La crisis de la salud: ¿Quién responde? : Indymedia Colombia

Nunca la historia del país había vivido una crisis hospitalaria de tan grandes magnitudes como la de la actualidad. ANTHOC como organización defensora de la salud del pueblo colombiano, tiene claro que ésta no es de carácter accidental, sino propiciada deliberadamente por el Estado y los particulares interesados en el negocio financiero de la intermediación y prestación de servicios de salud. De igual forma, el Gobierno Nacional a través del Presidente y sus Ministros de “Protección Social” y Hacienda, vienen mintiéndole al país sobre las causas reales de la crisis y sus culpables conscientes.

Desfinanciación de los hospitales públicos

Con la entrada en vigencia de la Ley 100 de 1993, se eliminaron lo subsidios a la oferta manejados directamente por los hospitales y los convirtieron en subsidio a la demanda manejados por las ARS, EPS, administraciones municipales y departamentales, sin tener en cuenta la precaria evolución de la coberturas, pero si manteniendo la responsabilidad de éstos por todo lo que los Regímenes Subsidiado y Contributivo no cubren sometidos a la intermediación de las mal llamadas aseguradoras y de las entidades territoriales; sin que el Estado les pague los servicios prestados a la población desprotegida, lo que necesariamente condujo a la más completa desfinanciación y consecuencial crisis.

Lo más grave de esta situación es que se da precisamente en medio de la feria de los millones, toda vez que el país multiplicó por cuatro la participación de este sector en el PIB nacional, es decir, pasamos de 1.6 en al año 1991, al 8.8 en el 2002, es por ello que los defensores de este modelo de mercado, sostienen que el mejor sistema de salud es el colombiano, lo que no dicen es ¿hacia donde se dirigen estos recursos? ¿cómo se distribuyen los recursos de la mayor participación del PIB?, ¿a qué porcentaje de la población cubren efectivamente esos recursos?, ¿cuáles son las condiciones de salubridad del país?, en resumen, ¿si el incremento de los recursos, representa un incremento proporcional de las coberturas y de las condiciones de vida saludable de los colombianos? Si despejamos este último interrogante, sin ser magos ni adivinos concluimos con facilidad que la salud del pueblo colombiano se encuentra en una profunda crisis humanitaria, en medio de una mayor cantidad de dinero, veamos:

Régimen subsidiado

El Estado colombiano ha sostenido que el número de pobres existentes en el país es de 16.6 millones de habitantes, de acuerdo a los datos del DANE y de la aplicación del SISBEN, mientras estudios publicados recientemente, muy serios y que incomodan al gobierno nacional como el de la Contraloría General de la República y el informe de coyuntura “macroeconomía y pobreza” del CID de la Universidad Nacional, arrojan unos datos de pobreza del orden del 64% lo que es equivalente a 28.16 millones de habitantes, estableciéndose una diferencia de aproximadamente de 12.10 millones de pobladores, entre los datos oficiales y los estudios enunciados.

Se demuestra claramente la gran contradicción entre las coberturas, del Régimen Subsidiado que se manejan oficialmente, las cuales dan cuenta de 11.44 millones de colombianos de 16.6 millones calificados como población con necesidades básicas insatisfechas (NBI), lo que representa un porcentaje de 68.93 por ciento de cobertura, con 5.15 millones desprotegidos. Si tomamos los datos de pobreza de la Contraloría y del CID, los desprotegidos realmente ascenderían a 28.16 millones de personas, lo que demuestra la gran desprotección en salud que padecen los sectores de los estratos más bajos.

Las anteriores cifras denotan los problemas estructurales del Sistema General de Seguridad Social en Salud, en materia del cálculo de las coberturas, si se tiene en cuenta que la medición de pobreza, determinada por el SISBEN, al establecer los beneficiarios de los subsidios públicos para acceder a los derechos sociales, sobre indicadores excluyentes, por encima de los internacionales de medición de pobreza, lo que siempre nos dará una profunda diferencia entre las cifras manejadas por estas entidades y las utilizadas por el Estado colombiano, para ocultar la realidad nacional.

Parámetros mentirosos

Otro parámetro mentiroso de medición, es el del llamado “aseguramiento” en el Régimen Subsidiado, pues se asume al afiliado como si fuera sujeto de cobertura total del Plan de Beneficios, cuando el Plan Obligatorio de Salud Subsidiado (POS), respecto de los requerimientos reales de protección, cubre aproximadamente el 50 por ciento del régimen contributivo.

El Sistema General de Seguridad Social en Salud, además establece de manera estructural la corrupción, en materia de afiliación. En un país calificado como uno de los más corruptos del mundo, con altos niveles de clientelismo, con muy precarios sistemas de información y con muy débiles, casi nulos sistemas de control, resulta todo un festín entregarle el manejo de la afiliación por mecanismos de contratación de prestación de servicios, con Unidades de Pago por Capitación que cuanto menos se usen más rentabilidad producen a los alcaldes y a las ARS y EPS.

Prueba de lo anterior, es la afiliación fraudulenta de gran número de personas que han fallecido hace muchos años, doble afiliación o que simplemente se inventaron su nombre y cédula, lo que representa según un estudio de la BDO, presentado en el año 2001, el 30.3 por ciento de la población reportada en las bases de datos como afiliada a las ARS y EPS. Cifra reconocida por el director de planeación, a los cuales denominó como “los colados del Régimen Subsidiado”, los cuales le causan una defraudación al FOSYGA, del orden de los 700 mil millones de pesos por año. Lo que sería a pesos presentes, alrededor de 5.5 billones de pesos. Haciendo cuestionable la cifra de 11.44 millones de afiliados en dicho régimen. En el régimen contributivo pasa igual, las cifras oficiales dan cuenta de 13.165.463 afiliados, de los cuales compensan en el Sistema, promedio mensual, de cada 100, 84.88 afiliados, lo que nos demuestra que un poco más del 15 por ciento de los afiliados no compensan.

La real historia del destino de los recursos

La onerosa intermediación

Lo que llaman “Aseguramiento”, no es más que un sistema de intermediarios financieros, enlazados en una larga cadena, cuyos últimos eslabones, son los usuarios y las entidades prestadoras del servicio, principalmente las públicas, ya que cuando los recursos salen del primer eslabón de la cadena, tiene un valor, el cual se va disminuyendo en la medida que pasa por las fiduciarias, departamentos, municipios, ARS, EPS, y contratistas, finalmente cuando llega a los usuarios y hospitales, en el mejor de los casos, se obtendrá 25 pesos de cada 100 que iniciaron el tortuoso recorrido.

A lo anterior, se adiciona la creciente deuda del Estado por la atención de vinculados (población no afiliada al Régimen Subsidiado, ni al Régimen Contributivo, la cual asciende a más de dos billones de pesos y las de las EPS y ARS a 1,2 billones, estos dos billones, más los recursos del patrimonio autónomo del fondo de pasivo prestacional, que a través de la Ley 715/01 pasaron al Ministerio de Hacienda, los convirtieron en (TES y CDT) para cubrir déficit fiscal y garantizar el pago de la Deuda Pública adquirida fundamentalmente para sostener su política de Seguridad Democrática, contraviniendo el artículo 49 de la Constitución Política, que prohíbe expresamente destinar los recursos de la seguridad social a fines diferentes.

Se demuestra entonces que ante la crisis a la que fue llevada por el mismo gobierno importantes sectores de la economía nacional, (café, petróleo, telecomunicaciones, entre otros) antes soporte de las finanzas contraídas con la banca transnacional, es hoy la Seguridad Social prácticamente el único colchón fiscal para garantizar que el hueco fiscal no alcance niveles exorbitantes y lograr respaldar la deuda pública tanto interna como externa. No de otra manera se explica que los recursos antes mencionados no se hayan girado y se encuentren depositados en TES y CDTs. Entonces preguntamos ¿qué es más importante para el Gobierno colombiano?, ¿cubrir el hueco fiscal y el pago de la deuda? o ¿el Estado Social de Derecho, la vida y la dignidad de las personas?

El efecto de la corrupción

Además, de ello hay que adicionar la corrupción galopante en materia de afiliación al Régimen Subsidiado y el manejo de estos recursos, que incluso están sirviendo para sostener la guerra de los paramilitares a costa de la salud del pueblo colombiano, (léase el tiempo julio 25 de 2004). 2.5 billones se esfumaron a favor del paramilitarismo, ¿cuántas personas de los estratos 1 y 2 hubiesen afiliado al régimen subsidiado con estos recursos? ¿cuántos hospitales no se hubiesen cerrado con estos recursos? Sumemos a esto los 700 mil millones de pesos con la defraudación anual al FOSYGA, por parte de “los colados del Régimen Subsidiado”. Y los organismos de control ciegos, sordos y mudos.

La Evasión y Expropiación

Como si el tétrico panorama de la intermediación no fuera suficiente, el Gobierno Nacional, agrava la situación del sector, haciéndole trampa al evadir sus obligaciones financieras y expropiando los recursos del sistema para destinarlos a otros fines, lo que no resulta difícil demostrar.

El Gobierno Nacional, no ha cumplido con las obligaciones financieras que le determinó la Ley 100 de 1993, en particular con lo dispuesto en el literal C, del artículo 221, en materia de paripassu, así lo expresó la Honorable Corte Constitucional en las Sentencias SU -480 de 1997 y C-1165 de 2000, sentencias que aún no se han cumplido, por el contrario y reiterando la violación Constitucional, en la Ley 715 de 2001, redujo el aporte del Estado a la Subcuenta de Solidaridad, en la cuarta parte de los aportes de los trabajadores afiliados al Régimen Contributivo, para dicha subcuenta.

De otra parte, no ha cumplido con la suscripción o actualización de los convenios de concurrencia para la asunción del Fondo del Pasivo Prestacional, ordenado por el artículo 12 del Decreto Ley 1399 de 1990, dictado en uso de las facultades del literal C, del artículo 51 de la Ley 10 de 1990, el artículo 33 de la Ley 60 de 1993, desarrollado por el artículo 242 de la Ley 100 de 1993 y modificado por los artículos 61, 62 y 63 de la Ley 715/01..

Impacto por el modelo

El Gobierno Nacional ha cerrado y liquidado un importante numero de hospitales, entre ellos, el San Juan de Dios y el Lorencita Villegas de Santos de Bogotá, el Universitario de Cartagena, el Universitario de Caldas de Manizales, los regionales de Chiquinquirá, y Sevilla Valle. Aproximadamente 50 hospitales de segundo y tercer nivel se encuentran próximos al cierre, siendo los más importantes: los Universitarios San José de Popayán, Ramón González Valencia de Bucaramanga, Erasmo Meoz de Cúcuta, Universitario de Barranquilla, Universitario San Jorge de Pereira, el Regional de Magangué Bolívar, San Pablo de Cartagena, entre otros, lo que significa que quedan sin servicio de salud del tercer nivel aproximadamente 3 millones de habitantes y sin empleo más de 3 mil trabajadores.

Esta situación, ha llevado a los trabajadores a condiciones de miseria y desprotección, pues las deudas salariales oscilan entre los 40 y los cuatro meses, con un promedio nacional del orden de 14 meses de sueldos, sin cotizaciones de salud, pensiones y demás prestaciones sociales determinadas por la ley. Se puede asegurar sin duda alguna que los hospitales que se encuentran abiertos lo hacen a costa del sacrificio de los trabajadores.

Reestructuración: paso a la liquidación

El remedio que receta el gobierno es peor que la enfermedad, toda vez que propone la reestructuración administrativa como antesala a la liquidación de los hospitales, como si la experiencia no les hubiese demostrado que esta no es la solución.

Los resultados de las reestructuraciones han sido nefastos para las instituciones hospitalarias, todos los hospitales que han sido reestructurados hoy se encuentran al borde del cierre, cerrados, en procesos de liquidación o liquidados, como sucede con el Hospital Universitario de Cartagena, el Hospital de Caldas, el cual fue sometido a tres reestructuraciones administrativas y sometido a la Ley 550/99, en la práctica las reestructuraciones simplemente lo que han representado es el reemplazo de los costos fijos por el aumento de los costos variables más onerosos que los que tenía antes de la reestructuración.

*VOZ