'Política antidrogas ' en Colombia... lejos del “éxito” : Indymedia Colombia

De acuerdo con el último informe de Unodc –United Nations on Drug and Crime “Coca Survey 2003” producido en Viena en junio de 2004–, sobre la situación de los cultivos ilícitos en Colombia, a lo largo del 2003 la reducción de áreas de coca alcanzó la cifra de 15.731 hectáreas frente el total del área de coca.

En el caso colombiano, la relación inmediata que se hace frente a estas cifras, es asociarlas como un resultado relativamente exitoso de las fumigaciones. Veamos, sin embargo, algunos elementos para contrastar esa asociación. En primer lugar, vale señalar que la reducción obtenida como resultado de la erradicación manual fue de 4.000 hectáreas. Quiere decir que lo obtenido por las fumigaciones aéreas fue una reducción de 11.731 hectáreas.

El equivalente de lo fumigado a lo largo del 2003 fue de 132.817 hectáreas de coca, lo cual significa que para erradicar efectivamente una hectárea de hoja de coca fue necesario fumigar 11.33 hectáreas. Lo que en el ámbito de costos implica multiplicar por esta cifra el precio de cada hectárea erradicada, la cual se calcula en US 700 dólares. Significa que una hectárea menos de coca vale cerca de US 8.000 dólares, esto es, alrededor de 20 millones de pesos.

En el marco del Plan Colombia, la dinámica de las fumigaciones tiene un salto importante durante el período 2002 y 2003. Véase el cuadro 1.

Como se puede observar, durante el 2002 y 2003 se encuentran las cifras anuales más altas de las fumigaciones aéreas. El hecho coincide con el ascenso de Álvaro Uribe Vélez a la presidencia (agosto de 2002 a 2006). De acuerdo con estos datos de Unodc, el punto más alto de la disminución efectiva de cultivos de coca se presentó en el 2002, cuando esta cifra alcanzó 42.736 hectáreas al finalizar dicho año.

La paradoja del 2003 es altamente significativa: justo en el año en que se da la mayor fumigación de toda la historia de este tipo de acciones en Colombia, se tienen unos resultados bastante mediocres si se compara con lo que sucedió en el 2002. En efecto, la disminución del 2003 representa tan sólo el 36.8% de lo erradicado efectivamente en el año anterior, presentando incluso una cifra por debajo de los resultados del 2000 (18.482 has). La explicación es muy clara: los “éxitos” del 2002 están directamente asociados a la gran ventaja que experimentó esta política al focalizarse en el área de mayor concentración de coca, como en efecto lo fue el caso del departamento de Putumayo, que alcanzó a tener el 40% del área nacional en el 2000, es decir, cuando se iniciaron los operativos del Plan Colombia.

Quiere decir, que los retos para la política de fumigaciones apenas comienzan y no muy bien, de acuerdo con los resultados del 2003. En efecto, se podría decir que las altas cifras que arrojó la aspersión aérea en el 2002 fueron la oportunidad ya lograda, y que los cultivos inician a partir de entonces un proceso itinerante que no va a repetir la alta concentración del departamento del Putumayo y que la política va a enfrentar serias dificultades en los próximos años.

Recabando un poco más en los resultados, la observación de casos particulares como el del departamento de Nariño es bien diciente. Este departamento recibió uno de los peores castigos con la fumigación en el 2003, contabilizando un equivalente a 36.910 hectáreas asperjadas, esto es 28% del total, es decir, más de una cuarta parte del área fumigada en Colombia. En otras palabras, recibió una fumigación que dobló y sobrepasó el área existente en este departamento a finales del 2002 (15.131 hectáreas) y presenta, al finalizar el año 2003, un incremento del 17% de su área.

Es verdad que de igual manera se podría contraargumentar lo anterior con el caso de Guaviare que recibió un castigo similar a Nariño y, sin embargo, su área disminuyó en un 41%. De todas maneras queda la duda sobre la realidad de la relación entre fumigaciones y áreas disminuidas, pero más allá de esa ecuación la pregunta es sobre la sostenibilidad en el mediano y largo plazo de este tipo de resultados. La duda es legítima a la luz de lo que está sucediendo hoy.

En efecto, las nuevas características de los cultivos, posteriores al modelo Putumayo, son:

1. La creciente atomización que se refleja en la presencia de cultivos en 23 departamentos frente a sólo 12 que existían en 1999, en la antesala del Plan Colombia.

2. La conversión hacia modelos de pequeña finca de 3 o menos hectáreas.

3. La mimetización en el sotobosque y siguiendo procesos de siembra lineales más que grandes acumulados.

4. El aprovechamiento de siembras en parques naturales para el cumplimiento de la anterior condición, agravando la situación de las áreas protegidas por la tala de bosque en zonas frágiles, importantes en biodiversidad. Vale aclarar, sin embargo, que según los datos de Simci esta es una tendencia a la baja.

5. La inserción de los cultivos en zonas no marginales sino dentro de áreas más integradas a la nación y que son manejados bajo técnicas de asociación de cultivos, como en el caso de la zona cafetera y que impide un conocimiento real de las áreas de ilícitos. En efecto, si de algo adolece el informe de Unodc es la ausencia de una información creíble para estas zonas, pues en sus cálculos sólo existen 54 hectáreas allí, lo cual refleja serios limitantes del sistema satelital de mediciones de los cultivos ilícitos.

Si a ello se agrega la confirmación de siembras de variedades seleccionadas naturalmente por los campesinos y que muestran un comportamiento de resistencia frente al glifosato, quienes manejan la política de drogas no van a tener muchos motivos para estar contentos como aparentemente sucede hoy.

Es decir, la medición del éxito o no de la política no puede establecerse en sus resultados anualizados, sino que necesariamente debe verse en dinámicas de mediano y largo plazo. Las exigencias de resultados de corto plazo, tal y como se ha consolidado en instancias de toma de decisión en Washington e incluso en el mismo Congreso, están conduciendo a percepciones equivocadas por el hecho de que se muestren disminuciones de un año a otro.
De cualquier manera, no se trata de provocar el fundamentalismo que está detrás de la ratificación de la actual política de drogas y que cree en mecanismos asociados de manera muy desbalanceada a favor del uso de la fuerza. La provocación y la demostración de un eventual fracaso en el mediano plazo implicará, para ellos, poner sobre la mesa una mayor radicalización que cobra expresión en la amenaza que se cierne alrededor del uso del hongo fusarium oxysporum o el ensayo de nuevos y más peligrosos químicos.

Frente a ese indeseable escenario emerge la pregunta sobre la necesidad de reflexionar más a fondo acerca de qué vía es más realista y aceptable para garantizar reducciones que se sostengan en el largo plazo y que generen menos efectos negativos colaterales, hablando sólo de decisiones en la parte de la producción. En ese contexto se debería diseñar una estrategia de fortalecimiento de los procesos de erradicación manual, como política de Estado. Para ello, el presidente Uribe debería reconocer que la única lectura del problema de los ilícitos no es la de “ser fuente de financiación del terrorismo” sino que también hay allí un problema social y económico de fondo, que reclama otro tipo de manejos distintos al uso de la fuerza.

Una vez abierto ese espacio, se deberían recoger las múltiples experiencias locales de comunidades y entidades que buscan manejos concertados sobre el problema. Allí se deberían reconocer la existencia de propuestas distintas y diversas, como lo son las regiones colombianas, al patrón único que esgrime la Casa de Nariño (Familia Guardabosques, por ejemplo) y que aplica indistintamente en sitios muy diversos social y culturalmente. La concertación es la vía que le dará sostenibilidad a una estrategia que hoy genera una gran movilidad del problema de las drogas, agravando los impactos ambientales y profundizando el gran desorden en el uso de aquellos suelos y recursos que se deberían proteger y explotar adecuadamente. Más que “beneficiarias” se debe reconocer en las comunidades, a las protagonistas del desarrollo regional y local.

Ricardo Vargas Meza
Sociólogo. Director de la Corporación Acción Andina Colombia

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(12 de mayo de 2005)

La equivocada guerra contra las drogas liderada por Estados Unidos ha fortalecido a una nueva clase social criminal en el Hemisferio.
http://www.cannabiscafe.net/foros/showthread.php?t=23738&goto=lastpost (esa)

Más de cuatro décadas después de iniciarse la actual política contra las drogas ilícitas, estas siguen siendo un grave problema en Estados Unidos. La guerra antidrogas no ha funcionado y aunque el flagelo está empeorando, la mayoría de los políticos rehúyen hablar del tema. Este es un gran error. La política de cerrar los ojos termina justificando la continuación de una cruzada inútil. Cerca de 400.000 millones de dólares en dineros públicos han sido destinados a distintas actividades antidrogas en los últimos 20 años, con escaso éxito.

Después de tanto gasto para controlar el fenómeno, ¿qué ha fallado? Esencialmente, la equivocada estrategia adoptada por Estados Unidos durante las últimas cuatro administraciones. Si la abstinencia es el principal objetivo de la prohibición, las cifras que muestran nuevo uso y más abuso de las drogas, así como los datos sobre criminalidad asociada a las drogas e iniciación de los jóvenes en el consumo, revelan un costoso fracaso. A pesar de los esfuerzos oficiales y del porcentaje sin precedentes de personas encarceladas en las prisiones estadounidenses por delitos de narcotráfico, esa política está a punto de colapsar. Y la mayoría de las drogas ilícitas es ahora más fácil de conseguir, más pura y más barata que a comienzos de los años 80.

La estrategia antidrogas de Estados Unidos es de doble filo. Primero, busca reducir el precio en la etapa de producción y mejorar los métodos de erradicación, desestimulando a los cultivadores de drogas ilícitas. Segundo, intenta fortalecer la interdicción en los países de procesamiento y tránsito para reducir la disponibilidad y la potencia de las drogas en Estados Unidos y aumentar las capturas en las fronteras estadounidenses, elevando el precio interno de los narcóticos y desestimulando a los consumidores potenciales.

Al contrario de lo que se quería y esperaba, y como un efecto no buscado de la guerra antidrogas, el crimen organizado estadounidense y las organizaciones criminales transnacionales de América Latina y el Caribe se han vuelto más ricos y poderosos mientras los ciudadanos estadounidenses están menos seguros. La prohibición ha suministrado el incentivo a la bien organizada criminalidad del narcotráfico para diversificar el mercado de las drogas, canalizar sus ganancias hacia los paraísos financieros y ampliar sus asociaciones estratégicas con otros negocios ilegales.

El fenómeno de las drogas ha generado enormes problemas sociales, políticos, ecológicos y militares en las Américas. Abusos contra los derechos humanos, catástrofes ambientales, desequilibrios en las relaciones de civiles y militares, corrupción institucional, violaciones masivas de derechos, concentración de poder en la mafia del narcotráfico y fallas en la aplicación de la ley son algunos de los legados de una guerra equivocada que se concentra en el lado de la oferta de los narcóticos.

La noción de una Pax Americana es empleada para transmitir el sentido de la hegemonía de una superpotencia como Estados Unidos. Ahora podemos estar presenciando la consolidación gradual de una Pax Mafiosa hemisférica: el creciente poder y hasta la legitimación, en algunos casos, de una nueva clase social criminal con la capacidad, el empeño y la oportunidad de tomar el mando. Algunas regiones rurales de Colombia y México, ciertos guetos urbanos de Los Angeles y Río de Janeiro, unas municipalidades de Paraguay y varias islas del Caribe ofrecen el anticipo de lo que podría pasar si la Pax Mafiosa se consolida nacional y continentalmente en los próximos años. La Pax Mafiosa tendría tremendas consecuencias: establecimiento de gobiernos cleptocráticos, quiebre del imperio de la ley, ambientes altamente violentos, polarización social extrema, potenciales santuarios para actividades terroristas y, muy probablemente, Estados fallidos.

Hace pocos días la más importante institución interamericana, la Organización de Estados Americanos, escogió a un nuevo Secretario General. Su principal tarea debería ser convocar una cumbre para debatir y promover una nueva y audaz política sobre las drogas en el Hemisferio. Esta debería incluir medidas para fortalecer la legalidad y solidez de los Estados, la acción concertada para evitar el desbordamiento del problema en la región, la concentración de las políticas públicas alrededor del control de la demanda y la reducción del daño, y la decisión de evitar soluciones militares para males sociales. El Continente no necesita la repetición de una guerra antidrogas fracasada; todos necesitamos una diplomacia preventiva para impedir una Pax Mafiosa regional.