Entrevista del Equipo Nizkor al Representante Gustavo Petro, el 1 de junio de 2005 : Indymedia Colombia

Convención:

Equipo Nizkor: EN
Gregorio Dionis, Director del Equipo Nizkor: D
Gustavo Petro: P

EN: “Van a escuchar una entrevista a Gustavo Petro, Diputado ante la Cámara de Representantes de Colombia por el Polo Democrático. Gustavo Petro se ha dado a conocer por sus investigaciones presentadas en sede parlamentaria sobre el paramilitarismo, el narcotráfico y el crimen organizado en Colombia. Esta entrevista la realizamos en el marco de la campaña que llevamos adelante para dar a conocer el modelo de impunidad colombiano caracterizado por un estado de excepción de facto impuesto por la política de “Seguridad Democrática” del Presidente Uribe, y que se ha visto consolidado con la aprobación de la llamada “Ley de Justicia y Paz”, que es una ley de impunidad pero que además otorga impunidad al crimen organizado.”

D: “Hoy vamos a entrevistar a un diputado ante la Cámara de Representantes de Colombia, muy conocido por las investigaciones que ha llevado adelante para dilucidar la relación entre el Estado y el paramilitarismo, entre el paramilitarismo y el narcotráfico, y en definitiva encontrar alguna solución racional y democrática a la crisis y al conflicto colombiano. Él se llama Gustavo Petro. Buenas tardes, Petro.”

P: “Buenas tardes, ¿cómo están ustedes?”

D: “Bien, para comenzar, a mí me gustaría que nos explicaras lo que ocurrió el 18 de mayo de este año, cuando en el plenario de la Cámara de Representantes presentaste el caso de Sucre y además que nos aclararas si este caso que se refiere claramente al paramilitarismo en esa región se puede tomar como modelo de lo que suele ocurrir.”

P: “Bueno, mira, yo vengo desde hace unos dos años presentando unos debates en el Congreso de la República, transmitidos públicamente, tratando de demostrar a través de casos particulares, puntuales, cómo es que el narcotráfico paramilitar ha logrado establecer relaciones de complicidad, organizativas, muy profundas, con sectores diversos del Estado y de la sociedad colombiana. La primera de dichas investigaciones la hicimos precisamente con la entidad que debería estar investigando y acusando a los paramilitares, para intentar mostrar cómo es el régimen de impunidad en Colombia, cómo los jueces y los fiscales han venido colocándose al servicio del narcotráfico paramilitar. Esa investigación con la Fiscalía, mostró en una región concreta, en Norte de Santander, fronteriza con la República de Venezuela, cómo la jefe seccional de la Fiscalía se reunía con los jefes del paramilitarismo de la región para organizar el asesinato de dirigentes políticos, que se oponían a los dirigentes políticos que apoyaban los paramilitares; cómo incluso hasta su propio esposo cayó bajo las balas del paramilitarismo, por indicación de la Fiscal General, Seccional Norte de Santander. Si se establece un nexo orgánico entre jefes seccionales de fiscalía y paramilitares, pues obviamente las investigaciones judiciales contra este tipo de bandas pues no iban a prosperar, como efectivamente no prosperaron. Hoy, la Fiscal seccional, amiga del Fiscal General de la Nación, Luís Camilo Osorio, quien fue quien la nombró allí en ese cargo, anda huyendo porque se le permitió su escape, en el proceso que se le sigue por homicidio y por vinculación al paramilitarismo. Así seguimos estudiando otras regiones; el caso que usted menciona es el del Departamento de Sucre, en el Mar Caribe, cercano a Córdoba, donde está el “centro paramilitar” de Colombia, y cerca de Panamá, al Urabá, al Golfo de Morrosquillo; allí, cerca de un municipio de ese golfo, del Departamento de Sucre, hay un municipio que se llama San Onofre… recientemente se vienen, con retroexcavadoras, en algunas haciendas del lugar, encontrando fosas comunes con decenas de cadáveres, y a partir de ese hecho, de la aparición de estas fosas empezamos a ver cómo eran los procesos judiciales que se habían llevado en la región, investigando a los paramilitares que cometieron este tipo de delitos de lesa humanidad… porque además hay una serie consecutiva de masacres, violentas, bárbaras, cometidas contra la población campesina de varias aldeas, con el nombre de Macayepo, Chengue, El Salado, Colosó, en donde también cayeron decenas de campesinos… viejos, niños, mujeres… degollados, descuartizados por estas bandas paramilitares, y cuando empezamos a hacer este tipo de auscultación de los procesos judiciales, nos encontramos con la triste realidad de que allí ya reposaban desde hacía muchos años, desde el año 2001 incluso. Las pruebas, los testimonios bajo la gravedad del juramento, las confesiones, que no solamente mostraban desde el año 2001 el sitio exacto donde estaban las fosas comunes, se dice que con más de 500 cadáveres… y la pregunta que uno se hacía es ¿cómo, si estaban ubicadas desde el año 2001, sólo hasta este año se vienen a descubrir? Y la respuesta es que no solamente se confesaban en dónde estaban las fosas, sino quiénes eran los forjadores de ese grupo paramilitar que había cometido ese tipo de delitos de lesa humanidad. Y los forjadores no son más ni menos que aliados fundamentales del Presidente Uribe Vélez en esa región del país. El Senador de la República Álvaro José García Romero aparece como el principal organizador y financiador del grupo paramilitar… hoy, actualmente, es un hombre que hace leyes en Colombia, en el Congreso de la República. Nunca se le procesó, a pesar de que existían testimonios de paramilitares confesos, acusándolo. Aparece el Gobernador del Departamento, Arana Sus, como organizador del grupo y financiador; actualmente tiene un cargo diplomático en la República de Chile, representando al Gobierno de Colombia, nombrado por el mismo Presidente Álvaro Uribe Vélez; y aparecen innumerables alcaldes, concejales, diputados, etcétera, que muestran cómo es la clase política, los dirigentes políticos de la región, los verdaderos organizadores del paramilitarismo y del narcotráfico allí, y los causantes de primer orden de una serie de masacres y delitos de lesa humanidad, que puede elevar a más de mil la cifra de muertos y desaparecidos en esa exclusiva región del país: la región de Sucre, exactamente los municipios de San Onofre y otros.”

D: “Una cuestión que has nombrado, que es el caso de la fiscal Flórez… me gustaría que lo explicaras un poco, porque realmente tiene importancia en la política exterior de Colombia hacia Venezuela, y no sólo eso sino que nos expliques… les expliques a quienes nos escuchan, el caso de Richard Riaño Botina, que es un funcionario judicial cesante por haber investigado y cruzado las comunicaciones telefónicas que permitieron identificar a la fiscal Flórez, y que llevó al falso proceso de Elcida Molina Méndez. Nos gustaría que nos explicaras un poco eso y la relación con lo que ocurrió en Venezuela.”

P: “Mira, el caso comienza con una serie de asesinatos de fiscales, investigadores judiciales, en esa región limítrofe con Venezuela. Hace varios años, en el Gobierno de Pastrana, se empiezan a presentar en cadena estos asesinatos, y al interior de la Fiscalía, dirigida en ese entonces por Alfonso Gómez Méndez, empieza a presumirse que el asesinato proviene de paramilitares, con información de funcionarios al interior de la Fiscalía, y se designa a un muchacho, un joven, experto en informática forense para que empiece a indagar en los procesos que se siguen contra los paramilitares… contra los paramilitares en el Norte de Santander, y qué pruebas o qué cosas o qué indicios puedan presumir, hacer presumir y detectar esta infiltración paramilitar dentro de la Fiscalía. Riaño Botina que es el funcionario que coge la investigación, hace un análisis denominado “link” que consiste en cruzar bases de datos; ha obtenido una serie de números de celulares, de teléfonos celulares, móviles, capturados a los paramilitares en diversos procesos en esa región… le ha pedido a las empresas a los que pertenecen los celulares una base de datos de llamadas entrantes y salientes a esos números, y logra, en conjunto 250.000 registros durante todo el año 2001, y coge toda la base de datos de teléfonos de residencias y personales de la Fiscalía General, de 15.000 empleados de la Fiscalía General y los cruza, y obtiene 42 nombres de funcionarios que han recibido o han hecho llamadas a los teléfonos de los paramilitares. Él, consciente de que ha hecho un buen trabajo, y que ese es ya un indicio que muestra una infiltración en esa región del país, entrega su trabajo a sus superiores, pero en ese momento sus superiores ya no son los de la Fiscalía de Alfonso Gómez Méndez sino los del actual Fiscal de la Nación Luís Camilo Osorio, quien, en lugar de hacer la investigación y profundizarla, despide al funcionario que hizo la investigación; al día siguiente le allanan su lugar de residencia buscando todas las fuentes de información que él tenía para hacer su trabajo; se siente amenazado incluso de muerte y va a mi oficina y me entrega la información, y se exilia del país. Ese es mi primer trabajo, que hago público en el Congreso de la República. Allí ya se establecía que Ana María Flórez, la jefe seccional de la Fiscalía, estaba comprometida con los paramilitares. Sin embargo, el Fiscal General no quiso iniciar una investigación contra ella ni iniciar una investigación de la infiltración hasta que se hicieron los debates en el Congreso. Paralelamente, cuerpos de la policía ya habían empezado a interceptar los teléfonos de estos funcionarios, y encontraron, efectivamente, en 200 horas de grabación, que estos funcionarios de la Fiscalía se comunicaban permanentemente con los jefes de los paramilitares en la región y que se trazaban, conjuntamente entre funcionarios y paramilitares, y algunos miembros del Congreso de la República, el asesinato de los rivales electorales de los candidatos que ellos estaban protegiendo. En las elecciones regionales, hechas en el año 2003, fecha en la que se hacen las grabaciones, es asesinado el candidato del entonces ya Polo Democrático Tirso Vélez, quien lograba en las encuestas la mayor simpatía entre la población para la Gobernación del Norte de Santander, y son asesinados varios candidatos a la alcaldía de Cúcuta, que es la capital de esa región, exactamente limítrofe con Venezuela, y en las grabaciones aparece cómo se apoya a un candidato a la Gobernación y a un candidato a la alcaldía, el actual alcalde de Cúcuta. Y se menciona además que se tenía un contacto con el Presidente Uribe para garantizar su apoyo a los candidatos paramilitares en el Norte de Santander. También se mencionan acciones en Venezuela; se menciona que se están trasladando miembros del paramilitarismo de esa región hacia Venezuela a hacer operaciones. Y esto tiene, digamos, un ingrediente, y es que efectivamente en Caracas se descubren decenas de paramilitares en una finca, uno de cuyos integrantes es precisamente un paramilitar que hizo la matanza de Colosó en Sucre, y que confesó en dónde estaban las fosas comunes en el año 2001, fosas comunes que hoy se están descubriendo, pero no se entiende cómo este paramilitar al haberse entregado a la justicia, haber confesado en el 2001, aparece de nuevo en acciones paramilitares en Caracas, al mando de decenas de jóvenes que entrenaban en una finca. Pero este paramilitarismo de la frontera, indudablemente, tiene una repercusión porque se está dirigiendo al asesinato de dirigentes populares en la vecina República de Venezuela.”

D: “De esto que hemos hablado, que es la participación de… y protección por parte del Fiscal General del Estado de la fiscal Flórez, cosa que es evidente; no sólo el permiso para salir del país sino en la propia defensa que el Fiscal General hace de ella en el primer momento, a uno le queda una cuestión que creo que es importante para comprender cómo funciona el modelo de impunidad colombiano, que es la relación entre la Fiscalía y la protección al paramilitarismo. ¿Cuál es su opinión o su interpretación de esta cuestión?”

P: “El poder real en Colombia es el poder local. No es tanto el poder nacional. Colombia es un tanto similar a España, quizás deriva un poco su estructura de la antigua organización española con mucha autonomía local, y la geografía colombiana, cruzada por muchas cordilleras ayudó desde el inicio a ese tipo de organización, autónoma, regional, local, y ostenta aún hoy un gran poder local. El poder local en Colombia, en muchas regiones del país, ha sido dominado por las mafias; es un poder mafioso; ejerce un control dictatorial y terrorista sobre las sociedades que domina. Esas élites están integradas por políticos de la región, por sicarios, gente… bandoleros, y por narcotraficantes. Este poder mafioso, pues ha venido creciendo en Colombia, poco a poco y precisamente porque su poder deriva del dinero que se extrae de una multi… formas de depredación de la naturaleza, de formas concentradoras de riqueza, y del narcotráfico, indudablemente. Es un poder que logra comprar las instituciones locales, las alcaldías, los fiscales, los políticos, el jefe de policía, el jefe del ejército, y logra controlar la sociedad por la vía del terror, matando toda forma organizativa o a cualquier individuo que por cualquier razón termina oponiéndose a este tipo de concentración de la riqueza por la élite mafiosa. Tanto ha avanzado este tipo de poder, que es disgregador de la nación, que a partir del control electoral coercitivo ya los electores ni siquiera salen a votar sino que el jefe paramilitar llena los tarjetones y amenaza a los jurados que denuncian este tipo de actividad electoral… pues logran colocar senadores, congresistas, alcaldes, gobernadores; siempre por la vía del terror o la coerción, aumentando su poder dentro del Estado, incluso nacional. El Presidente de la República, Álvaro Uribe Vélez, nació en ese mundo, de poder mafioso local, en su región natal, Antioquia, y tenemos hoy los procesos, los hemos hecho públicos, con mucho desagrado del Presidente de la República, los procesos en donde a su propio hermano lo sindican de ser jefe de un grupo paramilitar en la región fronteriza entre Antioquia y Córdoba, grupo paramilitar denominado “Los Doce Apóstoles”, que es culpable de la desaparición de más de 50 personas en esa región, el asesinato y la masacre, incluso de varios miembros del partido de izquierda Unión Patriótica, en 1990, en el corregimiento de Campamento, municipio de Yarumal, Antioquia. Y, obviamente, procesos que terminan exculpando a los asesinos; después de quince años siguen en una investigación preliminar. También hemos encontrado como sus primos, su tío, familiares a la vez de la familia Ochoa Vásquez, uno de los clanes narcotraficantes de Antioquia, también organizó otro grupo paramilitar denominado “Los Erres”, en el suroeste antioqueño, también cometió delitos de lesa humanidad, centenares de muertos en esa región; incluso llevaron a la Fiscalía de ese entonces, año de 1995 - 96 a dictar orden de captura contra los primos del actual Presidente de la República, procesos que se mantuvieron siempre en la oscuridad pública, y que hoy hemos mostrado para indicar cómo el entorno familiar del mismo Presidente ya estaba ligado al paramilitarismo. Entonces tenemos un cuadro completo, digamos, en donde sus principales dirigentes políticos, del “Uribismo”, los financiadores de la campaña electoral como la señora Emilse López están vinculados al paramilitarismo e incluso su entorno familiar más cercano, su propio hermano, había sido sindicado de organizar un grupo paramilitar. Y en ese contexto, desde el poder mismo, agencian una ley que ha sido aprobada ya, que busca la impunidad absoluta de estos crímenes de lesa humanidad, tratándoles de garantizar a estos jefes paramilitares de hoy menores penas de cárcel, y en su mayoría ninguna cárcel, a cambio de su silencio. Esos son los momentos que estamos viendo en este preciso instante.”

D: “Una cuestión que surge, vista desde el exterior y desde los organismos de derechos humanos, es si es posible separar el problema del narcotráfico de las estructuras paramilitares. Esta es una cuestión que preocupa muchas veces, vista, insisto, desde afuera, porque los gobiernos que suelen apoyar, en este caso concreto, el Presidente Uribe Vélez, separan estas dos problemáticas como si no tuvieran nada que ver. ¿Cuál es su interpretación de la cuestión?”

P: “Los Estados Unidos saben, a ciencia cierta, que los principales exportadores de cocaína del mundo, tanto para Europa como para los Estados Unidos, son los grupos paramilitares, hasta el punto de que 18 órdenes de extradición contra 18 jefes del paramilitarismo, casi todos, han sido expedidas por los Estados Unidos sin que el Gobierno del Presidente Álvaro Uribe Vélez las haya atendido. Cualquier extradición que proviene de los Estados Unidos, cualquier solicitud, siempre ha sido atendida por el gobierno del Presidente Uribe, si se trata de guerrilleros, si se trata de narcotraficantes no ligados al paramilitarismo, y van centenares de personas que han sido extraditadas. Pero cuando se trata de jefes del paramilitarismo, ninguna ha sido atendida. Pero es indudable que los mayores exportadores de cocaína, tanto para Europa como para los Estados Unidos, son los jefes paramilitares; es este tipo de agrupación que se le llama en Colombia las “Autodefensas Unidas de Colombia”, y es de ahí de donde se deriva su mayor poder; la estructura paramilitar no es una estructura militar; es una estructura mafiosa; es una estructura de relaciones, de élites en el poder, que comercian con narcóticos y que concentran riqueza fundamentalmente. Y sólo crean ejércitos cuando o son atacados por la guerrilla o necesitan mostrarlos como excusa para adelantar un proceso de impunidad como el que actualmente se está adelantando con el Presidente Uribe, pero en realidad nunca han sido estructuras militares. Son estructuras mafiosas.”

D: “Otra cuestión que nos interesa, vamos, tratar en este documento, es una cuestión que aparece vista también desde afuera como muy evidente, y es que determinados funcionarios relacionados con violaciones graves a los derechos humanos, con paramilitarismo, con asesinatos, son designados en el aparato diplomático fuera de Colombia, y como ejemplo vamos a mencionar algunos para que podamos entendernos y que la gente que escucha pueda comprender la importancia del tema… vamos a mencionar al embajador Velasco, que está en Israel, que está implicado en el caso de Santo Domingo, que fue una masacre y que incluso en el año 2003 senadores norteamericanos pidieron su dimisión, cosa que por supuesto no ocurrió sino que se lo trasladó a un puesto diplomático. Está el General Mora Rangel, actual embajador en Corea, ligado al grupo de “Terraza”, un grupo paramilitar de Medellín, implicado en el “caso Garzón”, y acusado de ser el presunto autor intelectual del atentado contra Wilson Borja… los pongo como ejemplo, o Salvador Arana que está en Chile, y es, como se dijo antes, ex Gobernador de Sucre; Santofimio, que es el Primer Secretario de la Embajada colombiana en París, y cuyo padre está cumpliendo condena por el asesinato de Galán; y así podríamos seguir, pero con este panorama, ¿cómo se entiende que la diplomacia colombiana adopte esta postura que es evidentemente una defensa del paramilitarismo y de ese Estado que hablábamos antes?

P: “Hay muchos más, ¿no? Y en el Canadá; en París mismo, el agregado de la policía Norman Arango está vinculado en los procesos de asesinatos en Sucre; un familiar del Senador Álvaro José García Romero, conformador de grupos paramilitares, labora en la embajada de Colombia en Francia: sabemos de la familia Maroso, amiga del señor Salvatore Mancuso, que tiene un familiar trabajando en la embajada en Suiza. Efectivamente hay una diplomacia internacional paramilitar y el Presidente Uribe la ha ayudado intentando buscar el apoyo de gobiernos europeos y americanos a este tipo de ley de impunidad; en primer lugar; esa es una actividad política en función de perpetuar el modelo paramilitar en Colombia. En segundo lugar, realizan labores de inteligencia entre la comunidad colombiana en el exterior, y sus amigos, y esa es una función ya de tipo militar, digámoslo así, conspirativo, que rompe con los derechos de muchos ciudadanos colombianos. Pero indudablemente lo que tenemos es un régimen que está propiciando un fortalecimiento del modelo paramilitar. El modelo paramilitar, es un modelo fundamentalmente económico y mafioso, subsidiariamente político, pero es antes que nada un modelo de concentración de la riqueza, y vincula capitales, incluso internacionales, en regiones del país que se vuelven altamente rentables simplemente porque se mata sindicalistas; se vuelve altamente rentable simplemente porque se ha sojuzgado dictatorialmente a la población que está en esa región; que se vuelve altamente rentable porque vincula dineros del narcotráfico, y en esa medida es un modelo de alta concentración de la riqueza; por eso Colombia es uno de los países más desiguales socialmente del mundo; cuarto en indicadores de tipo … pero además uno de los más violentos del mundo; esa desigualdad social tan aberrante, conjuntamente con una violencia tan aberrante, sólo se explica porque está operando un modelo depredador en el país; un modelo que yo lo denomino un modelo paramilitar y que tiene como su eje el narcotráfico y su gran capacidad de dominio sobre el poder político en Colombia y el silencio internacional. Silencio en los Estados Unidos, silencio en Europa; silencio que se garantiza con negocios y con actividad diplomática. La diplomacia colombiana está centrada en garantizar el silencio internacional con lo que está pasando en Colombia.”

D: “Eso es evidente, que hay un silencio, digamos que un silencio informativo sobre la cuestión colombiana en general, y en algo tiene que ver la participación o el apoyo, digamos, de la diplomacia española, y de los distintos gobiernos que se han dado. Hay que recordar, para quienes nos estén escuchando, que el Presidente Uribe obtuvo, desde el principio, cuando era alcalde de Medellín, el apoyo de políticos españoles; entre otros, de Felipe González, cuyo financista Sarasola, fue uno de los adjudicatarios de las obras del Metro de Medellín; después se lo apoyó en la campaña de la gobernación de Antioquia; después este apoyo continuó con el Gobierno Aznar y la financiación del Plan Colombia, y últimamente con el gobierno, y para sorpresa de muchos, con el nuevo Gobierno de Zapatero, éste, en una entrevista que publicó el diario El Tiempo, que fue paralela a la conferencia de los comandantes en jefe militares en Ecuador, dio un apoyo incondicional, que por toda la información que va llegando, va a tener su máximo apoyo en la visita que hará en los próximos días a España Uribe, y donde será presentado en el parlamento… en el senado concretamente, en el Senado español, por el Presidente del Parlamento, el político catalán Josep Borrell. Bien, ese es un resumen, digamos, muy sintético de la política española hacia Colombia. Ahora lo que nos gustaría es que usted nos diera una opinión que sirviera para que las organizaciones políticas españolas, los intelectuales y la sociedad civil tengan un mensaje directo de los que sufren la realidad colombiana.”

P: “Yo hace como año y medio realicé un debate en el Congreso de la República que mostraba como el Presidente Uribe, usando tres fórmulas bastante fraudulentas bajo la legislación colombiana, había logrado transferir recursos públicos de nuestro presupuesto en una cuantía de 100 millones de dólares a la empresa Unión FENOSA, española, propietaria de empresas de energía eléctrica, distribuidora en la Costa Atlántica, precisamente en regiones que son paramilitares, a través de una modalidad de cobros, porque son zonas de difícil cobro por la pobreza de sus habitantes, y que ha reducido sustancialmente las ganancias de Unión FENOSA en Colombia. Los cobros empiezan a hacerse a través de empresas privadas regionales, y muchas son de paramilitares. Y además, el Presidente Uribe, a través de tres mecanismos financieros fraudulentos, logró una transferencia de dineros públicos colombianos a esta misma Unión FENOSA por 100 millones de euros. Unión FENOSA, por tanto, ha quedado supeditada al Presidente Uribe y le hace su labor diplomática más importante al interior de la política y de los movimientos políticos de España. Y es allí donde nace realmente el por qué un partido de izquierda democrático termina apoyando a una persona que ostenta en sus familiares más cercanos vínculos con el paramilitarismo y sus principales fuertes y aliados políticos son paramilitares. Es que primero están los negocios, y después están los principios. Yo mismo visité España hace unos meses, y hablé con funcionarios de la Cancillería, y con senadores y con diputados del PSOE, y me sorprendí cómo la mayoría de éstos, incluso confundían qué era guerrilla y qué era paramilitarismo; no sabían diferenciar una y otra cosa. Y suponían que el Presidente Uribe estaba realizando una lucha “frontal contra el terrorismo”, olvidando que los mismos Estados Unidos han dicho que la agrupación más peligrosa desde el punto de vista del terrorismo en Colombia son los paramilitares. Y me sorprendió cómo en la Cancillería española prácticamente existe un profundo desconocimiento de esta realidad dramática del pueblo colombiano, que les permite a sus jefes de Estado, a sus jefes de Gobierno, abrazarse con personas que han cometido los delitos de lesa humanidad, como pasó con Carlos Arturo Marulanda, jefe paramilitar colombiano, embajador de Colombia frente a la Unión Europea, a finales de la década de los 90, en Bélgica, y abrazarse con el actual Presidente del Congreso español, el señor Marín, con quien tenía estrecha amistad. Muchos otros socialistas españoles que se abrazaban no sólo por razones diplomáticas sino por razones de negocios, como usted ya mencionó. Esa ligazón entre negocios y delincuentes de lesa humanidad en Colombia silencia los principios democráticos de Europa hacia Colombia. Y esa complicidad silenciosa es la que permite que esas bandas sigan matando en nuestro país a miles de indefensos ciudadanos colombianos cuyo único delito ha sido pensar u opinar, o militar en la izquierda, u organizarse, o detener de alguna manera la depredación feroz contra la naturaleza o contra los seres humanos en sus propias regiones.”

D: “Como complemento a la pregunta anterior, hace unos días, concretamente al día siguiente de la aprobación de la Ley de Justicia y Paz, de la “Ley de Impunidad”, el Presidente Uribe dio una alta condecoración de Estado al dueño de… la empresa o Grupo Empresarial Prisa, que últimamente ha comprado Radio Caracol y una participación fuerte en algunos periódicos colombianos. Nosotros creemos que esa medalla, pues es en parte un pago al silencio, a la esfera de silencios, sobre la realidad colombiana que se realiza desde este y otros medios españoles. ¿Cómo entienden ustedes el hecho de que se dé en un momento donde muchísimos periodistas, ejemplares periodistas colombianos se tienen que exiliar, que el principal empresario de medios de comunicación españoles reciba una medalla condecorativa por la fe en Colombia, por parte de la Presidencia de la República colombiana?”

P: “Pues, ese mismo día en que se aprobó el proyecto de “Ley de Impunidad”, yo mostré el proceso que sindica al hermano del Presidente de haber sido jefe de un grupo paramilitar en Antioquia, Colombia, y de haber estado al frente de ese grupo en la comisión de delitos de lesa humanidad, y el periodista Director de la Cadena Caracol Radio, que es propiedad del Grupo Prisa, mayoritariamente, se atrevió a decir que yo soy un calumniador, y lo ha repetido dos veces incluso, sin siquiera analizar los mismos procesos judiciales que sindican al hermano del Presidente y a familiares cercanos de paramilitarismo. Así que ahí está la respuesta. Se compra a parte de la prensa con este tipo de homenajes, pero sobre todo dejándoles las concesiones del espectro electromagnético. Caracol Televisión, RCN Televisión, las principales cadenas de televisión colombiana, tienen que prorrogar sus contratos para seguir con su transmisión y el que tiene en sus manos la posibilidad de prorrogar esos contratos es el Presidente de la República; entonces tenemos unos medios de comunicación doblegados ante intereses económicos y ante intereses políticos, de un régimen, y los pocos periodistas; los que logran decir, o exponer, o sacar la verdad a la luz, ya lo sabe usted, son asesinados o terminan exiliados. Hoy tenemos ya una amenaza, contra tres de los mejores periodistas de Colombia, uno de ellos, el señor Coronell, ha logrado descubrir que las amenazas provienen, vía correo electrónico, de la casa de un antiguo senador de la República, ligado al cartel de narcotraficantes, que fue procesado en los Estados Unidos por eso, señor Carlos Náder, casa a la que asisten todos los días los hijos del Presidente de la República. Esa es un poco la historia que tenemos. Estos periodistas hacen estas denuncias, y sus colegas, dependientes de las grandes cadenas, incluidas la de Caracol Radio, pues tratan de ocultar la importancia y la gravedad del descubrimiento que ha hecho un periodista, él mismo, investigando su propia amenaza de muerte, que llega hasta los familiares más cercanos del Presidente de la República, sus hijos.”

D: “Por último, y para ir cerrando este documento, este largo documento, nos gustaría que explicaras a la opinión de los escuchas… de los que escuchen este documento posteriormente, cómo se dio el proceso, lo que nosotros denominamos el “Proceso de Ralito”, y su finalización en la ley que se aprobó el día 21, la “Ley de Justicia y Paz” o “Ley de Inmunidad del Crimen Organizado”, según lo vemos desde aquí. Nos gustaría que hicieras un resumen de la situación, hasta este momento.”

P: “Mira, más o menos lo que va a pasar en los próximos meses, consiste en lo siguiente: miles de paramilitares van a conseguir beneficios y van a pedir que se les aplique la Ley, diciendo que se desmovilizan, entre esos, la mayor parte de los narcotraficantes de Colombia. El Gobierno tiene dos meses; el Gobierno no tanto, la Fiscalía tiene dos meses para demostrar si estos paramilitares cometieron delitos de lesa humanidad o no. Si lo demuestran o los paramilitares los confiesan, tendrán una pena máxima de seis años y medio en el lugar que defina el Gobierno; de hecho, al señor don Berna, alias “Don Berna”, jefe paramilitar le designó como área de reclusión su propia hacienda. No importa la gravedad de los delitos… de hecho el próximo bloque que se va a desmovilizar es el de Sucre, los señores que cometieron el asesinato de miles de campesinos, los enterraron en fosas comunes, los despedazaron, los descuartizaron, van a tener seis años y medio si el Estado demuestra que fueron culpables, en dos meses, de ese tipo de delitos… el Estado colombiano ni en diez años ha logrado encontrar la culpabilidad de ningún jefe paramilitar en ningún delito de lesa humanidad, luego el 99,99% de probabilidades es que los paramilitares no van a ser condenados… los procesos a los dos meses precluyen, se archivan, quedan como cosa juzgada y gozan de total libertad. El proyecto de Ley además estipuló que los paramilitares han cometido el delito de sedición, que es un delito político, lo que les permite hacer actividad política legal, hacerse elegir congresistas, alcaldes, diputados, etcétera. Entonces con el enorme poder económico que tienen, con sus vínculos intactos porque no son obligados a decir la verdad, a descubrir quienes eran sus financiadores, sus amigos dentro del Estado Colombiano, pues van a lanzarse en campaña electoral el próximo año, en los primeros meses, obviamente a apoyar la reelección del Presidente Uribe, y tendremos un panorama de crecimiento del poder político del narcotráfico en Colombia. Sin confesar nada; es decir, sus estructuras se van a mantener vigentes, su poder se va a acrecentar, e indudablemente Colombia entrará en una modalidad política muy específica que es la que denomino el “Poder mafioso”.

D: “Bien, Gustavo Petro. Con esto creo que podemos dar por cerrado; de todas maneras si tienes algo más que agregar con relación a todo esto, pues está a tu disposición cerrar este documento.”

P: “Salir de esta crisis de violencia, de destrucción de nuestra nación, de descomposición moral profunda del conjunto de la sociedad colombiana va a depender de plantearnos la posibilidad de una Colombia democrática. Va a depender de dos circunstancias; una, de nuestro propio pueblo indudablemente, pueblo que está reaccionando, pueblo que se está organizando, que está construyendo instrumentos políticos democráticos que cada vez asustan más a la derecha colombiana ligada con estos grupos paramilitares, y de unas segundas circunstancias, de que Europa sea capaz de juzgar a través de tribunales internacionales o a través de la Corte Penal Internacional u otra instancia de justicia internacional, a los delincuentes de lesa humanidad, que cometieron crímenes de este tipo en Colombia. El primero que se logre juzgar, en cualquier tribunal de éstos puede producir un efecto “dominó” en esta estructura de poder mafioso dentro de Colombia, cosa que nos ayudaría sobremanera a las fuerzas democráticas de este país, a recuperar nuestro propio país del poder mafioso. Así que ese es un escenario que no depende de nosotros; depende de la voluntad de los europeos en general. Así que les dejo ese balón en su campo de fútbol.”

D: “Bien, por nuestra parte no hay ningún problema en la voluntad de querer juzgar; aquí la cosa es bastante más complicada porque habrá que ver cómo evolucionan no sólo la parte política sino cómo evolucionan los propios tribunales internacionales y las cuestiones de preparación de casos y demás. De todas maneras, desde ya que cuentan con nuestro apoyo como en otros casos hemos demostrado. Lo que nos gustaría ahora, pues es saludarlo y esperar que sinceramente esta batalla desigual en contra del crimen organizado, del narcotráfico, del paramilitarismo, realmente llegue a su fin algún día con una Colombia democrática y en paz. Será hasta otra oportunidad.”

P: “Bueno, gracias a usted y a sus oyentes. Muy amable.”