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Solicitan excepción de inconstitucionalidad de la mal llamada ley de 'justicia y paz'
por Movimiento de Víctimas de Crímenes de Estado Monday, Aug. 08, 2005 at 9:26 PM

Mañana martes 9 de agosto, el Movimiento de Víctimas de Crímenes de Estado, recientemente constituído, entregará al Vicepresidente Francisco Santos, un derecho de petición donde se le solicita aplique la excepción de inconstitucionalidad de la ley No. 975 de 2005, y por ende no conforme la Comisión Nacional de Reparación y Reconciliación, prevista en el artículo 50 de dicha ley.

Para los miembros del Movimiento de Víctimas, esta Comisión carece de legitimidad y su conformación significaría una nueva violación a la dignidad de las víctimas y su derecho a la participación. Como lo han mencionado en varias oportunidades públicamente, la mencionada ley desconoce los estándares internacionales de los Derechos Humanos y del Derecho Internacional Humanitario, y principios fundamentales de la Constitución Política de Colombia.

Por el contrario, “es de facto, una ley de impunidad que posibilita a los victimarios seguir encubriendo tanto las circunstancias de modo, tiempo, lugar, como a los determinadores de los crímenes que cometieron, impide también, que los victimarios reciban el castigo proporcional a los delitos cometidos, que las víctimas participen en la toma de decisión de los procedimientos para la reparación integral...”, asegurando así la consolidación paramilitar en todos los campos.

Este es el quinto Derecho Petición que los representantes del Movimiento de Víctimas han realizado desde el año pasado. El primero, enviado el 1 de julio de 2004, solicita información sobre el estado de 2.137 casos de crímenes de lesa humanidad debidamente enunciados y detallados- cuyos presuntos autores son los jefes paramilitares Hernán Giraldo, Diego Fernando Bejarano, Salvatore Mancuso Gómez, José Vicente Castaño, Rodrigo Tovar Pupo, Iván Roberto Duque, Hernán Hernández, José Miguel Arroyave Ruiz, Lorenzo González Quinchía y Carlos Castaño. El segundo, remitido el 28 de julio del mismo año, solicita información y apertura de investigación de otros 143 casos de “desaparición” forzada; y el tercero, emitido el 1 de octubre de 2004 pide la investigación de los homicidios que estarían cometiendo presuntamente los jefes paramilitares concentrados en la llamada “zona de ubicación” de Santa Fe de Ralito, y de los cuales, daban cuenta las grabaciones magnetofónicas trascritas por la revista Semana (edición del 27 de septiembre al 4 de octubre de 2004) en las que el Alto Comisionado para la Paz habla de tales hechos con los voceros de los grupos paramilitares.

El penúltimo, dirigido al nuevo Fiscal de la Nación, Mario Iguarán, además de solicitarle la excepción de inconstitucionalidad de la ley, le pide que haga efectiva la posibilidad de que las vítimas de los casos reseñados por el movimiento, se constituyan en parte civil en el procedimiento que adelanta la Fiscalía en el marco de la ley de “justicia y Paz”, haciendo uso del derecho de las mismas a la verdad con fundamento en la jurisprudencia de la Corte Constitucional.

El Movimiento de Víctimas de Crímenes de Lesa Humanidad se materializó durante la clausura del Segundo Encuentro Nacional de Víctimas, realizado en Bogotá el pasado 23, 24 y 25 de junio, fecha en la cual, más de mil representantes de todo el país se dieron cita con el ánimo de evaluar y definir estrategias jurídicas y políticas dentro y fuera del país para buscar la derogatoria de la recién aprobada ley de “Justicia y Paz”, conformar una Comisión Internacional de Observación del proceso de avance del paramilitarismo en Colombia, entre otras cosas.

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