El fraude que se prepara : Indymedia Colombia

Las comunidades que participaron en la movilización informan que el pasado 18 de mayo, luego de haberle disparado a la muchedumbre en la población de Remolino, municipio de Taminango, los agentes de la Fuerza Pública desalojaron la escuela de la localidad, saquearon las pertenencias de los manifestantes, y prendieron una fogata a la que arrojaron cientos de cédulas de ciudadanía. Los policías le gritaban a la gente que eso era para que no votaran contra el presidente Uribe. Según la Defensoría del Pueblo, la arremetida de los uniformados dejó 50 personas heridas por bala. Se sabe que otras cinco fueron asesinadas. La Alcaldía de Pasto designó a ocho inspectores para que recibieran las denuncias de la incautación de las cédulas.

Desde hace varias semanas, miembros de grupos paramilitares van de casa en casa advirtiéndoles a los habitantes de Ciudad Bolívar, en Bogotá, que “si en las urnas aparece un solo voto de izquierda, lo van a pagar”. Diversas formas de agresión se ejercen contra quienes hacen campaña electoral por candidatos de partidos o movimientos diferentes a los uribistas. Así ocurrió a finales de abril, cuando fueron desaparecidos por la fuerza el dirigente sindical Luis Antonio Arismendi Pico y la joven Belquis Dayana Goyeneche.

Pudiera decirse que tales hechos son violaciones aisladas del derecho de los ciudadanos a elegir libremente su candidato a la Presidencia de la República. Pero a éstas y muchas otras situaciones similares —como la cadena de amenazas contra los opositores al Gobierno— se ha añadido una disposición que revela la voluntad oficial de alterar los resultados de los comicios. La Misión de Observación Electoral, conformada por organizaciones nacionales e internacionales de la sociedad civil, informó que fueron anuladas las mesas de votación en 200 municipios de los departamentos de Putumayo, Meta, Caquetá, Cauca y Norte de Santander. Las autoridades electorales, y los gobernadores de estos departamentos, dieron la orden de que los votantes se trasladen a los cascos urbanos. Esto significa, ni más ni menos, la negación del derecho a la participación política de cientos de miles de personas en vastas zonas del país en las que se prevé una amplia votación para las fuerzas de oposición.

A pesar de que el Ministro del Interior y de Justicia ha intentado tranquilizar a la opinión, subsiste el malestar. Bajo el gobierno del presidente Uribe se ha impuesto un verdadero récord en materia de distorsión del sistema estadístico nacional, escándalos de corrupción, fraude en pasadas elecciones, montajes del Ejército Nacional en turbios operativos militares y encubrimiento de la infiltración paramilitar en el Estado. La proliferación de irregularidades que ponen en tela de juicio la transparencia de los comicios del próximo domingo es coherente con esta tradición de falsificar la realidad.

Invito a quienes detecten hechos de fraude contra los resultados de la elección presidencial a que se comuniquen con la línea telefónica gratuita 018000112101 de la Misión de Observación Electoral.

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La sentencia de la Corte Constitucional acerca de la ley de “justicia y paz” es un buen paso para limitar el poder paramilitar. Ojalá al examinar las demandas restantes contra la ley, la Corte profundice en estos pasos iniciales, pues ya se preparan nuevas trampas jurídicas para burlar cualquier barrera a la impunidad.