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38 % aumentaron nuevos desplazados por la violencia en 2004 - DESPLAZADOS EN EL LIMBO
por CODHES
Tuesday, Feb. 01, 2005 at 12:01 PM
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El desplazamiento forzado en medio del conflicto armado interno volvió a crecer en Colombia en el año 2004 y el país se sumerge en una crisis humanitaria crónica y sostenida. El año pasado, por lo menos 287 mil 581 personas fueron desplazadas por acciones atribuidas a la Fuerza Pública, a los grupos guerrilleros y a las facciones paramilitares. Es decir, el desplazamiento registra un aumento del 38.5% frente al año 2003 cuando se reportaron 207.607 personas desplazadas.
Conflicto armado y crisis humanitaria sostenida
Desplazados en el Limbo
Informe CODHES 2004
Boletín de prensa- Bogotá, 1 de febrero de 2005
El desplazamiento vuelve a crecer
El desplazamiento forzado en medio del conflicto armado interno volvió a crecer en Colombia en el año 2004 y el país se sumerge en una crisis humanitaria crónica y sostenida, afirmó hoy la Consultoría para los Derechos Humanos y el Desplazamiento Codhes.
Según esta organización no gubernamental el año pasado, por lo menos 287 mil 581 personas fueron desplazadas por acciones atribuidas a la Fuerza Pública, a los grupos guerrilleros y a las facciones paramilitares. Es decir, el desplazamiento registra un aumento del 38.5% frente al año 2003 cuando se reportaron 207.607 personas desplazas.
“En el año 2004 se revirtió la tendencia de contracción del desplazamiento observada en 2003 y la migración forzada interna vuelve sobre los niveles críticos de los últimos seis años, tanto en términos absolutos (número de personas), como en el impacto sociodemográfico (tasa de desplazados por cada cien mil habitantes), y en la expansión territorial del fenómeno (número de municipios afectados)”, indicó Codhes.
Entre 1999 y 2004, cada día fueron desplazados, en promedio, 864 personas dentro del territorio nacional, sostuvo Codhes tras advertir que “el Estado, en general, y los últimos dos gobiernos en particular, no han logrado detener este éxodo, que continuó en los tiempos de los diálogos en el Cagúan, persiste en medio de las conversaciones de Santa Fe de Ralito, y se sostiene en el marco de la política de “seguridad democrática”.
Todos contra la población civil
Todos los actores comprometidos en el conflicto armado (Fuerza Pública, Paramilitares y guerrillas) desarrollan prácticas que agreden a la población civil e implican graves y sistemáticas violaciones a los derechos humanos e infracciones al derecho internacional humanitario, afirmó Jorge Rojas, presidente de la organización, luego de expresar su preocupación por la insistencia gubernamental de negar el conflicto armado y la crisis humanitaria. Los grupos paramilitares, en diálogo con el gobierno, y a las guerrillas de las Farc y el Eln en abierta confrontación, son responsables de graves infracciones al DIH a través de masacres, ataques militares indiscriminados, paros armados, bloqueos alimentarios, confinamiento, asesinatos selectivos, minado de campos, saqueo de bienes de las comunidades, secuestro y reclutamiento forzado, dijo Rojas
Para Codhes, más allá de las interpretaciones políticas, debe quedar claro ante la comunidad internacional y la opinión pública nacional que en Colombia hay un conflicto armado interno, que este conflicto afecta a la población civil y que, respecto de las víctimas, existe un marco aplicable de protección nacional e internacional.
Mano firme en el corazón de la guerra
La organización de derechos humanos cuestionó duramente la política de seguridad democrática del gobierno nacional. “Más allá de los debates y las campañas publicitarias sobre el éxito de la política de “seguridad democrática”, en las regiones se vive con intensidad la crudeza de la guerra. La combinación de fumigaciones con el despliegue de acciones militares, la ofensiva militar en territorios con presencia de la guerrilla y el recorte de garantías democráticas y judiciales de miles de colombianos(as), introduce nuevas lógicas de guerra y genera profunda desconfianza de la población sobre la capacidad del Estado para ofrecer alternativas sociales a las comunidades, defender los derechos básicos y las libertades fundamentales”, afirmó Marco Romero, uno de los directivos de Codhes.
Colombianos piden asilo en países vecinos
El informe anual de Codhes también se refiere a la situación de desplazamiento forzado y refugio en fronteras. “Una vez más las zonas de frontera son epicentro sensible de la expansión del conflicto armado y profundización de la crisis humanitaria. El 10% (29.984 personas) del total de población en situación de desplazamiento reportada para el 2004 se ubicó en los municipios fronterizos. Esto significa un incremento del 25,3% en el número de personas en zonas de frontera respecto del año 2003, expresó Marcela Ceballos, investigadora de la ONG. Según Codhes, un total de 9.452 colombianos pidieron asilo en Ecuador, Venezuela y Panamá el año pasado, de los cuales 2.581 fueron reconocidos. Según datos de la organización, aproximadamente 3 de cada cuatro personas que cruzan la frontera, no acuden a las instancias oficiales que acreditan su condición de refugiado. Esto significa que más de 25 mil personas cruzaron las fronteras durante el 2004.
Más recursos para los victimarios que para las víctimas
Codhes resaltó los esfuerzos del Estado por una política pública para enfrentar el desplazamiento forzado a partir de una sentencia de la Corte Constitucional que obligó al gobierno a adoptar un plan de prevención, protección y atención a las comunidades desplazadas. Sin embargo, el especialista en el tema y directivo de Codhes Harvey Suárez dijo que “mientras los cálculos de asignación presupuestal del Departamento Nacional de Planeación, ascienden a $4.8 billones de pesos, destinados a atender sólo a 1.5 millones de personas; la Red de Solidaridad Social, entidad encargada del tema en el gobierno nacional, anuncio una inversión de $575.000 millones de pesos para 2005”. El informe de Codhes hace énfasis en el restablecimiento de la población desplazada en la ejecución de la política pública. “El nivel de restablecimiento que puede alcanzar la población en situación de desplazamiento se determina por la potencialidad institucional y social para identificar sus necesidades, capacidades y ventajas comparativas (individuales y colectivas), y asumir las soluciones desde un enfoque integrado de derechos como marco de desarrollo de la política pública. Señaló la abogada de la organización Gladis Prada.
El debate de la cifra
Al referirse a la polémica con el gobierno sobre el tema de la cifra, el coordinador del Sistema de Información de Codhes, Germen Piffano subrayó que paradójicamente, la Red de Solidaridad Social valida hoy en su Sistema Único de Registro –SUR- la estimación de población hecha por el Sistema de Información sobre Desplazamiento Forzado y Derechos Humanos, SISDHES de CODHES, en los últimos cuatro años (2000-2003). Hoy, los datos del Sistema Único de Registro, superan, año por año entre el 2000 y el 2003, las estimaciones realizadas por CODHES
Propuestas y recomendaciones
Por último, el informe de Codhes formulo diversas propuestas y recomendaciones que incluyen la convocatoria de una Conferencia Internacional Humanitaria sobre Colombia, el reconocimiento como desplazados de las personas que huyen de los operativos militares de fumigación, la asignación de recursos para el plan nacional de atención presentado por el gobierno, exigencia a los actores armados irregulares de respeto por la población civil, garantía de no impunidad y parámetros de verdad, justicia y reparación en el proceso con los paramilitares y cooperación internacional para superar la crisis humanitaria y de derechos humnos, y para construir la paz y no para incentivar y prolongar el conflicto armado en Colombia.
¿Quién financió el informe?
El informe de CODHES, titulado “Conflicto armado y crisis humanitaria sostenida: desplazados en el limbo”, se realizó con el apoyo de Lutheran World Relief-LWR, Agencia Española de Cooperación Internacional-AECI, Consejería en Proyectos-PCS, Consejo Noruego para los Refugiados-NRC, OXFAM-GB y ACNUR. CODHES es una organización no gubernamental colombiana dedicada desde 1992 al tema del desplazamiento forzado y los derechos humanos.
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