La tierra para el que la... : Indymedia Colombia

Esta semana, al ocurrir las tomas de tierras de los indígenas caucanos, el gobernador de ese departamento compareció, indignadísimo, ante las cámaras de televisión para convencer a la audiencia de que los verdaderos terratenientes del departamento eran las comunidades guambiana y paez. Para sustentar esa falacia invocó, con harta convicción, unas estadísticas de propiedad de la tierra que debieron haber desconcertado a más de un incauto. Habló también de “la propiedad privada”, del “respeto a las instituciones” y de “las gentes de bien”, en un tono señorial al que apenas le faltaban la espada y la cruz, que no el mostacho con el que parecía azuzar no a sus arcabuceros, sino a los ninjas de la policía.

Al día siguiente, cuando se revelaron cifras de entendidos sobre lo que el Estado les adeuda en tierras a las comunidades caucanas y a las de otras regiones —a las que se les ha cumplido apenas en un 10%, y en lugares de fertilidad exigua (Amazonas, Chocó y La Guajira)—, el gobernador caucano le mermó a sus ínfulas y se mostró manso, aunque no tanto como para pedir el repliegue de la policía que les gritaba a los ocupantes: “Si quieren tierras, trabajen”.

Irresponsable, y de pronóstico imprevisible, el tierrero que está armando este gobierno, y que quizás agrave ahora que está tan triunfalista y se siente tan crecido con lo de su reelección. En el Cauca, algunos vivos —me imagino que “blancos”— han inducido a comunidades negras para que marchen contra los indígenas, olvidándose, o ignorando, que a sus pares étnicos, los afrocolombianos del Chocó, los paramilitares acaban de usurparles, con la anuencia y el sello del Ministerio de Agricultura, 131 predios que formaban parte de las propiedades colectivas que el Estado les había adjudicado mediante la Ley 79 de 1993, y que a partir de la fecha se destinarán a cultivos de palma africana, la planta con que los narcotraficantes creen lavarse de sus culpas.

Está en marcha, pues, una reforma agraria a la fuerza, con ingredientes raciales —o digamos de una vez que racistas— muy marcados, con la que se está ambientando el despojo total de sus territorios a las minorías étnicas que ancestralmente los han habitado y a las que, encima de eso, logreros inescrupulosos quieren enfrentar entre sí.

Se tramita, además, en el Congreso, un proyecto de ley —Ramiro Bejarano fue el primero en alertar sobre él en su columna de El Espectador— que supuestamente tiene el buen ánimo de sanear, con títulos otorgados en forma expedita, aquellas propiedades que son objeto de posesión, aunque quien las usufructúe carezca de las respectivas escrituras. Curioso que en un contexto de conflicto armado, cuando de 4 millones de hectáreas —dicen que de las mejores tierras— han sido expulsados 2 millones de colombianos que ahora le jalan al rebusque en los semáforos de las grandes ciudades, al Gobierno se le prenda el bombillo con esa iniciativa. Dice Mauricio García Villegas, (Semana 16 de octubre) que “El artículo 12 del proyecto establece que “si en la diligencia de inspección al inmueble se determina su identificación y no hubiese oposición, se dejará constancia en el acta, con la cual el juez proferirá inmediatamente providencia de saneamiento del título o títulos de propiedad, la cual se notificará por estrados”. Y agrega que “Como buena parte de las tierras cuyo título de propiedad se intenta asegurar son (…) de los desplazados, pregunto, ¿cuántos de esos desplazados se podrán oponer a estas diligencias de inspección (…) que serán realizadas precisamente en las tierras de las que tuvieron que huir por temor? Más aún, ¿cuántos se enterarán siquiera del resultado de la diligencia si la notificación es por estrados (efectuada oralmente en el lugar de la diligencia), no personal? Si los eventuales opositores son los desplazados, ¿no se prestaría acaso la ley para terminar de despojarlos de la tierra que ya parcialmente les quitaron cuando los echaron?”.

Parece bien orquestado el golpe, y desde diversos flancos, pues el proyecto éste, articulado con el de la Ley de Justicia y Paz, terminará premiando a quienes a punta de motosierra y dándoselas de antisubversivos, lo que buscaban era hacerse ricos. Con razón Eduardo Pizarro —el de “la abdicación ética”, según un amigo suyo—, desde su nuevo cargo en esa cosa llamada “Comisión de reparación y reconciliación”, insiste tanto en el simbolismo de la reparación a las víctimas de este sangriento desahucio. Si es que no quieren dejar materialmente nada para devolverles. Aunque hay que reconocer que les ofrecen, para compensarlos de la indemnización semiótica, un carnet del Sisbén y un cupito en el Sena. “Peor es nada”, pensará Pizarro.

Si el propio Gobierno, para dárselas a rufianes que no los llena nadie, les quita a las comunidades del Chocó tierras que la Ley les tituló hace doce años, pero que además siempre fueron de ellas, no veo por qué los indígenas caucanos tengan que cruzarse de brazos. Y menos con ese par de leyes —la de Justicia y Paz y la de titulación de posesiones de facto—, que pueden dejarlos en la física calle.

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