Dignidad y reparación : Indymedia Colombia

Tratar con dignidad a las víctimas parte de actos elementales como reconocer que existen, garantizar su seguridad y, además, evitar toda forma de estigmatización o censura que impida su participación pública en aquellos asuntos que les conciernen directamente.

Ninguna de esas condiciones se cumple en la ley de “justicia y paz”. En esa norma no se reconoce la existencia de las víctimas de los agentes estatales (artículo 5, “Definición de víctima”), y lo que debería ser un resarcimiento integral de millones de personas que han padecido el impacto de la violencia sociopolítica, se reduce a actos puntuales de indemnización discriminatoria, ajenos por completo a la responsabilidad del Estado. Las pocas familias que sean cobijadas por las compensaciones económicas, tendrán que someterse al degradante tratamiento de pactar con los perpetradores de los crímenes el monto de la reparación, o de acogerse a un fondo que se constituye como un arca de beneficencia pública. Lo que debería ser un proceso oficial de dignificación, se convierte así en un gesto caritativo de particulares, o en una transacción entre víctimas y victimarios en el llamado “incidente de reparación”. Una transacción en la que, por lo demás, no se logrará que los jefes paramilitares se desprendan de una parte significativa de sus inmensas fortunas fraudulentas. (Don Berna, heredero del imperio de Pablo Escobar e “intendente de las autodefensas”, ha asegurado, por ejemplo, que es dueño sólo de una casa en Medellín, de una “finquita” y de algunas cabezas de ganado).

La ley dispone además la creación de la Comisión Nacional de Reparación y Reconciliación, una instancia cuya composición no ha sido consultada con las víctimas, y especialmente con las asociaciones que han criticado la legalización de los grupos paramilitares. Por eso cualquier representación en esa instancia de entidades que reclamen ser delegatarias de los sectores perseguidos por el Estado y los paramilitares, carecerá de legitimidad, y será un nuevo acto de exclusión. Tampoco ha sido objeto de consulta el carácter de este organismo y, tal como se ha concebido, no incidirá en temas cruciales como la restitución de los millones de hectáreas de tierras expropiadas o la instauración de las libertades políticas de los grupos destruidos por acciones de genocidio. De esta manera, su función será limitarse a la retórica de la reconciliación y la reparación simbólica.

Las víctimas no quieren que ninguna comisión gubernamental, con pretensiones mesiánicas, les diga cómo tienen que organizarse, o lo que deben hacer “para tender puentes con los victimarios”. Su exigencia primordial es ser tratadas como lo que son: sujetos de derecho. Así lo han demostrado, por ejemplo, los indígenas del Cauca, que se tomaron la hacienda El Nilo para reclamar su derecho a la reparación, o los desplazados que recientemente invadieron inmuebles en Bogotá.

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Murió el ex presidente Julio César Turbay Ayala. Queda impune su responsabilidad judicial por la institucionalización de la “desaparición” forzada, la tortura y las detenciones arbitrarias a finales de la década de 1970. Será entonces el esclarecimiento histórico el que arroje luz sobre su papel en la gestación de un modelo represivo que inspiró la actual política de “seguridad democrática”.