Megaproyectos y Desplazamiento Forzado : Indymedia Colombia

Como lo afirman los movimientos indígenas, las razones de fondo por las cuales sus vidas han sido objeto de guerra son sus territorios, ricos en recursos por lo general de tipo extractivo, ya sean minerales del subsuelo, combustibles fósiles o tierras que se puedan circunscribir en las lógicas del comercio internacional. Es ahí donde nace lo que se entiende como megaproyecto: la transformación integral del territorio en función de los intereses del gran capital, en la que su estructura biofísica, su vida social y cultural se reestructuran en función de intereses que buscan insertarse en las grandes economías globales, por lo general a partir de modelos de extracción de recursos naturales.

Lo que entendemos por megaproyecto necesariamente se circunscribe dentro del incremento de las economías de escala, por las cuales los intercambios del comercio internacional se hacen cada vez en mayores magnitudes, en el marco de la lógica económica imperante, facilitada por las desregulaciones comerciales y por los precios de transporte soportados por los costos artificiosamente bajos del petróleo.

En la actualidad los procesos de integración comercial están articulados por faraónicos proyectos de infraestructura a través de los cuales se movilizan grandes flujos que demandan los polos de capital. Estos corredores se caracterizan por sustentar un flujo diverso de energía, agua, mercancías, materias primas y mas importante aún: mano de obra barata. En Centroamérica, el Plan Puebla-Panamá o el gran proyecto de infraestructura que integra los yacimientos, mercados y la oferta laboral desde Panamá hasta México, soportará el incremento de la productividad estadounidense, puesta en riesgo con el surgimiento de los polos económicos asiáticos, especialmente el chino. Mientras tanto, vemos la inminente construcción de la carretera “ecológica” promovida por el gobierno colombiano que atravesaría el Tapón del Darién e integraría al Plan Puebla-Panamá a la red de infraestructura de Colombia y potencialmente de la región andina.

Precisamente en nuestro continente la Iniciativa de Integración Regional de Infraestructura de Sudamérica (IIRSA) aparece como la propuesta de integración masiva de los polos de manufactura, consumo y recursos -especialmente del gigante brasileño-, a través del cual se integrarían las reservas energéticas de Paraguay, Bolivia y Venezuela, con las crecientes demandas de los centros de manufactura de San Pablo, Río de Janeiro, Buenos Aires y Porto Alegre, y los centros de producción y de consumo del litoral atlántico con los puertos del Pacífico, a través de los cuales se llegaría a la atractiva economía asiática.
El IIRSA en Colombia

En Colombia, el IIRSA plantea un modelo de conexión en la región andina a través de dos ejes, uno interandino que integraría el valle del Magdalena, con el norte de Santander y San Cristóbal en Venezuela, y pasa por el sur desde el Huila, Cauca, Nariño hasta Ipiales en Ecuador. El otro eje, el que conectaría a Arauca, Casanare, Meta, Caquetá y Putumayo (zonas rebosantes de tranquilidad) en lo que se conoce como la marginal de la selva, que será la vía de integración más eficiente que conectaría los flujos energéticos desde Venezuela a las demandas de la región andina, y en menor medida manufacturas que incluso vendrían de los polos asiáticos.

En Colombia las condiciones geográficas han dificultado la integración de sus regiones, por lo que se ha implementado un tortuoso y frágil sistema de vías que aún no resuelve los problemas de aislamiento de la mitad del país. En la actualidad se destaca por su importancia la construcción del túnel de la línea que integraría en menos tiempo la economía del interior del país con los puertos del pacífico y a través de ellos a la gran economía del Oriente.

A partir de esto se puede inferir que la globalización económica basada en una compleja red de vías, cables y ductos, implica el tránsito por regiones geográficas que adquieren importancia, y que han llegado a convertirse en territorios en disputa, en los cuales las comunidades se contraponen a los viejos intereses de concentración de la tierra, a través de la cual se generan estrepitosas fortunas con la especulación de la propiedad del suelo. De acuerdo a esta premisa, podría pensarse que la masacre de Cajamarca, en la que se asesinaron a siete personas de las cuales cuatro eran niños, fue un desastroso error militar, o la vieja estrategia de control territorial basada en el terror, en una región que cobra importancia fundamental para la economía colombiana. La puerta de entrada al túnel de la línea, el que será el más importante del país, será un punto estratégico en el cual se deberá mantener a los lugareños aterrorizados con el objeto de pacificar o desolar la región en función de asegurar a los grandes intereses económicos que se manifiestan ahí.

Los significados geopolíticos del territorio son a menudo complejos y dinámicos; por ejemplo, el departamento de Arauca puede ser leído como región de frontera con un país en el que se consolida un proyecto político antagónico al del actual gobierno; también deben considerarse los intereses de las empresas petroleras en una región que sigue produciendo petróleo en importantes tasas, y especialmente con la coyuntura internacional del mercado de petróleo, dinamizado localmente por el reciente yacimiento encontrado en las vecindades del territorio Uwa.

Hay que pensar, además, en la enorme importancia de la región como puerta de entrada de la marginal del llano, como posible lugar de conexión de abastecimiento de petróleo ante el actual panorama de importaciones de hidrocarburos que se presenta en dos años, y a lo que hay que sumar la histórica influencia que tienen los grupos insurgentes, rodeados de zonas de control paramilitar como son ahora el norte de Santander, Santander, Casanare y Boyacá. En este marco se circunscribiría entonces la avalancha de violaciones a los derechos humanos y al derecho internacional humanitario perpetradas por los grupos paramilitares y de manera solapada por el Estado.

Paradójicamente, las regiones con mayores índices de desplazamiento como son Urabá, Norte de Santander, Arauca y Putumayo; son regiones de frontera, en las que se piensa en la internacionalización del conflicto, a través de las cuales se asientan agresivas ofensivas militares, especialmente contra la población civil. En este sentido puede pensarse en la configuración de la guerra en términos no necesariamente militares, es decir, el sentido de que las ofensivas militares de los actores en conflicto no coincide con las lógicas de una guerra de guerrillas, y que, por el contrario, las fuerzas paramilitares asientan y consolidan proyectos económicos y políticos que apuntan a escenarios de posconflicto. Incluso pensando en proyectos de gran envergadura, como lo puede ser un megaproyecto -en el Valle del río Sinú se podría ver un megaproyecto-, se explicaría el genocidio de los Embera Katios.

El debate de Urrá generó una gran controversia por los enormes daños ambientales y sociales a costa de unos beneficios controvertibles, una represa que embalsaba las aguas del río Sinú, en la que se instalaron 320 MW de potencia cuando en el país están instalados 12.000 MW a costa de un enorme impacto social y ambiental. Pero la construcción de Urrá puede verse también como el eje de un proceso de transformación integral del territorio, como un ambicioso proyecto que convierte a las planicies de Córdoba en un poderoso enclave agroindustrial insertado en la economía globalizada, en el que la regulación de los caudales de agua del río que llegó con la represa condicionó absolutamente todas las actividades antrópicas del valle.

Actualmente en el valle del río Sinú se concentran agrocultivos sumamente riesgosos como son algunas especies transgénicas de Sorgo y Algodón, se implementan agresivamente proyectos camaroneros en los litorales y se construyen distritos de riego con recursos del Banco Mundial. Sin embargo, esta región ha sufrido uno de los procesos más graves de concentración de la tierra, en los que los grandes propietarios también son los grandes señores del paramilitarismo. Desde ese punto de vista pueden verse los procesos de negociación de Santafe de Ralito como procesos de legitimación de capitales, entre los que están los del narcotráfico, o como plataformas de validación política del proyecto de extrema derecha en Colombia, que espera dejar en el olvido las terribles violaciones a los derechos fundamentales que han perpetrado.

Con los Megaproyectos relacionados con la construcción de infraestructura que integra los polos económicos locales y globales, y la modificación de los regímenes hídricos que modifican los usos de la tierra, aparecen proyectos de gran envergadura que buscan asegurar el abastecimiento de insumos fundamentales de los aparatos productivos como son la energía fósil, y minerales como el oro, yeso o materiales de construcción.

El carbón mantiene el 25% de la energía primaria que se consume en el mundo, y Colombia es el tercer exportador mundial con cerca de 40 millones de toneladas, el 95% de la producción se concentra en las minas de la Guajira y Cesar. El megaproyecto que contempla la explotación masiva de carbón durante los próximos 25 años se ha valido de la ofensiva de las multinacionales que cuentan con las concesiones de explotación para la disminución de los requisitos legales y las obligaciones fiscales, asegurando tasas de retorno sumamente altas, como por ejemplo la disminución de las regalías del 15% al 0,4% gracias a presiones en las altas esferas del gobierno, con lo cual el estado pierde cerca de 400 millones de dólares con las operaciones de Carbón en el Cesar, realizadas por Drummond, demandada por cien millones de dólares en la Corte penal de Alabama, Estados Unidos, por el asesinato de dos líderes sindicales.

Las actividades carboneras en el Cesar y la Guajira, tienen remociones de tierra cercanas a los 300 millones de toneladas al año, dejando inmensos agujeros en la tierra del tamaño de un pueblo, interrumpiendo las corrientes de agua en los ríos, modificando los microclimas al remover masivamente las coberturas de árboles y especialmente por el desplazamiento forzado de las comunidades que tienen sus territorios sobre las áreas mineras. En este sentido aparecen de nuevo los grupos paramilitares como la más efectiva estrategia de control social que doblega cualquier oposición a los intereses de los grandes operadores mineros. Y es así como algunas organizaciones sociales ven la reciente masacre de los indígenas Wayuu que supera las treinta personas; es decir, en la necesidad de asegurar las operaciones de Glencore, Angloamerican y BHP Billiton (cada una con nefastos antecedentes en el mundo) en el escenario de ampliación de sus exportaciones.

En el año 2030, tal vez podamos ver en lo que fue una región agrícola un desolador paisaje lunar, lleno de cráteres y de tierra árida. Cabe recordar que, según el IDEAM, el departamento de la Guajira sufre un acelerado proceso de desertificación en el 55% de su territorio, del que nunca se han aclarado sus verdaderas causas, entre las cuales necesariamente aparecerán las consecuencias de las actividades mineras.
Yacimientos petrolíferos

Al hablar de hidrocarburos en Colombia necesariamente hay que referirse al petróleo. Paradójicamente, el petróleo se ha exportado en coyunturas de precios bajos, mientras que Colombia ha tenido que importar a precios altos, como seguramente sucederá en el 2005. Los yacimientos más importantes de Colombia se encuentran en Arauca y Casanare, operados por Occidental Petroleum y BP-Amoco respectivamente, dos empresas que se han visto envueltas en graves escándalos por su patrocinio a grupos militares gravemente implicados en violaciones a los derechos humanos.

Al leer de manera integrada las explotaciones de hidrocarburos en los llanos orientales, se encuentra un proyecto de explotación con una estrategia militar, política y social integrada, que se ha servido de la construcción masiva de la infraestructura dirigida a extraer petróleo en grandes cantidades, y es precisamente en el Arauca donde ha encontrado los mayores obstáculos. Por un lado, dado el notable nivel de organización social y política de las comunidades locales y, de otro, por la actividad insurgente asentada durante décadas en la región. Las actividades de exploración y explotación se mantienen y estimulan por regresivas reformas al marco normativo petrolero. Mientras, también en la región se asienta y consolida el proyecto paramilitar del bloque Centauros, patrocinado por las AUC, que llega a la región como el actor militar dominante que garantiza las inversiones petroleras.

En la implementación de cualquier proyecto de infraestructura, ya sea en la construcción de una represa, una vía, o un pozo petrolero, se presentan graves tensiones por las propiedad de la tierra, originadas por la valorización o los costos que puede significar la adquisición de terrenos para la rentabilidad del proyecto. Bajo la lógica de la apropiación forzada de la tierra por parte de grupos paramilitares, se producen algunos desplazamientos masivos. Diversos especialistas estiman que los paramilitares han asegurado la propiedad de 6.5 millones de hectáreas de tierra, por lo que se ha sostenido un doloroso proceso de contra reforma agraria en el país. Reforma que se concentra en el César, Bolívar, Córdoba, Montería, Casanare y Magdalena Medio.

La apropiación de la tierra, por lo general, se acompaña de cultivos agroindustriales, como pueden ser algodón, cítricos, ganado vacuno y especialmente palma africana. Actividades que transforman de manera radical las relaciones sociales y la relación con la tierra, introduciendo de manera drástica la utilización de mano de obra barata de campesinos, transformándolos en obreros rurales. En una entrevista realizada recientemente en la revista Semana a Miguel Arroyave, comandante del bloque centauros de las AUC, señalaba la siembra de palma africana como mecanismo de contención a los grupos guerrilleros. Se encuentran plantaciones en Tumaco Nariño, la Cuenca del río Atrato, en el Casanare, Magdalena Medio, entre otros. Por lo que parece ser un proyecto productivo-militar promovido en los grupos paramilitares buscando asegurar sus áreas de influencia en la perspectiva de desmovilización de las actuales negociaciones.

Miramos con mucha preocupación a la Selva Amazónica, una de las regiones de mayor riqueza en el mundo. En esta región hay que estar atentos a las futuras ofensivas por el control de sus recursos, entre los que están oro, minerales, agua, maderas finas y biodiversidad en general. La biodiversidad entendida como la posibilidad de encontrar conocimientos genéticos y biológicos que son aprovechados por los grandes conglomerados farmacéuticos y alimenticios altamente desarrollados, que tienen un alto nivel tecnológico y disponibilidad amplia de capitales de inversión e investigación que competitivamente superan a los esfuerzos locales por consolidar la biotecnología nacional.

En este panorama, el territorio colombiano ofrece posibilidades insospechadas a los intereses del gran capital, no solamente en sus selvas amazónicas sino en los ecosistemas que aún quedan en el Chocó y algunos parques naturales. En ese sentido la ofensiva militar que trata de acorralar los grupos insurgentes del sur del país, en el llamado plan “Patriota”, buscaría además de otras cosas consolidar el acceso del gran capital a los recursos de las zonas selváticas del país, a costos sociales y ambientales incalculables.

Con la implantación del Tratado de Libre Comercio, que se realiza en condiciones evidentemente desventajosas para los intereses de la nación, se da luz verde a una de las más agresivas posturas de la doctrina neoliberal, que superando las reglas comerciales, busca asegurar el control a los recursos estratégicos del país ante el agotamiento de reservas fósiles en Estados Unidos. La implementación de los acuerdos comerciales, la construcción de proyectos de infraestructura de comunicaciones, las ofensivas militares por el control de resistencias civiles, comunitarias, étnicas o insurgentes, y las reformas económicas estructurales realizadas desde los inicios de la década del noventa, perfilan un difícil panorama para las alternativas políticas y sociales alternativas, aunque se destacan ejemplos de valor e integridad del pueblo de Arauca, que a pesar de que sus líderes sociales han sido sistemáticamente denunciados o asesinados, aún mantiene su autonomía frente a una de las más represivas políticas estatales de los últimos tiempos.

*Artículo elaborado por el Observatorio Social de Empresas Transnacionales, Megaproyectos y Derechos Humanos de Colombia para OMAL (Observatorio de las Multinacionales de América Latina)