Memoria de un proceso hacia el Logro de Un Acuerdo humanitario 3 : Indymedia Colombia

El recrudecimiento de la guerra registra un aumento inusitado de las víctimas, la violación sistemática por las partes al derecho humanitario y el agravamiento de la crisis en materia de derechos humanos; el Gobierno nacional antes que optar por una política de rectificación y mejoramiento en materia de garantías y protecciones a los derechos fundamentales, desatiende en buen grado las recomendaciones de la comunidad internacional al respecto e impulsa medidas contrarias a los derechos humanos y al derecho internacional humanitario.

En tal sentido, han sido frecuentes las detenciones arbitrarias; se vincula masivamente ciudadanos en la conformación de redes de informantes y en el programa de los soldados campesinos, sin observar el principio de distinción, se promueve un estatuto antiterrorista menoscabando garantías fundamentales; se expide un indulto en beneficio de los grupos paramilitares; se criminaliza el derecho a la protesta social; continúa la persecución a los dirigentes sociales, la oposición política y ahora también a quienes se dedican a las tareas humanitarias; se propone la supresión de las personerías municipales; se debilita la atención a los derechos económicos y sociales y se promueven iniciativas de reformas constitucionales que atentan contra los principales logros democráticos de la Constitución Política.

Las consecuencias de la llamada degradación del conflicto armado, entre otras violaciones, conlleva un alto y creciente fenómeno de desplazamiento forzado, frecuentes homicidios fuera de combate, desapariciones forzadas, amenazas y ataques indiscriminados contra la población civil y los bienes civiles, la toma de rehenes y los secuestros de forma masiva. Así, también padecen consecuencias las personas privadas de la libertad por motivo del conflicto armado, de manera que se prolonga por años la retención de integrantes de la fuerza pública capturados por los grupos insurgentes sin que se les brinden las protecciones humanitarias demandadas, se cometen atropellos contra los presos políticos en las cárceles y se aúna el sufrimiento de sus familias. Los sucesos de Urrao muestran el fracaso de la intención del Gobierno de emprender los rescates “a sangre y fuego” y polarizan la opinión entre la propuesta que ha ganado amplio respaldo de conseguir acuerdos humanitarios para posibilitar la libertad de los rehenes y quienes reaccionan en contra y llaman a aplicar la vía militar.

Ante esta situación, diversas organizaciones sociales y de derechos humanos, iniciativas de paz y personalidades democráticas, insistimos en la búsqueda de una solución política negociada al conflicto armado que lleve a superar sus causas sociales y políticas, en la búsqueda, en lo inmediato, de la disminución de su intensidad, la recuperación de los canales de entendimiento y la superación de problemática humanitaria, recurriendo de manera urgente a la promoción de los acuerdos especiales o humanitarios en defensa de los derechos a la vida, la dignidad y la libertad.

Con ese propósito, los familiares de las personas privadas de la libertad por motivos del conflicto armado encabezaron tres encuentros nacionales realizados en Cali, Neiva y Bogotá el año pasado, para promover el intercambio humanitario; han sucedido diversos foros nacionales y regionales de paz y derechos humanos; surgen propuestas desde las regiones y los sectores sociales, la Iglesia, los ex presidentes, los partidos políticos, iniciativas en el Congreso de la República y, de manera especial, el X Foro Nacional convocado por el Comité Permanente para la Defensa de los Derechos Humanos demandan la negociación y la suscripción de acuerdos humanitarios.

De las propuestas surgidas a partir de tales esfuerzos destacamos las siguientes premisas:

1. Necesidad de entablar una negociación política de carácter nacional, pero a la vez propiciar los diálogos regionales y sectoriales, y recuperar los entendimientos en tal perspectiva con los movimientos alzados en armas contra el Estado.

2. La necesidad de pactar una tregua bilateral con cese al fuego y de hostilidades de carácter temporal y que considere compromisos efectivos de protección y observancia de los derechos humanos y del derecho humanitario.

3. La necesidad de retomar las agendas pactadas con anterioridad, considerar nuevos asuntos y conceder especial importancia a los asuntos humanitarios de demanda de solución imperiosa e inmediata.

4. Prever condiciones y mecanismos que permitan el dialogo continuo hasta la culminación del proceso hacia una paz estable y duradera; entendida esta como la recuperación integral de un marco de respeto a los derechos humanos y las reformas sociales y políticas que superen la exclusión y posibiliten condiciones de vida digna para toda la población.

5. Definir la paz como una política permanente de Estado, sobre la base de que es un derecho y un deber constitucional de obligatorio cumplimiento.

6. Activa, directa y decisoria participación de la sociedad civil en los diálogos y negociaciones que se adelanten.

7. Exigencia a las partes de respetar la población civil, los bienes civiles, las misiones humanitarias, la autonomía de las comunidades campesinas y étnicas que declaran su independencia y neutralidad ante el enfrentamiento militar y proclaman territorios de paz.

8. Atención inmediata y adecuada a la población afectada, las víctimas y a la numerosa población que sufre la condición de desplazamiento forzado.

9. Medidas coherentes con la promoción y defensa de los derechos humanos.

10. Importancia de la facilitación ofrecida por países amigos y por organismos internacionales como la ONU.

11. Negociación sustentada en el reconocimiento a los derechos de las víctimas a la verdad, la justicia y la reparación, rechazando toda decisión que favorezca la impunidad frente a los crímenes de guerra y de lesa humanidad.

12. Rechazo a la presencia de tropas extranjeras en territorio colombiano, y en tanto su abusiva permanencia se prolongue, sin excepción alguna sus miembros deben someterse al D.I.H. y a respetar los derechos humanos.

13. Suscripción de acuerdos humanitarios que beneficien la población civil y garanticen el respeto a los combatientes fuera de combate, propiciando la superación de la crisis humanitaria y facilitando la construcción de confianza entre las partes.

ASPECTOS REFERENTES AL CONTENIDO DE LOS ACUERDOS HUMANITARIOS

En la actualidad existe una variedad de propuestas hacia la suscripción de acuerdos humanitarios de las que sobresalen las contenidas en el documento de la Comisión de Personalidades que actuó en las conversaciones con las FARC; los avances conseguidos en esta perspectiva en las conversaciones con el ELN en La Habana; la propuesta de la ONU de conseguir un acuerdo global en derechos humanos y derecho internacional humanitario; las elaboradas por organizaciones de derechos humanos, por las organizaciones de desplazados, por regiones como el Oriente Antioqueño, el Valle; las exigencias al respecto de las comunidades indígenas, de las comunidades afrodescendientes; la demanda de protección de la misión médica y la propuesta de conseguir el intercambio y la libertad de los numerosos rehenes y secuestrados.

Los acuerdos humanitarios deben propender por:

1. Disminuir la intensidad del conflicto.

2. Proteger a la población civil, acordando formas de protección tales como el establecimiento de zonas especiales, desmilitarización de lugares habitados, apertura de albergues para refugiados, respeto a las decisiones de las comunidades de declararse en paz o en resistencia a la guerra.

3. Respetar incondicionalmente las misiones médica y de asistencia humanitaria, los defensores de derechos humanos (incluyendo los institucionales: Personería, Defensoría del Pueblo, Naciones Unidas), los establecimientos escolares, los bienes culturales y los lugares de culto.

4. Preservar y proteger el medio ambiente, particularmente los ecosistemas escasos en el mundo como los páramos, el bosque andino y la selva tropical húmeda.

5. Abstenerse de realizar actos que conduzcan al agravamiento del conflicto. En ese sentido, la insurgencia debe abstenerse de secuestrar y de tomar rehenes y el gobierno debe abstenerse de emprender acciones militares de rescate debido al riesgo que ello implica para la vida de los mismos rehenes.

6. Dignificar las condiciones de vida de los opositores políticos encarcelados, reconocer su condición a los rebeldes y respetar los derechos humanos de la población carcelaria.

7. Regulación de medios de combate, con exclusión de las armas no convencionales y de efectos indiscriminados.

8. Desvinculación de los menores del conflicto armado.

9. Prohibir la toma del cuerpo de las mujeres como botín de guerra.

10. Exigir la entrega de pruebas de supervivencia y condiciones humanitarias en el cautiverio de todas las personas privadas de la libertad con ocasión del conflicto armado. Conseguir de manera pronta un pacto humanitario especial al respecto.

MECANISMOS DE IMPULSO A LOS ACUERDOS HUMANITARIOS

Las organizaciones sociales, de derechos humanos y las iniciativas de paz, nos comprometemos a impulsar la suscripción de acuerdos humanitarios, y en primer lugar uno dirigido a la liberación de las personas privadas de la libertad con ocasión del conflicto, que posibilite abrir una agenda mínima de solución de asuntos humanitarios y de nuevos acuerdos o de un acuerdo con mayores alcances y a tono con la superación de las demás problemáticas humanitarias mencionadas. Dicho acuerdo incluye la exigencia a las partes (movimientos insurgentes y Estado) de:

a. Manifestaciones públicas de las partes sobre el interés de concretar a corto plazo pactos humanitarios, aceptación de formas de facilitación y desarrollo de iniciativas y propuestas para el efecto sin condicionamientos previos.

b. Nombramiento de voceros, definición de una agenda humanitaria mínima hacia la regulación de la guerra y los compromisos de suspención de las prácticas violatorias. Definición de voceros y de formas de interlocución, así como mecanismos de entendimiento y actuación.

c. Conformación de comisiones de aproximación y exploración de los acuerdos. Consideración de las propuestas de humanización producidas por distintos sectores sociales, políticos, regionales, institucionales y de los organismos de derechos humanos y la comunidad internacional.

d. Aceptación de la facilitación propuesta por Naciones Unidas y los países amigos en materia de negociación, así como de las gestiones del CICR, para el desarrollo de procedimientos de liberación.

e. Conformación de una comisión y de mecanismos de verificación (supervivencia de las personas privadas de la libertad con ocasión del conflicto, limitación y uso proporcional de las armas de guerra, entre otras).

CONSTITUCIÓN DE UNA COMISIÓN NACIONAL DE IMPULSO

La Comisión de Impulso que aquí se constituye, abordará de manera prioritaria entre otras las siguientes iniciativas:

1. Socializar las agendas y propuestas elaboradas desde los diferentes espacios; propiciar el acercamiento inmediato de las partes.

2. Exigir el cumplimiento de las demandas humanitarias en todo caso a las partes, garantías para las misiones, personas y funcionarios que cumplan tareas humanitarias y labores de facilitación y aproximación.

3. Diseño de una campaña para la promoción y suscripción de acuerdos humanitarios con impacto nacional y regional así como de la negociación política del conflicto. Convocatoria del Consejo Nacional de Paz y de entes similares en los niveles departamentales y locales.

4. Valoración de anteriores experiencias, retomando sus compromisos. Propiciar acercamientos decisorios con los sectores sociales, políticos, religiosos y mantener la relación con los sectores de la comunidad internacional interesados en el proceso. Promover un encuentro internacional en demanda de un acuerdo humanitario con el concurso de la comunidad internacional.