¿Al pueblo de Colombia quién lo escucha? : Indymedia Colombia

A través de diversos medios de información, por que son las nuevas rutinas productivas de la “democracia”, se conoció de la concreción de la implementación de la primera fase de un proyecto energético de gran envergadura, se trata del gasoducto que unirá Maracaibo en Venezuela con Punta Ballenas en La Guajira colombiana.

El 8 de julio pasado en Maracaibo, Venezuela, los presidentes Uribe y Chávez, con la presencia del presidente panameño Martín Torrijos hicieron la primera soldadura que inauguró la construcción del gasoducto. Este hecho encaja con las pretensiones ya publicas del mercado global de energías como las articuladas en la Iniciativa para la Integración de la Infraestructura Regional Suramericana (IIRSA), el SIEPAC, sistema de interconexión Eléctrica para América Central, en los que la empresa Colombiana ISA (Interconección Eléctrica S.A) está comprometida.

A lado y lado de la frontera, el pueblo originario Wayúu y en Colombia los mestizos, los afro descendientes, los indígenas fueron sorprendidos por los efectos del pragmatismo político que anuncia vientos del “progreso” cimentados sobre la impunidad en Crímenes de Lesa Humanidad, en la negación del Derecho a la existencia, a la supervivencia y la destrucción ambiental.

La simbólica presencia del presidente panameño en el acto, dejó entrever lo que ya se venía afirmando reiteradamente, el gasoducto es el comienzo de otras obras de infraestructura energética, que se proyectan a mediano plazo uniendo Colombia con Centroamérica, como es el caso de la construcción de otro gasoducto hacia Panamá o de la interconexión eléctrica con el vecino país, en la que tan interesado se ha mostrado siempre el presidente Uribe.

Pocos días después de este acto inaugural, el presidente Uribe viajó a la ciudad de Panamá para la reunión de los jefes de gobierno de los países involucrados en el Plan Puebla Panamá, en el que después de una “química” labor diplomática, el presidente de algunos colombianos logró que el país político sea desde ya miembro pleno.

Ahora no se habla simplemente del Plan Puebla Panamá inspirado por el Presidente Fox pues como ha aparecido en documentos del Banco Interamericano de Desarrollo se habla de Plan Puebla Panamá Putumayo y del Plan Puebla Panamá Patagonia. Los planes de integración se desarrollan en lógicas económicas del mercado global con gramáticas de política realista en las que las diferencias ideológicas, los modelos de sociedad, de economía y de Estado son un problema doméstico.

La solidaridad entre los pueblos sobre los que debería fundarse las relaciones internacionales quedan subordinadas a un problema interno, por eso se dejan de lado problemas fundamentales como el respeto a los derechos humanos, a los derechos de las víctimas la restitución de sus territorios y de sus tierras, a las identidades socio culturales y a la biodiversidad. El pueblo, las comunidades, los desplazados, las víctimas no cuentan, sus intereses, sus pretensiones son distintas y contradictorias con esos modos de alianzas económicas y de protección territorial.

La interconexión eléctrica, la carretera panamericana, el gasoducto son parte de tres de los proyectos que el presidente Uribe ha defendido, ha promovido y ha proyectado, al lado de la los agronegocios como el de la Palma, la construcción de la carretera que une al centro de Colombia con Tribugá en el pacífico, la instalación de un puerto de aguas profundas que habilite la vinculación de Colombia y sus socios con el poderoso China a fin de suministrar bienes y servicios de energía.

Detrás de tantos rostros presidenciales de alegría parece desconocerse, desde los mandatarios vecinos, que en Colombia los Territorios sobre los que se proyectan todas las obras o están desolados y repoblados en desarrollo de estrategia paramilitares, o se han desarrollado contrarreformas agrarias o se ejercen controles políticos, sociales, militares basados en la destrucción de vidas humanas, en la impunidad en Crímenes de Lesa Humanidad, en la apropiación ilegal de tierras. O pretenden hacer oídos sordos a los destrozos ambientales que se van a producir. Es evidente que las comunidades, los pueblos no cuentan en las decisiones de los mandatarios.

Desde hace años, por ejemplo, los indígenas Wayú en La Guajirá y los Wiwas han sido víctimas de multitud de atropellos y una violencia inusitada contra sus comunidades. En los medios de información estos hechos apenas se recogían como hechos de violencia “habituales” en sus comunidades, relativos a venganzas de clanes o familias. Es claro que se está produciendo un exterminio de este pueblo por parte de grupos paramilitares, que nada tiene que ver con cuestiones de clanes o asuntos de familias. Todos recordamos lo sucedido por ejemplo en Bahía Portete. O volvemos atrás al año 97 cuando se desató la operación “Génesis” en el bajo Atrato, la serie de asesinatos del año 99, las ofensivas paramilitares del 2001 que aseguran el despoblamiento, el repoblamiento y los mecanismos de control y de represión sobre los Emberá Wounan y los afrodescendientes mientras sobre sus territorios de altísima biodiversidad se proyecta el agronegocio de la palma, el cacao, el caucho, el primitivo, la deforestación paraempresarial, las carreteras, la fibra óptica, el gasoducto.

Llama la atención, aunque eso no quiera decir por parte de los profetas del “progreso” y de los promotores de la integración energética y de los silencios democráticos, que es evidente en Colombia, la coincidencia entre los lugares donde la violencia estatal se ha venido desarrollando con la trayectoria del gasoducto y de los demás proyectos. La geografía del terror es coincidente con la geografía económica. De nuevo como en otras tantas partes del país, parece que la violencia del silenciamiento, del olvido de todos los gobiernos se ensaña contra las comunidades que nacieron con el pecado original haber heredado ancestralmente Territorios donde ahora el mercado global pone sus ojos ante el apetito voraz de energía de todos los Norte.

Desde el Derecho de los pueblos, desde el Derecho Internacional, desde la biodiversidad como patrimonio de la humanidad, desde los principios que nos acercan como sociedad humana en la conciencia de los Crímenes de Lesa Humanidad a los mandatarios de Venezuela y de Panamá es posible hacer públicas algunas preguntas:

¿Quién investigará y sacará a la luz la relación entre las violaciones sistemáticas a los derechos que han sucedido y suceden en Colombia a través de estrategias militares y paramilitares, y el desalojo de pueblos indígenas y afrocolombianos y campesinos mestizos desde Guajirá hasta el pacífico, y que coincide con el desarrollo de estos proyectos? Acaso se ha preguntado al pueblo afrocolombiano de Tribugá, de Tumaco, de Buenaventura, de Truandó, del Cacarica, del Curvaradó a los pueblos 9 pueblos indígenas, entre ellos, Wayúu, Wiwa, Wounan, Embera, Katios, Cuna, Chami, Tule y a los millares de desplazados de la Costa Atlántica y el Pacífico?

¿En que medida estos proyectos impulsados por el gobierno de Uribe Vélez dentro del Plan Puebla Panamá, son los responsables, entre otros, de la persecución sistemática que desde hace años vienen padeciendo las comunidades indígenas y afrocolombianas del Bajo Atrato chocoano, que han cometido el pecado de ocupar ancestralmente los territorios por donde hoy se planea que pase el gasoducto hacia Centroamérica, o la carretera panamericana o la interconexión eléctrica?

¿De qué desarrollo se habla, de que beneficios se habla para quiénes? Desde ya se conocen los directos beneficiarios de estos negocios, por qué muchas de las tierras están controlados por las estructuras de tipo paramilitar? ¿Qué clase de consulta se les ha hecho a las comunidades ancestrales sobre la factibilidad de dichos megaproyectos, más allá del “o se unen, o se van o se mueren”?

¿Quién se ha tomado la molestia de escuchar a los pueblos, a las comunidades originarias, perseguidas, judicializadas? ¿Quién se ha tomado el tiempo de evaluar con transparencia la destrucción de la biodiversidad en razón de estos proyectos?

Todo esto es el realismo político, es el progreso y la integración de Latinoamérica. Qué pueden esperar los pueblos, las comunidades de estas decisiones que niegan la posibilidad de su existencia como pueblos?