciones criminales, como las que se han presentado durante el transcurso de estos últimos siete años.

Las declaraciones del Presidente Uribe constituyen una cortina de humo frente a la gravedad de los hechos que se han venido denunciando e involucran a integrantes de la Brigada XVII, frente a los cuales el Estado no ha tenido la suficiente voluntad de adelantar las investigaciones de rigor, los cuales se encuentran debidamente documentados en cientos de constancias históricas que se han publicado durante los últimos siete años, así como ante la Corte Interamericana de Derechos humanos. Incluso el 12 de noviembre de 2003 mediante la figura del actor civil popular fue presentada formalmente ante el doctor Luis Camilo Osorio, Fiscal General de la Nación, denuncia penal por 301 crímenes de lesa humanidad que se encuentran debidamente documentados, sin que hasta la fecha se halla adoptado alguna resolución judicial al respecto, no obstante la insistencia de los denunciantes.

Llamamos al Presidente de la República a acatar la Directiva Presidencial No. 007 y abstenerse de proferir señalamientos y acusaciones en contra de organizaciones sociales y organismos internacionales que acompañan la labor de los defensores de derechos humanos en el país. Igualmente que cumpla las recomendaciones efectuadas por la Oficina del Alto Comisionado de Naciones Unidas para los derechos humanos ratificadas por el Presidente de la Comisión de Derechos Humanos de Naciones Unidas que han insistido en la necesidad de que el Estado Colombiano no obstaculice ni estigmatice la labor que estos realizan.

CORPORACION JURIDICA LIBERTAD

COMUNIDAD DE PAZ DE SAN JOSE DE APARTADO REIVINDICA LA VERDAD, LA JUSTICIA Y LA REPARACION