Ver este artículo sin comentarios
Gobierno Nacional desconoce derechos de las Comunidades Afrodescendientes de Jiguamiandó
por DeVer 211
Saturday, Oct. 22, 2005 at 8:33 AM
justiciaypaz@andinet.com
El 20 de octubre, el diario El Tiempo publicó información relativa al contenido de un nuevo informe del Ministerio de Agricultura, que arroja como resultado la supuesta legalidad de más de la mitad del proyecto palmicultor al “concluir” que “131 predios hasta ahora analizados de 732 en conflicto” deben ser descontados de los títulos colectivos adjudicados por el INCORA a los afrodescendientes en virtud de la Ley 70 de 1993.
Dada su brevedad reproducimos el texto completo del artículo de El Tiempo:
“VÍA LIBRE A LA PALMA
"Los cultivos industriales de palma en Curvaradó y Jiguamiandó (Chocó) recibieron ayer la bendición del Gobierno Nacional.
"El proyecto fue cuestionado por la defensoría del Pueblo y autoridades religiosas de la zona, que denunciaron presiones de los grupos paramilitares y la supuesta afectación de terrenos entregados a las comunidades negras.
"Pero una investigación del Ministerio de Agricultura determinó que los 131 predios hasta ahora analizados, de 732 en conflicto, “ son de propiedad privada”, pues sus poseedores demostraron títulos expedidos antes de la vigencia de la ley 79 de 1993.
"Por lo tanto, “dicha propiedad privada debe respetarse y descontarse de los títulos colectivos adjudicados alas comunidades negras de Jiguamiandó y Curvaradó. Esos predios constituyen más de la mitad de las 20 mil hectáreas del proyecto palmicultor”.
Resulta sorprendente que el Ministerio de Agricultura llegue a estas conclusiones en este momento, cuando el pasado 14 de marzo del año en curso, el INCODER NACIONAL, como fruto de la verificación en terreno de los cultivos de palma aceitera en las cuencas de los ríos Jiguamiandó y Curvaradó, realizada entre el 24 de octubre y el 1 de noviembre del 2004, presentó un informe en el que concluyó que “confrontadas las áreas de los territorios colectivos con las áreas sembradas en palma de aceite y evaluados los documentos sobre compraventa de predios y mejoras, aportados en la diligencia por las empresas URAPALMA, PALMAS DE CURVARADÓ, PALMAS S.A., Y PALMADÓ , se concluye que el 93% de las áreas sembradas con cultivos de palma de aceite, se encuentran dentro de los territorios colectivos adjudicados por el INCORA a las comunidades negras del CURVARADÓ y JIGUAMIANDÓ…El 7% restante se encuentra ubicado en predios de propiedad privada adjudicados por el INCORA antes de la vigencia de la Ley 70 de 1993”.( resaltados fuera del texto).
Evidenciando en su séptima conclusión, luego de hacer un estudio de la documentación existente y escuchar los testimonios de los miembros de estas comunidades afrodescendientes, que las formas aparentemente legales para justificar la “indebida ocupación de los territorios colectivos” por parte de las empresas palmicultoras, consiste en la celebración de contratos de compraventa de mejoras a personas particulares que dicen tener ocupación de estos territorios antes de la expedición de los títulos colectivos, o a miembros individuales de los Consejos Comunitarios, los cuales, sin embargo, califica como carentes de validez jurídica.
Igualmente, señala como uno de estos mecanismos de legalización de la ilegalidad, “la compraventa de predios de propiedad privada, adjudicados inicialmente como baldíos a pequeños campesinos de la región y sobretodo a miembros de las comunidades negras antes de la vigencia de la Ley 70 de 1993, y que fueron excluidos de los títulos colectivos” haciendo expresas sus dudas respecto de algunos títulos individuales aduciendo que “Ninguna persona podrá adquirir la propiedad sobre terrenos inicialmente adjudicados como baldíos, si las extensiones exceden los límites máximos para la titulación señalados por la Junta Directiva para las Unidades Agrícolas Familiares, en el respectivo municipio o región . También serán nulos los actos o contratos en virtud de los cuales una persona aporte a sociedades o comunidades de cualquier índole, la propiedad de tierras que le hubiesen sido adjudicadas como baldíos, si con ellas dichas sociedades o comunidades consolidan la propiedad sobre tales terrenos en superficies que excedan a las fijadas por el instituto para la Unidad Agrícola Familiar”.
Ante la evidente usurpación de tierras para la implementación del proyecto del monocultivo de palma aceitera y ganadería extensiva, el INCODER en este primer informe hace manifiesta su preocupación aduciendo que “…esta situación en la práctica representa para la región del Jiguamiandó y el Curvaradó, una contrarreforma Agraria, pues los títulos habían sido adjudicados por el INCORA para dotar de tierras a campesinos pobres y negros sin tierra, que ahora pierden ese importante activo para su subsistencia…” (Resaltados fuera del texto).
Finalmente, sin entrar en muchos detalles sobre el impacto ambiental, indica que principalmente en el territorio de las comunidades del Curvaradó, se han construido vías carreteables, canales de drenaje, viveros, ha habido cambios de uso de suelos, talas de árboles, secado y desviación de fuentes de aguas.
Es alarmante que después de más de 13 desplazamientos sufridos por las Comunidades de Jiguamiandó y Curvaradó, de más de 110 asesinatos y desapariciones y habiéndose constatado la ilegalidad de la siembra de palma aceitera en los territorios colectivos de las comunidades negras, hoy el Gobierno Nacional contradiga sus propias conclusiones para favorecer los intereses económicos de los palmicultores.
Preocupa que so pretexto de la existencia de predios de propiedad individual dentro del título colectivo adjudicado a los afrodescendientes, se despoje a las comunidades de sus derechos formalmente reconocidos a su existencia y al territorio y se legitime la contrarreforma agraria de la que habla el INCODER en su informe del 14 de marzo de 2005 dando vía libre al monocultivo.
COMISIÓN INTERECLESIAL DE JUSTICIA Y PAZ
es.geocities.com/justiciaypazcolombia/
Instituto Colombiano de Desarrollo Rural les quitó 10 mil hectáreas a negritudes del Chocó
por El Tiempo
Sunday, Oct. 23, 2005 at 12:34 AM
Las tierras, dedicadas a la producción de palma, hacían parte de las 101 mil que les adjudicaron a 1.125 familias tras un desplazamiento masivo.
Siete meses bastaron para que el Instituto Colombiano de Desarrollo Rural (Incoder) cambiara radicalmente su posición frente a los cultivos de palma en los territorios de las comunidades negras de Curvaradó y Jiguamiandó, entre el Urabá chocoano y antioqueño.
En marzo de este año dijo, refiriéndose a empresarios de la palma de aceite, que "desconociendo el carácter no enajenable de estas tierras", adjudicadas en titulación colectiva a comunidades que las habían habitado ancestralmente y víctimas del desplazamiento, "desarrollaron una masiva compraventa de predios y mejoras". Y concluyó que este proceso carecía de "validez jurídica".
Ahora asegura que 10.162 hectáreas son de propiedad privada y "deben descontarse de los títulos colectivos adjudicados a las comunidades de Jiguamiandó y Curvaradó".
En el 2000, tres años después de un éxodo masivo de los habitantes de esa zona por la guerra entre paramilitares y guerrilleros, el liquidado Incora hizo la titulación colectiva sobre 101 mil hectáreas que las comunidades ocupaban antes de la huida, para sacarlas del mercado de la tierra. Lo hizo con base en la Ley 70 de 1993.
Pero cuando los desplazados empezaron a regresar, se encontraron con que sus parcelas estaban cultivadas con palma de aceite o dedicadas a la ganadería. Muchas estaban sembradas con coca. Detrás de esta ocupación, según las denuncias avaladas por la Iglesia Católica y varias ONG, estaban ‘paras’ que impulsaban un gran proyecto agroindustrial.
El proceso, según Ventura Díaz, consejero de Paz del Chocó, transcurre así: "Grupos armados matan a un líder negro, después amenazan a la comunidad y se quedan con sus tierras para sembrar palma aceitera".
La situación provocó incluso pronunciamientos de la Comisión y de la Corte Interamericana de Derechos Humanos, que ordenaron al Estado colombiano "adoptar sin dilación medidas para proteger la vida e integridad personal, y prevenir la comisión de daños irreparables en perjuicio de las comunidades de Curvaradó y Jiguamiandó". Aún así, estas podrían perder otras 10.000 hectáreas sobre las que hay reclamos de particulares.
El Gobierno admite que pudo equivocarse al adjudicar las 101 mil hectáreas, pues asegura que encontró legales algunos títulos privados en la zona entregada.
Sin embargo, la Iglesia del Chocó y las comunidades alegan que la titulación a privados ha pasado hasta por la falsificación de firmas y documentos de propiedad.
Celebración y sorpresa
El reversazo del Incoder, que vuelve a poner a Colombia en el ojo de la Corte Interamericana, cayó de perlas a los empresarios de la palma, y como un baldado de agua fría a las negritudes e instituciones que las han acompañado en las denuncias.
"Es un relanzamiento de los proyectos palmicultores porque se va a recuperar la confianza del inversionista privado", dijo el empresario Gabriel Jaime Sierra, que gerencia Palmas del Curvaradó, una de las últimas en meterse en el megaproyecto que agrupa a 12 empresas de la Asociación de Palmicultores del Darién. Ve esto como una oportunidad para generar empleo.
De hecho, una de las primeras medidas del Gobierno será restablecer los créditos a los palmicultores, suspendidos a raíz de las denuncias.
"Lo que hay que preguntar es cuáles son los verdaderos dueños de esos títulos individuales a los que los palmicultores han desplazado", dice el sacerdote Albeiro Parra, director de Pastoral Social de la Diócesis de Quibdó. Reiteró sus acusaciones contra el bloque Élmer Cárdenas de las Auc. Dijo que en la región se ha dado una reforma agraria a la inversa.
Por ahora, la Defensoría del Pueblo, que en su momento acompañó las denuncias del Incoder, está a la espera de que el nuevo informe se traduzca en resoluciones, para impugnarlas cuando sea del caso.
"Vamos a seguir atentos porque las denuncias que avaló la Defensoría son muy serias y por eso se ordenó la protección de los derechos de las comunidades", dijo el defensor, Vólmar Pérez.
Hoy persiste el desplazamiento en la zona. Según Codhes, en los primeros seis meses de este año, 8.178 personas dejaron sus tierras.
Un informe incómodo
En el gobierno del presidente Álvaro Uribe, que ha adoptado como una de sus banderas la expansión de las siembras de palma africana en el país, el primer informe del Incoder provocó roncha.
Tanto que, a los pocos días de haberse conocido, ese documento prácticamente se convirtió en un tema vedado en el Instituto y en el Ministerio de Agricultura. Incluso hubo orden de no distribuirlo más, sin mayores explicaciones.
El relevo en la Dirección del Incoder, en agosto pasado, no varió esa situación.
"Es un tema sobre el que hay muchas presiones", dijo una fuente que conoce el caso.
Cuando EL TIEMPO intentó conocer detalles de la última investigación y consultar la opinión del nuevo director, Luis Ortiz, su oficina de prensa declaró que había instrucciones precisas del Ministerio de Agricultura para centralizar allí toda la información sobre las tierras de las comunidades negras de Curvaradó y Jiguamiandó.
El viraje
Esto dijo hace 7 meses
“...un grupo de inversionistas privados aprovechó el desplazamiento forzado de que han sido víctimas estas comunidades, desarrolló una masiva compra de predios y mejoras... para establecer cultivos de palma de aceite...”
Primer Informe Incoder,
marzo 14 del 2005
101 mil 57 hectáreas les tituló el Incora a 1.125 familias negras en Curvaradó y Jiguamiandó como ‘inembargables e inajenables’.
93 por ciento, 3.834 hectáreas del total de 4.183 cultivadas con palma, están en territorios colectivos adjudicados por el Incora a los negros.
142 predios privados, con 13.952 hectáreas tramitados por el Incora antes de la Ley 70 de 1993, fueron excluidos de los territorios colectivos.
Esto dice hoy
“...los 131 títulos estudiados son propiedad privada...los 39 predios visitados están en la propiedad colectiva de Jiguamiandó y Curvaradó...y deben respetarse y descontarse de los títulos colectivos de las comunidades negras...” .
Incoder, octubre 19 del 2005
10.162 hectáreas tienen 39 predios cuyo carácter privado ya fue reconocido por el Incoder. Serán descontadas del territorio colectivo.
51 por ciento, 1.978 hectáreas de 3.841 sembradas de palma en las cuencas de los ríos Jiguamiandó y Curvaradó, están en predios privados.
732 predios se pretenden como privados. El Incoder ya avaló 131 de esos títulos y espera concluir el proceso en febrero del 2006.
REDACCIÓN NACIONAL
COPYRIGHT © 2005 CASA EDITORIAL EL TIEMPO S.A.
|
