|
La Operación Dragón Una conspiración en proceso
por Alberto Bejarano, Frente Social y Político
Monday, Oct. 04, 2004 at 4:22 PM
La Operación Dragón
Una conspiración en proceso
Ataque a la oposición social y política en el Valle del Cauca
La Operación Dragón
Una conspiración en proceso
Ataque a la oposición social y política en el Valle del Cauca
Por: Alberto Bejarano
Frente Social y Político
Unidad Técnica legislativa H.R. Alexander López M
Cámara de Representantes
Cualquier escenario de agresión o de intimidación en Colombia contra los movimientos sociales, los liderazgos políticos de oposición, o la población en general debe necesariamente ser analizado a la luz de lo que ha sido una permanente tradición de asedio y operaciones de terrorismo de Estado, como fundamento de la praxis institucional y la gobernabilidad “civil” en el país. Un asedio que ha victimizado profundamente a la sociedad y que ha erosionado sus mecanismos de control social del delito y la capacidad del Estado para intervenirlo, máxime cuando este se origina al interior de las instituciones y es apalancado desde las mediaciones de las agencias y los centros de decisión y ejecución de lo público. Entendiendo que las instituciones no son ni homogéneas ni de naturaleza conspirativa por esencia, y sin embargo el ejercicio del poder en Colombia ha estado signado por profundas asimetrías legales, éticas y políticas en la administración del Estado, que lo han hecho escenario central del abuso criminal del poder. La administración Uribe Vélez expresa en su praxis política concreta, y de manera comprehensiva, el conjunto de factores socio económicos, políticos y militares que soportan precisamente este modelo estructural del poder.
El hallazgo por parte del representante a la Cámara Alexander López Maya y de la Fiscalía General de la Nación de la Operación Dragón en allanamientos judiciales efectuados el pasado 26 de Agosto en Cali y Medellín, abre un debate profundamente revelador al interior de los poderes públicos en el país, al comprometerse la integridad institucional del Congreso de Colombia, poderes locales y movimientos sociales, amenazados por un operativo en marcha, de carácter irregular y clandestino, ejecutado desde el poder ejecutivo. Las declaraciones del oficial en retiro, teniente coronel Julián Villate del Ejército y adscrito hasta el pasado 10 de Agosto del 2004 a la Escuela Superior de Guerra, encontrado en la diligencia oficial de allanamiento en la ciudad de Cali en poder de documentación propia de la tarea de inteligencia, seguimiento y señalamiento contra más de un centenar de dirigentes sociales y políticos de la oposición en la ciudad de Cali y con claras alusiones a otras regiones y ciudades, en lo que se presume se trata de una operación de nivel nacional, comprometen a más de ocho agencias del Gobierno Nacional en los hechos. Estas a su vez, desde diversos niveles de involucramiento y participación configuran un presunto concierto para delinquir e implementar tendencialmente una operación encubierta de exterminio. En lo que se presenta como una conspiración ilegal y de alcances aún no conocidos, en la cual recursos y funcionarios públicos subvierten el ordenamiento jurídico e institucional para desarrollar tareas de inspiración criminal, que desfondan la función pública y sus mecanismos de control.
La tarea del oficial Villate en el inmueble allanado se soporta además en un contrato oficial de las Empresas Municipales de Cali y una contratista particular, Consultoría Integral Latinoamericana CIL y su asociada SERACIS, empresa de seguridad armada de Medellín, para desarrollar una evaluación de riesgos sobre la infraestructura energética de la empresa en la ciudad de Cali, por valor de 250 millones de pesos, durante un periodo de cuatro meses. Para tal efecto se constituyó bajo la orientación de la Superintendencia Nacional de Servicios Públicos, quien administra las Empresas Municipales de Cali, un encargo fiduciario con la Financiera Energética Nacional FEN, con el objetivo de canalizar recursos públicos por más de cinco millones de dólares, de la intervenida EMCALI para financiar estas evaluaciones e investigaciones. De la misma manera, la empresa Consultoría Integral Latinoamericana fue constituida en febrero del 2004, escasamente dos meses antes de la firma del contrato con el encargo fiduciario EMCALI – FEN el 15 de Junio. Así mismo, el teniente coronel Julián Villate pidió la baja oficialmente el 10 de Agosto del 2004, cuando ya el contrato estaba en ejecución y tan solo 15 días antes de que fuera efectuado el allanamiento en el apartamento de Cali. En una atropellada cadena de hechos que se ven agravados con los hallazgos en el allanamiento de Cali de una serie de documentos clasificados como de inteligencia militar, de propiedad exclusiva de la Dirección de Inteligencia Militar del Ejército, en los cuales se hacen amplios señalamientos y juicios de valor que comprometen a centenares de personas en la ciudad de Cali y en el país, tanto al interior de EMCALI como por fuera de la misma. Se les asocia en estos informes sin ningún elemento probatorio, con diversas actividades ilícitas, que van desde tráfico de armas, explosivos y narcóticos, hasta sendas vinculaciones a las actividades de la guerrilla en el sur occidente del país. Documentación que hasta la fecha ha sido desmentida por la Dirección de Inteligencia del Ejército, la cual lo no lo considera un documento legítimo. Lo cual hace surgir aún mayores dudas en torno a los hallazgos de la Fiscalía en los allanamientos, ya que por qué entonces según las declaraciones de Julián Villate, esta documentación presuntamente falsa fue entregada a la firma consultora CIL, por el también coronel del Ejército, Germán Huertas, jefe de seguridad de EMCALI, ocasionando que en la diligencia de allanamiento, dichos informes estuvieran en poder del propio Julián Villate.
Además, las caracterizaciones que se formulan en esos documentos, en nada corresponden al objeto principal del contrato que remite a la evaluación de riesgos de la infraestructura energética de EMCALI y sus instalaciones. Sobre lo anterior y según el acta de allanamiento de la Fiscalía General de la Nación, no fue encontrado documento alguno específicamente relacionado con el objeto del contrato FEN – EMCALI –CIL. Como tampoco corresponde
al objeto del contrato, el perfil laboral, técnico y militar del mencionado oficial Villate ni del material que le fue encontrado.
Señalamientos que encuentran su centro en la organización sindical Sintraemcali, sus principales dirigentes y activistas, así como el liderazgo natural de este proceso de resistencia en contra de la privatización de EMCALI, en cabeza del representante Alexander López. La documentación hallada remite a toda una estrategia integral para destruir las direcciones sindicales y políticas que se han nucleado alrededor de esta lucha contra la liquidación de la entidad y en particular en contra de Sintraemcali. Orientación que va desde la desacreditación de la dirección sindical, los despidos de los activistas y trabajadores, el control policiaco de las instalaciones, la intimidación, la amenaza y sin estar específicamente relacionado en los documentos que se conocen, el atentado personal como método de contención política. Sobre el cual sin embargo existen niveles de información que lo corroboran, como un hecho evidente y cierto en el marco de la operación.
De la misma manera, se encuentran en el allanamiento mencionado, documentos que remiten a una carpeta de contenido no conocido, en poder hoy de la Fiscalía que adelanta la investigación, rotulada como Operación Dragón. Carpeta que por los niveles de señalamiento y la orientación tendencial de los informes de inteligencia militar encontrados remiten a la orquestación de una conspiración dirigida contra los mencionados anteriormente, que expresa transversalmente una decisión de poderes encubiertos en las agencias estatales, y en el Ejecutivo de atentar de forma impredecible contra el movimiento popular.
En las declaraciones del Sr. Villate Leal a la Fiscalía relacionó que sus actividades contaban con el respaldo y conocimiento de EMCALI, La Financiera Energética Nacional, la Superintendencia Nacional de Servicios Públicos, el Ministerio del Interior, la Policía Metropolitana de Cali, la Sijin de Cali, él DAS seccional Bogotá y por la documentación encontrada, la dirección de Inteligencia del Ejército. ¿Cuál es el alcance de las actividades desarrolladas por estas firmas contratistas privadas en la evaluación de riesgos de EMCALI?, ¿de qué manera se controlan estas actividades?, ¿por qué una evaluación de esta naturaleza termina dirigida contra la organización sindical y la oposición a las políticas nacionales en materia de servicios públicos domiciliarios, para el caso concreto de Empresas Municipales de Cali?
Se trata de una serie de interrogantes que el gobierno nacional debe responder a la luz de los hechos, dada la presunta participación de funcionarios públicos y de agencias del Estado en los mismos, para ejercer controles institucionales a las redes y núcleos conspirativos que operan al interior de esas instituciones. Lo cierto del caso es que la aparición de un operativo encubierto en sendos allanamientos realizados en domicilios de Cali y Medellín por parte de los organismos judiciales en la última semana de Agosto del 2004, que comprueban versiones sobre ejecuciones extrajudiciales en proceso de víctimas civiles, fundamentalmente asociadas a los movimientos sociales en la ciudad de Cali que se oponen a la política oficial en materia de servicios públicos, obliga a revisar de forma comprehensiva, la manera como se ha venido resolviendo el conflicto social e institucional ligado a la privatización de las Empresas públicas de Cali. De la misma manera que compromete de manera evidente la política de la seguridad democrática de la actual administración que se muestra incapaz de ofrecer las elementales garantías al interior de las instituciones y agencias oficiales no solo para contrarrestar la aparición de este tipo de situaciones, sino más de fondo para evitarlas de raíz. Por el contrario, lo que permite inferir el conjunto de hechos y relaciones establecidas por ellos, es que se trata de una operación transversal al ejecutivo con la más alta anuencia y complicidad.
El debate con el Gobierno
Con la llegada al poder de Álvaro Uribe Vélez, el Gobierno Nacional anuncia en el Plan Nacional de Desarrollo su agenda de liquidación de las Empresas Municipales de Cali EMCALI ( y en general del sector de los servicios públicos domiciliarios en manos del Estado) sustentada en su propuesta de Capitalismo Social. Propuesta que para el caso de EMCALI revive las viejas formulas de liquidación intentadas en el pasado bajo el Gobierno de Ricardo Cobo Lloreda en los años 97 y 98 y la banca de inversión contratada durante esa época que planteaba de manera muy similar a la propuesta oficial del entrante gobierno Uribista, el canje de activos por pasivos y la resultante privatización – enajenación de la entidad pública.
Los argumentos del Gobierno Nacional para liquidar Emcali se centran en declarar que la empresa no es viable por que sus pasivos, TERMOEMCALI ( Contrato PPA por valor de 120.000 millones de pesos – año por una planta de energía térmica que permanece apagada) el pago de la deuda de la PTAR, la planta de tratamiento de aguas residuales sobre el Río Cauca, compromiso del gobierno nacional y antitécnicamente construida ( 160 MILLONES DE US dólares, con un sobrecosto que supera los 100 millones de US dólares) el Pasivo pensional ( que es susceptible de ser renegociado con el ISS, de hecho ya lo ha sido en parte), las deudas del municipio con Emcali que ascienden a mas de 350.000 millones, los cuales no permiten el equilibrio de Caja operacional y configuran un déficit de 1.3 billones de pesos. Al cruzar estos con los activos de la Empresa configuran, según el Gobierno, una quiebra técnica. La cual se obtiene al retrotraer a tiempo presente deudas a mediano y largo plazo y sin tomar ninguna iniciativa hacia la reestructuración de las mismas. Siendo la renegociación de los pasivos de la empresa el eje articulador de cualquier discusión sobre el salvamento de EMCALI y sobre el cual existen propuestas construidas durante los últimos 6 años que han sido desconocidas abiertamente por la actual administración. Máxime si se tiene en cuenta que se trata de deudas de EMCALI que fueron contraídas en forma lesiva y leonina en contra de los intereses de la entidad y bajo el manto de la desidia de las autoridades correspondientes y la perfidia de las administraciones corruptas del bipartidismo que llevaron durante la década de los 90, a una empresa rentable que factura un millón de dólares diarios por concepto de prestación de los servicios públicos domiciliarios a un millón seiscientos mil usuarios, a su estado de crisis y postración actual
A esto el Gobierno le añade la convención colectiva, que no resulta más que un argumento para deslegitimar la postura de los trabajadores en defensa de la empresa, pues los costos de personal que incluyen a los trabajadores oficiales, públicos y jubilados de Emcali, no ascendieron a mas del 28% de los egresos operacionales del 2002 lo cual es negociable y los trabajadores han estado dispuestos a hacerlo, de hecho el sindicato presentó una propuesta (que fuera acogida), ante la Presidencia de la Republica para renegociar la convención colectiva sobre la base de la no-liquidación de la empresa y el control de las tarifas. Compromisos de los trabajadores que pueden representar un aporte superior a los 1.3 billones de pesos a las finanzas de EMCALI y que provienen del sistema pensional de los sindicalizados.
En el fondo, la propuesta Uribista conduce a la ruptura del ordenamiento legal para los servicios públicos consignado en la Constitución del 91 por parte de los intereses corporativos y los capitales financieros transnacionales que tutelan y dirigen la política oficial. Al requerir en el marco de la concepción del Estado Comunitario, la liberalización absoluta de las áreas de negocio y de los mercados del sector de servicios básicos esenciales, vía el desmonte total de la regulación oficial, el marco tarifario, la política de redistribución de los ingresos, el control fiscal público, en lo que se plantea ahora con el PND, como una fase de control directo corporativo del sector.
A lo que se suma la manifestación expresa del Gobierno de recuperar “la gobernabilidad en la empresa” como un escenario prioritario de la gestión oficial de la Superintendencia Nacional de Servicios Públicos y el propio Departamento Nacional de Planeación quienes trazan la política responsable de la intervención de la entidad. Propósito que se convierte en uno de los pilares de la política gubernamental para el caso de EMCALI para el periodo y que supone básicamente el control y liquidación del “foco” principal de resistencia a la política oficial expresada a través del sindicato de trabajadores de la empresa y su radio de influencia social y política. El cual es caracterizado desde la óptica oficial del gobierno como una amenaza para la estabilidad institucional y fundamentalmente para el plan de negocios en marcha en torno a EMCALI. No en vano en el contrato de evaluación de riesgos suscrito entre la Fiducia FEN – EMCALI y la Consultora Integral Latinoamericana CIL, se caracteriza como uno de los riesgos a evaluar aquellos de carácter “socio – político”. Categoría que nunca se explica de forma clara pero que dadas las circunstancias permite esperar lo peor – es decir, que años de debate público y de movilización ciudadana en torno al tema se resuelvan por la vía de una conspiración atentatoria contra la vida, la honra, la civilidad, la legalidad, los procedimientos y canales regulares del Estado-.
Debate que nuevamente en Febrero del 2004 enfrenta a la Asamblea de trabajadores de las Empresas Municipales de Cali y a la opinión pública de la ciudad con el Gobierno Nacional en un conflicto que aún no concluye. Conflicto social, laboral y político que a través de los últimos años ha significado un altísimo costo en vidas humanas, ya que en medio de la convulsión generada durante los últimos cinco años han sido asesinados 11 trabajadores de EMCALI afiliados al sindicato, decenas han sido amenazados, desplazados e intimidados y se han producido centenares de detenciones arbitrarias en las movilizaciones. Generándose un clima de asedio e intimidación permanente por parte de los organismos de seguridad del Estado como de iniciativas de orden paraestatal contra la organización sindical, sus instalaciones, sus activistas y sus principales dirigentes, que se extiende al conjunto del movimiento popular y social que acompaña la defensa del patrimonio público de EMCALI - EICE - ESP.
Clima que llegará a su punto más alto en Mayo del 2004, cuando los trabajadores de Empresas municipales de Cali, realizarán una asamblea permanente que paralizó las actividades del centro administrativo de la ciudad y la Gerencia General de EMCALI, con el propósito de impedir la firma del convenio de reestructuración de acreencias para la entidad. Reestructuración financiera que supone un agresivo plan de negocios, especulación y corrupción que eleva la deuda pública de EMCALI, seis veces en los próximos 14 a 18 años, a cargo de una intensiva tarea de recaudo, explotación y alzas tarifarias contra la población usuaria de EMCALI. Fórmula de gerencia financiera que convierte la prestación de los servicios públicos domiciliarios en el área metropolitana de Cali en una lucrativa y rentable plataforma financiera a favor de los privados, apalancada por la política oficial diseñada desde Planeación Nacional y la Superintendencia Nacional de Servicios Públicos.
La Asamblea Permanente de los trabajadores de Emcali en las instalaciones del Centro Administrativo a finales de Mayo fue disuelta por un operativo de sitio a las instalaciones ordenado por la Presidencia de la República, quien ordenó el desalojo por asalto en una operación conjunta de 100 francotiradores de escuadrones antiterroristas de la Policía y 1000 policías antidisturbios. Operativo dirigido contra más de doscientas personas que se encontraban en la gerencia general de EMCALI, y a las cuales se les cortó el suministro humanitario de alimentos y medicinas, al tiempo que por orden presidencial se suspendieron las conversaciones desarrolladas por el Gobernador del Valle y el alcalde de Cali con los asambleístas, a pesar de que los primeros son constitucionalmente los garantes del orden público en la ciudad y el departamento. Se evitó un desenlace violento gracias a una negociación para desalojar la torre de EMCALI lograda entre las autoridades locales y el sindicato a última hora. Sin embargo, el Gobierno Nacional ordenó el despido de 60 trabajadores y activistas de Sintraemcali como represalia a los hechos. El 15 de Junio, posterior a los hechos de Mayo, se firma el contrato de la Operación Dragón con la consultora CIL. En Agosto 11 del año en curso, miles de usuarios de EMCALI se lanzan al centro de la ciudad en una multitudinaria manifestación contra las alzas en los servicios públicos y pocos días después se presentan los allanamientos mencionados de la Fiscalía General de la Nación en Cali y Medellín.
La cadena de hechos sugiere una agenda del alto gobierno definida de forma estratégica para consolidar el plan de entrega de las Empresas Municipales de Cali a su enajenación – liquidación, por la vía necesaria de destruir - como un propósito de Estado - la resistencia social, política y sindical existente en Cali, desde hace ya más de 10 años a este proyecto. Agenda de orden presidencial que se despliega en varios escenarios y que está constantemente sometida a la presión de negocios multimillonarios en el renglón de los servicios públicos domiciliarios y que terminan tutelando las políticas y decisiones públicas, imponiendo no sólo el ritmo de su implementación, sino además los recursos y métodos a utilizar, sean estos de origen y naturaleza estatal ó paraestatal, legal ó ilegal. Para el caso de EMCALI, el convenio de reestructuración de acreencias implica la defensa de los intereses de más de 100 acreedores privados, tanto nacionales como de orden internacional, proveedores, tenedores de bonos, inversionistas y capital financiero, que defienden poderosos intereses de acumulación y especulación en la negociación aprobada para EMCALI en Mayo del 2004.
En la conjunción de elementos abiertos y encubiertos, legales y conspirativos, conocidos y aquellos aún sin ser revelados de la operación Dragón, surge el dilema urgente por el desenlace de la crisis política generada por su descubrimiento. ¿Estamos ante la fase de implementación de una operación de exterminio, se ha tomado esta decisión política? ¿El operativo en proceso, expresa la presión del capital y de sus mediaciones en el Estado de forma tal, que hoy para la salvaguarda del negocio privado y la especulación financiera en EMCALI se hace necesario derramar sangre inocente?
De la misma forma existe el interrogante por la forma de control social e institucional sobre las Fuerzas Militares, las labores de la inteligencia militar en la sociedad y el desarrollo de una verdadera política democrática de seguridad del Estado. Ya que el papel jugado en la crisis de la operación Dragón remite de forma central al informe de inteligencia militar encontrado en los allanamientos y la participación de altos oficiales del Ejército en los hechos. Lo que rubrica que la exacerbación de un conflicto de orden institucional, como es el caso de EMCALI se extrapola de una forma agravada debido a la intervención de los primeros y su lógica, que desarticula el debate ciudadano en curso y pervierte de forma ruinosa la función principal de Estado, como es la de preservar la integridad de sus asociados. Siendo de manera clara, la militarización y paramilitarización del conflicto en los servicios públicos domiciliarios, una decisión política tomada desde la conducción del Estado y sus agencias, en asocio con poderosas lógicas conspirativas a su interior
Queda por señalar que el debate político en torno a la operación en curso remite necesariamente a una nueva valoración del papel que cumple el Congreso de Colombia en la sociedad, como uno de los principales escenarios bajo el señalamiento del Dragón. Congreso que además hoy, desde la curul de Alexander López en la Cámara de Representantes realiza un singular ejercicio de control político y democrático a una operación de terrorismo de Estado, que rompe la tradicional esterilidad de la fiscalización desde los poderes públicos en Colombia en estos temas. Apareciendo el parlamento, esencialmente asociado al papel jugado por las bancadas independientes y de oposición, como un espacio de debate sobre la sociedad, a reivindicar hoy, en el marco de la imposición del Estado Comunitario y su lógica de intimidación sobre la discusión de lo público. Tal como lo evidencian los listados de la operación Dragón que recogen a los integrantes de las corporaciones públicas, el legislativo y las campañas regionales de movimientos alternativos a Asamblea y Concejo en Cali y el Valle.
El otro escenario de control social desde los poderes públicos es la rama judicial. La operación Dragón además de ser objeto de un debate de control político en el parlamento esta hoy judicializada y la investigación por intento de asesinato esta en manos de la Fiscalía General de la Nación. Una entidad profundamente cuestionada por sus vinculaciones en cabeza de su titular al paramilitarismo y sus dinámicas, que sin embargo no es monolítica ni homogénea. Quedan reservas democráticas al interior de la investigación judicial en Colombia a las cuales habrá que apelar para preservar el proceso y permitir su esclarecimiento imparcial, técnico y veraz. En una disputa con fuerzas conspirativas en la institucionalidad que intentan bloquear la función pública de administración de justicia.
De la misma manera, se abre el debate en torno al papel de la comunidad internacional en este tema. Ya que no solamente en los informes de inteligencia encontrados fueron reseñadas agencias de cooperación, derechos humanos y organizaciones sindicales europeas y de Canadá, sino que además el monitoreo permanente sobre la situación y salvaguarda de los derechos humanos en Colombia y los compromisos en materia de derecho internacional contraídos por el Estado colombiano, son hoy un desafío principal de la política exterior colombiana y de la integración del país a escala internacional. Queda abierto el debate para el caso de la operación Dragón sobre las recomendaciones internacionales de la Oficina del Alto Comisionado de Naciones Unidas para los derechos Humanos en Colombia, formuladas en el informe de Naciones Unidas sobre derechos humanos en Colombia en Febrero del 2004. Varias de ellas recogen explícitamente la protección y el cese de señalamientos y persecución a dirigentes sindicales, políticos y defensores de los derechos humanos. En particular en lo que tiene que ver con las medidas efectivas a tomar y el papel que debe jugar el Estado en este tema. Hasta ahora, no hay un compromiso efectivo por parte del Gobierno Nacional sobre las recomendaciones de las Naciones Unidas, hecho que se agrava con la operación Dragón, que expresa una profunda crisis de responsabilidad política del Gobierno nacional en estos temas, específicamente relacionadas como de alta preocupación por parte de la comunidad internacional, a través de Naciones Unidas.
Lo anterior se suma a la responsabilidad final del Presidente de la República en estos hechos, como suprema autoridad administrativa y militar de la nación por la integridad y la vida de todos las personas señaladas en los informes encontrados en los allanamientos. Personas que han sido comprometidas y señaladas de forma grave por una conspiración, de la cual aún carecemos de información suficiente en torno a sus alcances y repercusiones, pero que se ha originado de forma transversal en una plataforma de agencias del ejecutivo, que están directamente bajo el control del Presidente de la República. Siendo estas, los escenarios centrales en los cuales se ha construido la política del Estado en materia de servicios públicos domiciliarios y seguridad democrática, que bajo sus distintas mediaciones y variables de administración del poder han dado origen a la operación Dragón, tal como hoy se conoce y hasta donde se conoce. Siendo el presidente de la República, por su nivel de involucramiento, pero además por su marco de acción como jefe de Estado, el principal responsable hoy por lo que suceda.
|
