Mapa Para en Antioquia : Indymedia Colombia

Más o menos, la situación contemporánea del control paramilitar en Medellín y su área metropolitana, se presenta así: Es evidente que la estructura central del cartel del extinto PABLO ESCOBAR y sus oficinas, se mantienen, pero esta red ya está bajo el mando de las AUC de don BERNA, quien sigue manejando todos los negocios desde el Municipio de Envigado con la ayuda de alias Daniel y el Municipio de Itaguí con bajo perfil, pues se ha notado que hoy su oficina central y más activa lo hace desde el Municipio de Bello, curiosamente de donde salió una de las mayores votaciones en las elecciones para congreso del 12 de marzo de 2006 para el partido de la U, con el señor OSCAR SUAREZ; de otro lado, es importante resaltar que la antigua banda de la terraza, hoy funciona como una especie de grupo de fuerzas especiales y prestan servicios de cobro de dineros por deudas morosas y participan activamente en la recuperación de vehículos robados, ello por el cobro de un porcentaje al cumplimiento del encargo.

En el Municipio de Bello, la antigua banda de la Ramada, durante la década de 1990, legalizaban su capital, por medio del trasporte público en bellanita de Transportes al parecer del de propiedad de un anterior excandidato a la Alcaldía de ese Municipio; Allí, se presenta un control en la distribución de combustibles y se promueve la ordeñada del poliducto sebastopol Medellín-Cartago, el cual, en el año 2003, fue utilizado para incendiar 500 ranchitos en el sector del Picacho buscado así golpear a la banda de Frank, con lo cual se afectó a la población civil. Diversos políticos de Bello, como los señores William Ortega Rojas, Alberto Builes, Oscar Suárez y su hermana Olga Suárez, han convivido al parecer de manera omisiva con esta situación.

También, es importante reseñar como hoy, la denominada banda de los Triana, la cual deviene de una mezcla del proceso de las milicias y su desaparecida cooperativa de vigilancia COOSERCOM, con las antiguas bandas de los Capuches y los Mercates; esta Banda controla actualmente, los barrios de: Zamora, Santa Rita, La Gabriela, Machado y Toscana en Bello, como también, controlan La Francia, el Playón de los Comuneros, Pablo VI, los Populares, Andalucía y partes de Santa Cruz; en dichos lugares, ejercen el control mediante el cobro de cuotas semanales en las rutas de transporte legal y privadas, comercio formal e informal, plazas y ollas de expendio de alucinógenos; también ejercen, ingerencia directa o por coacción en las JAL y las JAC y demás formas de participación ciudadana.

Es de anotar que hasta el año 2004 habían pintas en la ciudad como BLOQUE METRO y es a partir de del año 2005 que aparecen pintas como BLOQUE NORTE DE LAS AUC.
La oficina de ARANJUEZ, al parecer está siendo manejada por el BLOQUE CENTRAL BOLIVAR y por Alias MACACO, se dice que tiene una de las mejores plazas de expendio de alucinógenos en todo el país, en el conocido hueco de ese barrio, ejerce control sobre el barrio San Cayetano, el parque de Aranjuez y Moravia; igualmente, se dice que en algunas casa abandonadas de Aranjuez Anillo han aparecido fosas comunes.

En la comuna 13, después de la famosa operación Orión, cuyo nombre hace un homenaje al paramilitar que ayudó a la fuerza pública a diseñar y efectuar la mencionada operación, según denuncia pública que hiciera en los medios de comunicación en entonces jefe del BLOQUE METRO comandante Doble Cero ó Rodrigo, ya asesinado. Hoy dicha zona está bajo control de los paramilitares, quienes operan en asocio de las cooperativas de vigilancia privada que ellos también controlan; manejan todo el negocio de la gasolina, pues por allí pasa un tuvo de ECOPETROL el cual ordeñan y con dicha gasolina tanquean los carros a $20.000 y $25.000; igualmente, controlan los prestamos gota a gota o también conocidos como paga diarios por los cuales cobran intereses de usura hasta del 20% y el 30%; como si fuera poco controlan el chance y las vacunas por vigilancia y a las empresas del transporte.
Las encuestas de percepción de criminalidad del DANE revelan el preocupante incremento de la extorsión como tecnología delincuencial en las grandes ciudades. En el caso particular de Medellín: […] la ciudad donde hay “la mayor presencia de bandas, milicias y paramilitares”, una de cada 100 personas de estrato 1 fueron extorsionadas el último año y en un poco menor proporción -pero aún a niveles altos- lo fueron los de estratos 2 y 6. Según el estudio, nadie denuncia este crimen por los "efectos intimidatorios". Esto confirmaría que la intervención militar en la ciudad y la posterior desmovilización del Bloque Cacique Nutibara de las autodefensas no lograron desactivar del todo el paramilitarismo en la ciudad pues aún hay demasiados de sus antiguos integrantes extorsionando e intimidando a los ciudadanos como bandas criminales .

La Encuesta llega a la alarmante conclusión de que en Medellín, la extorsión a que son sometidos los estratos bajos de la población registra niveles de no denuncia del 100% de los casos, a pesar que Medellín es la ciudad del país más afectada por dicha conducta. También revela como para el resto de conductas delictuales, los estratos 1 y 2 registran las más bajas tasas de denuncia.

Tenemos la situación paradójica de una ciudad en la que más de la mitad de la población proyecta un mayor sentimiento de seguridad, pero a la vez es la ciudad con mayor prevalencia de extorsión, de sometimiento y coacción sobre los estratos bajos de la población, cometidos por parte de actores que no son denunciados. El porcentaje de 100% de no denuncia de este delito significa que los grupos que realizan el constreñimiento y la coacción sobre los estratos bajos de la población pueden actuar con totalidad impunidad. La Administración de la ciudad haría bien en establecer y corregir las causas que han llevado a la existencia de una nula confianza institucional ocasionada por la extorsión y el control de las comunidades en los estratos bajos de la población, los cuales llegan a tener tal grado de riesgo para ser denunciados, que en gran parte de los barrios de los estratos bajos, los derechos humanos terminan reducidos al derecho de ver, oír y callar.

En un informe de la Personería de Medellín, haciendo alusión a la situación descrita anteriormente sobre lo que pasa en la ciudad dijo que eso se puede explicar en palabras de: El investigador Alfredo Rangel, señala que "el modelo Cacique Nutibara" consiste en una “desmovilización sin desmovilización; desarme sin desarme; reinserción sin reinserción; y tolerar veladamente el control de territorios por los paramilitares para impedir el retorno de la guerrilla.” . El propio Jefe de la Misión Verificadora de la OEA para el proceso de desmovilización, Sergio Caramagna, dijo al diario El Tiempo que "presumían la existencia de una estructura paramilitar subyacente al Bloque Cacique Nutibara" .

Después de recorrer varios barrios de la ciudad, 10 meses después de la desmovilización, y concluir que se había producido en Medellín una “paramilitarización” de la ciudad, el investigador Eduardo Pizarro manifestó que “La "desmovilización" del Bloque Cacique Nutibara fue, en realidad, una desmovilización ficticia, pues, quienes aparecieron con uniformes y armas eran en realidad jóvenes aliados en los barrios y no el grueso de la organización, ni sus cuadros de mando y dirección, que continuaron el proceso de dominio de la periferia de la ciudad. Hoy, su control es más sutil: no existe patrullaje de la ciudad con pasamontañas ni armas de largo alcance. Es un control invisible, con amenazas, con armas camufladas de corto alcance, con expulsiones de los barrios...Hoy se respira un nuevo clima, pero los habitantes de las comunas coinciden en afirmar que detrás de la aparente calma se hallan agazapados los nuevos dueños del orden local: los grupos paramilitares que controlan los suburbios de Medellín con mano de hierro” . Según Pizarro, “Uno de los rasgos más constantes de los conflictos armados que ha sufrido Colombia desde la época de la Violencia es que las tasas de homicidios aumentan dramáticamente en las áreas en disputa y caen vertiginosamente cuando un actor armado alcanza el monopolio de la violencia.”

La perspectiva de estos análisis muestra que si se quiere que la garantía del derecho a la vida de los ciudadanos sea el resultado de la existencia de un clima de libertades democráticas y un ambiente de pluralismo en la ciudad, y no el resultado de la intimidación y la coacción armada que padecen sobre todo los sectores más vulnerables de la ciudad, el reto de recuperar la autoridad para el Estado y garantizar el monopolio en el uso de la fuerza, constituyen todavía la principal tarea en la ciudad y la condición para que las garantías y libertades propias del Estado de Derecho, sean derechos humanos efectivos que puedan ser disfrutados por todos los habitantes y comunidades de la ciudad, y no privilegios al alcance de sectores reducidos.

La manera como se vienen produciendo las violaciones al derecho a la vida durante los dos últimos años en la ciudad dejan abiertos muchos interrogantes sobre los responsables y la intención de quienes los cometen. Entre los meses de enero a noviembre de este año, el porcentaje de muertes ocasionadas por arma blanca prácticamente se duplicó con respecto a igual período del año anterior, al pasar del 8.6% al 15.0 % del total de los homicidios. Esto pudiera estar marcando una tendencia a disfrazar homicidios políticos como homicidios comunes o una modalidad para encubrir la responsabilidad de actores armados que ejercen control social en los barrios que se han comprometido a hacer aportes en la reducción del número de homicidios en la ciudad.

Líderes de la Comuna 13 y de la Zona Nororiental han denunciado que las muertes con arma blanca, arma contundente o asfixia, estarían siendo utilizadas para encubrir responsabilidades políticas de quienes cometen este tipo de asesinatos. La tendencia parece agravarse pues durante el mes de noviembre las muertes por arma blanca se elevaron al 17.1 %. Es decir, mientras en el año 2003, una de cada 11 personas era asesinada con arma blanca, ahora se ha llegado al extraño caso de que en la ciudad una de cada seis personas es asesinada con arma blanca.

Entre el año 2003 y el año 2004, en el período de enero a noviembre, las muertes con arma de fuego han disminuido un 7% su participación en el total de los homicidios. Aparte del aumento referido en el porcentaje de muertes por arma blanca, también la modalidad de muertes por “otras armas” se ha incrementado de un 4.9% a un 5.4% en los 11 primeros meses de este año.

Otro hecho preocupante en la ciudad tiene que ver con el hecho de que durante el año anterior (2003) se registró el más alto nivel de suicidios en los últimos 15 años en la ciudad (124 homicidios) . La Personería Municipal considera necesario que se investiguen a fondo las causas de este fenómeno y se adopten medidas para su prevención.....
Situación de Algunos de los comandantes de las AUC que negocian en Santa Fe de Ralito y que tienen que ver crímenes en Antioquia.

Gabriel Salvatore "El Mono" Mancuso Gómez dirigió el Bloque Catatumbo hasta que el grupo se desmovilizó en diciembre de 2004, y asumió el liderazgo de las AUC tras la "desaparición" de Carlos Castaño y hasta que él mismo se desmovilizó a finales de 2004. Tiene al menos diez órdenes de captura pendientes en relación con homicidios y masacres, incluida la masacre de 1997 en El Aro, municipio de Ituango, departamento de Antioquia, llevada a cabo en coordinación con la Brigada IV del ejército. Ha sido condenado a 40 años de prisión por su participación en esta masacre. También se le busca por su participación en el homicidio de dos hermanos en la comunidad de San Antonio de Palmito, departamento de Sucre, en 1996.

Diego Fernando Murillo Bejarano ("Don Berna", "Adolfo Paz") es presuntamente responsable de secuestros llevados a cabo en Medellín en asociación con las AUC. Es sospechoso de estar implicado en el homicidio de los activistas de derechos humanos de CINEP Mario Calderón y Elsa Alvarado, y el homicidio del diputado departamental Orlando Benítez el 10 de abril de 2005 en Valencia, departamento de Córdoba. Desempeñó un papel destacado en PEPES, estuvo relacionado con la banda La Terraza en Medellín y es comandante del Bloque Pacífico, el Bloque Calima, Héroes de Tolová, el BCN y el Bloque Héroes de Granada.
Ramón Isaza Arango ("El Viejo") es un veterano dirigente paramilitar de la región de Magdalena Medio, en el centro de Colombia. Se han dictado al menos tres órdenes de captura contra él. En el año 2000, la Fiscalía General lo llamó a juicio por cargos de paramilitarismo. Asumió el liderazgo oficial de las AUC tras la desmovilización de Mancuso.

"Hernán Hernández" es comandante del Bloque Calima, que se desmovilizó en diciembre de 2004. Él se desmovilizó junto con el Bloque Bananero el 25 de noviembre de 2004 en la región de Urabá, departamento de Antioquia. El Bloque Calima fue autor de la masacre de Naya, perpetrada en abril de 2001, en la que murieron más de 30 personas entre los departamentos de Valle del Cauca y Cauca.
Carlos Mario Jiménez ("Javier Montañez", "Macaco") es comandante militar del Bloque Central Bolívar. Se ha dictado una orden de captura contra él por "concierto para delinquir". Ha estado implicado en el homicidio del ex Defensor del Pueblo del departamento de Norte de Santander, cometido el 12 de febrero de 2001 en Cúcuta. Pero ni siquiera las investigaciones sobre las violaciones de derechos humanos presuntamente cometidas por quienes se encuentran en Santa Fe de Ralito se están llevando adelante. La Fiscalía General no tiene autoridad para entrar en la zona a investigar, ya que las órdenes de captura contra los paramilitares que se encuentran allí se han suspendido. Así, podrían perderse pruebas, y los responsables de las violaciones de derechos humanos más brutales y generalizadas de la historia de Colombia podrían no comparecer nunca ante la justicia.