solidaridad con Gloria Cuartas, Javier Giraldo y Comunidad de Paz San José de Apartadó : Indymedia Colombia

Un grupo de parlamentarios adscritos a la Comisión Segunda Constitucional de la Cámara de Representantes, citó para el día 18 de mayo de 2005 a un debate sobre la masacre de 8 personas en la Comunidad de Paz de San José de Apartadó el pasado 21 de febrero, debate que se debió extender a una segunda sesión el día 25 de mayo, dado que la citación a una plenaria el día 18 limitó demasiado el tiempo disponible. El Representante citante, Dr. Hugo Ernesto Zárrate, solicitó al Ministerio de Defensa, a los mandos militares y a los organismos de control del Estado, explicaran por qué había fallado la protección del Estado frente a estas víctimas indefensas, estando además de por medio una serie de Resoluciones de la Corte Interamericana de Derechos Humanos que han exigido Medidas Provisionales a favor de esa Comunidad sometida desde hace años a un baño de sangre.

La intervención del gobierno y de sus fuerzas militares se produjo principalmente en la sesión del 25 de mayo, la cual fue minuciosamente preparada bajo la coordinación del General retirado Jaime Alberto Canal, quien a la vez es Representante miembro de la Comisión Segunda de la Cámara y actuó como citante a la segunda parte del debate. En su extensa intervención, cortada por momentos de sesión informal en los cuales presentó supuestos “testigos” y videos, el Representante Canal no apuntó en absoluto a clarificar las circunstancias y responsabilidades en la horrenda masacre de San José de Apartadó, sino a defender el honor de las fuerzas armadas, mediante el método de la descalificación, el ultraje estigmatizante y la criminalización de los denunciantes, método de larga trayectoria y de intenso uso en los agentes del Estado colombiano.

El General Canal inició su ataque a los denunciantes presentando una historia ficticia de la Comunidad de Paz de San José de Apartadó saturada de falsedades y calumnias, a todas luces construida por alguien que no conoce ni de lejos la historia, los objetivos, los principios, proyectos y logros de esta Comunidad, sino además elaborada con la intención no disimulada de degradar la imagen de la Comunidad, de sus integrantes, de sus líderes y de sus acompañantes, creando una base de “justificación” inconsciente de las violencias que han pretendido destruir la Comunidad, cuya última horrenda expresión ha sido la masacre del pasado 21 de febrero.

El objetivo buscado por el General Canal no era, pues, aportar a la verdad sobre los verdaderos victimarios, sino demonizar a quienes han presentado elementos de juicio convincentes que llevan a atribuir la autoría del crimen a unidades militares adscritas a la Brigada 17 del Ejército Nacional. Todo el discurso, los aportes de los falsos “testigos” y los videos, se dirigieron a acusar a la Comunidad de Paz y a los demás denunciantes como “colaboradores de las FARC”, para rematar, en una extraña lógica, con la tesis de que fueron las mismas FARC las que perpetraron la masacre, supuestamente para evitar que las víctimas desertaran de sus filas, como lo habrían ya anunciado.

Desde hace alrededor de una década los gobiernos colombianos han justificado todas los actos violentos perpetrados contra la población de San José de Apartadó como “acción contrainsurgente”. Pero particularmente desde marzo de 1997, cuando fue oficializada la Comunidad de Paz como espacio de población civil no involucrada en el conflicto armado, las unidades militares que recorren permanentemente la zona perpetrando todo tipo de violencias contra los civiles, no han podido capturar a ningún insurgente en los espacios de vida y de trabajo de la Comunidad de Paz, sometidos como están a operativos militares continuos e intensos. Ante la carencia de ese argumento fáctico, se han esforzado por acusar a los civiles de tener vínculos o de apoyar de una u otra forma a la insurgencia. Para ello han acudido al único método posible que es el falso testimonio, logrado bajo diversas formas de extorsión o soborno.

Una escena que se ha vuelto rutinaria en los retenes móviles que saturan los caminos del corregimiento, es la de acusar gratuitamente a los campesinos que transitan por ellos, principalmente a los jóvenes, de ser “guerrilleros”. Pasado el primer impacto que causa intenso miedo en las víctimas, ante la perspectiva de un proceso penal fundado en montajes que los haga condenar a prisión por muchos años, se pasa a ofrecerles ventajas judiciales y económicas si se declaran “reinsertados” y colaboran con el ejército en la destrucción de la Comunidad de Paz y de sus líderes. De casos como éstos han conocido la Corte Interamericana de Derechos Humanos e incluso una de las víctimas, a quien amenazaron con acusarlo de ser “miliciano” si no aceptaba la propuesta, recorrió varios ministerios, embajadas, todos los organismos de control del Estado y la Oficina del Alto Comisionado de la ONU contando su tragedia, sin que la más mínima protección le fuera garantizada.

Esa escena que se ha hecho rutinaria en los caminos del corregimiento de San José de Apartadó, se trasladó el 25 de mayo con toda su atrevida obsenidad al podio de la Comisión Segunda Constitucional de la Cámara de Representantes, donde desfilaron cuatro falsos “testigos” que bajo la batuta del Representante Canal repitieron la lección aprendida, para lo cual los entrenaron desde una hora antes en el piso bajo del edificio parlamentario, aduciendo que “la Comunidad de Paz está íntimamente ligada a los proyectos de las FARC”. Sus infundíos fueron tan excesivos que llegaron a afirmar que habían visto a la Doctora Gloria Cuartas y al Padre Giraldo “conversando con los jefes de las FARC de la zona” y que éste último “les subía en su carro toda la munición, ya que su carro no es requisado en los retenes militares”, ignorando que ni tiene carro y que su cédula a veces es retenida por media hora en los retenes militares como forma de intimidación.

Sobre dos de esos testigos: Elkin Darío Tuberquia y Apolinar Guerra, ya obraban denuncias en el mismo despacho del Presidente Uribe, donde se narran las torturas a que fueron sometidos en marzo de 2004 por el Coronel Néstor Iván Duque, en la Brigada 17 de Carepa, siendo luego víctimas de un montaje judicial que los forzaría a declararse “reinsertados”, ante la alternativa de tener que pasar largos años en la cárcel y sus familias en la miseria absoluta, tras ser “condenados” en dos instancias por jueces y magistrados corruptos cuyas decisiones no resistirán el más elemental examen de cualquier aprendiz del Derecho. Varios representantes a la Cámara secundaron la petición de que esos “testigos”-rehenes fueran entregados a un organismo internacional neutral, como el Comité Internacional de la Cruz Roja, antes de que abandonaran el recinto parlamentario, de modo que sean liberados de una tutela militar que desde marzo de 2004 les arrebató la capacidad de tomar decisiones libres.

El clímax de obscenidad del General Canal se hizo patético en los videos que presentó a los asistentes. Uno de ellos fue grabado en la sesión anterior de este mismo debate, en el cual sacaba una frase de su contexto en la exposición de uno de los líderes de la Comunidad de Paz, en la que éste afirmaba que “para la guerrilla era muy grave perder el territorio de San José”, afirmando el General Canal que el padre de este líder era el jefe de las milicias de Mulatos, cuando él ni siquiera conoce la vereda Mulatos. El otro video fue grabado por inteligencia militar clandestinamente en Venezuela, en el Congreso Bolivariano de los Pueblos (Maracaibo, 7 - 9 de diciembre de 2004) y editado para destacar que al terminar una conferencia de la Doctora Gloria Cuartas, en la cual pedía solidaridad con Colombia, se escucharon voces en el auditorio que pedían “Libertad para Simón Trinidad”, guerrillero de las Farc. Los asistentes repetían en coro la arenga, mientras Gloria Cuartas, micrófono en mano, observaba y finalmente se unía al coro diciendo: “libertad”.

No era la primera vez que la reconocida defensora de los derechos humanos y de las libertades públicas era seguida y controlada por organismos de inteligencia militar con el propósito de desacreditar sus posiciones humanitarias y políticas mediante difamaciones y calumnias. Con la seguridad que autoriza todo el desarrollo lógico de esta sesión parlamentaria, se puede afirmar que el escrutinio intenso en los archivos de la inteligencia militar solo permitió aportar como “prueba” de su “vinculación con la guerrilla” un grito de libertad a favor de un preso político cuyo proceso de captura y de extradición dejó inconfundibles rastros de ilegalidad registrados por todos los expertos en derecho interno e internacional. Ella misma reivindicó con vigor y valentía, en el mismo podio por donde transitaron sus falsos acusadores, sus convicciones insobornables que defienden las libertades y el derecho a buscar otro modelo posible de sociedad que no condene a la miseria y a la injusticia a las grandes mayorías nacionales. Además desafió a sus detractores a capturarla inmediatamente si creían que ella militaba en la insurgencia, cuando sus posiciones han sido absolutamente transparentes, rechazando además toda protección oficial para su vida a pesar de las constantes amenazas a que se ve sometida y que esa misma mañana se reiteraron a través de su teléfono.

Quien haya rastreado las noticias aparecidas en los medios masivos de información el 26 de mayo y los días posteriores, buscando una información sumaria de lo sucedido el día 25 de mayo en la Comisión Segunda de la Cámara, solo encuentra la estigmatización contra Gloria Cuartas, convertida en “noticia”, donde se transmite el mensaje del video editado y manipulado por el General Canal con la intención inocultable de criminalizar a los denunciantes de la masacre de San José de Apartadó, pero sin informar nada sobre los cuestionamientos a tan perverso método que se explicitaron en la misma sesión y sin decir una palabra sobre los elementos de convicción que la misma Doctora Gloria Cuartas expuso magistralmente, para demostrar que fue el Ejército el autor de la masacre, corrigiendo el mapa falso de ubicación de tropas que presentaron las fuerzas armadas.

No hay duda de que los medios masivos han tomado partido por tapar las verdaderas dimensiones de esta masacre como Crimen de Estado. Tampoco para ellos fue “noticia” que valiera la pena hacer conocer de la opinión pública, la decisión tomada por un grupo de parlamentarios, de solicitar a la Corte Penal Internacional que avoque el caso de la masacre de San José de Apartadó, ya que no se percibe que el Estado colombiano quiera hacer justicia, cumpliéndose entonces las condiciones previstas en el Estatuto de Roma.

El ensañamiento militar contra la ex Alcaldesa de Apartadó no es nuevo. Hace 10 años, cuando aún ejercía como Alcaldesa, fue objeto de una campaña sistemática de desprestigio con graves montajes y con falsos testigos, puestos en ese entonces por el General Retirado Rito Alejo Del Río. A ello se han sumado volantes y propagandas que buscan su deslegitimación y señalamientos de autoridades regionales en el gobierno del entonces gobernador Álvaro Uribe Vélez, hoy Presidente de Colombia, por oponerse a las cooperativas de seguridad llamadas “Convivir”, un claro intento de legalización del paramilitarismo.

Su intransigente oposición a políticas que violan las libertades ciudadanas y los derechos humanos la han convertido en blanco permanente de persecución. Ella con valentía denunció el “Plan Retorno”, que camuflaba el retorno violento de empresarios de Urabá para recuperar el poder de las fuerzas tradicionales exterminando a los militantes de la U.P., operación que arrojó más de 1.200 asesinatos entre 1995-1997.

Los panfletos, la presión sobre su vida, las calumnias de periodistas como Plinio Apuleyo Mendoza, las investigaciones que se pretendían abrir en la Procuraduría, el seguimiento del que es objeto, han llegado, entre otras, a incidir hasta en el retiro de su visa de los Estados Unidos de América, con el argumento que figura en “una lista de sospechosos en el Departamento de Estado de los Estados Unidos”. Están siendo afectados sus espacios afectivos, familiares y, laborales, pues el seguimiento obstaculiza su derecho al trabajo. Por la crudeza de su palabra está sometida al exilio interno, con grave daño moral, económico y político. Se ha ejercido presión para que no reciba apoyo económico de ONG, como el caso de la entidad Belga IPS, “International Peace Information Service”, en febrero 2004. Sus denuncias, ante el Parlamento Europeo, sobre el impacto de las políticas del gobierno en los derechos Humanos, incidieron en que fuera conminada por esta ONG a no continuar en una investigación de la que formaba parte.

Es su palabra el único instrumento de su accionar político y social. Reconocida por su civilidad, por la defensa de la democracia, Gloria Cuartas es exigente y clara al reclamar al Estado su obligación de garantizar la vida de ciudadanos y ciudadanas, así como el llamado a la salida política del conflicto social y armado, el acuerdo humanitario y la libertad de todas las personas privadas de ella a causa del conflicto.

Reconocida por la UNESCO y por numerosas organizaciones académicas, sociales y de mujeres como una mujer pública y valiente y una adalid de la paz, nunca ha acudido a esquemas de seguridad. Llamamos al pueblo de Colombia, a los medios de comunicación, a los miembros del Congreso y al Gobierno a contribuir a que cesen las amenazas, las calumnias y señalamientos contra Gloria Cuartas, el Padre Javier Giraldo y La Comunidad. Exigimos al Gobierno que garantice la vida digna de Gloria Cuartas, del padre Javier Giraldo y de la Comunidad de Paz de San José de Apartadó. Que garantice el pleno derecho de exigir verdad y justicia, y de ejercer una crítica libre y democrática.

Hacemos un llamado por el respeto y la garantía del pluralismo político y del libre ejercicio del derecho a la expresión política en Colombia.

Desviar la atención sobre la verdad y la responsabilidad por la masacre de San José de Apartadó, para desprestigiar y cerrar los espacios a la expresión política opuesta al gobierno, atenta contra la democracia.

FRENTE DE ACCIONES POR COLOMBIA-BREITES BÜNDNIS FÜR KOLUMBIEN
COMITÉ MONSEÑOR OSCAR ROMERO DE MADRID
COMITÉ DE SOLIDARIDAD CON AFRICA NEGRA DE MADRID
COMUNIDADES CRISTIANAS POPULARES DEL ESTADO ESPAÑOL
IGLESIA DE BASE DE MADRID
VANGUARDIA OBRERA SOCIAL, EQUIPO NACIONAL DEL ESTADO ESPAÑOL
ECOLOGISTAS EN ACCION - ESPAÑA
CENTRO DE DOCUMENTACION EN DERECHOS HUMANOS "SEGUNDO MONTES MOZO S.J."

INSTITUTO LATINOAMERICANO DE SERVICIOS LEGALES ALTERNATIVOS - ILSA
FRENTE SOCIAL Y POLITICO
ASOCIACION PARA LA INVESTIGACION Y ACCION SOCIAL-NOMADESC
COLECTIVO DE ABOGADOS JOSE ALVEAR RESTREPO
COMISION INTERECLESIAL DE JUSTICIA Y PAZ
CORPORACIÓN JURÍDICA HUMANIDAD VIGENTE
ESCUELA POLÍTICA DE MUJERESv MOVIMIENTO POPULAR DE MUJERES
dhColombia - RED DE DEFENSORES NO INSTITUCIONALIZADOSv ORGANIZACION FEMENINA POPULAR - OFP
ELPERIODIKO
SINDICATO DE TRABAJADORES DE LAS EMPRESAS MUNICIPALES DE CALI, SINTRAEMCALI,
SINDICATO DE LOS TRABAJADORES UNIVERSITARIOS DE COLOMBIA, SINTRAUNICOL
UNIÓN SINDICAL OBRERA, USO
CENTRAL UNITARIA DE TRABAJADORES CUT - VALLE DEL CAUCA
SINDICATO DE TRABAJADORES DE LA MINERÍA EN COLOMBIA - SINTRAMINERCOL
MOVIMIENTO ESTUDIANTIL DEL VALLE DEL CAUCA Y NARIÑO
FUNDACIÓN COMITÉ DE SOLIDARIDAD CON PRESOS POLÍTICOS, SECCIONAL VALLE DEL CAUCA
SINTRAMUNICIPIO BUGALAGRANDE
SINTRAMUNICIPIO YUMBO
SINTRAMUNICIPIO DAGUA
SINTRAMETAL YUMBO
ORGANIZACIONES BARRIALES JUVENILES ARTÍSTICAS Y POPULARES DE SANTIAGO DE CALI
CAMPAÑA PROHIBIDO OLVIDAR
CORPORACIÓN FASOL
CORPORACIÓN SIEMPRE VIVA
Corporación de Apoyo a Comunidades Populares, CODACOP

Isaura Casillas Navarro, Diputada Congreso Español
Hollman Morris, Periodista
Juan Pablo Morris
Ricardo Ferrer Espinosa, Periodista
Ignacio Ramírez
Gerardo Cajamarca Alarcon
Manuel Caicedo Paz
Joaquin Mayorga Fonseca, Presbitero
Rosario Saavedra
Lia Isabel Alvear Ramirez
Jorge Eliécer Molano
Luis Alberto Matta-Investigador
Vladimir Támara Patiño

Álvaro Uribe Vélez
Cra 8 N° 7-26 - Palacio de Nariño Bogotá D.C.
Fax: (+57 1) 5662071
E-Mail: auribe@presidencia.gov.co

Dr. Francisco Santos
Vicepresidencia de la República
E-Mail: fsantos@presidencia.gov.co

Ministerio de Defensa Nacional
Av. El Dorado Con Carrera 52 CAN
Bogotá D.C.
E-Mail:siden@mindefensa.gov.co, infprotocolo@mindefensa.gov.co, mdn@cable.net.co

Procuraduría General de la Nación
Dr. Edgardo José Maya Villazón
Cra 5 N° 15-80
Bogotá D.C.
Fax: (+57 1) 3429723 E-Mail: reygon@procuraduría.gov.co,

Programa presidencia de Derechos Humanos y derecho Internacional Humanitario
Dr. Carlos Franco
Calle 7 N° 5-54
Tel: (+57 1) 3360311
Fax: (+57 1) 3374667
E-Mail: cefranco@presidencia.gov.co, fibarra@presidencia.gov.co

Dr. Luis Camilo Osorio
Fiscalía General de la Nación
Diagonal 22B N° 52-01
Bogotá D.C.
Fax: (+57 1) 5702000
E-Mail: contacto@fiscalía.gov.co, denuncie@fiscalía.gov.co

Unidad de Derechos Humanos y derecho Internacional Humanitario
E-Mail: elbsilva@fiscalía.gov.co

Dr. Volmar Antonio Pérez Ortiz
Defensoría del Pueblo
Calle 55 N° 10-32
Bogotá D.C.
Fax: (+57 1) 6400491
E-Mail: secretaria_privada@hotmail.com

Dr. Michael Frühling
Oficina en Colombia del Alto Comisionado de Naciones Unidas para Los Derechos humanos
Calle 114 N° 9-45 Torre B Oficina 1101 Edificio Teleport Bussines Park Bogotá D.C
Teléfono: PBX (+57 1) 6293636 Fax: (+57 1) 6293637
E-Mail: oacnudh@hchr.org.co

In defense of freedom of thought and expression and
the right to Truth, Justice and Reparation:

Solidarity with Gloria Cuartas, Javier Giraldo and the
Peace Community of San José de Apartadó.

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We, as organizations and individuals committed to the
protection of the men and women who defend of human
rights, wish to inform public opinion here and abroad
of the following:

A group of parliamentarians, who are members of the
Second Constitutional Commission of the Colombian
Chamber of Representatives, called a debate on the
18th of May 2005, about the massacre of 8 people
(including a baby and 2 children) which occurred on
the 21st of February in San José de Apartadó. The
debate was continued on the 25th of May as there
wasn’t sufficient time to discuss the theme fully on
the 18th of May. The Representative who called the
first debate, Hugo Ernesto Zárrate, invited the
Minister of Defense, the Military High Command, and
the organisms of state control, to explain why state
protection of these defenceless victims had failed
even though the Inter-American court of Human Rights
has approved a series of Resolutions to protect this
community which has suffered so many blood baths.

The intervention of the government and its military
forces took place mainly on the 25th of May and was
extremely well prepared for under the coordination of
retired General Jaime Alberto Canal who is also a
Representative member of the Second Commission of the
Chamber of Representatives and who called the second
part of the debate.

In his long speech, interspersed at times with
‘informal sessions’ during which he presented supposed
‘witnesses’ and videos, Representative (retired
General) Canal did not attempt in any way to clarify
the circumstances and responsibilities of the
horrendous massacre of San Jose de Apartadó, but
rather he defended the honour of the armed forces,
using the methods of disqualifying, aggressively
stigmatizing and criminalizing those who were seeking
justice, a long-drawn-out method that involved
intensive use of agents of the Colombian state.

Representative (retired General) Canal began his
attack on those seeking justice by presenting a
fictitious history of the Peace Community of San José
de Apartadó, saturated with falsehoods and calumny,
and obviously made up by someone who has not the
remotest idea of the community’s history, aims,
principles, projects and achievements. On top of all
this, it was invented with the undisguised intention
of degrading the image of the community, its members,
its leaders and those who accompany its process, by
subliminally creating a foundation of ‘reasons’ to ‘
justify’ the constant violence whose aim has been
the destruction of the Community, and whose most
recent and terrible expression was the massacre of
the 21st of February 2005.

Obviously the aim of General Canal was not to shed
light on the identity of the perpetrators of this
crime, but rather to demonize those who have presented
convincing evidence that points to the military units
who are part of the 17th Brigade of the National Army
as the responsible party. The whole speech, the
contributions by the false ‘witnesses’ and the videos,
were all directed at accusing the Peace Community and
the other plaintiffs of being collaborators of the
FARC guerrilla. Using a peculiar logic, they added
insult to injury by concluding that it was the FARC
themselves who committed the massacre, supposedly to
keep the victims from deserting their ranks, as they
had supposedly declared they were about to do.

For about a decade now successive Colombian
governments have justified all violent acts against
the population of San José as ‘anti-insurgency
actions’, even though almost all of the victims have
been civilians with no connection to the war. However
since March 1997 when the Peace Community gained
formal recognition as a sanctuary for civilians not
involved in the armed conflict, the military units
which constantly patrol the area, committing all kinds
of attacks against civilians, have not managed to
capture any insurgents in the areas where the peace
community live and work, even though these areas are
subjected continuously and intensively to military
operations. So since this fabricated argument does not
work anymore, they now concentrate their efforts on
accusing civilians of having connections with the
insurgency in some way or another. To obtain proof
they have resorted to the only possible method, which
is false testimony obtained via diverse methods of
extortion or bribery.

A scene which has become routine at the mobile
checkpoints that saturate the roads and paths of the
settlement, is that of the Armed Forces gratuitously
accusing campesinos, especially the young men, of
being guerrillas. First the victim are scared and
intimidated by the very real possibility of a court
case based on false evidence which will lead to them
spending many years in prison; then the army offer to
drop the charges and offer economic bribes if the
campesinos agree to declare themselves to be
‘re-inserted’, ( i.e. that they are guerrillas who
have deserted their ranks and turned themselves in)
and if they agree to collaborate with the army to help
destroy the Peace Community and its leaders. Many
cases like this are known to the Inter–American court
of Human Rights and one victim, after the army
threatened to charge him with being a guerrilla
unless he accepted their proposal, went to various
ministries, embassies, to all the state control
institutions and to the Office of the High
Commissioner of the UN, without receiving even the
smallest guarantee of protection.

This scene, so commonplace on the roads of the
settlement, was transported in all its shameless
obscenity, on the 25th of May, to the platform of the
Second Constitutional Commission of the Chamber of
Representatives. Four false witnesses orchestrated
by Representative (retired General) Canal, repeated
the lessons they had just learned, having been
rehearsed for an hour beforehand on the lower floor of
the parliament building, so that they could recite
that: ‘the Peace Community is closely linked to the
projects of the FARC’. Their lies reached such a
pitch that they even swore that they had seen Gloria
Cuartas and Father Javier Giraldo ‘conversing with
FARC leaders of the area’,and that the latter
‘transported munitions in his car, since his car is
never searched at the military checkpoints’ ignoring
the fact that he doesn’t even have a car and that at
times his ID card is held for half an hour at the
checkpoints as a means of intimidation.

Facts about 2 of these false witnesses: Elkin Dario
Tuberquia and Apolinar Guerra had already testified,
in the Presidents own office, about the tortures
they had been subjected to in March 2004 by Colonel
Ivan Duque in 17th Brigade HQ in Carepa (an hour
from San José). They then became victims of a
judicial set-up which forced them to declare
themselves to be re-inserted ex-guerrillas - the only
other alternative open to them was to spend years and
years in jail leaving their families to live in
absolute misery. They were ‘condemned’ on two
occasions by corrupt judges and magistrates whose
decisions would not stand up to the most elemental
examination by any legal apprentice. Several members
of the Congress seconded a motion to have these
witnesses/hostages turned over to an neutral
international organization such as the International
Red Cross Committee before they left the parliament
building, so that they might be freed from a military
‘protection order’ which since March of 2004 has
denied them the capacity to make free decisions.

Representative (retired General) Canals obscenity
came to a pathetic climax with the videos which he
presented to the audience. One of them was filmed in
the previous session of the same debate (18th of May)
in which he took out of context a phrase by one of
the Communitys leaders who had affirmed that: ‘for the
guerrilla the loss of the territory of San Jose was a
very serious one’ General Canal used this phrase to
declare that the father of this leader is the head of
the FARC militia of Mulatos ( a tiny settlement many
hours from San José) when in fact the man doesn’t
even know the village of Mulatos. The other video was
recorded in Venezuela at the Peoples Bolivarian
Congress (Maracaibo 7 - 9 December 2004) and had
been edited to highlight the end of the conference.
It shows Gloria Cuartas making a plea for solidarity
with Colombia, whilst voices can be heard in the
auditorium demanding freedom for Simon Trinidad, a
FARC guerrilla extradited to the US. The audience
repeat the chant in chorus whilst Gloria Cuartas,
microphone in hand, looks on and finally joins in the
chorus saying ‘Freedom’.

This is not the first time that this well known
defender of human rights and civil liberties has been
followed and spied upon by military intelligence with
the aim of discrediting her humanitarian and political
ideals by means of defamation and calumny. In
accordance with the logic that rules the unfolding of
this parliamentary session, it can stated with
certainty that intense scrutiny of military
intelligence records in the search for ‘proof’ of
Gloria Cuartas ‘connection with the guerrilla’, came
up with nothing better than this shout for freedom
for a political prisoner whose arrest and
extradition left in its wake a glaring trail of
illegalities according to all experts in national and
international law . On the same platform as her false
accusers, Gloria energetically and bravely
vindicated her unshakeable beliefs in the defense of
civil liberties and the right to seek another
possible model for society, one that would not
condemn most of this country’s population to poverty
and injustice. She also challenged her detractors to
arrest her immediately if they really believe she is a
member of the insurgency in spite of the fact that her
position has been absolutely transparent. She has
always refused the protection of state security
measures in spite of constant death threats, even
though on that very morning she had received yet
more death threats by telephone.

Anyone searching the mass media on the 26 of May and
the following days, looking for a summary of what
happened on the 25th of May in the Second Commission
of the Chamber will only find accounts of the
stigmatization against Gloria Cuartas parading as
‘news’, and including the contents of the video that
was edited and manipulated by Representative (retired
General) Canal with the undisguised intention of
criminalizing those seeking justice for the massacre
of San José. But no information will be found on the
questions that were clearly asked during the same
session, about the use such twisted methods. And not a
word will be found on the evidence, so magisterially
exposed by Gloria Cuartas, that shows that the Army
did commit the massacre, as she corrected the false
information shown on the map presented by the army, of
where the troops were placed at that time. There are
no doubts that the mass media have helped hide the
real dimensions of this massacre as a Crime of the
State. Neither did they consider it ‘newsworthy’ that
a group of parliamentarians decided to ask the
International Penal Court to take on the case of the
massacre in San José, thereby complying with the
conditions laid down in the Treaty of Rome, as there
are no signs that the Colombian State wants justice
done.

This military brutality against the ex-Mayoress of
Apartadó is nothing new. Ten years ago while she was
still Mayoress, she was the target of a campaign to
discredit her, that included serious set-ups and false
testimonies, organized at that time by General (now
retired) Rito Alejo del Rio. In addition there were
leaflets and propaganda which sought to de-legitimize
her, and accusations made by local authorities of the
government of the then-governor of Antioqia, Alvaro
Uribe Velez, who is today the President of Colombia,
all because Gloria opposed the creation of the
Convivir, the first project that sought to legalize
the paramilitaries.

Her intransigent opposition to policies that violate
civil liberties and human rights has made her a
permanent target for persecution. She bravely
denounced the ‘plan retorno’ which was just a
camouflage for the violent return of entrepreneurs to
Urabá who re-conquered traditional positions of power
by exterminating the Unión Patriotica (a very popular
and successful left-wing political party), an
operation that led to more than 1,200 assassinations
between 1995 - 97

The pamplets, the pressure of death threats, the
calumnies of journalists like Plinio Apuyelo Mendoza,
the investigations against her opened in the State
Prosecutors Office, the surveillance to which she is
subjected, all these have resulted in thing like the
cancellation of her USA visa with the excuse that she
appears on ‘a list of suspects in the U.S. State
Department.’ Also affected are the personal, family
and professional areas of her life as the surveillance
has impeded her right to work. Because she speaks
out so straightforwardly, she has been subjected to a
kind of internal exile, causing her serious moral,
economic and political damage. Pressure has been
exerted so that she doesn’t receive financial support
from NGOs as was the case with the Belgian group IPIS
– International Peace Information Service – in
February of 2004; her declarations before the European
Parliament about the impact of government policies on
Human Rights caused this NGO to forcibly persuade her
not to continue with an investigation which they were
funding.

Her words are the only instruments of her political
and social actions. Recognized for her humane
attitudes and for her defense of democracy, Gloria
Cuartas clearly and vociferously insists that the
state fulfill its obligations to guarantee the lives
of its citizens, and calls for a political solution
to the social and armed conflict, for a humanitarian
agreement and freedom for all the people who’ve lost
theirs because of this conflict.

Recognised by UNESCO and by numerous womens groups,
academic and social organizations as a brave woman, a
public figure and a peace leader, she has never
recommended military solutions.

We call on the people of Colombia, on the media, on
members of Congress and the Government to add their
voices so that the threats, calumnies and
accusations against Gloria Cuartas, father Javier
Giraldo and the Peace Community of San José de
Apartadó cease forthwith.

We demand that the Government guarantee the lives and
dignity of Gloria Cuartas, of father Javier Giraldo
and of the Peace Community of San José de Apartadó,
and that it guarantee the right to insist on truth
and justice and to exercise democratic freedom of
opinion. We call for respect and guarantees for
political pluralism and the right to exercise freedom
of political expression in Colombia.

Signed by:

ESCUELA POLÍTICA DE MUJERES

MOVIMIENTO POPULAR DE MUJERES

CORPORACIÓN JURÍDICA HUMANIDA VIGENTE

dhColombia – RED DE DEFENORES NO INSTITUCIONALIZADOS

Please send your expressions of support to:

The President

Álvaro Uribe Vélez

Cra 8 N° 7-26 – Palacio de Nariño

Bogotá D.C.

Fax: (+57 1) 5662071

E-Mail: auribe@presidencia.gov.co

Vicepresident of the Republic

Dr. Francisco Santos

E-Mail: fsantos@presidencia.gov.co

Minister de Defence

Av. El Dorado Con Carrera 52 CAN

Bogotá D.C.

E-Mail: siden@mindefensa.gov.co,
infprotocolo@mindefensa.gov.co, mdn@cable.net.co

Procuraduría General de la Nación

(State Prosecutors Office)

Dr. Edgardo José Maya Villazón

Cra 5 N° 15-80

Bogotá D.C.

Fax: (+57 1) 3429723

E-Mail: reygon@procuraduría.gov.co,

anticorrupción@presidencia.gov.co

Programa presidencia de Derechos Humanos y derecho
Internacional Humanitario

(Presidential programme for Human Rights and
International Humanitarian law)

Dr. Carlos Franco

Calle 7 N° 5-54

Tel: (+57 1) 3360311

Fax: (+57 1) 3374667

E-Mail: cefranco@presidencia.gov.co,
fibarra@presidencia.gov.co

analinder@presidencia.gov.co

mariacarrasquilla@presidencia.gov.co

Fiscalía General de la Nación

(State Attorneys Office)

Dr. Luis Camilo Osorio

Diagonal 22B N° 52-01

Bogotá D.C.

Fax: (+57 1) 5702000

E-Mail: contacto@fiscalía.gov.co,
denuncie@fiscalía.gov.co

Unidad de Derechos Humanos y derecho Internacional
Humanitario

(General Attorneys Human Rights Office)

: elbsilva@fiscalía.gov.co

Defensoría del Pueblo

(The Peoples Ombudsman Office)

Dr. Volmar Antonio Pérez Ortiz

(The Peoples Ombudsman Office)

Calle 55 N° 10-32

Bogotá D.C.

Fax: (+57 1) 6400491

E-Mail: secretaria_privada@hotmail.com

Oficina en Colombia del Alto Comisionado de Naciones
Unidas para Los Derechos humanos

(UN high Commissioners Office for Human Rights)

Dr. Michael Frühling

Calle 114 N° 9-45 Torre B Oficina 1101 Edificio
Teleport Bussines Park

Bogotá D.C

Teléfono: PBX (+57 1) 6293636

Fax: (+57 1) 6293637

E-Mail: oacnudh@hchr.org.co

Womenas Politcal Studies group

asociacionestudiosdemujeres@yahoo.es

World Organization against torture.

EL OBSERVATORIO

(FEDERACION INTERNACIONAL DE LOS DERECHOS HUMANOS) y
la OMCT (Organización Mundial Contra la Tortura)

observatoire@iprolink.ch

Lawyers Collective

Corporación Colectivo de Abogados "José Alvear
Restrepo"

Calle 16 No. 6 – 66 Oficina 2506 Edificio Avianca

Bogotá D.C., Sudamérica

Fax. 1- 2824270

colect@etb.net.co

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En defensa de la libertad de pensamiento, expresión y los derechos a la verdad, justicia y reparación Solidaridad con

Gloria Cuartas, Javier Giraldo y la Comunidad de Paz de San José de Apartadó