Tres políticos en la mira de la Corte : Indymedia Colombia

En el despacho del magistrado Álvaro Orlando Pérez está el proceso más importante que en la actualidad conoce la Sala Penal de la Corte Suprema de Justicia. Es el expediente que busca probar los nexos entre la clase política del país y los paramilitares y que, tras un arduo y riesgoso trabajo, ya tiene a punto sus primeros resultados.

Uno de ellos —tal vez el más importante— es la documentada relación de tres congresistas con los líderes de las autodefensas en la Costa Atlántica para los comicios electorales de 2002. Se trata de los senadores Álvaro Alfonso García Romero y Jairo E. Merlano Fernández, y de la ex representante a la Cámara por el departamento de Sucre Muriel de Jesús Benito-Revollo.

Primero fueron las declaraciones del jefe paramilitar Salvatore Mancuso, en el sentido de que a su organización ilegal pertenecía el 35% de los congresistas del país. Después aparecieron varios mapas en los que, según su autora, Claudia López, al menos 20 políticos (en marzo de 2002) resultaron elegidos por sus nexos con los paramilitares. Con estos dos ingredientes, el magistrado Pérez conformó un equipo de trabajo y a sus integrantes les ordenó tratar de probar si lo afirmado por López era cierto o no.

Entonces empezaron a estudiar departamento por departamento. En ese momento de la investigación, las fuentes de información ubicaron a los sabuesos en un solo departamento: Sucre. Un auxiliador de las autodefensas, en primer lugar, les dijo a los investigadores en Bucaramanga qué personas conocían a los ‘paras’ de Sucre como las palmas de sus manos.

Por fortuna para los funcionarios de la Corte, ocurrió algo que no estaba en su presupuesto: que la gente del común de Sucre, casi toda de escasos recursos económicos, estaba presta a colaborar con ellos y declarar en contra de los políticos de su departamento y los ilegales de derecha. También contaron con la ayuda de un impoluto militar que desde hace tiempo el país conoce como enemigo acérrimo de los paramilitares y sus acciones violentas: el coronel Rafael Colón Torres, ex comandante de la Primera Brigada de Infantería de Marina, en Corozal.

‘Diego Vecino’

Rodrigo Tovar Pupo, o Jorge 40, es tal vez el jefe paramilitar más importante de la Costa Atlántica. El que podría considerarse como su subalterno en Sucre se llama Edward Cobo Téllez, quien se hace apodar Diego Vecino. Este sujeto, según pudieron establecer los funcionarios de la Corte Suprema de Justicia, manejó todo el negocio del narcotráfico en las regiones de los Montes de María, el Canal del Dique y el golfo de Morrosquillo. “Por esos tres sectores sale toda la cocaína del mundo”, le dijo a El Espectador una fuente militar que exigió el anonimato y que, según pudo establecer este semanario, le ha ayudado a la Corte a armar su investigación.

En orden jerárquico dentro de la organización criminal, después de Diego Vecino están Rodrigo Mercado Pelufo (Cadena) y Úber Bánquez (Juancho), y tras ellos, más exactamente en el municipio de San Onofre, aparece Marco Tulio Pérez Guzmán (El Oso). A propósito de estos tres personajes, la Fiscalía tiene claro que ellos son los responsables de los asesinatos de muchas personas en Sucre, a las que después arrojaban en fosas comunes.

‘El Oso’

Informes de policía judicial en poder de la Corte Suprema, algunos de ellos conocidos por El Espectador, indican que, al parecer, el sujeto conocido como El Oso estuvo al servicio de los congresistas Jairo Enrique Merlano y Muriel de Jesús Benito-Revollo.

Los investigadores de la Corte Suprema de Justicia recogieron los testimonios de al menos diez personas de San Onofre que aseguran que, en los días previos a las elecciones de marzo de 2002, hombres armados pasaron por sus fincas y les dijeron que al día siguiente nadie podía trabajar porque había una manifestación política.

Los declarantes, casi todos de las veredas El Cerrito, 20 de Julio y La Libertad, de San Onofre, relataron al unísono que al día siguiente los paramilitares de El Oso pasaron por sus fincas y, con armas de fuego en mano, los obligaron a subirse en varios de sus carros. Entonces no menos de 1.000 personas fueron llevadas, a la brava, hasta un sitio conocido como Plan Parejo (corregimiento de San Onofre). Allí los esperaban dos políticos: Jairo Merlano y Muriel Benito-Revollo, y con ellos, en la tarima, estaba El Oso. Según la versión de los declarantes, El Oso les ordenó que tenían que votar por los mencionados candidatos.

“Si actualmente ven a un político con gente de las autodefensas, lo más seguro es que se defenderá con el tema del proceso de paz con el Gobierno. Pero para principios de 2002, que es la época que estamos investigando, hacer política con paramilitares es un delito. Eso, al parecer, fue lo que hicieron los doctores Merlano y Benito”, le explicó a este semanario una fuente cercana al caso.

Durante sus múltiples viajes a la Costa Atlántica, los funcionarios de la Corte establecieron —con base en la versión de testigos— que, contrario a lo que podría pensarse, en muchos casos, era común para 2002 que los políticos de Sucre les dieran dinero a los ‘paras’ para que éstos, a su vez, obligaran a la gente a votar por ellos.

El 9 de marzo de 2002, Jairo Merlano, como aspirante al Senado, consiguió 41.071 votos (4.500 en San Onofre). Muriel de Jesús Benito-Revollo, a su turno, alcanzó 44.365 sufragios (7.262 en San Onofre) para la Cámara por el departamento de Sucre.

El caso García Romero

Álvaro García Romero, natural de Ovejas (Sucre), es uno de los más connotados caciques políticos del país en los últimos años. El 18 de mayo del año pasado, el representante Gustavo Petro realizó en la Cámara de Representantes un debate sobre los nexos de los políticos de Sucre con los paramilitares. El hoy senador por el Polo Democrático, sobre todo, arremetió aquel día contra García Romero.

El 12 de mayo de este año, el magistrado Álvaro Orlando Pérez le envió un cuestionario a Petro en el que, entre otras cosas, le preguntaba sobre una supuesta reunión, en la finca Las Canarias de Sucre, en la que habrían participado Salvatore Mancuso, Diego Vecino, Salomón Feris Chadid, Álvaro García Romero y Salvador Arana Sus (ver nota aparte sobre Arana).

Sobre este punto, Petro respondió que un testigo, llamado Jairo Castillo Peralta, le había contado a la Procuraduría los pormenores de aquella reunión en la finca Las Canarias, ubicada en las afueras de Sincelejo. Según Castillo, a aquel encuentro, entre otros, asistió García Romero.

La Corte también le pidió a Petro que le entregara copia del audio de una conversación que al parecer sostuvieron los hermanos Álvaro y Joaquín García Romero y en la que, supuestamente, hablan de conseguir el traslado de un coronel de la Policía que dificultaba la acción paramilitar. Ese audio reposa en el expediente por la masacre de Macayepo (Sucre).

Durante todos estos meses, la Corte no ha hecho otra cosa que tratar de establecer la veracidad de lo dicho por Gustavo Petro. “La mayoría de cosas han resultado ciertas. Por ejemplo, Petro habla de reuniones y esas reuniones existieron”, le comentó a El Espectador un funcionario cercano a la investigación, que además sentenció: “Yo creo que las pruebas son contundentes contra García, Merlano y Benito”. La Corte tiene la palabra de esta primera fase de la investigación. Habrá que ver qué pasa en los otros departamentos con influencia ‘para’.

La gente de las veredas de San Onofre fue sacada de sus casas y obligada a asistir a la reunión con Merlano y Benito Revollo

Ordenan investigar a ex gobernador Arana

Un fiscal de segunda instancia compulsó ayer copias para que la misma Fiscalía investigue a Salvador Arana Sus —ex gobernador de Sucre y ex miembro de la Embajada de Colombia en Chile— como eventual autor intelectual del asesinato de Eudaldo Díaz Salgado, ex alcalde del municipio sucreño de El Roble, perpetrado el 10 de abril de abril de 2003. Para la Fiscalía, es creíble la versión entregada por el testigo Diógenes Meza, en el sentido de que Arana Sus ordenó la muerte de Díaz por las denuncias que, como alcalde, hizo en un consejo comunal al que asistió el presidente Uribe.

Por este caso, la Fiscalía de primera instancia había acusado a Edelmiro Anaya y Carlos Verbel por los delitos de secuestro simple, homicidio y concierto para delinquir. Ayer, la segunda instancia cambió el delito de secuestro simple por desaparición forzada.

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