En Antioquia: Inminente la quiebra de los hospitales : Indymedia Colombia

El pasado 22 de julio, se llevó a cabo, al Foro sobre el Pasivo Prestacional de los Hospitales de Antioquia, convocado por la Asociación de Empresas Sociales de Estado de Antioquia AESA. Allí, en medio de la expectativa por oír buenas noticias del Ministerio de Hacienda, se lanzó por parte de los gerentes de los hospitales de Antioquia una alerta general y la consigna de “desobediencia civil”.

Ya no son las organizaciones de trabajadores las encargadas de encender las alarmas. Suficientes improperios y señalamientos de culpabilidad han recibido durante los ya largos 11 años de la Ley 100 de 1993; suficientes procesos de reestructuración de hospitales que han dejado en la calle a miles de trabajadores de la salud; suficiente persecución gremial y sindical; suficientes calumnias sobre presuntos "privilegios".

¿Cuál es el problema?

Pero, ¿de qué se trata el problema que hoy preocupa a los gerentes, los gobernadores y a los alcaldes?

Por todos es conocido que una condición para la descentralización de la Salud y la creación de las ESE (Empresas Sociales del Estado), antes hospitales, y por ende para que los municipios recibieran la responsabilidad administrativa de éstos, era el compromiso de la Nación de entregar a estas instituciones libres de deudas, una vez aprobada la Ley 100 de 1993. Este compromiso quedó claramente definido en la Ley 100 y, posteriormente, en la Ley 60 de 1993 y ratificada en la 715 de 2001 en donde, mediante el mecanismo de la cofinanciación, la Nación y los departamentos, estos últimos con recursos propios-rentas cedidas, se comprometieron al pago del pasivo prestacional (pensiones, cesantías, reserva pensional de trabajadores activos y retirados), causados a 31 de diciembre de 1993.

Lo anterior estaba suficientemente claro y fue, como ya lo dijimos, la condición para la creación de las ESE pero, y fruto de la política del ajuste fiscal del actual Gobierno, para apalancar deuda y aumentar recursos para el aparato militar, es que se expide con la firma del actual Presidente - candidato, el Decreto 306 del dos de febrero de 2004, el cual cambia las reglas del juego constitucionales y legales y obliga a las ESE a cofinanciar la deuda contraída con los trabajadores antes de 1993.

Conejo a los municipios

Lo anterior implica, no sólo que el Gobierno hace conejo a los hospitales y municipios, sino que coloca en serio riesgo de cierre a la casi totalidad de hospitales de Antioquia y del país ya reestructurados y muchos de ellos sólo con una insignificante planta de personal, toda ella de orden administrativo.

Pero, de contera, coloca al Seguro Social también en situación de mayor riesgo financiero, pues éste ha estado siendo obligado a reconocer pensiones por vía judicial, ante la negativa e imposibilidad financiera de municipios y hospitales de asumir el bono pensional, dado que la Corte Constitucional reiterativamente ha afirmado que el problema de los bonos es una situación a resolver entre empleadores. Es importante recordar aquí que la nación, los departamentos y municipios, con datos de 2001, le adeudaban al ISS cerca de 12 billones de pesos por concepto de bonos pensionales.

Además, muchos hospitales, caso Metrosalud, que recibían recursos del Situado Fiscal Prestacional, hoy Sistema General de Participación, tienen que facturar esos recursos disminuyendo ostensiblemente los ingresos y creando un serio disbalance entre ingresos y egresos.

Para hablar de cifras, sólo basta citar lo denunciado por el Gerente de AESA, quien afirma que la deuda total a los trabajadores por concepto de Prestaciones Sociales, tanto los activos como los jubilados y despedidos, asciende a quinientos mil millones de pesos de los cuales, y producto del Decreto 306, le corresponde a los hospitales de Antioquia cofinanciar cerca de doscientos mil millones de pesos.

Gobierno debe cumplir la Constitución

Al inicio de este artículo afirmábamos que compartíamos la alerta y la denuncia hecha por los gerentes y, además, como lo reiteramos en el Foro, estamos dispuestos a ser eco de la exigencia al Gobierno Nacional de que cumpla con la Constitución y la ley y que pague lo que debe para evitar que una mayor crisis institucional, amén de la ya existente, golpee a los usuarios de los servicios de salud para los cuales el gobierno de Uribe es absolutamente indolente.

No sobra reiterar que, nuevamente, se demuestra que los culpables de la crisis no son los trabajadores sino, por el contrario, los gobiernos nacional y departamental fruto de la Ley 100 de 1993 que, como lo dijimos desde el debate en 1993 en el Congreso de la República, persigue sólo acabar con la seguridad social pública, los hospitales, golpear a los trabajadores y enriquecer al sector financiero privado mediante la intermediación con las EPS y ARS.

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Este artículo será publicado en el periódico Momento Médico #84, correspondiente a los meses de julio – agosto de 2005. El autor es Fiscal Asmedas Antioquia Miembro Junta Directiva Nacional de Asmedas Representante de los Profesionales en el Consejo Departamental de Seguridad Social en Salud.