Esta palma es maldita, es de muerte : Indymedia Colombia

El Informe del que los afrodescendientes desconocen su contenido y del cual se han enterado por dos artículos breves publicados en el diario El Tiempo es el resultado de la impugnación empresarial del primero, que fue presentado ante la Corte Interamericana de Derechos Humanos en marzo pasado, como una supuesta expresión de voluntad gubernamental de resolver la situación que desconoce de modo evidente los derechos de los afrodescendientes.

El diario El Tiempo calificó de reversazo el contenido del Informe en el que se avala la posesión empresarial de 10 mil hectáreas sembradas con palma y se despoja a los afrodescendientes de su titularidad. Los 13 desplazamientos forzados, la destrucción de 14 caseríos, 110 Crímenes de Lesa Humanidad por acción paramilitar en evidente unidad de acción, omisión de la Brigada 17 y la reciente desaparición de ORLANDO VALENCIA, en medio de operaciones policiales y militares de destrucción de las Zonas Humanitarias se ocultan. Queda sepultado a través del Informe, la violencia perpetrada por el Estado y la estrategia paramilitar del Bloque Elmer Cárdenas para el despojo de tierras; queda sepultada la realidad sobre los mecanismos de presión, de chantaje, de corrupción de funcionarios e instituciones públicas para legalizar la ilegalidad de la posesión empresarial de la palma y su articulación con estrategias de acción paramilitar en la posesión de tierras para la agroindustria y la ganadería extensiva.

La legalización sobre la ilegalidad de la que uno de sus líderes ORLANDO VALENCIA advirtió a la Vice Presidencia de la República a través del cumplimiento de las amenazas de muerte de militares y paramilitares son un signo de la podredumbre del proceso de desmovilización, y de lo que se avecina con la legalización de la impunidad con ley 975. Esta ley, no contempla los mecanismos expeditos para que estas comunidades y los más de tres millones de desplazados tengan la certeza de que su tierras serán devueltas, por el contrario ellas se verán enfrentadas a la cadena de cualificación del crimen de guerra que beneficio a sectores empresariales, protegidos por este gobierno y renglones de la economía que se beneficiarán del ejercicio del poder del ejecutivo hoy existente.

Las persistentes amenazas de muerte contra los demandantes de títulos individuales del Curvaradó y los que habitan en las reconstruidas Zonas Humanitarias para que estos cesen en sus exigencias de respeto a sus derechos frente al engaño empresarial y la presión paramilitar son otro signo de la inexistente desestructuración paramilitar. Hoy en el bajo Atrato, la reingeniería militar con la connivencia descarada con agentes estatales militares y policiales, autoridades civiles para proteger la ilegalidad de los terratenientes y empresarios es absoluta.

Los hostigamientos, las amenazas de muerte, los seguimientos y presiones armadas a aquellos que pretenden acompañar en las Zonas Humanitarias, PASC Canadá, Justicia y Paz, y a aquellos que constatan la arbitrariedad evidente en la región del bajo Atrato, Alianza, Christian Aid, Red Ecuménica, en la que confusamente unos se desmovilizan como Bloque Bananero y otros continúan ejerciendo la violencia al lado de la institucionalidad, significa la ausencia de garantías para la labor humanitaria. Síntoma similar al del desprecio a los informes de la Oficina del Alta Comisionada de Naciones Unidas para los Derechos Humanos, o las Resoluciones de la Comisión Interamericana y de la Corte Interamericana de Derechos Humanos.

A los afrodescendientes del Curvaradó, del Jiguamiandó, del Cacarica, de El Salaquí y del Truandó les es difícil creer que la política de seguridad es democrática, y que la desmovilización conduce a la paz y mucho menos que las ley de Justicia y Paz y la de bosques que se aprobara respeta sus derechos y posibilita la construcción democrática. Lo que se percibe en el bajo Atrato es el desbordamiento del Estado de Derecho, la consolidación de un Estado de HECHO, la institucionalización del paramilitarismo lo hace evidente. Estado con modelos de progreso y desarrollo cimentados en la destrucción de vidas humanas /sangre en mentiras y en impunidad/ y de la biodiversidad /aniquilación de sistemas biodiversos por monocultivos/, con la financiación oficial y el fomento de algunos países del norte. Hoy son ellas las víctimas a las que se les despoja de su territorio y de sus derechos en el Curvaradó, el Jiguamiandó, el Cacarica, y si alguien lo quiere reconocer en El Salaquí y El Truandó. Definitivamente como lo expresan los afrodescendientes: “por lo menos esta palma es maldita, es de muerte. Nos van a desterrar pero ya no nos desterramos, aquí nacimos y aquí nos morimos, con las balas de los asesinos o con el hambre de la palma, pero ya no nos correteamos más”.

Si las dudas persisten, si aún es imposible creer, que es posible el cinismo, y la falta de vergüenza, los invitamos a leer, el editorial Incógnitas sin resolver El Tiempo de ayer /lunes 24 de octubre/ apunta a preguntas de fondo sobre la fase del proyecto parainstitucional y hace unos días el exministro Juan Camilo Restrepo en el diario El Colombiano Qué sea en serio /Martes 11 de octubre/ se pronuncio sobre la posesión paramilitar de las tierras. El Incoder y el país de propietarios, Carta del Día escrita por Patricia Ardila, dirigida al director de El Tiempo, el 24 de octubre. Pero como aun a veces la prensa confronta fuentes o deja espacio a los lectores, otras voces que hablan de lo mismo. Todavía es posible el sorprendernos ante tanto engaño.

Bogotá, Octubre 25 de 2005
COMISION INTERECLESIAL DE JUSTICIA Y PAZ

Ver adjuntos

Octubre 24de 2005
EDITORIAL

Incógnitas sin resolver

En medio de la atención que concentró el paso de la reelección en la Corte Constitucional y de la conmoción por el atentado contra el senador Vargas Lleras, el proceso con los paramilitares pasó a un segundo plano. Ahora hay que volver sobre las incógnitas que este ha suscitado.

La peregrinación de cárcel en cárcel de ‘don Berna’ y la congelación de la desmovilización ‘para’ generaron revuelo. ‘Ernesto Báez’ dijo ayer que este año no habrá desmovilización total de las Auc, así se haya desarmado un pequeño bloque disidente del Tolima, comandado por ‘Daniel Roa’, que ocurrió a espaldas de Santa Fe de Ralito. Estos incidentes son apenas una cuota inicial.

El que haya unos pocos procesos, que se pueden contar con los dedos de la mano, contra 9.500 paramilitares desmovilizados del listado preliminar remitido por el Gobierno, muestra preocupantes vacíos. Van 10.912 desmovilizados colectivos de las Auc y falta por desarmarse otro tanto. Si bien nos va, apenas 300 o 400 de estos serán cubiertos por la Ley de Justicia y Paz. ¿Cómo y cuándo? El Gobierno, al parecer, no estaría en capacidad de presentar el listado a la Fiscalía antes de que terminen las desmovilizaciones. Mancuso y otros desmovilizados siguen libres y descontando tiempo de reclusión. ¿Cuántos de sus crímenes van a confesar? ¿Cuántos bienes van a devolver?

Es claro que los crímenes los ordenaron los jefes. Pero ¿y los ejecutores? ¿Acaso estos 9.500 pasaron por las Auc como angelitos? No se trata de meterlos a la cárcel, pero sí de ofrecer al país una dosis suficiente de verdad.
Está el insólito caso de Jairo Andrés Angarita, ex jefe del Bloque Sinú-San Jorge de las Auc. Se ha dicho, no sin razón, que una de las reglas de juego de un proceso como este es que quienes no tengan procesos pendientes con la justicia puedan hacer política. Pero ¿que salga limpio el comandante de un bloque paramilitar con tantos muertos encima? Siempre habrá ‘suertudos’ que, en lugar de a la Ley de Justicia y Paz, puedan acogerse a la Ley 782. ¿Hasta dónde no es una muestra de excesiva laxitud e incapacidad de administrar justicia el que personajes como Angarita aparezcan como de mejor familia?

Profunda inquietud genera la posibilidad de que guerrilleros y paramilitares que no se entregaron o desmovilizaron, sino que fueron capturados, puedan acogerse a la Ley de Justicia y Paz y reducir sus penas a 8 años.

El Gobierno estudia beneficiar a 39 miembros de las Farc presos. Parece que hay cientos de solicitudes más –entre ellas la del ‘Zarco’, jefe del frente Capital de las Auc–, que buscan acogerse a la excesiva benevolencia oficial. ¿No equivale tanta generosidad a la sensación de que aquí prevalece la impunidad por encima de la ‘reconciliación’ que alega favorecer?

Este diario puso el dedo en la llaga sobre la que es, quizá, la incógnita más de fondo. ¿Pondrá este proceso fin al paramilitarismo? En el Valle, dos grupos herederos de los de ‘Don Diego’ y ‘Varela’; un ‘Frente Social por la Paz’, en Córdoba, y los ‘Fantasmas’ en Montes de María (Sucre); tres grupos en Norte de Santander; otro en Chocó; tres más en Nariño, y otro en Antioquia, al parecer liderado por ‘René Suroeste’, ‘volado’ de Ralito, son serios indicios de que los paramilitares, en lugar de desaparecer, se están reproduciendo en una nueva generación, tanto o más ‘narca’ y sanguinaria que la anterior.

Y aparece una gran pregunta sin resolver: ¿qué se está haciendo para desmontar en serio, en las zonas de las actuales Auc, los mecanismos tradicionales de control e intimidación de la población, de participación en política, de captura de puestos y presupuestos y de intromisión en negocios como la salud, el chance y otros?
En un proceso que parece tan avanzado, hay más preguntas que respuestas. ¿Vamos bien?

editorial@eltiempo.com.co

Que sea en serio!
Por JuanCamiloRestrepo

Se ha dicho -a propósito del encarcelamiento de Don Berna- que el gobierno, por el momento, no lo extradita. Pero que se reserva la facultad de hacerlo dependiendo de que el jefe desmovilizado colabore o no con la justicia dentro de los procedimientos de la Ley 975 de 2005 conocida como de "Justicia y Paz". Tal es la tesis de la "extradición en suspenso" que ha elaborado la administración Uribe, y que sería aplicable no solo a Don Berna sino a los demás jefes paramilitares solicitados en extradición por los Estados Unidos.

Ahora bien: para que la cosa sea en serio habrá que responder, entonces, a la siguiente pregunta: ¿qué se considera colaborar satisfactoriamente con la justicia como para que proceda la tesis de la no extradición? O a la inversa: ¿qué se juzga colaboración insatisfactoria como para que se deba concederse la extradición? Cuando se lee con cuidado la Ley 975 del 2005, y cuando se analiza su espíritu a la luz de la realidad social y económica dentro de la cual se ha desenvuelto el fenómeno paramilitar en el país, se llega a una conclusión rotunda: ¡la verdadera colaboración con la justicia de los comandantes paramilitares desmovilizados debería ser la devolución de las tierras de las que se han apoderado ilegítimamente. Y su cooperación detallada y explícita para desenredar la red de testaferratos que hoy oculta el más gigantesco despojo de tierras que haya tenido lugar en Colombia!

Primero que todo: porque así lo dice la Ley. El artículo 17 precisa que quienes se acojan a la ley de "Justicia y Paz" deberán indicar en la versión libre y espontánea que rindan "los bienes que se entregan para la reparación de las víctimas, si los tuvieren?". Y el artículo 45.1 repite, con toda claridad, que "son actos de reparación integral: la entrega al Estado de bienes obtenidos ilícitamente para la reparación de las víctimas". Segundo: porque si alguien sabe y puede colaborar con la justicia sobre cuáles son las tierras de que fueron apoderándose ilícitamente los grupos paramilitares, son precisamente sus comandantes desmovilizados.

Si no colaboran genuinamente con esta finalidad, los juicios de la ley de justicia y paz se convertirán en una payasada. Y si la justicia pierde esta ocasión procesal para esclarecer el trasfondo económico del acaparamiento rural paramilitar, quizás nunca podrán recuperase para sus legítimos dueños las tierras de que fueron despojados a sangre y fuego. O dicho en otras palabras: el elemento tangible más importante de reparación a las víctimas (que no es otro que la devolución de las tierras a sus legítimos propietarios) se perdería en la bruma de declaraciones vagas y elusivas.

Las cifras del despojo siguen apareciendo todos los días y son verdaderamente pasmosas: según la Contraloría General de la República y la Universidad de los Andes, no son menos de cuatro millones de hectáreas de las mejores tierras del país las que han acaparado las organizaciones paramilitares a lo largo de su historia. Y según informe de la Procuraduría, revelado la semana pasada, los predios abandonados por los desplazados de los que se habrían apoderado indebidamente los paramilitares durante los últimos cuatro años ascienden a más de un millón de hectáreas. Hasta el momento sólo han devuelto 6.500 hectáreas para un programa en La Gabarra, Norte de Santander. O sea, si de verdad se les va a exigir a los jefes paramilitares que colaboren con la justicia como requisito para no extraditarlos, la clave estará en el grado de cooperación que muestren no solo para devolver las tierras que ellos individualmente posean a título ilegal. Y para denunciar aquellas de que se apoderaron ilegítimamente los grupos por ellos comandados.

Si esto no se exige, los juicios de la ley de "justicia y paz" se volverán una farsa; la reparación de las víctimas una quimera; y la no extradición un pretexto inaceptable.
El Colombiano. Octubre 11 de 2005.

CARTA DEL DÍA

El Incoder y el ‘país de propietarios’ (Octubre 24 de 2005)

SeñorDirector:

Informa su diario del domingo 23 de octubre acerca del reversazo del Instituto Colombiano de Desarrollo Rural (Incoder) con respecto a la propiedad de poco más de 10.000 hectáreas de los territorios que por ley les pertenecen a las comunidades negras de Curvaradó y Jiguamiandó (Urabá chocoano y antioqueño), pero que ahora se dice son de propiedad de palmicultores privados.

Sobre el particular, cabe preguntarse si es así como el gobierno del presidente Uribe da cumplimiento a su promesa de campaña de convertir a Colombia en un “país de propietarios”: el Estado asume el papel de una especie de Robin Hood perverso que les quita a los pobres para darles a los ricos.

¿Y en qué queda la nunca bien ponderada seguridad jurídica en que tanto se ha empeñado la Administración? ¿Es que esta solamente se aplica a los grandes inversionistas nacionales y extranjeros, pero no a la gente del común, como las comunidades aludidas, a las que un día se les da una cosa y al día siguiente se les quita? ¿Acaso ellas, por ser pobres, no operan con la misma lógica de no invertir sus esfuerzos y su trabajo si no tienen seguridad de lo que va a pasar con sus activos?

Dicen los gringos, destacados intérpretes del capitalismo moderno, que “lo que es bueno para un ganso también es bueno para los demás”. Pero en Colombia parece que ni eso hemos aprendido, y entonces seguimos en el feudalismo: perpetuando la pobreza con medidas arbitrarias como la que se acaba de tomar, a través de la cual se priva a las comunidades empobrecidas de su seguridad jurídica para entregársela a los protagonistas del despojo y el pillaje.

Francamente, no sé qué podemos esperar de un Estado que no sólo no cumple con su función de controlar los comportamientos depredadores de los intereses privados, sino que, por el contrario, los auxilia.

Patricia Ardila

Instituto Colombiano de Desarrollo Rural les quitó 10 mil hectáreas a negritudes del Chocó

Las tierras, dedicadas a la producción de palma, hacían parte de las 101 mil que les adjudicaron a 1.125 familias tras un desplazamiento masivo.
Siete meses bastaron para que el Instituto Colombiano de Desarrollo Rural (Incoder) cambiara radicalmente su posición frente a los cultivos de palma en los territorios de las comunidades negras de Curvaradó y Jiguamiandó, entre el Urabá chocoano y antioqueño.
En marzo de este año dijo, refiriéndose a empresarios de la palma de aceite, que "desconociendo el carácter no enajenable de estas tierras", adjudicadas en titulación colectiva a comunidades que las habían habitado ancestralmente y víctimas del desplazamiento, "desarrollaron una masiva compraventa de predios y mejoras". Y concluyó que este proceso carecía de "validez jurídica".

Ahora asegura que 10.162 hectáreas son de propiedad privada y "deben descontarse de los títulos colectivos adjudicados a las comunidades de Jiguamiandó y Curvaradó".

En el 2000, tres años después de un éxodo masivo de los habitantes de esa zona por la guerra entre paramilitares y guerrilleros, el liquidado Incora hizo la titulación colectiva sobre 101 mil hectáreas que las comunidades ocupaban antes de la huida, para sacarlas del mercado de la tierra. Lo hizo con base en la Ley 70 de 1993.

Pero cuando los desplazados empezaron a regresar, se encontraron con que sus parcelas estaban cultivadas con palma de aceite o dedicadas a la ganadería. Muchas estaban sembradas con coca. Detrás de esta ocupación, según las denuncias avaladas por la Iglesia Católica y varias ONG, estaban ‘paras’ que impulsaban un gran proyecto agroindustrial.

El proceso, según Ventura Díaz, consejero de Paz del Chocó, transcurre así: "Grupos armados matan a un líder negro, después amenazan a la comunidad y se quedan con sus tierras para sembrar palma aceitera".
La situación provocó incluso pronunciamientos de la Comisión y de la Corte Interamericana de Derechos Humanos, que ordenaron al Estado colombiano "adoptar sin dilación medidas para proteger la vida e integridad personal, y prevenir la comisión de daños irreparables en perjuicio de las comunidades de Curvaradó y Jiguamiandó". Aún así, estas podrían perder otras 10.000 hectáreas sobre las que hay reclamos de particulares.

El Gobierno admite que pudo equivocarse al adjudicar las 101 mil hectáreas, pues asegura que encontró legales algunos títulos privados en la zona entregada.
Sin embargo, la Iglesia y las comunidades alegan que la titulación a privados ha pasado hasta por la falsificación de firmas y documentos de propiedad.

Celebración y sorpresa

El reversazo del Incoder, que vuelve a poner a Colombia en el ojo de la Corte Interamericana, cayó de perlas a los empresarios de la palma, y como un baldado de agua fría a las negritudes e instituciones que las han acompañado en las denuncias.

"Es un relanzamiento de los proyectos palmicultores porque se va a recuperar la confianza del inversionista privado", dijo el empresario Gabriel Jaime Sierra, que gerencia Palmas del Curvaradó, una de las últimas en meterse en el megaproyecto que agrupa a 12 empresas de la Asociación de Palmicultores del Darién. Ve esto como una oportunidad para generar empleo.

De hecho, una de las primeras medidas del Gobierno será restablecer los créditos a los palmicultores, suspendidos a raíz de las denuncias.

"Lo que hay que preguntar es cuáles son los verdaderos dueños de esos títulos individuales a los que los palmicultores han desplazado", dice el sacerdote Albeiro Parra. Reiteró sus acusaciones contra el bloque Élmer Cárdenas de las Auc. Dijo que en la región se ha dado una reforma agraria a la inversa.

Por ahora, la Defensoría del Pueblo, que en su momento acompañó las denuncias del Incoder, está a la espera de que el nuevo informe se traduzca en resoluciones, para impugnarlas cuando sea del caso.
"Vamos a seguir atentos porque las denuncias que avaló la Defensoría son muy serias y por eso se ordenó la protección de los derechos de las comunidades", dijo el defensor, Vólmar Pérez.

Hoy persiste el desplazamiento en la zona. Según Codhes, en los primeros seis meses de este año, 8.178 personas dejaron sus tierras.

Un informe incómodo

En el gobierno del presidente Álvaro Uribe, que ha adoptado como una de sus banderas la expansión de las siembras de palma africana en el país, el primer informe del Incoder provocó roncha.

Tanto que, a los pocos días de haberse conocido, ese documento prácticamente se convirtió en un tema vedado en el Instituto y en el Ministerio de Agricultura. Incluso hubo orden de no distribuirlo más, sin mayores explicaciones.

El relevo en la Dirección del Incoder, en agosto pasado, no varió esa situación.

"Es un tema sobre el que hay muchas presiones", dijo una fuente que conoce el caso.

Cuando EL TIEMPO intentó conocer detalles de la última investigación y consultar la opinión del nuevo director, Luis Ortiz, su oficina de prensa declaró que había instrucciones precisas del Ministerio de Agricultura para centralizar allí toda la información sobre las tierras de las comunidades negras de Curvaradó y Jiguamiandó.

El viraje

Esto dijo hace 7 meses

“...un grupo de inversionistas privados aprovechó el desplazamiento forzado de que han sido víctimas estas comunidades, desarrolló una masiva compra de predios y mejoras... para establecer cultivos de palma de aceite...”

Primer Informe Incoder, marzo 14 del 2005

101 mil 57 hectáreas les tituló el Incora a 1.125 familias negras en Curvaradó y Jiguamiandó como ‘inembargables e inajenables’.
93 por ciento, 3.834 hectáreas del total de 4.183 cultivadas con palma, están en territorios colectivos adjudicados por el Incora a los negros. 142 predios privados, con 13.952 hectáreas tramitados por el Incora antes de la Ley 70 de 1993, fueron excluidos de los territorios colectivos.

Esto dice hoy:

“...los 131 títulos estudiados son propiedad privada...los 39 predios visitados están en la propiedad colectiva de Jiguamiandó y Curvaradó...y deben respetarse y descontarse de los títulos colectivos de las comunidades negras...” .

Incoder, octubre 19 del 2005

10.162 hectáreas tienen 39 predios cuyo carácter privado ya fue reconocido por el Incoder. Serán descontadas del territorio colectivo.

51 por ciento, 1.978 hectáreas de 3.841 sembradas de palma en las cuencas de los ríos Jiguamiandó y Curvaradó, están en predios privados.

732 predios se pretenden como privados. El Incoder ya avaló 131 de esos títulos y espera concluir el proceso en febrero del 2006.

REDACCIÓN NACIONAL

El Tiempo 23 de octubre de 2005

‘Se ha satanizado la palma’, dice ministro de Agricultura

El ministro de Agricultura, Andrés Felipe Arias, dijo que el cultivo de la palma es una oportunidad, no sólo para el Chocó, sino para el país.

¿Por qué la diferencia entre los dos informes del Incoder?

Lo que estaba en cuestión era la legitimidad de unos cultivos de palma aparentemente superpuestos en unos territorios de las comunidades negras.
Empezamos a investigar y ya se ha avanzado sobre cerca de 2.000 hectáreas, la mitad de lo sembrado con palma, y se ha encontrado que no están violando el territorio colectivo porque están en terrenos que corresponden a títulos individuales, son propiedad privada. Esos cultivos no tienen ningún problema.

Pero la Iglesia, las ONG y las comunidades reiteran que allí hubo un despojo...

No podemos satanizar la palma. Para el Gobierno, sigue siendo una opción lícita, válida y rentable para el desarrollo agroindustrial. Vamos a seguir impulsando las alianzas entre los empresarios y los campesinos, explorando opciones como el arrendamiento de tierras. Hay que seguir investigando los títulos que faltan y empezaremos a hacer el deslinde de las propiedades privadas. Vamos a destrabar el crédito a los palmicultores.

Lo divino y lo humano
La tierra para el que la...