LA LEY DE JUSTICIA Y PAZ EN LA COSTA CARIBE : Indymedia Colombia

Eso denota la falta de compromiso de los mandatarios seccionales y locales para impulsar una cultura basada en el respeto de los derechos humanos y, por tanto, la carencia de políticas públicas encaminadas a promoverlos a través de los planes de desarrollo que deben ejecutar en sus períodos gubernamentales mediante programas y proyectos debidamente financiados.

También observamos que las universidades públicas, que están llamadas a suplir tal falencia, carecen de centros de investigación y de investigadores dedicados al tema de los derechos humanos, como si la crisis humanitaria de la Costa Caribe no lo ameritara.

Solo en Barranquilla y Cartagena existen observatorios del delito impulsados por el Instituto Distrital de Seguridad y Distriseguridad, respectivamente. Sin embargo, estos organismos solo se dedican a llevar ciertas estadísticas sobre la violencia urbana sin tener en cuenta el fenómeno de la violencia política y su relación con los derechos humanos.

Este documento se basa en reportes periodísticos, estadísticas elaboradas por la Comisión de Derechos Humanos de la Cut y la USO, organizaciones no gubernamentales de derechos humanos, estudios de la Defensoría del Pueblo de Bolívar Vox Populi Corporación, y el conocimiento directo de los hechos. Es necesario destacar el apoyo recibido de los abogados defensores de derechos humanos Juan Villanueva, Heriberto Puerta y Oscar Prada participantes del Taller Regional CPI, especialmente en los acápites 5 y 7.

Sea, entonces, señalar la advertencia que las falencias expuestas pueden reflejarse de alguna manera en el presente documento que intenta una aproximación analítica e informativa sobre la situación de los derechos humanos en la Costa Caribe en medio de un contexto de crisis humanitaria y la perspectiva de aplicación de la ley de Justicia y Paz.

1. ANÁLISIS DE CONTEXTO

El Caribe colombiano y sus principales ciudades eran un remanso de paz, ya sea por tradición cultural, o porque los actores armados la veían como un corredor estratégico para el contrabando de armas y las negociaciones del bajo mundo. Si bien fue exclusivamente escenario de tráfico de arma, marihuana y clorhidrato de cocaína –Guajira, Magdalena y Bolívar- no había sido objetivo de control territorial de los actores armados, salvo vendettas que se presentaron entre sectores mafiosos vinculados al negocio de la droga.
Más del 70 por ciento de la población vive en la pobreza y más del 45 por ciento en la miseria. Los niveles de marginalidad se experimentan en las zonas rurales y en los tugurios de las grandes ciudades como Barranquilla y Cartagena. Los Derechos Económicos, Sociales y Culturales son violados con la mirada complaciente de una clase política corrupta y la indiferencia de los grandes empresarios, lo cual hace, objetivamente hablando, más grave la violación de los derechos políticos y civiles.

En la década de los 60 la región recibió la primera gran ola de inmigrantes del interior del país que huían de la Violencia. Subregiones de Córdoba, Cesar, Sur de Bolívar y Magdalena recibieron a miles de compatriotas expulsados por la confrontación política liberal conservadora.

En los años 70, las ciudades caribeñas recibieron inmigrantes de las zonas rurales de la región, lo cual produjo el surgimiento de los primeros cordones urbanos de miseria, caracterizados por tugurios situados en zonas de alto riesgo que ejercieron cierta presión en la movilidad y la estética urbana, además de la recomposición social. Eran sectores que comenzaron a vivir en condiciones infrahumanas en medio de la marginalidad, el desdén y la indiferencia del ser urbano.

Podríamos decir que estas olas migratorias del interior hacia la costa y de lo rural a lo urbano produjo una recomposición sociodemográfica que presionó el surgimiento de movimientos sociales barriales por la tierra en donde construir sus tugurios.

La Costa Caribe había estado fuera del conflicto armado hasta mediados de los años 80, con algunas excepciones como el sur de Bolívar, donde operaba un reducto del frente José Solano Sepúlveda compuesto principalmente por veteranos guerrilleros provenientes de los santanderes y de Antioquia. En el proceso de paz con las FARC y otras organizaciones guerrilleras, el ELN fue ampliando su territorio de acción en Los Montes de María con el Frente “Jaime Bateman Cayón”, el 6 de diciembre en la Sierra Nevada de Santa Marta, el “José Manuel Quiroz” en la Serranía del Perijá del Cesar. Igualmente se hace presente en Córdoba y Sucre. Las FARC hicieron lo propio posterior al rompimiento del proceso de paz multiplicando sus frentes en las mismas zonas, demarcando territorio con el ELN.

Los procesos de paz y reinserción que se produjeron a finales de los ochenta y comienzo de los 90 con la desmovilización de movimientos guerrilleros como el EPL, PRT, Corriente de Renovación Socialista, se abrió la posibilidad de garantizar una seguridad para todos los actores sociales del campo. Sin embargo, nada de esto fue posible.

Desde comienzo de los 90 el fenómeno paramilitar se fue afianzando progresivamente hasta copar casi toda la zona territorial guerrillera, replegándose ésta para las de difícil acceso donde siempre ha tenido la retaguardia. De hecho se entendía que el territorio dominado por los paramilitares estaba constituido por las cabeceras municipales y su anillo de seguridad establecido en el área rural de influencia.
El paramilitarismo se inicia con la primera oleada de narcotraficantes paisas que llegaron a territorio cordobés comprando fincas y propiedades rurales hasta comprender un buen territorio que tenía una cierta influencia de los grupos guerrilleros, específicamente del EPL y las FARC.

En esa época, más exactamente en 1984, la gente hablaba de unos cachacos con plata que estaban comprando propiedades grandes y pequeñas. Ellos traían el personal de seguridad y de labores. Algunos líderes campesinos que habían dirigido grandes luchas por la recuperación de sus tierras para trabajar en la década de los 70s habían sido desaparecidos, otros asesinados y la mayoría desplazados. Los docentes de veredas cercana a Montería –que sospechaban tenían alguna leve relación con el Epl o Eln- fueron desparecidos o asesinados. En una de las crónicas que se publicó para la época, contaba el caso de un profesor que fue hecho picadillo y sus restos arrojados al Sinú. Se descubrió el hecho porque uno de los pescadores en vez de capturar un pez, se encontró con la cabeza de la víctima cerca de la finca de Fidel Castaño.
A finales de los 80s, los campesinos de Costa de Oro – corregimiento de Montería- comentaban que había uno que le decían “Rambo” porque por las mañanas en sus fincas Jaraguay o Las Tangas, o en cualquiera de las que había adquirido, salía trotando con dos pistolas al cinto mientras varios camperos repletos de personas armadas iban atrás y delante. En 1989 en Las Tangas la policía atendió denuncias de la procuraduría y de los campesinos, pudo constatar las primeras fosas comunes que los paramilitares le hacían cavar a sus víctimas.
En 1989 fue asesinado por los paramilitares el párroco de Tierralta, Sergio Restrepo, un paisa que realizaba una excelente obra social y cultural en este territorio, ahora propietario de otros paisas que llegaron a esta tierra comprando tierras y promoviendo grupos armados, desplazando a los nativos que debieron confinarse en los cordones de miseria de Montería y de otras ciudades del Caribe.
En la época cuando se desarrollaba una guerra contra el Cartel de Medellín, el Das reveló un dossier que explicaba cómo en Urabá y Córdoba se había configurado una verdadera contrarreforma agraria, cuyas tierras pasaron a manos de reconocidos narcotraficantes y nacientes paramilitares que comenzaban a usufructuar el negocio de la seguridad. El informe del Das y publicado por la revista Semana en 1989, hablaba de más de 300 mil hectáreas de las mejores tierras del valle del Sinú y de Urabá. Ellos, junto con algunos ganaderos tradicionales, fueron los que financiaron las primeras masacres de la región: “Mejor esquina” (El reconocido narcotraficante Cure financió la fiesta que sirvió de carnada para cometer esta famosa masacre), Canalete, El Tomate (el “Mono” López, exalcalde y exgobernador, apareció como sindicado en un juzgado de instrucción criminal de Montería), Voladores, La Apartada, La Puya.

Montería, Tierralta y Valencia en la Costa Caribe constituyeron el eje territorial de dominio inicial de los paramilitares de tercera generación, que tuvo en el escenario de Puerto Boyacá, un precedente directo después de los frustrados procesos de paz desarrollados durante el gobierno de Belisario Betancur.

Tuvimos la oportunidad de visitar de este territorio en pleno apogeo de la guerra contra la influencia social de la guerrilla. Se entrevistó a autoridades y familiares de los masacrados. La que más nos impresionó fue la masacre de La Puya. No utilizaron motosierra para cometer su macabra tarea. Los campesinos eran colocados de cuclillas y su cabeza sobre un tronco para luego destajarla con un afilado machete, y luego jugar con sus cabezas que se deslizaban hacia la pendiente. ¿Cuál era el pecado de las gentes empobrecidas? Tal vez haber aceptado la connivencia con el Epl o el Eln –las Farc tenían influencia en la margen derecha donde operaba el sanguinario V frente- que abusaban de la población civil. Ya los campesinos se atrevían a hablar contra la guerrilla. La señora Aminta (nombre ficticio) de Popayán –corregimiento de Montería- dijo en una de las crónicas de 1989: “Estos pelaítos, que yo los conocí desde que eran niños, ahora son lo chachitos de película porque cargan un fusil”.

Cada una de las acciones realizadas por los primeros grupos paramilitares contra la población civil desarmada, contó con la complicidad de las autoridades militares que sospechosamente no atendieron las advertencias que se hacían sobre posibles masacres. Lo sospechoso era que las primeras informaciones que aparecían en los medios de comunicación sobre las masacres se les atribuían a grupos guerrilleros, y esto lo hacía la policía y los representantes de las autoridades civiles. A manera de ejemplo, podemos señalar la masacre de mejor Esquina, de Puya y El Tomate en el departamento de Córdoba. Todas estas masacres quedaron en la más completa impunidad hasta el día de hoy. “El Mono” López había sido involucrado por un juez de instrucción criminal de la época por los sucesos de El Tomate, pero se le archivó la investigación. Así sucedió con los demás implicados que vinieron a posicionarse en sus propiedades luego del violento desalojo de los campesinos.

2. LA IMPUNIDAD GARANTIZA EL PODER POLÍTICO Y ECONÓMICO DE LOS CONDOTIEROS

Los delitos de lesa humanidad cometidos por grupos parasocietales, como los grupos paramilitares de tercera generación, contaron con le benevolencia o la complicidad de las autoridades militares, policivas y civiles de la Costa Caribe. Para Nadie es un secreto que Fidel Castaño y grupos de narcotraficantes financiaron masacres con la mirada ciega de las fuerzas militares. O que Mancuso tenía su base de operación en 11 Brigada.

Así se pudo comprobar en diferentes procesos como las masacres de Chengue, El Salado (en esta solo se condenaron algunos autores materiales, pero los que determinaron el sangriento suceso algunos están Ralito y otros gozan de sus fortunas) y de asesinatos políticos que se pudieron determinar desde organismos de seguridad del Estado, como es el caso del DAS que investiga la Fiscalía General dentro del proceso que se le sigue a su exdirector Jorge Noguera. También las fuerzas militares y los grupos paramilitares ejercen un confinamiento de las comunidades indígenas de la Sierra Nevada de Santa Marta.

En cada uno de los departamentos se ha podido comprobar la complicidad de familias de ganaderos con el acompañamiento de las fuerzas armadas. Pero la impunidad ha reinado en esos lazos peligrosos. Los procesos que se siguen en la Fiscalía no han tocado a familias enteras que patrocinaron los grupos paramilitares en la Costa Caribe.

La última generación de paramilitares que se originó luego de la disolución de las Convivir que dirigían Mancuso y los Castaño, en Córdoba, y Jorge 40 en Cesar y Atlántico, el Comandante Cero Cero en Santa Marta, y la aparición de los primeros grupos de Hernán Giraldo en la Sierra Nevada de Santa Marta, de Vecino y su sanguinario lugarteniente el comandante Cadena (Rodrigo Mercado Pelufo, quien dirigiera masacres como la de Chengue) en los Montes de María. Con esta nueva generación de paramilitares, dotados de armas y de poder económico y político, la correlación de fuerza no solo les favorecía sino también que las fuerzas militares y los grupos de ganaderos e industriales que contribuyeron a su creación se vieron desplazados en el ejercicio del poder real. Vinieron masacres, asesinatos selectivos, desplazamientos de campesinos, indígenas, docentes, sindicalistas que hacían parte de las listas en poder de los comandantes paramilitares. Estas, luego se pudo constatar con las denuncias del exdirector de informática del DAS, Rafael García eran elaboradas por el propio organismo de seguridad. Entre los asesinados estaba el profesor samario Alfredo Correa de Andréis, quien pereció en las calles de Barranquilla.

El director del DAS Bolívar, Rómulo Betáncur, debió renunciar arrastrado por el escándalo desatado por las denuncias de Rafael García. Se estima que era ficha política de la empresaria del chance Enilce López a quien se le acusa de lavado de activos pero también de la conformación de grupos paramilitares.
Los grupos paramilitares incidieron decisivamente en las elecciones de 2002, tanto en las elecciones parlamentarias como presidenciales. En las zonas donde los campesinos habían sido masacrados y desplazados, obtuvieron la mayoría de sus votos. Según el estudio Del control territorial a la acción política, de la consultora del PNUD, Claudia López, publicado por la revista Arcanos en diciembre de 2005 que retomó la revista Cambio con el titulo Masacres por votos, señala:
"Las elecciones a Congreso de 2002 contaron con una rara coincidencia entre la toma de regiones a sangre, coca y fuego por parte de los paramilitares, y las altas votaciones obtenidas por los representantes de esas regiones en la contienda política, señalados de realizar, presuntamente, acuerdos políticos con los grupos al margen de la ley que ‘conquistaron’ esas zonas".

De acuerdo a los datos entregados por la investigación, los paramilitares cometieron 11 masacres en el departamento de Magdalena entre 1998 y 2000: una en el 98, dos en el 99 y ocho en 2000. Las masacres aumentaron un 700% en tres años. En este departamento se había denunciado un maridaje entre paramilitares y caciques políticos.
La investigadora agrega:
"Aunque ningún organismo del Estado ha comprobado tales acusaciones, un análisis de los resultados electorales sí parece evidenciar la concentración de votaciones por parejas de candidatos en ciertas regiones del Departamento".
La revista cambio dice que el representante Jorge Luis Caballero, expulsado de Cambio Radical junto a Jorge Castro Pacheco y a los expulsados de la lista de La U, Dieb Maloof, Habib Merheg y Luis Eduardo Vives, obtuvo votaciones entre el 93% y el 97% en municipios como El Piñón, Cerro de San Antonio, Concordia, Pedraza y Tenerife. Esta misma concentración electoral la obtuvo el senador Salomón Saade, a quien el representante José Joaquín Vives acusó, en abril de 2005, de tener nexos con los paramilitares y de "entrar por la puerta de atrás a Ralito para obtener sus favores".

En la zona central de Magdalena, el barranquillero Dieb Maloof (cuya esposa Shadia Habib Posada era la directora del Instituto Distrital para laSeguridad de Barranquilla y que fuera aparentemente atracada dos días antes de ser asesinado el profesor Alfredo Correa de Andréis, en tanto un año después su padre –suegro de Maloof fue asesinado en Magangué en circunstancias que están por esclarecerse) sacó votaciones entre el 79% y el 94%, alcanzando un escaño en el Senado al obtener en ese departamento, 40.134 votos, cifra parecida a la de su fórmula a la cámara, el ex diputado José Rosario Gamarra, elegido con 49.899 votos.
También se pudo verificar que los ganadores en el sur del Magdalena fueron el senador Luis Eduardo Vives –expulsado de La U– y el representante Alfonso Campo Escobar –Partido Conservador–, quienes obtuvieron concentraciones electorales de entre el 71% y el 93%. El primero consiguió 47.794 votos y el segundo, 52.387.

El estudio agrega que en Magdalena como en Cesar, en las elecciones de 2003 hubo candidatos únicos para la gobernación. Los contrincantes políticos de Trino Luna y de Hernando Molina denunciaron presiones paramilitares. Al final Trino Luna fue elegido gobernador. Cabe recordar que Ahora denunciaron al gobernador de hacer campaña política con una de las comandantes paramilitares del sur del magdalena.

De la misma manera, se pone en entredicho la elección con votos de los paramilitares de los siguientes congresistas, algunas de las cuales no fueron reelgidas:
Rocío Arias: Aspiró al Senado por el partido uribista Colombia Democrática, del cual fue expulsada para engrosar a la fila de Moreno de Cara donde se ahogó junto con el cabeza de lista.

Eleonora Pineda: Era del partido uribista Colombia Democrática, también expulsada. No fue reeligida. Amiga intima de Salvatore Mancuso.
Muriel Benito Rebollo: también se ahogó. Se ufana entre sus amigos de ser más amiga de los jefes ‘paracos’ que Arias y Pineda.
Miguel de la Espriella: Fue reelegido senador por el partido uribista Colombia Democrática. Es acusado por el Senador Juan Manuel López de tener tratos con Mancuso.

Juan Manuel López: Fue reelegido senador por el Partido Liberal. Lo acusa el senador Miguel de la Espriella de darle cuotas burocráticas a Mancuso en el Gobierno de Córdoba. Tal acusación la hizo en una reunión con el Presidente Alvaro Uribe Vélez.
Mauricio Pimiento: Fue reelegido senador por el partido de la U. El representante Gustavo Petro lo acusa de haber tenido reuniones políticas con jefes paramilitares.

Álvaro Araújo: elegido senador por el partido uribista Alas Equipo Colombia. Gustavo Petro lo acusa de haber tenido reuniones políticas con jefes paramilitares.

Héctor Alfonso López: Elegido representante a la Cámara por el Partido Conservador. Hijo de la empresaria del chance, Enilse López, La Gata, señalada de tener nexos con los paracos y se le procesa por lavado de activos.

Álvaro García: Fue relegido senador en la lista de Cambio Radical. La Corte Suprema de Justicia lo investiga por supuestos vínculos con los paramilitares.

Los condotieros –señores de la guerra- saltaron de la toma de poder municipal y departamental al poder nacional dejando una estela de muertes y desplazamiento masivo.

Los caciques tradicionales de la política tradicional fueron reemplazados por señores de la guerra que ahora son dueño de grandes extensiones de tierras y propiedades arrebatadas a pequeños propietarios que se vieron en la necesidad de desplazarse o si no morían en el intento de preservar sus propiedades. Tales señores financian campañas políticas y los que se les oponen, son asesinados o desplazados so pena de darle muerte.

El caso del alcalde de El Roble Sucre es diciente. Todo indica que la muerte de Eudaldo Díaz fue ordenada en el 2005 desde Ralito y ejecutada por secuaces de Rodrigo Cadena, que a su vez respondía a directrices del comandante Vecino, y éste de Mancuso. Lo sorprendente de todo es que el propio alcalde alcanzó a denunciar su asesinato en el famoso consejo comunal presidido por Álvaro Uribe en Sincelejo en el mes de febrero de ese año. Su voz angustiada la pudo escuchar los televidentes y los asistentes al evento, pero ni Uribe ni las autoridades hicieron algo para atender la petición de protección por el burgomaestre del Polo Democrático. Su asesinato se ejecutó dos meses más tarde.

En el segundo semestre de 2005, luego que se inicia los procesos de desmovilización de los grupos paramilitares, las masacres cesaron aparentemente, solo se han ejecutado asesinatos selectivos. Si bien la presencia paramilitar se disminuyó, los comandantes preservaron su poder real con el apoyo de las mismas fuerzas militares. Muchos de los desmovilizados siguieron armados entre la población civil. Al tiempo que esto se producía, se incrementaba los casos de delincuencia común en los municipios que habían sido áreas de operación.

En ciudades como Cartagena, Barranquilla, Santa Marta Sincelejo, Montería, todavía los grupos paramilitares gozan de un control férreo de importantes zonas urbanas, como también de los mercados públicos. Por ejemplo, en Cartagena, antiguos vigilantes cívicos fueron asesinados por un nuevo grupo que se afianzó en la industria de la seguridad del mercado de Bazurto que hoy impone la ley a distribuidores minoristas y mayoristas, así como a camioneros e intermediarios. Esta denuncia fue presentada en el 2004 por varios comerciantes de Bazurto ante la Defensoría del Pueblo de Bolívar, pero las autoridades policivas poco o nada hicieron para resolver el problema presentado. Los asesinatos han quedado en la mera impunidad. Este fenómeno casi es calcado en el mercado de Barranquillita de Barranquilla o en la plaza pública de Santa Marta.
3. VIOLACIONES A LOS DD HH Y AL DIH
Al tiempo que la población civil –entendiendo por civil a todas las personas desarmadas que constituyen la población de una región determinada y que no hacen parte de la contienda armada- sufre de masacres y asesinatos selectivos, también ha sido objeto de persecuciones, hostigamientos y detenciones masivas en el Caribe, especialmente en Bolívar y Sucre.

La política de seguridad democrática de Uribe se inició con detenciones indiscriminadas en el Sur de Bolívar, Los Montes de María, incluyendo a Sucre. Centenares de personas fueron detenidas para posteriormente ser liberadas ya que no estaban comprometidas en ninguno de los hechos que habían señalado supuestos informantes. Las autoridades de control, como la Defensoría del Pueblo, la Procuraduría, pudieron comprobar que una declaración se utilizaba para procesar a varios sindicados. La clonación de declaraciones fue descubierta en procesos como la de los profesores Alfredo Correa de Andreís, Román Torres, Rogelio España, entre otros. Asimismo como centenares de campesinos que fueron recluidos en Ternera y San Diego en Cartagena, que a los dos o cinco meses, debían ser liberados.

Las “capturas masivas”:

Un documento de la Defensoría del Pueblo , que incluye entre las quejas recibidas por capturas masivas las siguientes:
a. Las numerosas capturas sin la individualización exigida por la ley;
b. La exhibición de los detenidos en la televisión y en los medios de comunicación, como terroristas, sin que una sentencia judicial los haya declarado como tales;
c. La clonación de algunos testimonios de los llamados “informantes”.
d. La fundamentación probatoria de las capturas en los "testimonios" de informantes sin contradicción procesal;
e. Capturas sin orden judicial;
f. Uso de informes de inteligencia como pruebas;
g. Repetidas contradicciones y rectificaciones de los “dichos” de los informantes;
h. “Informantes” que actúan como instrumentos de grupos políticos, para engañar a la Administración de Justicia y lograr la captura de sus adversarios acusándolos de ser rebeldes.
i.- Riegos para la seguridad y vida de quienes fueron procesados, puestos en libertad al no existir mérito probatorio.
Entre los años 2003 y 2004, fueron capturadas cerca de 660 personas en el departamento de Bolívar, según fuentes de la Cárcel de Ternera.

Esa misma fuente nos señala que en el año de 2003 fueron puestas en libertad 97 personas y que en lo que va del año 258 la han recobrado.

Los municipios del Departamento que están a la cabeza de esas capturas, por el número de ciudadanos en esa condición son El Carmen de Bolívar, (52%) San Jacinto (20%) y San Juan Nepomuceno (10%); Maria la Baja (6%); Mahates (4%); Córdoba (3%); Zambrano (2%) y Calamar 1%.
Los datos estadísticos:
Según análisis de la Defensoría del Pueblo de Cartagena, arroja las siguientes cifras:
1.- La Dirección Seccional de Fiscalías reportó datos a cerca de 26 procesos en los que se realizaron capturas masivas. En el período comprendido entre 2003 y 2.004.

El total de capturados fue de 328, de los cuales solo 97 fueron acusados, es decir que capturaron 231 personas, sin que se pudiera demostrar que eran responsables del delito enrostrado.

Es de anotar que en el proceso radicado bajo el Nº 123.980 se capturaron 41 personas y todas fueron puestas en libertad al momento de resolver situación jurídica. Se emitió preclusión a favor de todos. Esto nos muestra lo endeble de la prueba con la que se produjo la captura.

Igualmente en el proceso Nº 125.427 se capturaron 9 y todos ellos se les precluyó.

Esto sin contar que en los procesos que aún están en instrucción, han recobrado su libertad por vencimiento de términos 57 de 247, por no existir pruebas necesarias para cerrar y adoptar la calificación que corresponda.

Acciones de las fuerzas armadas que violan los derechos humanos

Los operativos oficiales para contrarrestar las acciones de los grupos alzados en armas, afectan seriamente derechos fundamentales de la población, como los derechos de libertad, movilización, derecho a la propiedad, entre otros.

Existe una constante por parte de los organismos tanto policiales, militares y hasta judiciales, el cual es creer que por el hecho de pertenecer a una zona donde de alguna manera la presencia guerrillera existe, necesariamente los habitantes y pobladores campesinos tienen que ver con las organizaciones insurgentes.

Entre los Departamentos de Bolívar y Sucre, Municipios de Chalán, Ovejas, Colosó, San Onofre y Carmen de Bolívar, de acuerdo a versión de campesinos, la infantería de marina cometió desmanes como los siguientes:
.- Quema de viviendas, restringiendo al máximo el ingreso de alimentos y medicinas, haciendo que los campesinos se sometan a un engorroso tramite de permiso con el Capitán Vidal, comandante del ejercito en el puesto de Tabacalera, ubicado en el Carmen de Bolívar.
.- Tropas del ejército se camuflan dentro de los planteles educativos impidiendo a la población la libre circulación, debiendo los campesinos y personas pedir permisos especiales para realizar las diferentes faenas agrícolas. Toma el ejército a la población civil como escudo humano.
.- En las noches los uniformados se hacen pasar por miembros de grupos ilegales inquiriendo de los campesinos información sobre el paradero, unas veces del mismo ejército, y otras de la guerrilla.
.- La red de informantes hace señalamientos a los campesinos inocentes, acusándolos de ser miembros de la guerrilla, la fiscalía los captura y judicializa, hay en la actualidad 27 campesinos presos de Chalán Sucre en la ciudad de Bogotá.
.- Los campesinos, personas residentes no se les garantiza la salud, educación, vivienda, vías de comunicación y servicios públicos.
.- En Cartagena, el día 18 de Agosto de 2005, el estudiante de la Universidad de Cartagena, EDGAR AVENDAÑO fue retenido arbitrariamente por miembros de la Armada Nacional.
Ejecuciones extrajudiciales: crímenes políticos
Gran preocupación causó el hecho que varias de las personas que fueron apresadas acusadas de rebelión, posteriormente fueron asesinadas. Esta relación de víctimas fue documentada por la Defensoría frente a una denuncia presentada por el defensor de los derechos humanos, Rafael Palencia.
PERSONAS QUE FUERON ASESINADAS DESPUES DE SALIR LIBRES
NOMBRE FECHA DE LA MUERTE EPOCA DE LA RECLUSIÒN CIRCUNSTANCIA DE LA MUERTE FUENTE DE INFORMACIÒN
ORISNEL PALACIO DIAZ 22-12-03 El 24 de 2003 de octubre fue capturados por organismos de seguridad del Estado sindicado de tener nexos con la compañía “Cimarrones” del 37 frente de las FARC. Junto con él cuatro personas más fueron privadas de la libertad. ORISNEL PALACIO permaneció diez días en la Cárcel de Ternera. Luego de ese tiempo la fiscalía le precluyò la investigación por ni existir mérito para mantenerlo vinculado al proceso. Ese día fue retenido en el Municipio de Villanueva por la policía durante algunas horas. Momentos después abordó un bus que lo conduciría a Cartagena.

Cuando faltaban algunos metros para llegar al barrio el pozòn, un hombre que había abordado el mismo bus a la salida de Villanueva le asesinó de varios disparos. PALACIO DÌAZ era vendedor de bollos. Edición de EL UNIVERSAL, del 24 –12-03.
ORLANDO OROZCO LOPEZ 27-01-04 Detenido entre el 18 y 24 de diciembre de 2003 Fue asesinado por dos sicarios motorizados, al medio día, cuando, a bordo de un vehículo de su propiedad, se dirigía del corregimiento de Cañaveral (Turbaco) al Municipio de Santa Rosa de Lima, transportando leche. Edición de EL UNIVERSAL, del 28 –01-04.
JULIAN MERCADO ALVARADO
10-03-04 Salió de la Cárcel de Ternera el 08-03-04. Desaparecido por presuntos paramilitares, en zona rural del Carmen de bolívar, al ser sacado de su casa y obligados a marcharse con sus captores. Edición de EL UNIVERSAL, del 11 –03-04.
ARNOBIS VELASQUEZ VELASQUEZ 10-03-04 Esta persona no había sido detenida pero si estaba sindicada de rebelión y contra él existía orden de captura por parte de la Fiscalía. Desaparecido por presuntos paramilitares, en zona rural del Carmen de bolívar, al ser sacado de su casa y obligados a marcharse con sus captores. Edición de EL UNIVERSAL, del 11 –03-04.
CARLOS PEREZ BRU Esta persona estuvo recluida en la Cárcel de Ternera sindicado de rebelión. Fue asesinado el 13 de febrero de 2004 en horas de la noche por un grupo de hombres encapuchados que penetraron en su casa, lo sacaron hacia el patio y lo ejecutaron, previo decirle a su esposa que hablarían con él un asunto importante. Edición de El Universal del 14 de febrero de 2004

4. EL FENÓMENO DEL DESPLAZAMIENTO EN LA COSTA CARIBE

El CODHES estima que el acumulado de personas desplazadas desde 1985, hasta el segundo trimestre de 2005 es de 3.563.504. A los departamentos de la Costa Atlántica, han llegado 542.831, siendo los departamentos de Bolívar y Magdalena, quienes han recibido el mayor numero de desplazados.
El desplazamiento forzado en la región caribe representa el 15% del total de los desplazados del país. Si se considera que en esta región de 151.118 km2, concentra aproximadamente el 20% del total de población colombiana, 8.000.000 de Habitantes, es una cifra considerable.

Control de la tierra y desplazamiento
El fenómeno del desplazamiento siempre va aparejado al control territorial de los actores armados. Pero en un gran porcentaje también está íntimamente ligado al despojo de la propiedad de los pequeños propietarios rurales que no alcanzan a pagarle la vacuna de seguridad a los que dominan el territorio. Por ejemplo, en un estudio denominado Un país que huye se señala:
“De cada 100 hogares desplazados en la Costa Atlántica, 56 dijeron que no poseían tierras en los sitios de expulsión, cifra que contrasta con el porcentaje nacional que es del 35% de hogares desplazadados sin tierra.

Es decir, en los departamentos del Caribe colombiano una alta proporción de hogares desplazados por violencia está integrado por campesinos humildes, vinculados en su mayoría al trabajo asalariado.

Quienes sí poseían tierras antes del desplazamiento (44%) eran pequeños propietarios (el mayor porcentaje menos de 20 hectáreas) que abandonaron sus propiedades en el momento del desplazamiento.”

Aun cuando las cifras que presentamos son viejas, nos sirve de marco de referencia para conocer las características del desplazamiento que ha primado desde 1995 hasta el 2005, año en que se inicia el proceso de desmovilización de las fuerzas paramilitares en la Costa Caribe:
Tabla 4. Actores armados responsables del desplazamiento en la Costa Atlántica
Guerrilla 28%
Otros 15%
Policía 3%
Ejército 20%
Paramilitares 34%
Tabla 5. ¿Qué pasó con las tierras de los desplazados?
Abandonó 90%
Arrendó 3%
Vendió 6%
Sin información 1%
Las propiedades, los animales, las tierras de los pequeños campesinos quedaron concentradas hoy en manos de los condotieros de cada subregión de la Costa Caribe, ya sean antiguos terratenientes, comandantes paramilitares o ex oficiales del ejército o policía.

Mientras tanto, los desplazados viven un drama en las ciudades de la Costa Caribe en medio de la marginalidad, la miseria y la violación de todos los derechos fundamentales y de los DESC. La Corte Constitucional en su sentencia T-o25/05 definió el estado de cosas inconstitucional relacionado con el fenómeno de los desplazados conminando a las autoridades cumplir con la sentencia para resarcir los derechos conculcados con en el mismo desplazamiento.

La forma de sobrevivir de los desplazados en la costa va desde la prostitución, pasando por la servidumbre, la informalidad y la delincuencia común.

El desempleo o el trabajo informal representan la principal fuente de ingresos de la población desplazada en la Costa Atlántica que, como ocurre en otros lugares del país, prefiere quedarse, aún en condiciones de marginalidad y pobreza en las ciudades, antes que regresar a sus lugares de origen por la persistencia de los factores violentos de expulsión, señala el informe.

En recientes declaraciones del Presidente de la Comisión Episcopal de Colombia, monseñor Luís Augusto Castro, en los últimos 10 años, nuestro país, ha sido escenario del desplazamiento de 3 millones de compatriotas, que le han reportado a los grupos paramilitares tomar posesión de 1.200.000 hectáreas, que están valoradas en un billón de pesos y que inciden negativamente en un 1.7% del PIB.
Los mismos grupos paramilitares en noticias de prensa nacional, hablada y escrita, reconocieron, que estaban dispuestos a devolver 100.000 hectáreas de tierra, del millón que se calcula han usurpado a sus legítimos propietarios, a través de sus acciones de terror y amenaza, desplazando los pobladores.
5. LAS ESTRUCTURAS PARAMILITARES SIGUEN INTACTAS EN EL CONTROL TERRITORIAL
La politólogo Tatiana Montaña de Indepaz, en el estudio sobre aportes para superar la crisis humanitaria en el Caribe Colombiano, señala que uno de los mayores problemas que se afronta al momento de establecer la situación humanitaria en el Caribe, es la desinformación estadística y la ausencia de un mecanismo idóneo de registro de acciones violentas. En primer lugar no existe un sistema de información que recoja todas las bases de datos y realice un análisis adecuado de la información. Tampoco se hace un monitoreo permanente sobre series completas, en un periodo de tiempo, sobre hechos en la región, autores e infracciones .

La Alta Comisionada de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos sobre Colombia, en su informe del año 2005, presentado al 62 periodo de sesiones, en el punto II sobre la situación de Derechos Humanos y del Derecho Internacional Humanitario, si bien reconoce que desde el cese de hostilidades por las AUC pactado en diciembre de 2002, seguido de la desmovilización colectiva de varios grupos paramilitares a partir de finales de 2003, ha reportado un descenso en las acciones violentas atribuidas a sus miembros, durante el año 2005, se incrementó una serie de violaciones al cese de hostilidades, con ejecuciones y otras vulneraciones a los derechos humanos “al punto que en algunas áreas donde había desmovilizaciones las violaciones aumentaron” . Las ejecuciones extrajudiciales han sido presentadas por las autoridades como muertes de guerrilleros en combate con alteraciones de la escena del crimen, acciones atribuidas a la Fuerza Pública y particularmente al ejército. En Antioquia, Chocó, Norte de Santander y en la región de la Sierra Nevada de Santa Marta.

En el numeral 43 sobre desplazamientos forzados y otras restricciones, la alta Comisionada, relata que se registraron nuevas denuncias relacionadas con la libertad de circulación y residencia afectadas por desplazamientos internos de familias y comunidades, así como las presiones de autoridades sobre algunas de ellas para retornar a sus lugares de origen sin el respeto de las condiciones de seguridad, dignidad y voluntariedad, poniéndose en evidencia los vínculos de servidores públicos, es decir miembros de la policía y la Infantería de Marina con grupos paramilitares en Bolívar, con el ejercito en el Chocó y de la Policía en Nariño .

En el numeral 78, del informe, se afirma que sigue vigente la influencia del paramilitarismo en distintas regiones del país, mediante presiones, amenazas y acuerdos clandestinos para controlar aspectos políticos, económicos y sociales locales. En varias regiones del país los paramilitares controlan gran parte del comercio y otras actividades, legales e ilegales, y poseen grandes extensiones de tierras y muchas propiedades, que, en numerosos casos figuran a nombre de testaferros.

De otro lado Amnistía Internacional en un Carta Abierta a los candidatos presidenciales de Colombia destaca:
(…) “Aunque algunos indicadores de la violencia relacionada con el conflicto parecen haber descendido, en particular el número de secuestros y de homicidios, estas cifras ocultan una realidad de derechos humanos que AI sigue considerando crítica. En particular, la organización ha expresado honda preocupación por el aumento del número de nuevas personas desplazadas, los informes de ejecuciones extrajudiciales llevadas a cabo por las fuerzas de seguridad y los paramilitares a pesar de su supuesta desmovilización y el número de “desapariciones”, que sigue siendo elevado”.
(…) “Se supone que más de 25.000 paramilitares han sido desmovilizados en virtud de un proceso criticado por AI y otros grupos de derechos humanos colombianos e internacionales, así como por la Oficina del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos y la CIDH. AI vería con satisfacción un proceso de desmovilización que condujera al verdadero desmantelamiento de los paramilitares y terminara con los vínculos entre éstos y las fuerzas de seguridad. Pero es poco probable que el actual proceso de desmovilización garantice el desmantelamiento real de tales estructuras. De hecho, está facilitando un resurgimiento del paramilitarismo y socavando el derecho de las víctimas a la verdad, la justicia y la reparación.
(…) “Pero todos los indicios apuntan a que muchas estructuras paramilitares siguen prácticamente intactas, y que los paramilitares continúan matando. AI sigue documentando violaciones de derechos humanos cometidos por grupos paramilitares que en ocasiones operan bajo nuevos nombres y a menudo en connivencia con las fuerzas de seguridad. En el departamento de Meta, por ejemplo, a pesar de la presunta desmovilización del Bloque Centauros en septiembre de 2005, AI sigue recibiendo informes creíbles de homicidios y “desapariciones” a manos de paramilitares que operan bajo un nuevo nombre en connivencia con las fuerzas de seguridad y en las mismas zonas en las que operaba el Bloque Centauros. Según los habitantes de la zona, estas estructuras continúan dirigidas por los mismos jefes militares. En todo el país, más de 2.750 homicidios y “desapariciones” han sido atribuidas de forma fidedigna a paramilitares desde que éstos anunciaron el cese de las hostilidades a finales de 2002.

El gobierno no sólo no se ha asegurado de que los paramilitares desmovilizados se reintegran plenamente a la vida civil, sino que además está promoviendo políticas que podrían “reciclar” a los combatientes en el conflicto. Se está animando a muchos combatientes desmovilizados a que se incorporen a “redes de informantes civiles”, concebidas para proporcionar información militar a las fuerzas de seguridad, y que se conviertan en “guardias cívicos” encargados de la seguridad en, por ejemplo, parques públicos y carreteras. El endeble marco legal bajo el cual se han desmovilizado los paramilitares significa que no hay garantía alguna de que no se está integrando a violadores de derechos humanos en estructuras de seguridad, como por ejemplo empresas de seguridad privada, donde podrían portar armas y por lo tanto estar en condiciones de ejercer el poder y cometer más abusos en las zonas en las que operan.
Los millones de sobrevivientes del conflicto se han convertido en las verdaderas víctimas de la estrategia gubernamental de desmovilización de los paramilitares. No sólo apenas hay disposiciones para que participen en los procesos judiciales que puedan surgir de la Ley de Justicia y Paz, sino que su derecho a una reparación integral –en particular por las tierras que les robaron los paramilitares se ha pasado por alto lamentablemente. Se cree que los paramilitares poseen varios millones de hectáreas de tierra, muchas de ellas conseguidas por la fuerza. Las leyes existentes amenazan con permitir a los paramilitares desmovilizados mantener el control de estos bienes y legalizarlos.

(…) “Según el Decreto 4760, promulgado el 31 de diciembre de 2005 para regular la aplicación de la Ley de Justicia y Paz, estos bienes obtenidos ilegalmente pueden ser catalogados como reparación si se considera que benefician económicamente a la comunidad local y los paramilitares desmovilizados. Es más, los paramilitares desmovilizados que declaren que estas tierras benefician económicamente a la comunidad local y a otros, incluidos sus propios combatientes supuestamente desmovilizados, podrían tener acceso a subvenciones para desarrollar proyectos agrícolas en estas tierras en virtud del programa de “reinserción rural” anunciado por el gobierno en abril de 2005.

Un proyecto de ley presentado al Congreso en marzo de 2005 amenaza también con consolidar la propiedad de las tierras conseguidas por los paramilitares por la fuerza. El proyecto, si se aprueba, dará a los particulares un plazo de tiempo limitado para legalizar su propiedad de la tierra. Dado que muchas de las personas que han sido desplazadas por la fuerza viven invariablemente lejos de su lugar de origen, puede resultar difícil notificarles que se están llevando a cabo procedimientos para asegurar la titularidad de sus tierras con el tiempo necesario para que impugnen estas reclamaciones. Según el proyecto de ley, toda persona que impugne una reclamación deberá estar presente en los procedimientos. Pero ésta no es una propuesta realista para personas que se han visto obligadas a huir de sus tierras por temor a sufrir ataques. Aunque las disposiciones del proyecto indican que no se reconocerá la titularidad de tierras situadas en zonas de desplazamiento forzado, la mayoría de las tierras pertenecientes a personas desplazadas no han sido registradas como tales”.

El control territorial de los grupos paramilitares en Bolívar, se ha extendido a la ciudad. Luego de la penetración del juego del Chance, por la Empresa de Apuestas El Gato, propiedad de Enilce del Rosario López Romero, en un abierto enfrentamiento jurídico con la Empresa Inverapuestas, que fundo, Jesús Maria Villalobos, conocido como “El Perro”, quien manejaba el negocio en Cartagena, reflejado en demandas y contra demandas por los procesos licitatorios, acompañados de acciones de tutela, que han generado amenazas contra el Magistrado de la Sala Civil y familia del Tribunal Superior de Cartagena, Alcides Morales, quien emitiera un fallo en contra de apuestas El Gato, y la posterior muerte a manos de sicarios del notificador del Juzgado Quinto de Familia, Alfonso Manuel Pérez de la Hoz, donde hizo curso la misma acción de tutela. Hasta el presente la empresa de chance El Gato, ha tomado el monopolio de este juego, con el consiguiente apoyo de sector de la población que se benefician de la venta de las apuestas y que viene siendo orientado con fines políticos como se ha visto en manifestaciones recientes de apoyo a su propietaria con motivo de los líos judiciales en que se ha visto envuelta en los últimos meses, además del caudal electoral que esta masa de desamparados y subempleados por gratitud y necesidad brindan irrestrictamente.

Estos grupos paramilitares extendieron su dominio sobre el mercado de Bazurto, donde ejercen el control, a cambio de cuotas fijas mensuales, prestando un “servicio de seguridad”, que se ha impuesto por la vía de las armas, con acciones que tienden a ejemplarizar y prevenir. Las ejecuciones extrajudiciales de mendigos, pordioseros y algunos delincuentes comunes, han hecho que el lugar mantenga una relativa calma y los actos de delincuencia común frecuentes en el mercado hayan desaparecido, lo cual les ha generado el apoyo de comerciantes, que consideran su estrategia de terror mas efectiva que la que cumplen las autoridades en la protección de sus bienes e integridad física.
El préstamo de dinero, “pagadiario”, el juego de “la bolita”, son actividades que vienen proliferando, como resultado de la circulación de dinero ilícito, para insertarlo en la economía normal y el trafico usual de la moneda. Precisamente una masacre reciente realizada en el barrio el Pozon de Cartagena, se atribuye a los prestamistas” pagadiario” . La modalidad viene creciendo no solo en Cartagena, sino en el país. La usura por estos préstamos alcanza un interés del 20%. Su incumplimiento se paga con la vida. La amenaza del sicario, del “hombre de la moto”, aparece ante los primeros incumplimientos. El préstamo no requiere fiador, no requiere garantía, no requiere titulo valor, susceptible de un proceso ejecutivo, ante la jurisdicción civil, porque la muerte es la sentencia. El deudor desesperado por no poder cumplir toma la fatal determinación de suicidarse.

Cuatro hombres armados ingresaron a un billar y dispararon indiscriminadamente asesinando cinco personas y dejando heridos dos menores de edad. Fueron capturados dos sospechosos en un rápido operativo, uno de ellos estuvo vinculado con una banda que sembró el terror hace unos años en Cartagena, denominada “Los encapuchados”, que tenían su centro de operaciones en el barrio Nelson Mandela, perpetraron varios masacres y limpieza social, en defensa de los intereses del gremio de comerciantes en esta ciudad azotados por la delincuencia común.

El juego de la bolita, rifas de sumas de dinero, clandestinas, sin autorización legal, sin pago de impuestos, vienen proliferando en los barrios de Cartagena. Con megáfono en mano se oferta el juego de azar, se anuncian premios entre $ 500.000 y 1.000.000, que se juegan o rifan, rudimentariamente en las tiendas y sitios de concurrencia de la comunidad.

Los guardabosques, los salvavias, los soldados campesinos, los cooperantes, son otra manera de la reinserción en la vida urbana de los grupos paramilitares.

El renacer de la industria de la construcción en Cartagena, es una muestra mas de la llegada de “dineros calientes” a la economía local. Recientemente circuló una gran cantidad de dólares que se vendían muy por debajo del precio que el mercado negro y la venta oficial, determinaban para este negocio. Hoy grandes torres de apartamentos invaden los sectores de Bocagrande, Manga, y otros sectores importantes de la ciudad.

En el campo político los testaferros de los paramilitares irrumpen como financistas de campañas políticas hacia el congreso, alcaldías y gobernaciones. La mayoría de los municipios son controlados por estos financistas electorales que luego le cobran a los elegidos con el presupuesto oficial del ente territorial.

La vigilancia comunitaria, es otra forma de lograr el control territorial y poblacional, por parte de estas organizaciones paramilitares. Los barrios de la ciudad han visto llegar personas desconocidas, que representan “empresas de vigilancia” que les suministran uniformes, radios y hasta armas para prestar el servicio, a cambio de una cuota mensual o quincenal de cada uno de los moradores del sector vigilado. El Diario El Universal, así lo denunció, en un artículo titulado “ Vigilancia comunitaria, sin control” al informar que en Cartagena, existen más de 300 frentes de seguridad ciudadana, que patrullan las calles y en muchos casos ni siquiera los vecinos saben quienes los conforman y que antecedentes tienen sus miembros. Una preocupación de la Alcaldía Distrital es agruparlas en Cooperativas de Seguridad, conforme al Decreto 2974 de 1997, sobre el servicio comunitario de vigilancia.

Recientemente el mismo Salvatore Mancuso, uno de los máximos jerarcas de las AUC, en declaraciones de prensa manifestó que los desmovilizados de las autodefensas están regresando al monte, tras el negocio del narcotráfico, para proteger cultivos y continuar el modus vivendi, que los cultivos ilícitos generan. Esta estrategia desde ya apunta a señalar razones para en un futuro, justificar el fracaso de las desmovilizaciones.

6. LA NEGOCIACIÓN Y DESMOVILIZACIÓN DE LOS PARAMILITARES: UN CAMBIO EN LA ESTRATEGIA DE CONTROL TERRITORIAL Y POBLACIONAL

Si bien se ha cumplido el proceso de desmovilización ante las cámaras de televisión y para la comunidad nacional e internacional, tal hecho realmente no ha ocurrido, porque las estructuras paramilitares siguen casi intactas a juzgar por las denuncias presentadas por los mismos pobladores.

En el Corregimiento de San Pablo, municipio de Maria la Baja-Bolívar, en la sede de la Federación Arrocera, fueron desmovilizados, el 24 de Junio de 2005, 594 miembros que estaban bajo el mando de RODRIGO MERCADO PELUFO, alias Cadena, de la Cuadrilla “ Héroes del Canal del Dique” al mando de UBER ENRIQUE BANQUEZ MARTINEZ, alias Juancho, Perteneciente al Frente Rito Antonio Ochoa, y alias el Chino.

Entre los días 23 de Enero y el 4 de Febrero de 2006, se desmovilizaron colectivamente 2696 (2523) integrantes de las AUC, pertenecientes al Bloque Central Bolívar BCB, al mando del jefe paramilitar alias “Macaco” en el corregimiento de Buenavista, municipio de Santa Rosa del Sur- Bolívar.
Al momento de oficializar la desmovilización, los paramilitares entregaron 887 fusiles, 90 pistolas, 40 revólveres, 26 lanzagranadas, 2 carabinas, 11 escopetas, 26 subametralladoras y 16 morteros. También entregaron 36 granadas de 40 mm, 58 granadas de 60mm, 21 granadas de fusil, 43 granadas de mano, 89 granadas PG7, Y 17219 municiones, 8 vehículos tipo camioneta, según reportó la Oficina del alto Comisionado para la Paz.
Es decir que en el Departamento de Bolívar, se desmovilizaron cerca de 3.300 miembros de las AUC, durante este proceso.

El procedimiento técnico que adelantaron los miembros de la Policía Judicial del CTI de la Fiscalía General de la Nación , fue realizar la reseña o toma de registros dactilares, para efectos de plena identidad. Algunos fueron cedulados en el lugar de la desmovilización por la Registraduría Nacional del Estado Civil. Igualmente se tomó la identificación odontológica o la carta dental, acompañado además del registro biográfico y fotográfico de cada uno de los desmovilizados. Seguidamente un Fiscal asignado les tomaba una declaración y les definía su situación jurídica, para que recibieran los beneficios que el decreto sobre la desmovilización les concedía. Luego se les extendía el Certificado Judicial por parte del DAS.

De este proceso, según fuentes de investigadores criminalisticos del CTI, consultados, un gran número de los desmovilizados, no tenía las características de ser personas de monte, avezadas en el combate. No tuvieron acceso a los comandantes de estos grupos, quienes si de verdad fueron reseñados, lo hicieron en otra instancia.

7. LOS DERECHOS HUMANOS EN LA POSDESMOVILIZACION PARAMILITAR.

Durante el período posdesmovilización se ha visto un incremento de las acciones de la Fuerza Pública, contra estas organizaciones, no con la contundencia que pudiera esperarse, pero que de todas maneras, no se habían visto con anterioridad y que reflejan a grandes rasgos situaciones que estas organizaciones venían perpetrando.

Algunas de estas acciones dan cuenta de la captura en Abril 12 de 2005, de los sujetos HERALDO PEÑA y MIGUEL CASTRO, en el corregimiento Palo Alto, de San Onofre- Sucre, miembros de las AUC, el 12 de Abril, la Fuerza Pública dio de baja a NEVER DE JESUS BANQUEZ MARTINEZ, hermano de Alias Juancho; durante un enfrentamiento en la Finca Nueva Esperanza en Maria La Baja; el 13 de abril, el batallón Fluvial Nº 30, incautó 300 canecas de 60 galones cada una, en tres canoas, combustible del poliducto Ayacucho-Coveñas; el 27 de Mayo de 2005, captura de varios miembros de la familia BOHORQUEZ GUZMÁN, en el municipio de Magangué, a quienes se les incauta seis motos honda , dos camionetas toyotas, cinco fusiles AK-47, 475 proyectiles calibre 9 mm, 7 sobaqueras, tres radios; captura de ROBERTO ANGULO, el 16 de Septiembre, miembro de las AUC, Frente “ José Pablo Díaz Aroca” al mando de Rafael Eduardo Julio Peña alias El Chiqui, en Santa Catalina, sindicado de dar muerte al finquero ANGELO ROSADO, el 19 de agosto de 2005, captura de dos desmovilizados, previamente carnetizados, EDWIN CORCHO y JULIO BLANCO, el 17 de Octubre de 2005, por extorsión, en Mahates de LUIS BAHOQUE, por extorsión el 24 de febrero de 2005; captura por el CTI, de los soldados campesinos del batallón de IM Nº 3 de Malagana, JAIR POLO Y ADALBERTO LOPEZ, sindicados de homicidio en un parroquiano en la entrada a Calamar-Bolívar en Febrero 12 de 2005.

Esta pequeña muestra nos indica que muy a pesar del cese de hostilidades, y de las desmovilizaciones efectuadas en el departamento de Bolívar, los integrantes de estas agrupaciones continúan extorsionando, cometiendo homicidios, recibiendo apoyo de comerciantes, ganaderos, servidores públicos, concertados para el hurto del combustible de los oleoductos, atentando contra la economía nacional, valiéndose hoy en día incluso de los carnés que los identifican como desmovilizados.
La información sistematizada en el Banco de Datos en Derechos Humanos de la Escuela Nacional Sindical, ENS , muestra que en Colombia, entre el 1° de enero y el 31 de diciembre de 2005, fueron asesinados 70 sindicalistas, 260 recibieron amenazas de muerte, 56 fueron detenidos arbitrariamente, siete recibieron atentados con artefactos explosivos y armas de fuego, 32 fueron hostigados y perseguidos por su actividad sindical, ocho tuvieron que desplazarse forzadamente, tres fueron desaparecidos y un sindicalista fue víctima de un allanamiento ilegal.

De acuerdo con esta información en 2005 se registraron 444 casos de violaciones a la vida, a la libertad y a la integridad de los trabajadores sindicalizados en todo el territorio nacional. Sin embargo, es importante señalar que frente a los desplazamientos forzados de sindicalistas se presenta un notorio sub-registro, ya que no se denuncian las violaciones (por temor de las fuentes a represalias) o, en algunos casos (como las violaciones contra educadores sindicalizados), solo se reportan como amenazas y no se denuncia el desplazamiento. Además muchas situaciones de desplazamiento intraurbano no son consideradas por sus víctimas y organizaciones sindicales como una violación porque el desplazamiento es normalizado y asumido como una consecuencia lógica de la amenaza, sin que sea nombrado explícitamente como una violación. De igual en algunos departamentos la denuncia puede llegar a ser más peligrosa que el ejercicio sindical por el cual se recibe la violación, y por ello predomina una fuerte tendencia al silencio.

Si bien, en términos generales, estos datos nos revelan que la violación a los derechos humanos de los y las sindicalistas en Colombia durante el año 2005, sigue manteniendo su tendencia a la baja, no se presenta un punto de quiebre fundamental que evidencie un giro estructural en el panorama de violaciones contra los sindicalistas, pues los datos y las formas de violencia presentados durante 2005 nos siguen mostrando que hay una violencia selectiva y sistemática, inscrita en el tiempo y con un acentuado nivel de impunidad.

Paradójicamente la disminución del total de violaciones a la vida, la libertad y la integridad de los trabajadores sindicalizados en Colombia, contrasta con la implementación reiterativa de modalidades y estrategias más elaboradas por parte de los actores armados irregulares y los altos funcionarios del gobierno nacional, para desprestigiar el accionar sindical, inmovilizar sus organizaciones o intimidar y entorpecer la creación de nuevos sindicatos. Dichas situaciones se reflejan particularmente en el contexto de los conflictos laborales (en los cuales la seguridad de los dirigentes sindicales y sus familias se ha visto seriamente comprometida), en el cierre de los espacios de concertación y en el gradual deterioro de las relaciones con empresarios públicos y privados.

La Central Unitaria de Trabajadores, CUT, por intermedio del Departamento de Derechos Humanos , denunció ante la comunidad nacional e internacional, que durante el mandato de Álvaro Uribe Vélez, desde el 7 de Agosto de 2002, hasta el 12 de Mayo de 2006, han sido asesinados 333 trabajadores sindicalizados. Entre las denuncias por actos de persecución contra el movimiento sindical, reseña que a partir del día 6 de Mayo de 2006, se incrementaron las amenaza contra Rodolfo Vecino Acevedo, trabajador de Ecopetrol, miembro de la Junta Directiva nacional de la USO, Secretario de derechos Humanos y Comisión de Paz y se conocen versiones de un plan para atentar contra su vida. Las estadísticas indican que en el año 2005, fueron asesinados 70 dirigentes y afiliados a la CUT. Del 1º de Enero a Mayo 12 de 2006, han sido asesinados 30 dirigentes y afiliados.

Respecto a los hechos de violencia contra los sindicalistas, el informe sobre “Investigaciones penales caso 1787 OIT” de la Fiscalía General de la Nación, atendiendo recomendaciones del Comité de libertad sindical, identificó 1214 investigaciones, de las cuales 49 fueron remitidas por competencia a otros despachos judiciales, quedando un total de 1165 investigaciones en cabeza de la Fiscalía General de la Nación, donde aparecen como víctimas personas vinculadas a una organización sindical. De este total 1029, se encuentran en etapa preliminar, susceptibles de profundizar mientras no haya prescrito la acción penal. Las ciudades con mayor número de investigaciones son Cali, 202; Barranquilla, 115; La Unidad Nacional de Derechos Humanos 102. Por su parte Cartagena, maneja 36 investigaciones.

Las investigaciones en la etapa preliminar (1029) incluyen 498 con resolución inhibitoria y en 124, se decretó suspensión de la investigación. Es decir 622 investigaciones se encuentran archivadas, más de un 60% de las investigaciones conocidas por la Fiscalía General de la Nación, lo cual demuestra un alto índice de impunidad. Solo 407 están en etapa probatoria. Las decisiones inhibitorias cobijaron 190 investigaciones por homicidio

En la fase de instrucción únicamente avanzan 79 investigaciones: 29 en etapa probatoria; solo en 10 casos se ha impuesto medida de aseguramiento; en 22 casos se precluyó la investigación; (transito a cosa juzgada) y en 18 se profirió resolución de acusación. En Cartagena solo hay una investigación con resolución de acusación.
En etapa de juzgamiento son 57 procesos: 30 en etapa probatoria; sentencia condenatoria solo en 24 procesos; y 3 sentencias absolutorias.
De las 1.165 investigaciones conocidas en Fiscalía, 506 son por el delito de Homicidio; 309 por amenazas, 177 por otros delitos; ( Lesiones, secuestros, tentativas de homicidio) 83 por establecer tipificación jurídica. En Cartagena existen 11 por homicidio y 20 por amenazas, 4 por otros delitos y uno por establecer.

Entre 2002 y 2006, de los casos conocidos por el ente investigador, en materia de homicidios, 333 casos se han registrado, mostrando una tendencia ascendente en este período con relación a los periodos tabulados de 1995-1998, con 2 casos; y 171 entre 1999- 2001. Una tendencia similar muestra las cifras sobre amenazas con 299 casos entre 2002-2006.

Iván Cepeda Castro, en su columna del semanario el Espectador , recibió una comunicación intimidatoria del Estado Mayor de un Grupo que se autodenominó “Autodefensas Campesinas Nueva Generación”. El Colectivo José Alvear Restrepo, y otras organizaciones de derechos humanos recibieron un mensaje del Grupo identificado como “Colombia Libre de Izquierda”. El Comando “Carlos Castaño Gil” de las llamadas Autodefensas de la Universidad de Antioquia, declararon objetivo militar a una veintena de profesores y alumnos.

El II Encuentro Nacional de Víctimas de Crímenes de Lesa Humanidad, violaciones graves a los Derechos Humanos y Genocidio celebrado en Bogotá entre el 23 y 25 de junio de 2005, como una de sus conclusiones optó por enviar una carta al Presidente de la Republica Álvaro Uribe Vélez, mediante el cual las personas, comunidades y organizaciones afectadas por la violencia estatal, que conforman el Movimiento de Víctimas de Crímenes de Estado se afirma en la búsqueda de verdad, justicia y reparación integral para las víctimas de crímenes atroces cometidos históricamente bajo la responsabilidad del Estado, por su acción u omisión.
La carta sostiene que en “El II Encuentro mostró un panorama de generalizadas violaciones a los derechos humanos y de creciente control paramilitar en vastas regiones del país. Así lo testimoniaron víctimas provenientes de diversos puntos de la geografía nacional: representantes de comunidades indígenas y afro-descendientes, miembros de organizaciones sindicales y políticas sometidas a procesos de exterminio, viudas y huérfanos que ha dejado la acción paramilitar auspiciada y tolerada por el Estado.

Esta situación sin duda se verá avalada por la ley llamada de “Justicia y Paz” que, diga lo que diga el Gobierno, no toma en consideración a las víctimas, deja en total impunidad la responsabilidad del Estado y premia a reconocidos criminales y narcotraficantes con cómodos beneficios.
Nuestra postura pública de rechazo a la legalización de la impunidad es la razón por la cual, en contra de quienes hacemos parte del Movimiento de Víctimas, de Crímenes de Estado se están desarrollando operaciones sistemáticas de persecución y amenaza. Se trata de acciones que hacen parte de una campaña de terror dirigida también contra comunicadores sociales, líderes políticos y sociales, y organizaciones de derechos humanos que han expresado posturas divergentes a las políticas que lleva a cabo su administración”.

8. EL NUEVO MAPA POLITICO

Cumplidas las dos elecciones del 2006, las parlamentarias y presidenciales, se produjo un realinderamiento de las fuerzas políticas en la Costa Caribe.
A raíz de la cumbre de Curumaní organizada por el condotiero “Jorge 40” a finales de 2005, las fuerzas paramilitares desarrollaron una ofensiva para elegir parlamentarios con nombres propios y ya no prestados de la clase política tradicional. La determinación era incidir seriamente en la vida política de la región. Para esto se la distribuyeron milimétricamente: Guajira, Cesar, Magdalena, Atlántico y parte de Bolívar sería dirigido por Jorge 40 y Hernán Giraldo. El resto de la Costa Caribe estaría a cargo de Mancuso y compañía.
La operación era constituir las listas conjuntamente con los partidos Conservador, de la U, Colombia Democrática, Cambio Radical, en una alianza que les garantizara pasar desapercibido ante la opinión pública.

Sin embargo con la filtración de la información al embajador de los Estados Unidos William Wood, y luego a la prensa, se produjo el escándalo de las listas supuestamente infiltradas por los paramilitares. Este hecho, como es conocimiento de la opinión pública, obligó a Uribe a expulsar de las listas uribistas a los representantes de los grupos paramilitares. Otros como Álvaro García procesado por la Corte Suprema de Justicia de financiamiento al paramilitarismo y acusado de ser autor de masacres de Sucre no fue tocado para nada.
Casi todas las listas de los expulsados fueron elegidas, menos la lista encabezada por Moreno de Caro donde estaban dos exponentes del paramilitarismo de Córdoba que en Bolívar fueron auspiciadas por los seguidores de Enilce López Romero procesada por lavo de activos y otros delitos. Lo mismo que Muriel Benito Rebollo en Sucre, Puello Chamie y José María Imbett, de Bolívar, por el Partido Conservador.

Los condotieros ratificaron en las elecciones del 2006 el poder alcanzado en el 2002, y este fue refrendado con una contundente victoria en la Costa Atlántica donde todavía predomina el miedo a los paramilitares, cuya presión se hizo sentir para votar por la reelección de Alvaro Uribe en los municipios donde tradicionalmente había una presencia paramilitar.

Sin embargo, se pudo experimentar entre la población un despertar del miedo en las elecciones de mayo que le había inmovilizado, incluso, en las elecciones de marzo. Por ejemplo, la Guajira votó mayoritariamente por el doctor Carlos Gaviria del Polo Democrática Alternativo, y en Barranquilla estuvo a punto de empatarle. En la Costa Caribe, las ventajas electorales de Uribe las alcanzó específicamente en la zona rural, especialmente las que habían sido controladas por los grupos paramilitares. Ganó en todos los departamentos, con e