El desafío del miniFührer : Indymedia Colombia

El viernes 22 de julio pasado el presidente Álvaro Uribe Vélez precipitó la sanción de la ley de “Justicia y Paz” muy a pesar de las críticas en el país y en el exterior, debido a que ella consagra la impunidad de los crímenes de lesa humanidad, cometidos por los grupos paramilitares. Igual, legaliza a los narcotraficantes, sentados en Santa Fe de Ralito, ahora revestidos de un carácter político que no pueden tener.

El acto de la Casa de Nariño, en la cual sólo estuvieron sus protagonistas en el Gobierno Nacional, fue un desafío a los que en Colombia y en el exterior, no tan pocos como aseguran los áulicos del uribismo, critican el esperpento antidemocrático y proparamilitar. Algo innecesario, pero propio de la arrogancia del uribismo. Revela al mandatario colombiano tal como es: un miniFührer con arrebatos de dictador tropical, retratado hace algunos años en El otoño del patriarca, una de las obras del genial Gabriel García Márquez, hoy integrante oficioso del sanedrín palaciego.

Faltaba apenas el trámite de la publicación en el Diario Oficial y quedará en firme la ley, aplicable de manera exclusiva a los grupos paramilitares, como lo ha reconocido el nuevo Fiscal General de la Nación, Mario Iguarán, hasta la fecha viceministro del Gobierno Nacional y uno de los principales promotores de la impunidad, en el mejor estilo de su predecesor Luis Camilo Osorio.

La actitud desafiante de Uribe Vélez no tiene límite. Hace pocas semanas, en el viaje que realizó a Madrid y a Londres, no encontró el apoyo que pretendía a la cuestionada ley. Al contrario, las ONG y organismos de derechos humanos, entre ellos los de la ONU, le reclamaron no sancionarla con la finalidad de introducirle modificaciones en el mejor sentido del reconocimiento a la verdad, la justicia y la reparación. El propio presidente Rodríguez Zapatero, quien hizo ambiguas declaraciones, tuvo que reunirse con las ONG españolas y prometerles que estaría vigilante para que no hubiera impunidad en Colombia. Peor le fue a la misión oficial, integrada por el vicepresidente Francisco Santos, la canciller Carolina Barco y el comisionado Luis Carlos Restrepo, repudiada en los Estados Unidos por varios congresistas que no quisieron reunirse con sus integrantes y por el Consejo Editorial de The New York Times, que adujo no tener tiempo para recibirla. El mensaje fue inequívoco. No deja ninguna duda.

Sin embargo, el Gobierno Nacional, empotrado en su arrogancia, puso a caminar el entuerto, convencido de que es una demostración de fortaleza y de gobernabilidad. Entre tanto, el paramilitarismo continúa agenciando sus actividades criminales a lo largo y ancho del país. Las “AUC” de Ramón Isaza en el Magdalena Medio y en el norte del Tolima cometen crímenes y boleteos, al igual que las huestes de Jorge 40 en la costa norte y qué decir de Arauca, Casanare y Meta, cuyos jefes están muy acomodados y protegidos en Ralito, esperando la impunidad. Báez y un grupo de empresarios que comienzan a quitarse la capucha, preparan el lanzamiento de proyectos políticos, reforzados por el entramado de negocios ilícitos, no sólo del narcotráfico, que los convierte en potentados y barones políticos regionales. Todo colocado al servicio de la reelección y de la política de seguridad democrática.

Estamos ante una situación de flagrancia de la violación del ordenamiento internacional. Ante un Gobierno inmoral que no tiene escrúpulos para imponer su concepción fascistoide. Consideraciones suficientes para que desde la izquierda y los sectores populares y democráticos se acelere la unidad para derrotar la política del tirano.