¿Cuál es el balance del Plan Colombia? : Indymedia Colombia

La intervención directa de Estados Unidos en el conflicto interno en Colombia se produce a partir de la implementación del llamado “Plan Colombia”, que inicialmente fue presentado por el gobierno de Andrés Pastrana como una estrategia para el fortalecimiento del Estado y el desarrollo de diálogos de paz con la guerrilla de las FARC.

Hoy día es parte integral del desarrollo de la política de “Seguridad Democrática” del presidente Álvaro Uribe Vélez, que se constituye en una respuesta militar al conflicto armado y social que vive Colombia y

"tiene como fin debilitar a la guerrilla para volverla a llevar a la mesa de negociación cuando estén golpeados”. Para el Gobierno, este ensayo militar hace parte de su política de paz. Para nosotros, éste será un nuevo intento que tendrá como resultados el aumento de víctimas, especialmente de la población civil no combatiente, disminución en la inversión social y atraso en el desarrollo económico. De ahí que afirmemos que el Gobierno no tiene una política de paz, sino un derrotero militarista [i]”

Un balance de los resultados de esta política en la cuál el gobierno norteamericano ha “invertido” más de 3.300 millones de dólares, puede observarse en los siguientes puntos, donde presentamos el objetivo que se plantearon los gobiernos de Colombia y Estados Unidos y los resultados reales en sus dos principales componentes:

Componente Antinarcóticos:

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Reducir en 50% el cultivo y procesamiento de narcóticos en un periodo de 6 años: El área cultivada disminuyó entre 2000 y 2003 un 47%, sin embargo esto significó sólo un 5% de reducción frente al área sembrada en 1999, además a qué costo? Las comunidades expuestas a las fumigaciones sufrieron impactos graves a nivel de salud, seguridad alimentaria, y medio ambiente, por esto tuvieron que desplazarse forzadamente y los mecanismos legales creados para canalizar sus quejas fueron en la práctica mecanismos para invisibilizar estos impactos, evitar nuevas quejas y garantizar la impunidad de la violación de estos derechos.
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Fortalecer la capacidad de la Fuerza Pública para combatir el narcotráfico.Efectivamente con el Plan Colombia y su tendencia a narcotizar el conflicto, se creó una Brigada contra el Narcotráfico, se crearon y equiparon Bases militares en Larandia, Tolemaida y Tres Esquinas, la Fuerza Pública fue dotada del equipo y la infraestuctura necesaria para aumentar su movilidad en todo el territorio y en 2004 se puso en marcha la operación militar más ambiciosa de la historia Colombia: el Plan patriota, un despliegue de más de 18.000 efectivos en el sur del país con el fin de replegar a la insurgencia en la zona. Sin embargo, este despliegue de tecnología se ha traducido en la intromisión directa norteamericana en el conflicto colombiano al introducir fuerzas mercenarias en el territorio; la doctrina de “operaciones conjuntas” es decir, Ejército, Armada y Fuerza Aérea bajo un solo mando, lejos de tener resultados contundentes contra la insurgencia ha propiciado escenarios de confinamiento de comunidades bajo bloqueo de alimentos y de medicinas, las cifras de violación de derechos han aumentado al mismo tiempo que las denuncias bajan, dada la incomunicación de las comunidades, la falta de controles civiles y el miedo de la población a realizarlas.
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Modernizar los aparatos de justicia, defensa y policía. Todo el aparato de defensa ha sido modernizado a propósito de la política de “Seguridad Democrática”, de igual manera el aparato de justicia con la puesta en marcha en 2005 del nuevo sistema acusatorio de procedimiento penal cuyas características de agilidad y oralidad alternan con la pérdida de las facultades de las víctimas para intervenir en el proceso y las difíciles posibilidades de efectuar una adecuada defensa.
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Fortalecer la capacidad del Estado para proteger y garantizar los Derechos Humanos y el DIH. El Estado Colombiano presenta un incumplimiento casi total frente a las recomendaciones realizadas por órganos y procedimientos internacionales de protección de los derechos humanos tales como el Alto Comisionado por los Derechos Humanos en Colombia y la Comisión Interamericana de Derechos Humanos. La Impunidad en materia de violaciones a los derechos humanos es del 99.9% y no se perciben avances significativos frente a las obligaciones de investigar judicializar, castigar y prevenir estas violaciones a pesar del inmenso flujo de recursos destinados a organismos como la Fiscalía. De hecho, sucede que el aparato de justicia es utilizado como instrumento de criminilización del movimiento social en Colombia.

Componente recuperación económica y social:

* · Promover la recuperación de las condiciones para la generación de empleo y la estabilidad social. En cuanto a los Derechos Económicos Sociales y Culturales, el Comportamiento de la pobreza “medida por ingresos muestra un panorama supremamente preocupante, de 1997 a 2003, la población colombiana por debajo de la línea de pobreza aumento de 55% a 66%, en tan solo 6 años subió 11 puntos lo que significa en términos absolutos que en el período 5.346.843 personas más no contaban con los recursos necesarios para satisfacer sus necesidades básicas[ii]”
* Mantener y ampliar las preferencias arancelarias. Pese a que hubo un acceso preferencial a Estado Unidos para apoyar la lucha contra las drogas a través del fomento de alternativas de exportación legítimas, esto " no ha producido efectos contundentes en la generación de empleo e inversión que contribuyan a promover la estabilidad política, económica y social del país[iii]”
* Construir una Red de Apoyo Social -RAS-, como instrumento para mitigar los efectos de la crisis económica sobre la población más vulnerable. De los informes producidos por la Contraloría General de la República se extraen importantes conclusiones: “visto en su conjunto, el plan Colombia registra más frustraciones que éxitos en el logro de sus objetivos fundamentales (…) las acciones de orden socioeconómico orientadas a paliar la situación de las gentes afectadas por el conflicto, han mostrado algunos avances, especialmente en materias de obras de infraestructura y en soluciones a muy corto plazo a la situación de familias y jóvenes, pero con grandes falencias en su concepción, que las convierten en acciones de muy poca incidencia en la efectiva solución de estos problemas”[iv],

Otro objetivo discursivo del Plan Colombia correspondía a la promoción de alternativas lícitas de desarrollo productivo regional frente a las economías de la droga. Lo que sucedió fue que los proyectos que contenían los Pactos de Erradicación firmados en el sur del país con población vinculada con la producción de la hoja de coca, operados a través de organizaciones privadas de los recursos, fueron insuficientes, de mala calidad y no se compadecían con su objetivo: brindar seguridad alimentaria. Pobladores de la zona relatan cómo en algunos casos la ayuda alimentaria que les correspondió no era en semillas, semovientes o pollos como se les prometía, sino en tejas, ladrillos o alambre [v].

Finalmente, el Plan Colombia se fijó como objetivo el logro de acuerdos que permitan la desmovilización y la reincorporación a la vida civil de los grupos alzados en armas. Esta actividad no ha respondido a la búsqueda de un proceso de paz con una solución duradera que permita superar las causas estructurales que han alimentado históricamente al conflicto social, político y armado. El programa de desmovilización que el gobierno nacional ofrece, tiene dos posibilidades: la desmovilización individual o la colectiva para los grupos alzados en armas, tanto en uno como en otro caso no hay claridad del marco jurídico bajo el cual se realiza este proceso.

Para el caso de la desmovilización individual, manifestamos nuestra preocupación dado que como hemos podido comprobarlo a través del litigio en derechos humanos, buena parte de los reinsertados han sido instrumentalizados para figurar en procesos penales como testigos en causas que incriminan a líderes sociales. En el caso de las desmovilización colectiva, organizaciones de derechos humanos a nivel nacional e internacional y órganos del sistema de Naciones Unidas y de la Organización de Estados Americanos, han alertado sobre la ausencia de un marco jurídico que de garantice los derechos a la verdad, justicia y reparación integral de las víctimas de crímenes de lesa humanidad y que brinde respuestas a las víctimas de desplazamiento forzado sobre la restitución de las tierras que han sido ocupadas por miembros de grupos paramilitares.

Adicionalmente, este proceso no esclarece la responsabilidad del estado en la creación, financiación y apoyo a los grupos paramilitares.

En suma, el proceso que adelanta el gobierno nacional con estos grupos antes que ser un proceso de reconciliación nacional se constituye en un mecanismo de impunidad y de institucionalización de una estrategia criminal, en la que se ha expuesto a la población civil a graves violaciones de los derechos humanos e infracciones al derecho internacional humanitario.

Este ha sido el impacto del Plan Colombia en Colombia. En el marco de este Foro Social Mundial, decimos todos los participantes de diferentes nacionalidades.

NO al Plan Colombia

NO a la intervención militar de los

Estados Unidos en

Colombia y América Latina

SI A LA DIGNIDAD, SOBERANÍA Y

AUTODETERMINACIÓN DE LOS

PUEBLOS LATINOAMERICANOS

[i] Fragmento del texto “militarismo antes que diálogo”. Asamblea Permanente de la Sociedad Civil por la Paz. En: Reelección: El

Embrujo Continúa. Segundo Año de gobierno de Álvaro Uribe Vélez. Plataforma Colombia Democracia.

[ii] Plataforma Colombiana Derechos Humanos Democracia y Desarrollo. Documento borrador de seguimiento a recomendaciones de la Oficina en Colombia del Ato comisionado de Naciones Unidas para los Derechos Humanos.

[iii] Según informe “Estado de la economía colombiana a raíz del Plan Colombia y de la Iniciativa regional Andina” de la Contraloría Delgada para el Sector Defensa, Justicia y Seguridad. Diciembre de 2002.

[iv] Tercer Informe de la Contraloría General de la República sobre el Plan Colombia. Agosto 2002

[v] Según entrevistas realizadas en el Putumayo en el año 2002.