Colombia: Un país amordazado - informe al relator sobre libertad de expresión de la CIDH : Indymedia Colombia

APORTES DE LOS MEDIOS ALTERNATIVOS DE COMUNICACION AL RELATOR SOBRE LIBERTAD DE EXPRESION DE LA CIDH DE VISITA EN COLOMBIA

Si bien el mismo presidente de la República, Alvaro Uribe, ha reafirmado su compromiso por defender la libertad de prensa en Colombia, y su decisión de no censurar, ni coartar la libertad de expresión de ningún periodista, ni de ningún colombiano, como parte de su política de gobierno, la realidad es otra. Su mismo Vicepresidente, Francisco Santos, el 23 de febrero, durante la instalación del II Congreso Mundial de Víctimas del Terrorismo, dijo que los medios de comunicación “ crearon una caja de resonancia a los hechos terroristas que sin duda fueron más efectivos que la misma utilización de explosivos por parte de estos grupos ilegales”.

Si esta es la manera que se expresa un Vicepresidente de la República, sobre los medios de comunicación masivos, que de una u otra manera, se ha demostrado están al servicio del Estado, imagínese la forma en que se refiere el mismo gobierno sobre quienes pertenecen a algún medio alternativo de comunicación.

En una nación sumida desde hace más de cuatro décadas en un conflicto social y político de expresión armada, es evidente que la peor parte de esa política de satanización de los medios corre por cuenta del eslabón más débil de la cadena: los medios alternativos o independientes, no comerciales, étnicos y/o comunitarios.

El panorama no puede ser más desalentador. En vísperas de la aprobación en el Congreso de la República del proyecto de Justicia y Paz, producto de la negociación que adelanta el Gobierno nacional y los paramilitares, el derecho a la verdad corre el riesgo de desaparecer ante medios y periodistas amordazados y constreñidos en su capacidad de informar, favoreciendo el clima de impunidad y limitando el derecho de estar informados.

Algtunos elementos de contexto

La ausencia de una política pública de comunicación que reconozca en los sectores sociales populares, étnicos, organizaciones no gubernamentales y demás expresiones de la sociedad civil, sujetos capaces de emitir e intercambiar información, con el derecho a trascender los espacios locales y acceder a la comunicación global de sus intereses y representaciones culturales. Dicha politica debe promover estrategias de acceso, posicionamiento y desarrollo de experiencias de comunicación e información desde una perspectiva de discriminación positiva para la reivindicación de lo público (lo de todos), que les permita competir por las preferencias del público en igualdad de condiciones con los grandes medios comerciales y de vocación privada.

2. Las dificultades para acceder a los recursos de la cooperación a nivel gubernamental o de cooperación internacional. De un lado, por las políticas de cooperación del actual gobierno, pero de otro, por las prioridades de la cooperación internacional que dedica escasos recursos al desarrollo del derecho a la comunicación, a la información y la libre expresión. Dichos derechos han sido erroneamente entendidos más ligados al campo de los derechos individuales y no al campo de los derechos colectivos de los pueblos o conglomerados sociales en situación de desventaja en los regímenes democráticos.

3. Espacios restringidos de participación para el intercambio y construcción de redes sociales de información y comunicación.

4. Escasez de investigaciones de impacto y pertinencia de los medios independientes que permitan replicar experiencias.

5. La subvaloración social y el desconocimiento institucional de los medios independientes, pequeños, locales o comunitarios, y su aporte a la construcción de la democracia.

6. La discriminacion salarial de los comunicadores con respecto de otras profesiones, y mas aun de los comunicadores comunitarios, asi como las dificultades para acceder a la proteccion y seguridad social del Estado.

7. Existe una tendencia deliberada y evidente en la legislación colombiana de medios para favorecer los intereses económicos de los grandes monopolios de la información y el entretenimiento, y mantener a los medios comunitarios o independientes en una situación de subdesarrollo con respecto de sus posibilidades de acceso al espacio electromagnético, a áreas de cobertura de sus medios y posibilidades de auto sostenimiento.

8. Los grupos paramilitares vienen dándole singular importancia a la intimidacion de los medios y periodistas alternativos, pues los medios comerciales son regulados por otras vías, incluida la autocensura. Los medios se abstienen (por directrices de sus directores, propietarios, o de otras fuerzas de poder) de registrar la realidad que viven y sufren las comunidades. Una realidad solo registrada por los medios que transitan por circuitos alternativos, con todos los riesgos y consecuencias que ello significa.

9. Hace poco el diario El Tiempo dio cuenta de la manera como el paramilitarismo, a través de empresas fantasmas y de testaferros, se ha venido haciendo al control de las televisoras locales o por parabólicas, hasta el extremo de trabajar por incidir en la composición de la Comisión Nacional de Televisión.

10. Muchos de los comunicadores alternativos víctimas de la intolerancia ni siquiera alcanzan a ser reseñados por los grandes medios cuando caen en desgracia, debido a que no son reconocidos como tales. Su rol de comunicadores alternativos no se encuentra inscrito en los pomposos manuales de estilo que se ofertan en las librerías, tampoco en el vademécum de los funcionarios del Estado.

11. Caso Inravisión: El derecho consagrado en el artículo. 20 de la Constitución Nacional garantiza la libertad de expresión, difusión de pensamiento y opinión, de informar y recibir información veraz e imparcial, y la de fundar medios masivos de comunicación, teniendo en el Instituo Nacional de Radio y Televisión, Inravisión, tal vez una sus más importantes expresiones como Estado social de derecho. Sin embargo, el 28 de octubre de 2004 fue clausurado luego de varias décadas de registro histórico y trabajo en bien de la patria mediante un decreto gubernamental bajo argumentos fiscales y presupuestales. Si bien Inravisión no era un medio como tal, contribuyó a generar importantes y significativos espacios de y para la comunidad, incentivando el pensamiento independiente y crítico gracias a la emisión de una docena de programas ya institucionalizados o espacios abiertos a todas las corrientes del pensamiento, tanto en radio como en televisión.

12. En provincias y regiones se cuentan por decenas los espacios de las organizaciones sociales que han sido son cerrados expresamente por separarse de la filosofía de la actual administración, tanto de manera taxativa como velada. Es decir, por asfixia económica, pese a que constitucionalmente todos los medios tienen los mismos derechos de acceder a la pauta publicitaria de las entidades públicas o comerciales del Estado.

Algunos hechos ilustrativos de la violaci{on a la Libertad de Prensa

El 7 de abril de 2003 fue asesinado en el municipio de Barrancabermeja (Santander) José Emeterio Rivas, director del programa radial Las Fuerzas Vivas, de la emisora comunitaria Calor Estéreo, quien tenía medidas Cautelares de protección por las amenazas recibidas. El único implicado en el hecho fue Julio César Ardila, alcalde de Barrarncabermeja, quien luego fue absuelto.

Pablo Emilio Parra y Carlos Restrepo, en los municipios de Planadas y Ataco, departamento del Tolima, hacen parte de la larga lista de comunicadores comunitarios y alternativos que han sido asesinados por su labor periodística e informativa.

La red de radios comunitarias e indígenas son objeto de persecución y hostigamiento por parte de los grupos armados, en zonas conflicto armado.

Luis Alberto Castaño, Director del informativo periodístico de la Emisora Comunitaria Café 93.5 Estéreo, del municipio de Líbano, denuncio que el 26 de agosto de 2004 logro salvar su vida de un atentado, por parte de grupos paramilitares, por dar cuenta de una serie de asesinatos selectivos en su municipalidad.

Gilberto Martínez Prado, periodista presidente de la asociación gremial Anpress y director del noticiero del noticiero de Colmundo Radio, hace dos días (abril 26), recibio amenazas, al parecer por denunciar malos manejos financieros que comprometen a la clase política de la región.

El periódico virtual Actualidad Étnica1, órgano nacional dedicado a la promoción y defensa de los derechos humanos de los grupos étnicos y a la documentación de las violaciones e infracciones a sus derechos y al DIH, con casi cuatro años de circulación, dha recibido tres amenazas por correo electrónico, sin procedencia determinada.

El Semanario VOZ, medio de comunicación del Partido Comunista Colombianao, en los últimos tres años, ha visto restringida su circulación en vastas zonas del territorio nacional por presión de grupos paramilitares y algunas entidades estatales y militares. En los deparatamentos de Caquetá, Putumayo, Meta, Huila, Cdoba, Bolívar, entre otros, su circulación es prácticamente nula. En Ciudad Bolívar al sur de Bogotá, actualmente bajo el dominio de grupos paramilitares, las personas que porten el Semanario, son inmediatamente estigmatizadas y amenazadas. Su director, Carlos Lozano Guillén, ha sufrido seguimientos por parte de las fuerzas de seguridad del Estado, inclusive fuera del pais. Lo mismo ha sucedido con varios de los periodistas de este medio.

En este sentido, los medios alternativos de comunicación consideramos importante propender en el pais por:

El diseño concertado de una política pública de promoción de la participación social para la comunicación y información, que destine un porcentaje del PIB para el desarrollo de sus estrategias y programas.

Una iniciativa legislativa que eliminen todas las cortapisas al desarrollo de los medios de vocación social locales, comunitarios, étnicos, y las restricciones a las emisoras y televisiones comunitarias e indígenas.

Que se solicite a los organismos estatales y de cooperación internacional una revisión de sus políticas de subvenciones, donaciones o apoyos.

La promoción de espacios de debate para la construcción de redes sociales de información y comunicación.

La documentación de: las violaciones a este derecho pero también de experiencias positivas que estimulen el desarrollo de nuevas experiencias y promuevan la comunicación como un campo importante del quehacer y del desarrollo social.

Que se habiliten mecanismos de apoyo nacional e internacional para la creación de una agrupación de medios independientes que convoque y coordine las estrategias de desarrollo para este campo y haga seguimiento a las infracciones de los derechos de expresión e información en el país, en medio del conflicto.

Implementar mecanismos de defensa de los derechos del ciudadano contra los abusos de los monopolios de la información y la comunicación.

Capacitar y formar a los periodistas de las organizaciones sociales y medios independientes en DDHH y DIH.

Solitudes al Sr. Relator

Que se nombre una Misión de investigacion sobre la libertad de expresión y garantias para el ejercicio de la profesion en los medios alternativos y organizaciones sociales en Colombia, que enfatice su estudio en zonas de conflicto armado.

Que se prepare regularmente un Informe especial sobre Colombia.

Que la Comision Interamericana de Derechos Humanos nombre una mision de acompañamiento permanente en Colombia.

Instar al gobierno colombiano para que cumpla las recomendaciones de la Alta Comisionada para los Derechos Humanos y del Relator Especial, sobre el Derecho a la Libertad de Opinión y de Expresión, de velar por la promoción, el ejercicio y la divulgación de los derechos humanos.

Cordialmente,

Planeta Paz

Colectivo de Abogados Jose Alvear Restrepo

Fundacion Hemera. Direccio de Comunicaciones

Red de Radios Comunitarias Recorra

Central Unitaria de Trabajadores. Departamento de Comunicaciones

Periodico Virtual Actualidad Etnica

Agencia Prensa Rural

Periodico Desde Abajo

Somos Sudacas

IPS

Periodico Periferia

Periodico Mundo Ciudadano

Comunicaciones ONIC

Comunicaciones Reiniciar

Indymedia

Sistemas de comunicación para la paz Si Paz

ACOTV

Periodico VOZ

Vientos Estereo

Revista Regeneracion

Al finalizar su visita oficial a la República de Colombia, el Relator Especial para la Libertad de Expresión de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH), Eduardo A. Bertoni, manifiesta su preocupación tanto por un muy fuerte clima de autocensura percibido entre los periodistas y medios de comunicación, así como por la persistente impunidad en gran cantidad de crímenes contra comunicadores sociales. La Relatoría es conciente, tal como lo ha expresado la CIDH, que el conflicto armado interno que afecta a Colombia es de gran complejidad e involucra altos índices de violencia. Sin embargo, insta al Estado colombiano a reforzar los mecanismos para garantizar el pleno ejercicio de la libertad de expresión en el país.

La Relatoría visitó Colombia del 25 al 29 de abril, por invitación del Estado, con el fin de recabar información sobre la situación de la libertad de expresión. Acompañaron al Relator, Carlos Zelada y Montserrat Solano, abogado y colaboradora de la Relatoría, respectivamente. El Relator Especial agradeció personalmente al Presidente de la República, Álvaro Uribe Vélez, por la invitación y la amplia colaboración prestada por su Gobierno durante la visita. Asimismo, la Relatoría agradece a los funcionarios, a la sociedad civil, periodistas y medios de comunicación, por la información suministrada.

Durante su estadía, el Relator se reunió con funcionarios de la Presidencia de la República, del Programa de Derechos Humanos de la Vicepresidencia de la República, del Ministerio del Interior y Justicia, de la Policía Nacional, de la Defensoría del Pueblo, del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos en Colombia, del Ministerio de Comunicaciones, de la Fiscalía General de la Nación,
Representantes de la Cámara y Jueces de la Corte Constitucional. El Vicepresidente de la República también agendó un espacio para recibir al Relator. Asimismo, la Relatoría mantuvo múltiples reuniones con académicos, periodistas, representantes de la sociedad civil y de medios de comunicación.

Como parte de su visita, el Relator viajó al Departamento de Arauca el 27 de abril, donde recibió información por parte de las autoridades departamentales y municipales, y de alrededor de 30 representantes de organizaciones de la sociedad civil y comunicadores sociales.

La Relatoría tomó nota de los esfuerzos que realizan las autoridades colombianas para garantizar el derecho a la libertad de expresión, particularmente a través del programa de protección de periodistas del Ministerio del Interior y Justicia. Se recibió con satisfacción información sobre los programas de telecomunicaciones sociales, particularmente el proceso de concesión de frecuencias radioeléctricas a radios comunitarias iniciado en 2004, y sobre los proyectos para ofrecer mayores recursos a la población para el acceso a la información pública.

Sin perjuicio de lo anterior, durante la visita a Colombia se recibieron numerosos testimonios de comunicadores sociales, especialmente de las regiones, quienes reconocieron que no publican informaciones sobre ciertos temas o han tenido que cambiar su línea editorial por temor a represalias. Incluso algunas autoridades admitieron que la sociedad civil, los medios de comunicación y la población en general, temen participar en debates públicos e informar sobre temas relacionados con el conflicto armado interno, la actuación de grupos armados al margen de la ley, el narcotráfico y la corrupción.

La libertad de expresión es la piedra angular de la democracia. La autocensura percibida durante la visita limita el derecho de la población colombiana a recibir y difundir información, restringe el debate público y menoscaba los esfuerzos por fortalecer el estado de derecho. La Relatoría insta al Estado a hacer todos los esfuerzos posibles para conceder las mayores garantías al ejercicio de la libertad de expresión y de prensa, sin la cual todo el andamiaje de una sociedad democrática se debilita.

Los asesinatos, secuestros, amenazas y agresiones a los periodistas, así como la destrucción material de medios de comunicación, además de constituir una evidente violación de los derechos de los individuos coartan también la libertad de expresión, pues tienen el objetivo de silenciarlos para que sus denuncias e informaciones no se den a conocer. A la vez, buscan ser una herramienta de intimidación para que la prensa guarde silencio sobre actos o hechos abusivos o ilegales y envían un claro mensaje para todas aquellas personas de la sociedad civil que realizan denuncias.

De acuerdo con las estadísticas recibidas de distintas organizaciones y del propio Estado, se ha registrado una disminución en el número de asesinatos, amenazas y agresiones a periodistas. Sin embargo, estos hechos persisten, principalmente fuera de la capital.

Si bien la Relatoría reconoce el impacto de las acciones de protección del Gobierno en la disminución del número de estos crímenes, es conciente que parte de esta reducción puede deberse a que muchos periodistas evitan informar sobre temas y hechos que los pueda poner en peligro.

La situación es aún más difícil en las regiones. Durante su visita a Arauca, la Relatoría recibió información sobre los hechos violentos cometidos contra quienes ejercen la libertad de expresión, que han sumido a gran parte de la población en el silencio por temor a sufrir represalias.

En el Informe del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos sobre la situación de los derechos humanos en Colombia, de 2003, se advirtió que “las medidas adoptadas en Arauca no han creado condiciones favorables para el pleno ejercicio de la libertad de prensa y el derecho de la población a ser informada de modo veraz e imparcial; razón por la cual, se vio en muchos periodistas
un aumento de la autocensura, definida por ellos como autorregulación para sobrevivir”. Este tipo de expresiones también fueron escuchadas reiteradamente por la Relatoría en Arauca. La información recibida da cuenta, además, de que aún persisten las amenazas contra quienes se expresan libremente. Ante esta situación, la Relatoría llama a las autoridades locales a no minimizar estas amenazas y a emprender de manera diligente todas las actuaciones necesarias tendientes al esclarecimiento de estos crímenes.

Respecto del programa de protección a periodistas del Ministerio del Interior y Justicia, la Relatoría reconoce que las acciones que el Estado emprende en ese ámbito han demostrado ser esenciales para la defensa de quienes ven su vida en riesgo por ejercer la libertad de expresión, por lo que llama especialmente la atención a las autoridades sobre la necesidad de fortalecerlo. El efecto intimidatorio provocado por las amenazas y asesinatos contra periodistas se amplifica si, además, estos hechos permanecen en la impunidad. Fueron numerosas las quejas recibidas respecto de los muy escasos resultados concretos en las investigaciones por estos crímenes. El Estado tiene la obligación de combatir
la impunidad por todos los medios legales disponibles, ya que ésta propicia la repetición crónica de las violaciones de derechos humanos y la indefensión de las víctimas y de sus familiares. Por estas razones, y sin perjuicio de las complejidades que pueden presentarse, preocupa a la Relatoría el lento avance en las investigaciones de asesinatos de comunicadores sociales. De acuerdo con la información recibida, la mayor parte de estos crímenes se encuentra aún en etapas preliminares de investigación. Si bien se han logrado condenas, éstas son la excepción. Algunas de las pesquisas han llevado al procesamiento de autores materiales, pero en pocos se ha logrado la persecusión y condena de los autores intelectuales. Por otra parte, respecto de las amenazas contra periodistas, la mayoría también se encuentra en etapa
de investigación preliminar.

En consecuencia, el Dr. Bertoni hace suyo el llamado de su homólogo, el Relator para la libertad de Opinión y de Expresión del Alto Comisionado de Naciones Unidas para los Derechos Humanos, Ambeyi Ligabo, a las autoridades colombianas, de calificar como un tema de mayor prioridad el combate a la impunidad y llevar a los responsables por los crímenes mencionados ante la justicia, sin consideraciones de filiación política o de estatus social.

Las nocivas consecuencias que acarrea la impunidad constituyen un factor a ser considerado en las nuevas propuestas de cambios legislativos en el marco del proceso de desmovilización que impulsa el Gobierno, entre ellos el proyecto conocido como “Justicia y Paz”. El Relator recuerda que, tal como lo ha señalado la CIDH en su Informe sobre el proceso de desmovilización en Colombia, este proceso debe darse según un marco legal que asegure el acceso a la verdad, la justicia y la reparación, de manera que no contribuya a consolidar la impunidad en los casos de crímenes contra las víctimas del conflicto, entre ellas, los periodistas.

De consolidarse la impunidad, se establecerá un antecedente que contribuirá a crear un clima que podrá aumentar los ya preocupantes niveles de autocensura. Finalmente, la Relatoría escuchó con beneplácito declaraciones de las autoridades colombianas reconociendo la importancia de la libertad de expresión y manifestando su compromiso por garantizar el trabajo de los medios de comunicación. La Relatoría hace un llamado a las autoridades a mantener públicamente sus declaraciones de apoyo a favor de la libertad de expresión y a considerar que, en la complejidad de la situación colombiana, los señalamientos que ubican a la prensa como contraria a las políticas de seguridad pueden convertirla en un blanco de ataques.
La Relatoría reconoce, una vez más, el valor de los periodistas, de los medios de comunicación de Colombia y de los defensores de derechos humanos, que de manera cotidiana arriesgan su vida y su integridad física para garantizar el derecho de la población a estar informada.

Sin perjuicio de estas observaciones preliminares, y a la luz de la información recabada durante la visita oficial, datos de visitas anteriores y nuevos reportes, la Relatoría presentará un informe respecto de estos y otros temas a la Comisión Interamericana de Derechos Humanos.

Comunicado de Prensa 121/05

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RELATORÍA PARA LA LIBERTAD DE EXPRESIÓN - COMISIÓN INTERAMERICANA DE DERECHOS HUMANOS

El relator especial de la OEA para la libertad de expresión Eduardo A Bertoni, quien visitó Colombia recientemente efectuando una visita especial al departamento de Arauca para confirmar denuncias recibidas, emitió al término de su visita el 29 de abril una declaración en la que expresa su preocupación por el “Fuerte clima de autocensura percibido entre los periodistas y medios de comunicación y la impunidad persistente en crímenes cometidos contra comunicadores sociales”. El alto funcionario insta al Estado colombiano a reforzar mecanismos para garantizar el pleno ejercicio de la libertad de expresión.

Bertoni dialogó con autoridades colombianas, organizaciones humanitarias y sostuvo un encuentro con voceros de la prensa alternativa e independiente en el cual los periodistas le entregaron un documento en el que se reseñan graves hechos de violación a la libertad de expresión y de prensa entre los que se cuentan las amenazas contra periodistas en regiones de Arauca, Huila, Tolima y los dos santanderes.

¿Cajas de resonancia del terrorismo?

De igual manera, el documento afirma que a pesar de que “...el mismo presidente Álvaro Uribe ha reafirmado su compromiso por defender la libertad de prensa en Colombia, y su decisión de no censurar, ni coartar la libertad de expresión de ningún periodista, ni de ningún colombiano, como parte de su política de gobierno, la situación es otra. Su mismo vicepresidente Francisco Santos el 23 de febrero, durante la instalación del Segundo Congreso Mundial de Víctimas del Terrorismo, dijo que los medios de comunicación “crearon una caja de resonancia a los hechos terroristas que sin duda fueron más efectivos que la misma utilización de explosivos por parte de estos grupos ilegales. Si esta es la manera que se expresa el Vicepresidente de la República sobre los medios de comunicación masivos, que de una u otra manera, se ha demostrado están al servicio del Estado, imagínese la forma en que se refiere el Gobierno sobre quienes pertenecen a algún medio alternativo de comunicación”.

El documento de la prensa alternativa, dice además que “con motivo de la negociación que adelanta el Gobierno y los paramilitares, el derecho a la verdad corre riesgo de desaparecer ante medios y periodistas amordazados y constreñidos en su capacidad de informar, favoreciendo el clima de impunidad y limitando el derecho de estar informados”.

Grave informe de la FLIP

Un informe de la Fundación para la Libertad de Prensa (FLIP) señala que aunque en Colombia en el 2.004 se presentó una reducción de las amenazas contra periodistas respecto al 2.003 (de 55 se pasó a 39), la situación sigue siendo grave. Hay ciudades como Cúcuta donde casi todos los periodistas que trabajan allí han recibido amenazas, y por otra parte, la FLIP ha encontrado que la autocensura entre los reporteros continúa, lo que puede incidir en la disminución del número de amenazas registradas.

En 2.004 se presentaron 14 casos de agresiones frente a cuatro que se presentaron en 2.003. De los 14 casos de agresiones, 13 se dieron en el marco de manifestaciones públicas. La situación más compleja se presentó el 17 de junio en Barrancabermeja, cuando Luz Dary Inés Mora, periodista del canal local Enlace TV, le arrojaron una piedra que le fracturó el pómulo, la nariz y dos dientes. Al parecer esta había sido arrojada por un miembro de la policía. Un mes antes, siete periodistas fueron agredidos mientras cubrían una manifestación en Cartagena en contra del TLC. Los meses más difíciles para la prensa fueron mayo y agosto. El departamento más afectado por la violencia contra la prensa en el 2.004 fue Norte de Santander con 14 violaciones. Allí se registró el mayor número de amenazas, dos periodistas de ese departamento salieron exiliados. Cesar y Bolívar le siguieron con 11 y nueve violaciones respectivamente, la mayoría de ellas concretadas en obstrucciones y agresiones. De acuerdo al medio los porcentajes de violaciones se dieron así: Prensa escrita 36 por ciento; 27 por ciento en la televisión; 31 por ciento radio y seis por ciento otros. Dos periodistas –Oscar Polanco y Martín Larotta﷓ y un vendedor de prensa, Jaime Alberto Madero fueron víctimas de asesinato en el 2.004.

El Convenio de Ibagué

De otra parte, los días 28 y 29 de abril se llevó a efecto en el Hotel Sofitel Altamira de Ibagué, Tolima, el Segundo Seminario Nacional de Garantías del Ejercicio Periodístico en Colombia, auspiciado por las fundaciones Hanns Seidel , Domopaz y organizado por el Congreso de la República. En el evento, el Fiscal General de la Nación Luis Camilo Osorio reconoció el alto riesgo que corren en el ejercicio de su profesión los periodistas colombianos. Fue denunciada por los delegados la desprotección social a que son sometidos los profesionales de la prensa y el presidente del Senado Humberto Gómez Gallo sostuvo que “...tenemos un sistema democrático que no funciona como debe funcionar la democracia y que los grandes gremios económicos no deben ser los dueños de los medios de comunicación”. “O nos quitamos los anillos o nos cortan los dedos” dijo en clara alusión a las presiones a la prensa.

El evento respaldó una propuesta conocida como Convenio de Ibagué, que plantea la creación de una confederación nacional de periodistas y trabajadores de la prensa a la que puedan adscribirse sin perder su autonomía las organizaciones existentes. También, impulsar un proyecto de ley en el Congreso para que del total de la pauta publicitaria asignada por el Estado a los sectores público y privado se destine un 20 por ciento para los medios alternativos e independientes que puedan comprobar su condición de tales. La propuesta ha recibido el apoyo de varios parlamentarios y se encuentra en un proceso de concertación para su trámite que será facilitado por el Presidente del Senado.

En el seminario, que se caracterizó por una amplia discusión, disertaron sobre temas pertinentes los periodistas César Mauricio Velásquez, presidente del CPB; Gloria Ortega de Medios para la Paz; Holman Morris de Contravía T.V, entre otros.