Parlamento europeo: Fuertes críticas al proceso de desmovilización en Colombia : Indymedia Colombia

La Señora Morgantini se refirió a la situación de extrema gravedad que sigue padeciendo Colombia y dijo que era tarea de todos de cualquier color político colaborar para la búsqueda de la paz. "Esto si una paz justa. En Colombia las mujeres de la Ruta Pacífica me dijeron que no querían Ni una guerra que nos mate ni una paz que nos oprima".

Después de citar los diversos actores del conflicto, sin olvidar los propios agentes del Estado, Luisa Morgantini criticó el hecho que en Colombia se busca involucrar a todo el mundo en el conflicto armado, y por esto se reprime violentamente hasta las comunidades indígenas o las comunidades de paz que simplemente no quieren verse involucrados en la guerra.

La Señora Adriana Arboleda, defensora de los derechos humanos y miembro de la Corporación Jurídica "Libertad" ilustró como en Medellin los grupos paramilitares supuestamente desmovilizados siguen oprimiendo la ciudadanía, extorsionando y matando. Se trata de un reciclaje realizado por el Gobierno. "Siguen con sus crímenes, por esto decimos que esto es un proceso de reciclaje de paramilitares". Estimó que el proceso viola la Constitución Colombiana, y pidió a la UE de esperar el fallo de la Corte Constitucional antes de dar pasos en apoyo político o financiero a la ley de "Justicia y Paz".

Es señor Dick Oosting, representante de Amnistía Internacional, insistió que la Conclusión del Consejo de Ministros sobre Colombia, es ambigua, porque recuerda la posición de la Naciones Unidas y de la Comisión Interamericana que estiman que esta ley no lleva a la paz y no hace sino ampliar la impunidad. Pidió que se vea que mecanismo se va a dotar la UE para vigilar este proceso y para asegurar la existencia de un marco conforme al derecho internacional, tal como el propio Consejo lo exigió en sus conclusiones de enero y diciembre del 2004.

En representación del Gobierno colombiano viajó a Bruselas el asesor presidencial para los derechos humanos, Señor Carlos Franco. Prometió que a la fecha del 1 de enero del 2006, "no habría ya un solo paramilitar en Colombia", gracias a esta ley que, a su juicio, presenta todas las garantías necesarias en materia de defensa de los derechos de las víctimas, particular en cuanto al derecho a reparación.

El diputado Fridhjof Schmidt del partido de los Verdes estima que el Consejo ciertamente no dio una luz verde en cuanto al proceso ayer, y el comunicado recuerda las numerosas fallas de la ley. Hay que trabajar ahora al establecimiento de mecanismos con el fin de suplir a estas carencias, en cuanto a la legislación internacional, y ver también como establecer mecanismos que condicionen cualquier apoyo a estos avances.

En conclusión, la señora Morgantini recordó el apoyo de la UE a la conclusión de un acuerdo humanitario.

Por otra parte, Colombia es el mayor destinatario de fondos de la UE en América latina. Por esto propuso que se invite a la Comisión europea a una próxima reunión, con el fin de examinar los logros y las dificultades de los proyectos en Colombia, en particular los laboratorios de paz. En cuanto a la ley de justicia y paz, la presidente reiteró la neceisdad de instaurar mecanismos destinados a vigilar el desarrollo del proceso de desmobilización y la aplicación de esta ley. A la Comisión del desarrollo le compete ademas vigilar de cerca el uso de los fondos europeos, para que no sirvan para obviar los derechos a de las víctimas a la justicia y que no sirvan para enriquecer aun mas unos paramilitares y narcotraficantes. Invitó a los asistentes a asistir a la ponencia que dará el señor Frülhing, de Naciones Unidas, ante la sub-Comisión de derechos humanos del Parlamento europeo, el próximo 10 de Octubre.

LA LEY DE IMPUNIDAD NO DEBE SER APOYADA
POR LA UNIÓN EUROPEA

PRONUNCIAMIENTO PÚBLICO

El Movimiento de Víctimas de Crímenes de Estado, constituido el pasado mes de junio en Bogotá, y que reúne asociaciones de víctimas, familiares y sobrevivientes; organizaciones de derechos humanos, sindicales, de mujeres, étnicas, sindicales, campesinas, expresiones juveniles, entre otras, señala frente al pronunciamiento de la Unión Europea del 3 de octubre de 2005 lo siguiente:

1. Contrario a lo que señala el gobierno colombiano sobre la desmovilización de las estructuras paraestatales, lo que ha venido ocurriendo es la institucionalización de estos grupos, la legalización de miles de hectáreas arrebatadas a los campesinos mediante masacres y desplazamiento -así como de las fortunas obtenidas por el narcotráfico, y la impunidad frente a graves violaciones a los derechos humanos y crímenes de lesa humanidad.

2. Las propias conversaciones muestran hacia dónde avanza este proceso: No se ha respetado el cese de hostilidades, como han denunciado múltiples organizaciones; la población civil continúa en muchas zonas del país siendo víctima del control paramilitar; se han denunciado múltiples casos de legalización de dineros criminales a través del control de los juegos de azar, negocios de prostitución y contrabando, y la presión por obtener los dineros de las Empresas Prestadoras de Salud; son cada vez más evidentes los nexos de sectores de la política y de los gremios económicos con los paramilitares, que no han sido debidamente investigados.

3. Al tiempo que se conforman las entidades que ejercerán la reducida investigación y el otorgamiento de “penas alternativas” previstas en la ley de “justicia y paz”, una gigantesca operación de testaferrato y de legalización de fortunas fraudulentamente adquiridas se produce sin que las autoridades emprendan ninguna clase de iniciativa que permita decomisar los capitales y bienes usurpados. Todo esto con el fin de que las tierras arrebatadas a los desplazados, la posesión ilegal de territorios, los capitales del narcotráfico y los dividendos de otros negocios ilícitos, escapen exitosamente a toda acción judicial.

4. Esta Ley carece de total seriedad en cuanto a la participación y reparación de las víctimas. No entendemos cómo se pretende financiar la reparación cuando las cuentas de los victimarios no serán tocadas. En la medida que las grandes fortunas de los paramilitares quedan intactas, será la población la que termine pagando los daños ocasionados por los paramilitares. No puede ser digna una reparación que parte del criterio de que deben ser los fondos de la cooperación internacional -o peor aún, los empréstitos internacionales- los que otorguen indemnizaciones a una mínima parte de las familias y comunidades que han soportado el impacto de la acción criminal. Acudir a la ayuda internacional, y dejar intactas las inmensas fortunas de quienes detentan bienes que han sido arrebatados por la fuerza a los desplazados, a los “desaparecidos” y a los asesinados, es sin lugar a dudas una nueva afrenta para las víctimas y la sociedad.

5. Denunciamos todo el proceso de “negociación”, rechazamos el marco legal adoptado con violación de múltiples convenios internacionales y desconocemos la Comisión de Reparación y Reconciliación que pretende representar a las víctimas de crímenes de Estado. La representación de las víctimas no puede ser decidida al gusto del Gobierno. Reiteramos que al igual que en los casos de los países del Cono Sur del continente, lucharemos porque la verdad salga a la luz, se juzgue a los responsables, se restaure la memoria colectiva de nuestro país, siendo conscientes que el camino a recorrer es largo.

6. Consecuentes con estas consideraciones, nuestro movimiento y otros sectores del país hemos demandado la Ley de “Justicia y Paz”, que nosotros llamamos “Ley de impunidad”, por violar abiertamente la normativa nacional e internacional en la materia, otorgar carácter de delincuentes políticos a los paramilitares y negar la responsabilidad estatal en los crímenes, los cuales nunca prescribirán y nunca olvidaremos.