¡Tanquetas contra los indígenas en El Japio! : Indymedia Colombia

Bajo el argumento gubernamental de no conversar hasta tanto se desalojen los más de 15 predios liberados por las comunidades indígenas en departamento del Cauca, el gobierno nacional ordena el desalojo violento de las mismas haciendo uso de las fuerzas antimotines. Es así que desde el día 8 de los corrientes los uniformados han iniciado ataques indiscriminados usando gases lacrimógenos y disparos con armas de fuego contra la comunidad que permanece pacíficamente en posesión del predio El Japio, en el municipio de Caloto. La comunidad en proceso de recuperación denuncia que como consecuencia de la represión oficial hay 4 heridos y un número indeterminado de detenidos.

Como se recordará, el pasado 12 de octubre, en el departamento del Cauca se dio inicio a un proceso denominado Liberación de la Madre Tierra buscando la atención del gobierno nacional para que cumpla viejos compromisos adquiridos con los pueblos indígenas y las organizaciones sociales, en especial aquellos referidos a la problemática de tierras.

Teniendo en cuenta que los predios afectados por los procesos de Liberación de la Madre Tierra son de más de 100 hectáreas, un ejemplo es El Japio que mide 4.000 hectáreas y al parecer el titular no vive en el departamento del Cauca, y al observar la fuerza de la represión, que según versiones sobrepasa los 500 efectivos y más de 10 tanquetas, se hace incompresible que estas titularidades sean defendidas con tanto ahínco por el Gobierno nacional, mientras ha permitido que más de 3 millones de colombianos hayan sido desplazados de sus territorios por acción de los paramilitares y sus territorios estén hoy produciendo banano, palma africana o pertenezcan a empresas mineras o petroleras.

Se interrogan los indígenas, cómo es posible que el mismo gobierno que ataca estos procesos desarrollados por vías pacíficas en busca de una verdadera reforma agraria, haya permitido que se irrespeten los títulos colectivos de las tierras adjudicadas a las comunidades afrocolombianas de Jiguamiandó y Curvaradó. En este caso, la opinión pública conoce que dichas comunidades fueron expulsadas por paramilitares y sus tierras fueron ocupadas por empresarios de palma aceitera y que el gobierno nacional ordenó, por intermedio del Incoder, descontar al titulo de las comunidades las tierras ocupadas por la empresa; es decir que las comunidades afrocolombianas por acción de los paramilitares fueron expulsadas de sus territorios y con la acción “legal” del gobierno nacional resultaron expropiadas de 10.162 has. La pregunta sencilla de las comunidades es por qué en esos casos el gobierno y las fuerzas antimotines no reaccionaron contra los paramilitares y por el contrario hoy se mantienen diálogos con esos grupos, desconociendo la verdad, la justicia y la reparación de millones de colombianos que han sufrido el flagelo de la violencia en nuestro país.

Han denunciado también, las comunidades indígenas la situación de amenaza sobre otros procesos como el atentado contra Antonio Quilindo, gobernador del resguardo indígena de Quintana, quien fue baleado por desconocidos que se movilizaban en una camioneta blanca polarizada o la alerta sobre el reingreso de paramilitares a la región del Naya.

Los consejeros CRIC rechazamos el tratamiento de guerra que está dando el gobierno nacional a las comunidades que se encuentran en proceso de liberación de la madre tierra; denunciamos las informaciones que pretenden enlodar el buen nombre de las comunidades al afirmar que están infiltradas por fuerzas oscuras y que desarrollan acciones vandálicas, por lo cual reclamamos, de forma inmediata, la presencia de las instituciones de control del Estado, la veeduría de los organismos nacionales e internacionales de defensa de los derechos humanos, y que el gobierno nacional evite el uso de la fuerza y brinde las soluciones necesarias y oportunas de conformidad con los requerimientos e iniciativas de los pueblos indígenas

CONSEJO REGIONAL INDÍGENA DEL CAUCA –CRIC-

Noviembre 9 de 2005