Se dan a conocer informes regionales en el Encuentro Nacional de Víctimas : Indymedia Colombia

Comunicado de prensa 04, Bogotá, D.C., Julio 7 de 2006

El Tercer Encuentro de Víctimas de Crímenes de Estado, que se inició ayer en Bogotá, ha contado con una masiva participación de representantes de distintas organizaciones sociales, sindicales y defensores de derechos humanos y se ha convertido en un escenario de audiencia tanto nacional como internacional para que se denuncien las graves situaciones de violencia que se vienen presentando en todo el país.

La delegación de Antioquia denuncia el control paramilitar que se continúa ejerciendo en este departamento, bajo el mando de Don Berna con el apoyo de alías “Daniel”. Los municipios de Bello e Itaguí también reflejan la situación de vulnerabilidad en que se encuentran las comunidades a causa de la presencia paramilitar. La infiltración de estos cuerpos y la activa presencia de grupos que se están rearmando mantienen en zozobra a los organismos que trabajan el tema de derechos humanos, por cuanto las amenazas se han intensificado y la muerte a manos de sicarios de un profesor de la Universidad de Antioquia, ocurrida meses atrás, demostraría la seriedad de las amenazas, así como la vulnerabilidad de estas organizaciones, en medio de la indiferencia del Estado colombiano. La agrupación criminal conocida como “Las Terrazas”, continúa ejerciendo el control en la zona y desde hace varias semanas realiza un trabajo de fuerza especial dedicado al cobro de deudas morosas bajo amenazas e intimidaciones.

La delegación del Quindío ha denunciado de modo reiterativo, la falta de garantías y desprotección en la que se encuentran los defensores de derechos humanos y las organizaciones que trabajan brindando apoyo a las víctimas del conflicto armado colombiano.

La situación del Magdalena Medio, como se denunció en la Asamblea Regional de Víctimas celebrada el primero de julio de 2006 en Barrancabermeja con la participación de cerca de mil delegados, es de las más complejas que se viven en el país. De acuerdo al análisis realizado en el evento sobre la realidad sociopolítica y económica de la región, y en especial sobre el proceso de “desmovilización” paramilitar y la polémica ley de “Justicia y Paz”, la Asamblea concluyó que se está exonerando de responsabilidad al Estado colombiano por el origen y consolidación paramilitar, y se está haciendo uso de los instrumentos jurídicos que consagra la Constitución de 1991 para ponerle freno a la impunidad y reconocer la participación del gobierno, por acción u omisión en crímenes de lesa humanidad.

Las investigaciones que se vienen desarrollando en la costa atlántica colombiana por parte de distintos organismos, han revelado que los paramilitares cometieron 11 masacres en el departamento de Magdalena entre 1998 y 2000: una en 1998, dos en 1999 y ocho en el año 2000. Las masacres aumentaron un 700% en tres años.

En ese mismo departamento ya se había denunciado una tenebrosa alianza entre paramilitares y caciques políticos, lo cual se ha venido ratificando en los posteriores análisis de comportamiento electoral.

Un estudio realizado en este departamento señala que "Aunque ningún organismo del Estado ha comprobado tales acusaciones, un análisis de los resultados electorales sí parece evidenciar la concentración de votaciones por parejas de candidatos en ciertas regiones del departamento".

En una edición de la revista Cambio se afirma que el representante Jorge Luis Caballero, expulsado de Cambio Radical junto a Jorge Castro Pacheco junto a Dieb Maloof, Habib Merheg y Luis Eduardo Vives, expulsados de la lista de “La U”, obtuvo votaciones entre el 93% y el 97% en municipios como Cerro de San Antonio, Pedraza, El Piñón, Concordia y Tenerife. “Esta misma concentración electoral la obtuvo el senador Salomón Saade, a quien el representante José Joaquín Vives acusó, en abril de 2005, de tener nexos con los paramilitares y de "entrar por la puerta de atrás a Ralito para obtener sus favores".

El estudio agrega que tanto en Magdalena como en Cesar, en las elecciones de 2003 hubo candidatos únicos para la gobernación. “Los contrincantes políticos de Trino Luna y de Hernando Molina denunciaron presiones paramilitares. Al final Trino Luna fue elegido gobernador. Cabe recordar que Ahora denunciaron al gobernador de hacer campaña política con una de los comandantes paramilitares del sur del Magdalena”.

Este control político que no se he determinado con total claridad en las elecciones de 2006, se ha evidenciado a través de las denuncias que varios delegados de Nariño, Guajira, Putumayo, Norte de Santander y Antioquia realizaron una vez concluida la ronda electoral. En el departamento de Nariño, por ejemplo, se supo que centenares de familias fueron desplazadas de varios municipios y que las autoridades incautaron documentos de identidad y quemaron otros tantos impidiendo su participación en las elecciones presidenciales del 28 de mayo pasado.

La presencia paramilitar en buena parte del territorio nacional es una realidad, como también lo es la connivencia que continua existiendo entre estos grupos criminales, las fuerzas armadas, gremios empresariales y sectores representativos de la política nacional. La acción homicida y el constante hostigamiento contra sindicatos, organizaciones sociales y centros educativos se ha recrudecido durante los últimos meses, produciendo asesinatos, exilios forzosos, desplazamientos y denuncias por amenazas sin que el gobierno, pese a las recomendaciones hechas por la comunidad internacional, haya decidido brindar todas las garantías necesarias para las personas amenazadas o sindicadas de ser cómplices de la guerrilla o neciamente, tildadas de “comunistas disfrazados” como se ha repetido, no sólo en labios del mismo mandatario sino a través de las amenazas que vía correo electrónico han llegado a varios organismos. El silencio del gobierno no sólo ha terminado por desatender los llamados que se le vienen haciendo desde las mismas organizaciones, sino desde importantes entes de control y vigilancia internacionales, que han insistido en la necesidad de garantizar el orden democrático, el pluralismo y el respeto a la vida, estimulando el respaldo ciudadano a las organizaciones sociales y promoviendo serias investigaciones sobre el origen de las amenazas y el control narcoparamilitar que estos grupos, aún “desmovilizados”, continúan ejerciendo en todo el país.

Las delegaciones regionales coinciden en descalificar la ley 975 del 2005 que le confiere un tenebroso marco de impunidad a los crímenes de lesa humanidad perpetrados por el paramilitarismo con apoyo del mismo Estado, en rechazar rotundamente las incriminaciones, capturas masivas y arrestos arbitrarios que vienen produciéndose contra líderes sociales y sindicales acusados de rebelión en el mejor de los casos, y contra toda política excluyente, dócil con los criminales, indolente con las víctimas y cómplice de atrocidades que laceran nuestra conciencia humana y afianzan el clima de terror y violencia que vive Colombia.