Urabá feudal : Indymedia Colombia

El corregimiento Lomas Aisladas de Turbo es tan triste y pobre que, para salir del olvido, sus 200 habitantes decidieron cambiarle de nombre. Lo hicieron en venganza por el abandono de los gobiernos a lo largo de sus 45 años de vida. Ahora se llama El Cuarenta, y le pusieron así para recordarle al Estado que aún faltan 40 kilómetros de carretera para comunicarlos con Panamá, vía que, según ellos, los sacará del aislamiento en que terminaron luego de que los señores de la guerra devoraran sus parcelas y los confinaran en 32 ranchos de madera y palma.

La vida de este pueblo de pescadores en desgracia y agricultores frustrados por la violencia transcurre el mayor tiempo a la espera de cuándo será el día que en uno de esos camperos UAZ, los que de vez en cuando les hacen sentir que existen, llegue la noticia de que por Chigorodó o Mutatá va a entrar la maquinaria con que se terminará de ampliar la Carretera Panamericana que romperá el Tapón del Darién y los conectará con el vecino país.

Para bien o para mal, a ellos les interesa esa salida, aunque por ahora continúen viviendo noches de tinieblas, sin agua potable, con pocos medios para sobrevivir y con la guerra encima rasgándoles hasta la camisa. No les importaría que para terminar de construir ese sueño de libertad, se rellene de piedra y tierra la laguna de Tumaradó, de donde sacan el sustento diario.

Paradójicamente, la noticia que nunca les llega, es la única esperanza que tienen. Sus vidas y entorno están, desde hace algo más de 10 años, en medio de las dos lomas que los rodean, en las que quedaron arrinconados por terratenientes y algunos supuestos ‘narcos’ que hoy también están comprando tierras en el Eje Bananero de Apartadó, Carepa, Chigorodó, Mutatá y Turbo. De ahí que buena parte de los habitantes de El Cuarenta tengan la esperanza de que les llegue la noticia de la construcción de la vía de la vida, para salir del infierno en que quedaron. No quieren repetir la historia de sus vecinos de Chigorodó y Mutatá, que a mediados de la década del 90 tuvieron que vender sus fincas de 30 y 40 hectáreas hasta en $500.000.

Otros con el mismo drama

Mientras la Carretera Panamericana descansa en el último pueblo de Colombia hacia Panamá, el resto de pobladores de los 11.664 kilómetros cuadrados de la subregión del Urabá antioqueño continúa viviendo el mismo drama del desarraigo y el destierro a bala iniciado a finales la década de los 80 y mediados del 90 por las Autodefensas Campesinas de Córdoba y Urabá (Accu), que comandaba Carlos Castaño, y que luego fueron reemplazadas por otros grupos ‘paras’: los bloques Élmer Cárdenas (Bec) y Bananero. El primero en proceso de desmovilización y el segundo hizo dejación de armas a finales de 2004 en El Mello Villavicencio, cerca de Necoclí.

Pese a que desde Apartadó se mande el mensaje al país de que las desmovilizaciones de ‘paras’ son por la paz de Urabá, en voz baja, algunos los habitantes de la zona norte dicen lo contrario: que aparentes ‘narcos’ y parte de los hombres desmovilizados del Mono Veloza, que terminaron marchando en otros grupos, siguen corriendo cercas bajo presión y supuestamente invirtiendo en grandes proyectos turísticos locales.

Esa compra desaforada de tierras, a punta de presión, ha llegado al punto de que son contadas las parcelas que quedan desde Arboletes, Necoclí, San Pedro de Urabá y San Juan de Urabá, hasta donde también llegó la mano del jefe del Bec, Fredy Rendón, alias El Alemán, quien niega haberse quedado con predios tras su bárbara ‘cruzada’ contra la guerrilla entre 1997 y este año. Cruzada que inició desde Necoclí hasta el Urabá chocoano y que provocó el desplazamiento de 679 familias a Turbo luego de la masacre de no menos de 20 personas en la localidad de Brisas de la Madre (Belén de Bajirá), cerca de Carmen del Darién.

Aunque la Defensoría del Pueblo y la Procuraduría han estado pendientes del tema, en el sur de la bahía de Turbo, por ejemplo, el Consejo Comunitario de Los Manatíes, que había denunciado presiones de grupos armados ilegales para que vendieran sus tierras ancestrales, desistió de la queja, pero en Bogotá, las autoridades ya conocen que el autor de las intimidaciones es alias El Chocoano.

A pesar de la crítica situación, la ley del silencio rige como camisa de fuerza en la subregión y mientras todo eso sucede, algunos voceros de la Pastoral Social de Apartadó, los gremios y las organizaciones sociales del Urabá antioqueño aún no se pronuncian. Están esperando, con cierta inquietud, qué sucederá con la desmovilización de los hombres del Bec y con las ocho familias que tradicionalmente habían sostenido el mayor numero de fincas.

Por eso es que El Cuarenta no es sólo un nombre de la subregión, es la constante del desencanto y la repetición del drama de los campesinos, indígenas y colonos de los 11 municipios antioqueños y cuatro chocoanos que sobreaguan como náufragos forzados en la historia de sangre y fuego del Golfo de Urabá, por donde no sólo entran armas y se contrabandean decenas de toneladas de droga al año, sino que salen a los mercados internacionales 1,2 millones de cajas de banano por semana, producto del trabajo de 22.000 empleados de las 344 fincas bananeras de la zona.

El Cuarenta es para los 650.000 habitantes de Urabá el último pueblo de la carretera del olvido que comienza en este corregimiento de Turbo y que luego de un inmenso recorrido por cinturones de miseria desde los corregimientos Barranquillita y Babilla, termina en los desheredados municipios del Carmen del Darién, Murindó, Vigía del Fuerte, Bellavista (Bojayá), Riosucio, Unguía y Acandí, pueblos que también han sido víctimas del despojo de tierras ancestrales por parte de cultivadores de palma y ganaderos, que según la Diócesis de Quibdó, hicieron circular una aterradora sentencia: “Si no nos venden, le compramos a la viuda”.

Muerto que vende tierras

El afán por hacerse a la tierra llevó a que entre 1997 y 2001, en las comunidades de Curvaradó y Jiguamiandó de Belén de Bajirá (en el Urabá chocoano), se realizaran 12 operaciones militares que involucraron al bloque Élmer Cárdenas, las Farc y a miembros de la Fuerzas Pública. Estas acciones provocaron, según Justicia y Paz, 106 asesinatos, 12 desplazamientos forzados, 19 saqueos y quema de caseríos, 14 agresiones a las zonas humanitarias y cuatro ejecuciones a civiles a manos de la guerrilla.

En esta misma zona es donde, de acuerdo con El Alemán, después de que ellos sacaron a la guerrilla y las comunidades terminaron desplazadas, algunos empresarios de la palma africana llegaron comprando tierras a precios irrisorios.

Pero no sólo a punta de presiones se consigue la tierra en esta región del país, donde 22 mil hectáreas de tierras en territorios colectivos están siendo afectadas por cultivos de palma de aceite. Se ha recurrido a la falsificación de documentos, y es así como hasta los muertos reciben tierras del Gobierno y luego las venden a empresarios.

Es el caso de Lino Antonio Díaz Almario, un campesino de Jiguamiandó al que en 1990 el desaparecido Incora le adjudicó cerca de 60 hectáreas de tierra, pero que en 2000 aparece adjudicatario de 5.890 hectáreas, cuyas escrituras fueron firmadas en San Jacinto (Bolívar) y Barranquilla.

Sin embargo, lo que tiene extrañadas a la Defensoría y la Procuraduría, es que Lino haya sido adjudicatario del Incora y luego vendedor de sus tierras a Urapalma en 2000, por cuanto murió ahogado en el río Jiguamiandó en 1995. Es la historia por el dominio territorial en una sola región donde el conflicto armado dejó al Gobierno en malas tierras.

Una subregión con 26 años en medio de la guerra

Durante los últimos 26 años la lucha entre la subversión y los paramilitares por el dominio de la estratégica subregión del Golfo de Urabá, ha sido una de las más sangrientas y absurdas en el país.

Este escenario de guerra se creó a comienzos de 1980, cuando las guerrillas de las Farc, el Epl y el Eln ingresaron para quedarse no sólo en el Eje Bananero de Turbo, Apartadó, Carepa y Chigorodó, sino con el poder del Cañón de la Llorona, el Nudo de Paramillo y las serranías de Abibe, San Jerónimo y Ayapel, regiones que hasta mediados de la década eran un punto de honor militar tanto para el Estado como para la insurgencia.

Y es en estas regiones donde el Epl y las Farc logran hasta finales de los 80 un poder político y militar, donde los dos grupos no sólo se disputaban las 11 alcaldías sino el destino de una región que en ese momento tenía unos 300.000 habitantes.

Era la época en que los dos grandes sindicatos de la región, Sintagro y Sintrainagro, ambos bajo influencia del Epl y las Farc, lograban paralizar la producción de banano.

Pero la presión, la apropiación de tierras, el secuestro de ganaderos y empresarios por parte de la guerrilla, llevaron a la conformación de otras expresiones de violencia: los paramilitares, que bajo el mando de los hermanos Fidel y Carlos Castaño, convirtieron la zona en ríos de sangre.

No sólo la guerra entre paras y guerrilla aumentaron la violencia. Luego de la desmovilización del Epl en 1991, las Farc le hicieron la guerra a los desmovilizados que crearon los Comandos Populares que bañaron de sangre los barrios de Apartadó.

La lucha por el dominio del Golfo de Urabá, que involucra también a Chocó, no sólo es la por la tierra. Lo es, según el Gobieno, por la posición estratégica que ofrece la zona para actividades como el narcotráfico, tráfico de armas y contrabando.

Fechas clave

Marzo 3 de 1988: En la finca Honduras, de Turbo, 17 trabajadores bananeros fueron asesinados por las autodefensas.

Abril 11 de 1988: Una nueva masacre se registra en zona rural de Turbo. Esta vez es en la vereda Punta Coquitos, corregimiento de Currulao, donde son asesinados otros 26 campesinos.

Enero 14 de 1990: Hombres de las Acc desaparecen a 37 personas y asesinan a otras seis en Pueblo Bello, Turbo.

Enero 23 de 1994: Asesinan a 35 personas en el barrio La Chinita. Eran simpatizantes del grupo político Esperanza, Paz y Libertad, del desmovilizado Epl. La masacre fue atribuida a miembros del Pcc, pero fueron absueltos, en su mayoría, por la Corte.

Abril 4 de 2000: Nueve civiles, entre ellos dos niños, fueron asesinados en el municipio de Vigía del Fuerte (Antioquia).