LA 'COMISIÓN DE REPARACIÓN ' NO REPRESENTA NI LA VOLUNTAD NI LA POSICIÓN DE LAS VíCTIMAS : Indymedia Colombia

En días pasados el Gobierno Nacional creó la Comisión Nacional de Reparación y Reconciliación; una instancia cuya composición ha sido determinada unilateralmente por el Poder Ejecutivo, y cuyo carácter está definido en los artículos 50 y 51 de la ley No. 975/05, llamada de "justicia y paz".

Este organismo se constituye en momentos en que, lejos de producirse el efectivo desmantelamiento de las estructuras paraestatales, continúa evidenciándose un proceso de crecimiento y extensión del poder paramilitar en vastas zonas del país. Sin haber entregado nada sustancial en contraprestación, y sin que hayan encarado sus responsabilidades judiciales, los jefes paramilitares ya se presentan como candidatos a los cuerpos colegiados o al poder local, en listas que en su mayoría pertenecen a las diversas corrientes del uribismo. En varios departamentos, especialmente los de la Costa Atlántica, se hace patente el desmoronamiento del Estado de Derecho, y la proliferación de situaciones de corrupción en las que aparecen involucradas redes mafiosas sostenidas en la sombra por paramilitares supuestamente desmovilizados. La connivencia entre agentes estatales y paramilitares se mantiene intacta, y además, se fortalece con la inclusión de desmovilizados en las filas de la Fuerza Pública y en los distintos componentes de la política de "seguridad democrática".

Al tiempo que se conforman las entidades que ejercerán la reducida investigación y el otorgamiento de "penas alternativas" previstas en la ley de "justicia y paz", una gigantesca operación de testaferrato y de legalización de fortunas fraudulentamente adquiridas se produce sin que las autoridades emprendan ninguna clase de iniciativa que permita decomisar los capitales y bienes usurpados. Todo esto con el fin de que las tierras arrebatadas a los desplazados, la posesión ilegal de territorios, los capitales del narcotráfico y los dividendos de otros negocios ilícitos, escapen exitosamente a toda acción judicial.

En estas condiciones, las víctimas de la violencia oficial y paramilitar sólo logran hacer efectivas sus exigencias de justicia y reparación por la vía de acciones organizadas, o del recurso a la justicia internacional. De esta manera ocurrió, por ejemplo, en el caso de la masacre cometida contra funcionarios judiciales en el corregimiento de La Rochela en 1989, cuyos familiares debieron acudir al sistema interamericano de protección de los derechos humanos para lograr que el Estado reconociera su responsabilidad en esos hechos. Así aconteció también con las comunidades indígenas del Cauca, que se han movilizado para que el Gobierno cumpla con sus compromisos internacionales de devolverles las tierras arrebatadas luego de la masacre perpetrada en la hacienda "El Nilo" en 1991.

Como lo ha expresado reiteradamente el Movimiento de Víctimas del Estado, la ley 975/05 no propicia la superacion de la impunidad de los crímenes cometidos en Colombia, ni tampoco la paz o la democracia. Sus mecanismos y disposiciones eluden intencionalmente el esclarecimiento y la sanción de la responsabilidad estatal en el patrocinio y desarrollo de la estrategia paramilitar, así como posibilitan a los autores materiales e intelectuales de graves violaciones a los derechos humanos seguir encubriendo sus identidades, sus motivaciones estructurales y los beneficios que han obtenido por medio de métodos de criminalidad sistemática. La ley de impunidad, que se
presenta como una norma de "justicia y paz", impide a las víctimas ser sujetos procesales que actúen con garantías ante los estrados judiciales, y que participen ampliamente en la toma de decisiones sobre los procedimientos que conciernen sus derechos fundamentales. Los recursos que dispone la ley no permiten lograr el pleno esclarecimiento de los hechos, la aplicación rigurosa de la justicia ni la satisfacción integral de los daños ocasionados. Por éstas, entre muchas otras razones, el movimiento de víctimas de la violencia estatal ha solicitado a las autoridades la excepción de inconstitucionalidad de las medidas consagradas en la ley, y ha entablado una acción pública de inconstitucionalidad ante el tribunal competente.

A la luz de estos argumentos críticos del proceso de impunidad que encubre el fortalecimiento en la legalidad de estructuras paramilitares, es que el Movimiento de Víctimas de Crímenes de Estado evalúa la creación de la Comisión Nacional de Reparación y Reconciliación. Este organismo no reúne las condiciones mínimas de independencia y representación democrática, que deberían sustentar la creación de un órgano de su naturaleza. Su conformación ha sido hecha sin un proceso previo de participación y consulta de las asociaciones de víctimas, familiares y sobrevivientes, que representan realmente a los grupos políticos, étnicos y sociales agredidos por la violencia estatal y paramilitar. El procedimiento de integración de la Comisión es fruto de las predilecciones del actual Gobierno, y no de una interlocución democrática con la sociedad civil.

El Poder Ejecutivo no puede ser a la vez juez y parte en temas como el esclarecimiento de la responsabilidad histórica del propio Estado. De ahí que las funciones de dilucidación de algunos aspectos de la verdad histórica - que la ley le asigna a la Comisión- sólo compete a una instancia que cuente con el reconocimiento de su idoneidad ética por parte de las víctimas, la sociedad y la comunidad internacional. Esta instancia no es legitima, porque su creación la ha efectuado un Gobierno seriamente comprometido en graves violaciones a los derechos humanos, no es el organismo llamado a determinar las responsabilidades sociales y políticas en los casos de crímenes de lesa humanidad, genocidio político y crímenes de guerra, cometidos por servidores públicos en connivencia de grupos paraestatales y mercenarios.

De igual modo, no puede ser digna una reparación que parte del criterio de que deben ser los fondos de la cooperación internacional -o peor aún, los empréstitos internacionales- los que otorguen indemnizaciones a una mínima parte de las familias y comunidades que soportan el impacto de la acción criminal. Acudir a la ayuda internacional, y dejar intactas las inmensas fortunas de quienes detentan bienes que han sido arrebatados por la fuerza a los desplazados, a los "desaparecidos", a los torturados y a los asesinados, es sin lugar a dudas una nueva afrenta para las víctimas y la sociedad.

Adicionalmente, en la actualidad no existen en el país condiciones favorables para la participación de las víctimas, pues ellas continúan siendo silenciadas por las estructuras paramilitares y mafiosas, y sus propiedades siguen siendo usurpadas y legalizadas con presiones. Los procesos de desmovilización encubren prácticas generalizadas de control social y político sobre la población. Bajo tales circunstancias, no existen las premisas indispensables que aseguren la protección de la vida y la integridad de quienes sean involucrados en los procedimientos a que de lugar el trabajo de la Comisión.

El Movimiento de Víctimas de Crímenes de Estado, expresión organizada y representativa de personas y comunidades que se afirman en la búsqueda de la verdad, la justicia y la reparación integral, llama a propiciar el fortalecimiento de las iniciativas de las victimas en el actual escenario de auge del control social, político y económico de los grupos paramilitares en el país. Asimismo, llama a seguir estimulando todas las formas de desobediencia civil y de acción jurídica nacional e internacional como caminos estratégicos para derrotar la impunidad generalizada y abrir el camino hacia la democracia real en Colombia.

Bogotá D.C., 3 de octubre de 2005.

Movimiento de Víctimas de Crímenes de Estado

Fernell Vergel, C.C. 88.142.443
Educador Desplazado de Ocaña, junio 2002

Paulina Mahecha, C.C. 24.571.249
Madre de desaparecida el 19 de abril de 2004

Paola Martínez, C.C. 37.930.101
Víctima de la masacre de la Rochela

Maria del Pilar Navarrete, C.C 39.663260
Familiar de desaparecido en los hechos del Palacio de Justicia

Sandra Beltrán, C.C. 39.701.338
Familiar de desaparecido en los hechos del Palacio de Justicia

Yuri Enrique Neira, C.C. 19.480.414
Padre de Víctima de la Violencia Policial

Fernando Gutiérrez, C.C. 79.309.882
Víctima de masacre, familiar de 3 desaparecidos forzados, 2 asesinados, un detenido y un judicializado.

Maria Susana Herrera,
hermana de Asesinado el 5 nov 1999

Rosalba Campas, C.C. 41.724.519
Familiar de Desaparecido 23 agosto de 1982

Nury Malagón Hernandez, C.C. 52.837.723
hermana e hija de asesinados 20 junio 1996

Luis Eduardo Espinosa, C.C. 94.446.795
Víctima de tortura y desplazamiento 2002

Miguel Ángel Pérez, C.C. 73.139.198
Víctima de amenazas de los paramilitares y desplazamiento por 3ª vez

Carmen Zúñiga Vásquez, CC. 45.365.979
Familiar de Desaparecido y asesinado, Desplazada

Daniel Maestre, CC. 77.183.523
Miembro del pueblo Kankuamo desplazado

Elkin Movil Alberto, CC 5.164.679
Miembro del pueblo Wiwa desplazado

Neptalí Alfonso Velásquez, CC 17.309.130
Víctima de atentados y desplazado

Aideé Moreno Ibague, CC. 40.393.021.
esposa, madre y hermana de asesinados, desplazamiento de toda su familia.

Luz Marina Hache, CC. 41.667.245
familiar de desaparecido 20 nov 1986

Constanza Tobasia C.C. 52.025442

Diana Teresa Muñoz

Margarita Parias, C.C. 41.745.5710
Justicia y Vida

Gladys Avila Fonseca, CC. 51.683.242 de Bogota,
hermana de EDUARDO AVILA FONSECA Detenido-Desaparecido, el 23 de abril de 1993. posterior asesinato, miembro de ASFADDES.

Leonel Sanchez Rivera, CC. 8.344.118 De Emvigado, Antioquia,
padre de Jairo Hernando Sanchez Gil, Detenido-Desaparecido el 1de Agosto del 2001, en Montebello, finca LA GALLETA. Miembro de Asfaddes.

Maria Helena Ruiz de Ospina C.C. 41.440.965,
de Bogotá, esposa de HERNANDI OSPINA RINCON, Detenido-Desaparecido el 11 de septiembre de 1982, miembro de ASFADDES.

Milliret Moncada Peña C.C. 55.169.043,
hija de HUMBERTO MONCADA,Detenido-Desaparecido, el 6 de junio 1983, miembro de ASFADDES.

Mercedes Ruiz Higuera, C.C. 51.652.680 de Bogotá,
cuñada de HERNANDO OSPINA RINCON, Detenido-Desaparecido el 11 de septiembre de 1982, miembro de ASFADDES.

Esperanza Merchán Plazas, C.C. 51.995.833 de Bogotá,
compañera de EDUARDO AVILA FONSECA, Detenido-Desaparecido-Asesinado el 23 de abril de 1993, miembro de ASFADDES.

Organizaciones:

Secretaria de Derechos Humanos de la Uneb

Asociación de Familiares de Detenidos-Desaparecidos de
Colombia, ASFADDES

Fundación "Manuel Cepeda Vargas"

Fundación Comité de Solidaridad Presos Políticos

Comisión Intereclesial Justicia y Paz

Proyecto Justicia y Vida

ASPU

Fensuagro

Sintraunicol

Andas

Corporación Colectivo de Abogados "José Alvear Restrepo"

Frente Social y Político

Unión Patriótica

Comité Permanente por la Defensa de los Derechos Humanos

Asonal Judicial

Bogotá, 6 oct (PL) Congresistas colombianos expresaron hoy su pesimismo sobre los alcances de la Comisión Nacional de Reparación y Reconciliación, encargada de rehabilitar de daños a víctimas de la violencia en este país.

Ese grupo de 12 personas tomó posesión el martes pasado y tendrá como misión fundamental reparar a miles de víctimas de la violencia en Colombia, en este momento a los afectados por los actos de las paramilitares Autodefensas Unidas de Colombia (AUC).

La Comisión constituye uno de los acuerdos de la Ley de Justicia y Paz, recientemente aprobada por el Congreso y sancionada por el presidente Alvaro Uribe, para darle un marco jurídico a la desmovilización de los grupos paramilitares.

Consultado sobre la labor de ese equipo, el jurista y senador liberal Dario Martínez sostuvo que por más esfuerzos que haga no podrá escapar del marco jurídico de la ley que "le abrió las puertas a la impunidad penal y a la impunidad de la reparación".

Agregó que las herramientas jurídicas de dicha organismo son precarias, porque "se disimuló un proceso judicial para establecer penas ridículas y una reparación pírrica y simbólica que constituye una vergüenza desde el punto de vista penal".

Por su parte, el congresista Héctor Heli Rojas manifestó que mientras el gobierno no haga las listas de los posibles beneficiarios, se puede considerar que la Comisión Nacional está en el aire, porque "su principal fuente de finanzas son los bienes que entreguen quienes se acojan a la pena alternativa".

Como no hay reglamentación de la ley, puede suceder que los bienes en lugar de llevarlos al juez sean transferidos a terceros antes de llegar el proceso, lo cual seria grave, alertó Rojas.

Asimismo, el legislador Luis Alfredo Ramos manifestó su esperanza de que la Comisión contribuya y llene las expectativas de lo que el país espera y desempeñe un papel conciliador de intermediación.

Para analistas locales consultados por Prensa Latina, el arranque de este grupo no pudo ser más complicado, toda vez que comenzó con el reconocimiento de la falta de recursos para cumplir su objetivo fundamental de reparar a las vícitmas.

Por eso, el vicepresidente Francisco Santos, quien se encuentra en España, apuntó que, tras el aval condicionado por la Unión Europea esta semana a la Ley de Justicia y Paz, el gobierno empezaría a tocar puertas para lograr apoyo económico.

Sin embargo, el Procurador General, Edgardo Maya, advirtió que no hay recursos suficientes para reparar el grave daño cometido por los grupos alzados a las miles de víctimas.

A ello respondió el Fiscal General, Mario Iguarán, con que la Ley obliga a que sean entregados todos los bienes de origen ilícito en manos de los desmovilizados, así como de la devolución de las tierras a los campesinos y hacendados que fueron desplazados y despojados por los violentos.

Pero, los observadores locales insisten en que la posibilidad de que esos millonarios bienes muebles e inmuebles se conviertan en la principal fuente de financiación para indemnizar a las víctimas, es muy complicada de concretar.

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